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- La Constitución le da al Congreso, no al presidente, el poder de decidir cuándo, dónde y contra quiénes entra en guerra Estados Unidos.
- Llevar a cabo hostilidades, con todos los riesgos y costos de una guerra, no debería depender de los caprichos de un solo líder.
En su conferencia de prensa sobre la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el presidente Trump se refirió una sola vez a la “ley” que supuestamente justificaba el ataque: “Estas son las leyes de hierro que siempre han determinado el poder mundial”. No queda claro a qué leyes se refería. (“La ley del más fuerte” difícilmente sea un código legal ideal).
Otros funcionarios del gobierno catalogaron a Venezuela como una amenaza inminente o afirmaron que el tráfico de drogas de los carteles venezolanos servía de justificación.
Mientras se esfuerzan por ponerse de acuerdo, un grupo bipartidista está trabajando en el Congreso para presentar una resolución sobre los poderes de guerra que permita reafirmar el poder constitucional del Congreso. Es un momento insólito que parece estar sacando a la luz divisiones en el partido republicano y uniendo al partido demócrata. A lo largo de esta semana, sabremos si el Congreso intervendrá y cumplirá la función exigida por la Constitución en cuestiones de guerra y paz o si volverá a ceder.
En el Brennan Center, no comentamos sobre temas de política exterior. Dejamos que otros critiquen las nuevas amenazas de anexar a Groenlandia, los comentarios de que las reservas de petróleo son el principal motivo de la operación en Venezuela o las amenazas abiertas del presidente contra Cuba, Colombia y México. Sí podemos afirmar inequívocamente que Maduro era un presidente autoritario e ilegítimo. Permaneció en el poder después de haber perdido una elección. (¡Feliz 6 de enero!). Pero no me atrevo a predecir qué es lo mejor para el futuro de Venezuela.
Sobre lo que sí comentamos es sobre las leyes, las leyes verdaderas.
Hay algo bien claro: el bombardeo y la operación de derrocamiento del régimen en Venezuela por parte de Trump fue inconstitucional. La Constitución le da al Congreso, no al presidente, el poder de decidir cuándo, dónde y contra quiénes entra en guerra Estados Unidos. Es un aspecto esencial de nuestro sistema de frenos y contrapesos, y con razón.
No existió ninguna amenaza contra las tropas militares estadounidenses ni ningún ataque inminente contra nuestro país antes de la operación en Venezuela. El presidente tiene debidamente el poder de utilizar la fuerza militar defensiva sin esperar el voto del Congreso. Pero el uso de la fuerza ofensiva lo permite la Constitución solo si el Congreso ha autorizado la operación, como lo hizo antes de las invasiones a Afganistán e Iraq.
El Congreso y el presidente se han confrontado con respecto a lo que constituye una fuerza defensiva u ofensiva. Pero esto fue diferente. Esto fue un ataque contra un país soberano y la captura de su líder, seguido por la promesa de ahora “gobernar” Venezuela y explotar su petróleo.
Llevar a cabo hostilidades, con todos los riesgos y costos de una guerra, no debería depender de los caprichos de un solo líder.
Las lecciones de la traumática Guerra de Vietnam hicieron que el Congreso promulgara la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution) de 1973, que reafirma la primacía del Congreso en cuanto a las decisiones sobre el uso de la fuerza y el rol limitado del presidente en el uso de la fuerza defensiva. Esa ley también obliga al presidente a consultarle e informarle al Congreso cuando utiliza una fuerza defensiva antes de que el Congreso pueda debatir y votar al respecto.
A pesar de haber planeado la operación durante meses, Trump ni siquiera le notificó al Congreso antes de enviar las fuerzas especiales para entrar en el recinto de Maduro y bombardear Caracas, ni mucho menos le consultó al Congreso ni solicitó su autorización. Antes del ataque, según el senador Charles Schumer (D-NY), la administración les dijo a los miembros del Congreso explícitamente y en repetidas ocasiones que no iba a llevar a cabo operaciones de cambio de régimen.
Claro que otras administraciones ya antes han desdibujado los límites de las facultades de guerra. En 1989, bajo la presidencia de George H. W. Bush, Estados Unidos invadió Panamá, arrestó a su líder Manuel Noriega y lo acusó formalmente de tráfico de drogas y lavado de dinero, todo en nombre de una defensa propia. Bush tampoco había solicitado la aprobación del Congreso. Pero, en ese caso, Panamá había declarado que estaba en “estado de guerra” con los Estados Unidos y había atacado a varios militares estadounidenses. El Senado de los Estados Unidos ya había aprobado cierto lenguaje que alentaba al uso de opciones militares para derrocar el gobierno de Panamá.
Lo que pasó en Panamá fue un arrebato de poder. Lo que pasó en Venezuela fue una descarada violación del orden constitucional. No hubo ninguna declaración de guerra, no hubo ningún ataque contra las tropas estadounidenses, ni siquiera hubo ninguna amenaza de uso de la fuerza (más que la amenaza, perversamente repetida por funcionarios de la administración Trump, de que Venezuela podría intentar defenderse de una invasión estadounidense).
Los tribunales que han evaluado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) han rechazado una y otra vez el argumento de la administración de que Venezuela hubiera cometido actos de agresión que justificaran la invocación de esos poderes de guerra. Y resulta absurdo sugerir que las acusaciones formales contra Maduro por tráfico de cocaína y posesión de armas de fuego, emitidas por primera vez hace años, son la justificación para declararle la guerra y lanzar una operación de cambio de régimen.
Es difícil no tener la impresión de que Trump hizo todo esto, al menos, en parte para demostrar que podía. Esa es la misma razón por la que envió tropas a varias ciudades estadounidenses. De hecho, durante su conferencia de prensa del sábado, él mismo realizó esa asociación libre. Tal como lo señaló Rachel Maddow anoche, con cada nueva violación de leyes Trump mueve las fuerzas militares más a su antojo.
Estamos apenas en los primeros días de la historia con Venezuela. En Iraq, la técnica de “conmoción y pavor” parecía perfecta hasta que la ocupación enseguida se fue a pique. Trump ha expresado su intención de desplegar tropas terrestres e iniciar más ataques militares para “gobernar” Venezuela. Anoche dijo en NBC: “Primero tenemos que arreglar el país. No se puede tener una elección”. Pero la política interna de Venezuela es complicada, por decirlo con delicadeza. No hay ninguna garantía de que una vuelta a la democracia sea un proceso simple, fácil ni breve.
La administración dice que no se necesita votar sobre los poderes de guerra. “Esto no fue una invasión, no ocupamos ningún país”, explicó el secretario de estado Marco Rubio. Pero ni la Constitución ni la Resolución de Poderes de Guerra condicionan el rol del Congreso según la existencia de una ocupación militar. En cualquier caso, Trump ha dejado en claro que ahora podemos “gobernar” Venezuela o incluso nombrar a Rubio como uno de sus jefes supremos.
Esto es diferente del lanzamiento de un misil, por ejemplo, para impedir que terroristas hutíes bombardeen un buque estadounidense. Si el régimen de Maduro producía tal inestabilidad que cientos de miles de inmigrantes terminaban escapando a los Estados Unidos, ¿quién sabe qué tipo de caos podría reinar ahora?
En este sentido, tal como en muchos más, el Congreso debe reafirmar su rol fundamental a la hora de mantener el orden constitucional. El Congreso tiene el poder y la responsabilidad de garantizar que estas solemnes decisiones de guerra y paz se tomen democráticamente, con la correcta rendición de cuentas y de conformidad con nuestra Constitución.
¿Será el Congreso finalmente capaz de intervenir y reclamar su facultad constitucional? ¿O volverá a evadir su responsabilidad? Hace apenas unas semanas, una resolución de la Cámara de Representantes para poner freno a los ataques unilaterales de Trump contra las embarcaciones venezolanas en el Caribe no logró aprobarse por una votación de 210 a 216.
Varios congresistas han presentado resoluciones que sostienen que Trump carece de autoridad para utilizar la fuerza militar sin la autorización del Congreso. Esas resoluciones deben someterse a votación, y rápido. El Congreso debe tomar medidas antes de que la situación se agrave y debe reforzar los controles existentes sobre el poder presidencial para prevenir más actos unilaterales de agresión en el futuro.
Seamos claros: el presidente puede vetar hasta una resolución exitosa sobre poderes de guerra. Solo una votación de los dos tercios en cada cámara del Congreso puede anularlo. Pero la historia nos demuestra que, cuando el Congreso ofrece resistencia, puede aminorar la agresividad de la rama ejecutiva.
Los fundadores de nuestra nación conocían íntimamente el peligro de colocar el poder de guerra en las manos institucionales equivocadas. Muchos habían pasado por dos guerras importantes e incluso habían luchado en la guerra. Esa es una de las principales razones por las que dejaron el poder de hacer la guerra en manos del Congreso.
En 1789, James Madison le escribió en una carta a Thomas Jefferson: “La Constitución supone, lo que la historia de todos los gobiernos demuestra, que el Ejecutivo es la rama de poder más interesada en la guerra y la más propensa a la guerra. Por consiguiente y con estudiado cuidado, le ha concedido la cuestión de la guerra a la Legislatura”.
Más allá de la justificación que elija esta administración, la reciente operación va directamente en contra de la Constitución y de nuestros valores estadounidenses más profundos. Es imperativo que el Congreso actúe para reafirmar el sistema de frenos y contrapesos que preservan la libertad de nuestra democracia.
Traducción de Ana Lis Salotti
