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La Constitución le da al Congreso, no al presidente, el poder de declarar la guerra.
No hay ningún precedente para considerar un cargo penal como la justificación para bombardear un país extranjero y utilizar la fuerza militar para capturar a un jefe de estado.
Tras el bombardeo del presidente Donald Trump en Venezuela y su operación de cambio de régimen, varios funcionarios de esta administración y congresistas a favor de la operación han defendido su legalidad.
Algunos han comparado la acción militar de Trump con otros usos o amenazas anteriores del uso de fuerza militar, de los cuales se destaca la invasión a Panamá en 1989 del presidente George H.W. Bush. Otros han sugerido que la acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro justificó el uso de la fuerza militar.
Ninguno de estos argumentos tiene fundamentos válidos.
Para empezar, la Constitución le da al Congreso, no al presidente, el poder de declarar la guerra. Además, la Constitución le brinda al Congreso la facultad de crear y regular a las fuerzas militares. Ya en 1801, la Corte Suprema afirmó que la Constitución le concede al Congreso “todos los poderes de guerra”, es decir, el derecho exclusivo de decidir cuándo, dónde y contra quiénes utilizar la fuerza ofensiva.
Al mismo tiempo, los delegados de la Convención Constitucional reconocieron que el presidente, como el comandante en jefe, iba a tener el poder inherente de “repeler ataques repentinos” o el derecho de utilizar fuerzas defensivas cuando la nación se encuentra bajo una amenaza inminente y cuando el Congreso aún debe considerarlo y autorizar una respuesta.
Los presidentes no siempre han respetado este equilibrio de poderes impuesto por la Constitución. En especial durante la Guerra Fría, algunos han empujado los límites de lo que se considera una fuerza “defensiva”.
La invasión a Panamá de 1989 —efectuada poco más de un año antes de que Bush solicitara la autorización del Congreso para la Guerra del Golfo— fue uno de estos tipos de abusos. Con una fuerza de casi 30,000 tropas y sin pedirle permiso al Congreso, Bush lanzó una operación para derrocar el gobierno de facto del general Manuel Noriega en Panamá y trajo al líder destituido a los Estados Unidos para ser procesado por cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.
A pesar de las similitudes a primera vista con la operación de cambio de régimen de Trump en Venezuela, la invasión a Panamá tuvo una diferencia fundamental: se basaba en una afirmación genuina de defensa propia, aun cuando la gran mayoría la considere desproporcionada con respecto a la intensidad de la fuerza utilizada.
Cinco días antes de la invasión de Bush a Panamá, Noriega había solicitado y recibido de la legislatura de Panamá una declaración de “estado de guerra” con los Estados Unidos. Por lo tanto, enseguida las fuerzas panameñas comenzaron a atacar a militares y otros ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, cuando mataron a un marine e hirieron gravemente a otros en la ciudad de Panamá.
Estas provocaciones intensificaron las tensiones que existían desde hace años entre las dos naciones y habían incluido ciertas incursiones armadas de las fuerzas panameñas en bases militares estadounidenses establecidas bajo los tratados por el Canal de Panamá y otros enfrentamientos con las fuerzas panameñas.
Fueron esas acciones, y no la existencia de cargos penales contra Noriega, las que citó Bush como justificaciones legales para la invasión.
Al otro día de la invasión, Bush le informó al Congreso que había actuado en defensa propia, porque era “evidente que la vida y la protección de los ciudadanos estadounidenses en Panamá se veían cada vez más en riesgo”, y que la “operación segura del Canal de Panamá” y la ejecución de los tratados por el Canal de Panamá se encontraban en “grave peligro”.
El Congreso reaccionó a su favor, ya que hacía mucho estaban debatiendo sobre las posibles respuestas a las tensiones cada vez más recrudecidas con el régimen de Noriega. El Congreso ya había promulgado leyes que le urgían a la administración a agotar todas las vías diplomáticas para lograr un cambio de régimen, y el Senado había aprobado cierto lenguaje, no obligatorio, que alentaba a utilizar opciones militares.
Pero la operación de Trump en Venezuela es completamente distinta a lo que ocurrió en Panamá. Venezuela no ha declarado un estado de guerra con los Estados Unidos. Venezuela tampoco ha perpetrado invasiones ni incursiones armadas en territorio estadounidense ni en nuestras bases militares.
En el contexto de la invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, una ley de tiempos de guerra, varios tribunales federales han rechazado rotundamente el argumento de la administración de que Venezuela hubiera cometido estos actos de agresión.
El Congreso tampoco ha indicado su apoyo a favor de una operación de cambio de régimen en Venezuela. Al contrario. En las últimas semanas, algunos congresistas expresaron preocupación de que podría surgir una posible guerra de cambio de régimen. Invocaron la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 y urgieron a votar para retirarse de cualquier hostilidad actual o inminente en el Caribe.
Los funcionarios del gobierno lograron desbaratar estos esfuerzos, en parte, porque les aseguraron a los congresistas que Trump no tenía la facultad legítima de llevar a cabo ataques terrestres sin la aprobación del Congreso.
Por último, la sugerencia de la administración de que la acusación formal de Maduro servía de justificación para su ataque militar es tan infundada como peligrosa. No hay ningún precedente para considerar un cargo penal como la justificación para bombardear un país extranjero y utilizar la fuerza militar para capturar a un jefe de estado. (Tal como se señaló anteriormente, el arresto de Noriega no fue la justificación legal para la operación militar en Panamá).
Estados Unidos tiene cargos penales federales pendientes contra muchas personas alrededor del mundo. Si la mera existencia de esos cargos permitiera ejecutar poderes de guerra excepcionales, eso negaría la cuidadosa asignación de los poderes de guerra por parte de la Constitución y colocaría la solemne decisión de ir a la guerra casi exclusivamente en manos del ejecutivo.
En nuestro sistema constitucional, las decisiones sobre el uso de la fuerza deben tomarse democráticamente y con la correcta rendición de cuentas, no bajo puertas cerradas y a partir de malentendidos sobre la historia y el derecho. El Congreso tiene el deber, ante el pueblo y la Constitución, de rechazar esta usurpación de sus poderes de guerra que no tiene precedentes.
Traducción de Ana Lis Salotti.
