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• La explosión de leyes electorales restrictivas, que se inició después de las elecciones de 2020, se ha convertido en una característica usual en el panorama electoral.
• Los estados que proactivamente están mejorando y protegiendo sus elecciones suponen una tendencia significativa con importantes implicaciones para el derecho al voto de la ciudadanía que reside en esos estados.

Casi la mitad de los estados han concluido sus sesiones legislativas de 2026. Con las elecciones de medio término a poco más de cinco meses, ya se está definiendo el panorama de cómo cambiarán las leyes electorales en comparación al 2024. Entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2026:

• Por lo menos 9 estados promulgaron leyes electorales restrictivas. De esas leyes, 9 están programadas para entrar en vigor para cuando los votantes acudan a las urnas en noviembre. Se destacan: Dakota del Sur y Utah, que ahora requieren que todas las personas ciudadanas presenten documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar; y Florida, Kentucky y Misisipi que exigirán esos documentos a algunos votantes. En general, los legisladores en por los menos 41 estados han considerado no menos de 302 proyectos de ley para restringir el acceso al voto en 2026.
• Por lo menos 6 estados promulgaron 16 leyes electorales expansivas, 14 de las cuales entrarán en vigor cuando el electorado salga a votar en noviembre. En general, los legisladores en por lo menos 42 estados consideraron no menos de 558 propuestas de leyes electorales expansivas en 2026. Virginia lideró el conteo este año, promulgando 6 leyes expansivas hasta ahora y al menos 2 más esperan la firma de la gobernadora.
• En lo que va del año, ningún estado ha promulgado leyes de interferencia electoral. En general, los legisladores en por lo menos 25 estados han considerado no menos de 65 proyectos de ley de interferencia en 2026.

Sumadas las 32 leyes restrictivas promulgadas en 2025, esto significa que los estados ya han promulgado 44 leyes restrictivas durante el ciclo electoral de dos años que inició en enero de 2025, superando el récord anterior de 43 leyes restrictivas promulgadas en el ciclo electoral de 2021 a 2022.

La explosión de leyes electorales restrictivas, que se inició después de las elecciones de 2020, se ha convertido en una característica usual en el panorama electoral, con más de 100 de este tipo de leyes promulgadas en los últimos cinco años. Muchas de estas leyes provienen del mismo grupo principal de estados: Arizona, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Montana, Texas y Wyoming —cada uno promulgó por lo menos 5 leyes restrictivas desde 2021.

Varios estados están rechazado este tipo de mitos. A nivel federal, un renovado intento por aprobar la Ley SAVE —que exige a la ciudadanía presentar un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse a votar— fracasó en el Senado ante la amplia oposición pública.

Además, varios estados están combatiendo la amenaza de la interferencia federal negándose a entregar los datos de sus votantes, promulgando leyes diseñadas para protegerse contra ese tipo de interferencia y fortaleciendo las medidas de seguridad electoral existentes. Estas leyes brindan una protección significativa al derecho al voto, aunque no expanden activamente el acceso al proceso electoral.

En primer lugar, analizamos una serie de proyectos de ley diseñados para restringir la presencia, sin una razón válida, de agentes federales de policía en los centros de votación en el día de las elecciones. Las leyes federales y muchas leyes estatales vigentes protegen contra el despliegue innecesario de funcionarios estatales o federales en los centros de votación.

Además, varios estados han promulgado o propuesto leyes que protegerían aún más a las personas votantes de la interferencia o intimidación. Muchas de estas propuestas se centran específicamente en limitar la actividad de los agentes federales de inmigración en las inmediaciones de los centros de votación.

Además, por lo menos 7 estados han promulgado leyes para reforzar las leyes de seguridad electoral y salvaguardar el proceso electoral de la interferencia. Estas leyes mejoran la seguridad de las boletas electorales, regulan las auditorías poselectorales, prohíben la desinformación generada por la inteligencia artificial e impiden la intimidación a las personas votantes.

Los estados que proactivamente están mejorando y protegiendo sus elecciones suponen una tendencia significativa con importantes implicaciones para el derecho al voto de la ciudadanía que reside en esos estados. Estaremos dándoles seguimiento.

Finalmente, compartimos una actualización sobre los esfuerzos federales para obtener los padrones electorales estatales, un tema que abordamos por última vez en el resumen de octubre de 2025. Las autoridades estatales en por los menos 15 estados han cumplido con las solicitudes federales de proporcionar información sobre los votantes sin modificar. Si bien no siempre consideramos que los proyectos de ley relacionados con estos esfuerzos son restrictivos o de interferencia, varios estados han considerado propuestas que obligarían a los funcionarios a entregar información confidencial de los votantes a las agencias federales.

Esta legislación podría permitir que el gobierno federal obligue a los estados a eliminar indebidamente de sus padrones a personas votantes elegibles. La orden ejecutiva recientemente emitida por el presidente Trump, que busca utilizar ilegalmente el Servicio Postal de los Estados Unidos para determinar quién puede votar por correo o no, es una razón más para ser cautelosos al compartir los padrones electorales con las agencias federales.

Hasta el 1 de mayo, al menos 9 estados habían promulgado 12 leyes restrictivas. Durante ese período, al menos 41 estados consideraron no menos de 302 proyectos de ley con disposiciones restrictivas. Estas leyes restringen el acceso al voto de diversas maneras, incluyendo la exigencia de presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento al registrarse para votar, disposiciones estrictas para los documentos de identidad del votante y la expansión de las demandas contra las personas votantes cuestionando su elegibilidad para participar. 

Las disposiciones en 9 de las 12 leyes electorales restrictivas que analizamos en esta sección están programadas para entrar en vigor para las próximas elecciones de mitad de término.

Varios estados en 2026 han seguido la tendencia de exigir documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento para inscribirse para votar. Los estados ya cuentan con múltiples controles para impedir que las personas que no son ciudadanas estadounidenses voten. Sin embargo, varios estados han promulgado leyes basadas en el mito del voto no ciudadano generalizado, lo cual impedirá que algunos ciudadanos estadounidenses emitan su voto.

Dakota del Sur y Utah promulgaron nuevas leyes que exigen a los posibles votantes presentar documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento al registrarse para votar en las elecciones estatales y locales. Quienes no cumplan con estos requisitos sólo podrán votar en las elecciones federales. Además, la ley de Utah exige a las autoridades electorales revisar los registros de votantes existentes para determinar si los inscritos son ciudadanos estadounidenses.

Los votantes afectados tienen solo 30 días para responder a una notificación con documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento antes de ser eliminados del padrón electoral. Una revisión realizada por Utah a principios de este año, antes de la introducción de los nuevos requisitos para la inscripción de votantes, no encontró ningún caso de votación no ciudadana, lo que confirma que los sistemas estatales existentes para garantizar que solo voten las personas estadounidenses elegibles están funcionando.

Una ley de Kentucky permite al estado celebrar acuerdos que autorizan a las agencias federales revisar su lista de votantes registrados e identificar a las personas que consideren no ciudadanas. Antes de acudir a las urnas, los votantes identificados tendrían que presentar uno de los pocos documentos aceptables, como un: pasaporte, certificado de nacimiento o documentos de naturalización. Si no lo hacen, deben emitir un voto provisional y firmar una declaración jurada que certifique su ciudadanía.

La ley no exige ninguna verificación adicional por parte de los funcionarios estatales ni especifica las precauciones que tomarían las agencias federales, a pesar de las preocupaciones documentadas de que las fuentes de los datos federales no son lo suficientemente completas ni fiables para verificar la ciudadanía.

Una ley de Florida, que entrará en vigor en 2027, exigirá a las autoridades electorales comparar los registros de los votantes inscritos con los registros del departamento de vehículos motorizados. Estipula que cualquier persona cuya ciudadanía no pueda verificarse, incluyendo prácticamente cualquier persona inscrita sin licencia de conducir, deberá presentar un documento válido que demuestre su ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento.

También exigirá a cualquier persona cuyo nombre en su documento de ciudadanía difiera del nombre en su identificación actual que presente un comprobante del cambio legal de nombre, lo que representa una carga para muchas personas ciudadanas, especialmente las mujeres casadas que cambiaron su apellido.

Además, la ley exige a los funcionarios estatales someter los padrones electorales a un programa de verificación separado y requiere que los votantes identificados como no ciudadanos verifiquen su ciudadanía. Si no, serán eliminados del padrón.

Misisipi promulgó una ley que extiende los requisitos existentes para comprobar la ciudadanía a más votantes. Anteriormente, los votantes debían presentar documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento para inscribirse solo si tanto los registros estatales como federales indicaban que no eran ciudadanos. Ahora, los votantes deberán mostrar sus documentos si uno de los registros estatales o federales no puede confirmar su ciudadanía.

En cuanto a los documentos de identidad del votante, varios estados han restringido los documentos de identidad aceptados, lo que puede dificultar a la ciudadanía elegible votar. La ley de Florida mencionada anteriormente también limita las formas aceptables de los documentos para validar la identidad del votante, eliminando de la lista: las tarjetas de débito o crédito, los carnets estudiantiles, las membresías a centros residenciales de la tercera edad, las tarjetas de asociaciones de vecinos y las credenciales de asistencia pública.

New Hampshire también eliminó los carnets estudiantiles de su lista. Utah revocó la disposición que permitía a los votantes usar copias de las facturas de los servicios públicos o estados de cuenta bancarios recientes como identificación.

Nebraska redujo de una semana a tres días el plazo que tienen los votantes para presentar una identificación válida después de emitir una boleta provisional. Todas estas leyes de documentos de identidad válidos para votar, excepto la de Florida, entrarán en vigor para las elecciones de medio término.

En otro lugar, una ley de Kansas invalida las licencias de conducir que reflejan una identidad de género del titular diferente a la que se le asignó al nacer. Dado que las licencias de conducir son uno de los pocos tipos de documentos de identidad aceptados para votar en Kansas, la nueva ley dejará a muchos votantes transgénero sin un documento de identidad válido para votar, a menos que obtengan una nueva identificación con el género que ahora exige el estado.

La ley está enfrentando una demanda en los tribunales. Otra ley de Kansas corre el riesgo de eliminar a los votantes elegibles del padrón electoral al darles solo 45 días para responder a las notificaciones de confirmación de domicilio si el departamento de vehículos motorizados cree que obtuvieron una licencia en otro estado.

Dakota del Sur ahora permitirá que cualquier votante impugne la inscripción de otro votante del mismo condado basándose en la sospecha de que no es ciudadano. West Virginia permitirá que las autoridades electorales impugnen la residencia de un votante basándose en un nuevo y estricto conjunto de factores de residencia.

Los votantes demandados corren el riesgo de que se cancele su registro electoral si la notificación de la demanda no puede ser entregada por el correo postal o si no presentan comprobante de residencia en persona dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación. Con poco tiempo para responder y posibles problemas con el correo, los votantes elegibles corren un mayor riesgo de ser excluidos.

Finalmente, Misisipi intenta anticiparse a una posible decisión de la Corte Suprema. Actualmente, el estado acepta las boletas de voto enviadas por correo con fecha del sello postal del día de las elecciones y recibidas dentro de los cinco días hábiles posteriores. Esta política ha sido impugnada en un caso pendiente ante la Corte Suprema: Watson v. Republican National Committee.

Bajo esta nueva “ley gatillo”, que entraría en vigor solo si la Corte Suprema revoca la política de Misisipi, las boletas por correo tendrían que recibirse el día anterior a las elecciones, estableciendo un nuevo plazo de un día antes de lo que se esperaría en caso de una sentencia desfavorable. No incluimos esta ley en nuestro recuento de leyes restrictivas porque no entrará en vigor a menos que la Corte revoque la política de Misisipi.

Si bien el resumen de las leyes electorales estatales no rastrea la legislación sobre la redistribución de los distritos electorales, el fallo de la Corte Suprema en abril de 2026 en el caso Louisiana v. Callais ya ha llevado a algunos estados a emprender una agresiva redistribución de los distritos electorales a mitad del decenio censal, en algunos casos mediante sesiones extraordinarias.

Aunque las disputas sobre la redistribución de los distritos electorales no restringen directamente el acceso al voto, los efectos de la manipulación de los distritos electorales pueden ser igualmente perjudiciales al diluir el poder electoral de las personas estadounidenses no blancas. La esperada eliminación de muchos distritos de mayoría afrodescendiente y latina en el Sur impedirá que esas comunidades tengan la oportunidad de elegir a candidatos que representen sus intereses.

Entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2026, al menos 6 estados promulgaron 16 leyes que facilitan el voto. Al menos 42 estados consideraron no menos de 558 proyectos de ley con disposiciones expansivas. El número de leyes expansivas promulgadas ha superado al de leyes restrictivas en lo que va de 2026, pero aún está lejos de la proporción casi de 2 a 1 entre leyes expansivas y restrictivas observada entre 2021 y 2024.

De las disposiciones expansivas, 14 de las 16 leyes incluidas en esta sección entrarán en vigor antes de las próximas elecciones de mitad de término. Virginia ha sido el estado más activo en la ampliación del acceso al voto, al promulgar ya 6 leyes expansivas. Nueva Jersey también ha sido activa, con 3 leyes expansivas promulgadas hasta la fecha.

En primer lugar, varios estados implementaron protecciones más sólidas para el electorado dentro de su vigente Ley Estatal de Derecho al Voto. Una ley de Virginia prohíbe la delimitación de los distritos legislativos que minimicen el poder de voto de los votantes no blancos, y exige que los materiales electorales estén disponibles en idiomas adicionales.

Washington promulgó dos leyes que amplían las oportunidades para que los votantes impugnen las prácticas electorales que violen la ley y, de ser necesario, presenten demandas para detenerlas.

Maryland también promulgó una nueva ley que protege el derecho al voto de los votantes no blancos en las elecciones de los gobiernos municipales y de condado, como parte de un esfuerzo de varios años para promulgar una Ley Estatal de Derecho al Voto completa.

En segundo lugar, se han ampliado los períodos de votación anticipada en dos estados. Nueva Jersey permitirá ahora a los municipios ofrecer cuatro días adicionales de votación anticipada para las elecciones municipales, y Virginia añadió el horario de votación anticipada de 11 a.m. a 5 p.m. el segundo y tercer domingo antes del día de las elecciones. En otros lugares, Maryland exigirá que algunas rutas locales de autobús público se detengan en la entrada de los centros de votación anticipada.

En tercer lugar, los legisladores de tres estados facilitaron solicitar y subsanar errores en las boletas de voto enviadas por correo. En Nueva Jersey, las personas votantes ahora pueden corregir defectos técnicos, como olvidar introducir la boleta en el sobre. Una ley de Nebraska, que también tiene disposiciones restrictivas, revoca el requisito de que los votantes que se registran para votar, al mismo tiempo que solicitan una boleta de voto enviada por correo, presenten documentos de identidad adicionales.

Una ley de Virginia amplía los plazos para corregir defectos en las boletas de voto enviadas por correo y los requisitos de notificación para las boletas rechazadas; otra permite a los votantes que solicitaron una boleta de voto enviada por correo, pero no la recibieron en un plazo de 10 días antes de las elecciones, solicitar un reemplazo de emergencia.

En cuarto lugar, dos estados han desarrollado protecciones adicionales para los votantes contra las impugnaciones a su inscripción para votar. Una ley de Virginia revoca la posibilidad de que un votante impugne el registro electoral de otro.

En Washington, una nueva ley dificulta las demandas infundadas a los registros electorales al brindar protecciones adicionales a los votantes demandados y prohibir las impugnaciones por parte de votantes de otros condados. Estas protecciones ayudan a limitar las demandas masivas y perjudiciales de los registros de votantes inscritos que pueden resultar en la cancelación del registro de votantes elegibles.

Además de las categorías mencionadas, los estados han implementado otros cambios para expandir el acceso al voto. Una ley de Virginia impone restricciones adicionales sobre quiénes pueden ser inhabilitados para votar debido a una discapacidad mental. La ley instaura un nuevo proceso para que dichas personas soliciten la restitución de su derecho al voto.

Una ley de Nueva Jersey, que entrará en vigor en 2028, extiende el registro automático de votantes a otras agencias estatales y exige que estas actualicen automáticamente la inscripción de un votante cuando este proporciona nueva información. Asimismo, la ley garantiza que las personas que serán puestas en libertad tras cumplir condena reciban documentos de identidad para no conductores. La ley también permite que las personas privadas de la libertad se preinscriban para votar en determinadas circunstancias.

New Hampshire ahora exige que los municipios cuenten con al menos un centro de votación por cada 15,000 votantes registrados durante las elecciones presidenciales. Anteriormente, las ciudades podían tener tan solo un centro de votación, independientemente de su población.

Por último, cabe destacar que la legislatura de Virginia aprobó una enmienda constitucional que restablecería automáticamente el derecho al voto de las personas condenadas por delitos tras su liberación. Esta enmienda entrará en vigor únicamente si es aprobada por los votantes en un referéndum este otoño. La ley actual de Virginia otorga al gobernador la facultad discrecional exclusiva para restablecer el derecho al voto de las personas condenadas por delitos.

Virginia también promulgó una ley complementaria que solo entraría en vigor si los votantes aprueban la enmienda constitucional. Esta ley introduciría una serie de modificaciones a la legislación estatal para garantizar la inscripción a votar para las personas que han estado encarceladas. Las leyes estatales penales privan de su derecho al voto a las personas condenadas por un delito e impiden que millones de estadounidenses voten incluso después de haber regresado a sus comunidades.

Estas prohibiciones electorales afectan desproporcionadamente a la población afroamericana. Ni la enmienda propuesta ni la ley gatillo se incluyeron en nuestro recuento de las leyes expansivas, ya que solo entrarán en vigor si los votantes aprueban la enmienda constitucional.

Si bien hasta la fecha no se han promulgado nuevas leyes de interferencia electoral en 2026, se han propuesto al menos 65 proyectos de ley de este tipo en 25 estados. También existen algunas leyes nuevas que no se ajustan a nuestra definición de interferencia electoral, pero que guardan una estrecha relación con los esfuerzos del gobierno federal para interferir en las elecciones. Legisladores en algunos estados aún están considerando proyectos de ley de interferencia electoral.

Por otro lado, varios estados han promulgado leyes este año para proteger a los votantes, a los administradores electorales y a los procesos electorales. Estas leyes no cumplen con los criterios de ninguna de nuestras categorías, pero cada una representa una nueva salvaguarda para prevenir la interferencia electoral, incluso por parte del gobierno federal.

Dos proyectos de ley de interferencia electoral estuvieron a punto de convertirse en ley. Uno de ellos, aprobado por el Senado de Georgia, habría exigido recuentos manuales completos para casi todas las elecciones federales y estatales. Si bien los recuentos manuales parciales son herramientas valiosas para la seguridad electoral, los recuentos manuales completos son más propensos a errores que el conteo electrónico.

Laura Kelly, gobernadora de Kansas, vetó un proyecto de ley que habría desbalanceado las disputas electorales al obligar a que todas las impugnaciones constitucionales estatales o federales a las leyes electorales se resolvieran en un tribunal de distrito con jueces afines a la actual mayoría legislativa.

Entre los proyectos de ley de interferencia electoral que aún se tramitan, se encuentran medidas que prohibirían las máquinas de votación electrónica y exigirían el recuento manual de todas las boletas.

Agentes federales

Otra tendencia surge de la posibilidad de que la presidencia envíe agentes armados a los centros de votación. Ante el aumento de las operaciones de control migratorio por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias federales, muchos legisladores estatales están promoviendo leyes que protegerían a los votantes de la interferencia e intimidación por parte de dichos agentes. Si bien las leyes federales y estatales ya prohíben explícitamente al gobierno federal llevar a cabo estas amenazas, muchos estados están trabajando para brindar protecciones adicionales.

Nuevo México y Oregón han promulgado leyes que reproducen las restricciones federales vigentes sobre la presencia de agentes federales de policía e inmigración en los centros de votación el día de las elecciones. Una nueva ley en Virginia restringiría la interferencia de los miembros de la Guardia Nacional en la votación, y otro proyecto de ley, pendiente de la firma de la gobernadora, restringiría la labor de las autoridades federales de inmigración en los centros de votación.

Un proyecto de ley en Washington brindaría mayor protección a los votantes y a los trabajadores electorales frente a las operaciones de control migratorio durante las elecciones. Una propuesta de ley en California, entre otras disposiciones, prohibiría a los policías interferir en la administración electoral, prohibiría la presencia de personal militar en los centros de votación y permitiría al fiscal general, al secretario de estado o a las autoridades electorales del condado correspondiente interponer demandas para hacer cumplir estas disposiciones. Legisladores de Connecticut, Illinois, Kansas, Nueva York, Rhode Island y Vermont han presentado propuestas similares.

Por otro lado, algunos legisladores estatales han presentado proyectos de ley que facilitarían la presencia de agentes federales. En Illinois, dos proyectos de ley prohibirían a los gobiernos estatales o locales restringir la actividad de los agentes federales de inmigración. De manera similar, un proyecto de ley en Nueva Jersey revocaría la prohibición actual a la presencia de los agentes de policías en los centros de votación.

Una propuesta en Arizona habría exigido la presencia de los agentes federales de inmigración en todos los centros de votación y en los buzones de devolución de las boletas del estado.

Otras leyes de protección electoral

Además, al menos siete estados han aprobado leyes sobre diversos temas para fortalecer sus elecciones contra la interferencia.

Una ley de Dakota del Sur fortalece los requisitos de cadena de custodia de las boletas, y una ley de Wyoming refuerza los procedimientos de auditoría postelectoral al exigir auditorías manuales adicionales de una pequeña porción de las boletas en contiendas específicas.

Nuevas leyes en Tennessee, Vermont y Maine regulan el uso de los contenidos ultrafalsos (deepfakes) en comunicaciones políticas al exigir la divulgación de los mensajes que contengan contenido multimedia generado por inteligencia artificial. Una ley de Utah refuerza las prohibiciones existentes sobre el acoso electoral en línea. Por último, Oregón y Dakota del Sur aprobaron leyes que fortalecen el proceso de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales al prohibir la participación de electores desleales en el Colegio Electoral.

Intercambio federal de datos

Algunos estados están considerando propuestas legislativas para ayudar o protegerse de los esfuerzos de la administración Trump para ejercer el control sobre la administración electoral. Desde mayo de 2025, el Departamento de Justicia ha intentado obtener las listas completas, sin modificación, de los electores inscritos de casi todos los estados. Estas exigencias plantean serias preocupaciones legales y de privacidad, ya que estas listas contienen datos personales confidenciales, como números parciales del seguro social y números de la licencia de conducir.

Si bien la mayoría de los estados han rechazado estas solicitudes, los funcionarios electorales de al menos 15 estados han accedido. Estas solicitudes no son el único medio por el cual el gobierno federal ha buscado obtener datos sensibles sobre las personas votantes de los estados. El FBI y el Departamento de Justicia recientemente han puesto en la mira las boletas y los archivos electorales del condado Fulton en Georgia, el condado Maricopa en Arizona y el condado Wayne en Míchigan, una acción sin precedentes e innecesaria que ha generado preocupaciones similares sobre la privacidad de los votantes.

Algunas legislaturas estatales han intentado obligar a los funcionarios a entregar información confidencial de los votantes a las agencias federales. El Senado de Georgia aprobó una resolución que insta al secretario de estado a cooperar con el Departamento de Justicia y entregar la lista de votantes inscritos del estado.

Dos proyectos de ley en Minnesota exigirían que su secretario de estado proporcione cualquier dato relacionado con las elecciones al gobierno federal cuando éste lo solicite. Además, como se mencionó, una ley de Kentucky autoriza el envío de las listas completas al gobierno federal.

Otros legisladores estatales se oponen a estas medidas. Dos proyectos de ley en Connecticut otorgan al fiscal general del estado poderes adicionales para retener la custodia de los registros y equipos de votación ante citaciones u órdenes judiciales del gobierno federal. Un proyecto de ley en Luisiana impone restricciones similares sobre cómo se pueden compartir los datos confidenciales de los votantes con las agencias federales.

Finalmente, una resolución que se está tramitando en la legislatura de Alaska expresa preocupación por el uso de los datos de los votantes que los funcionarios estatales entregaron al Departamento de Justicia en diciembre de 2025.

Traducción de Laura Gómez