- Imponer reglas más estrictas sobre las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso es una reforma ética fundamental y primordial para recuperar la confianza del público en el Congreso.
- Debido al riesgo inherente de beneficio personal, las operaciones bursátiles por parte de los miembros del Congreso plantean verdaderos conflictos éticos.
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Los miembros del Congreso tienen permitido comprar y vender acciones, y casi todos tienen acciones en compañías que cotizan en bolsa. Imponer reglas más estrictas sobre las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso es una reforma ética fundamental y primordial para recuperar la confianza del público en el Congreso.
¿Por qué es un problema que los miembros del Congreso realicen operaciones bursátiles?
Los congresistas y legisladores a menudo tienen acceso a información sobre los mercados financieros de carácter no público y tienen el poder de dar forma a las políticas correspondientes a los sectores en los que tienen participación financiera. Ello crea la posibilidad de que miembros del Congreso, gracias al cargo que ocupan, se beneficien personalmente cuando compran y venden acciones.
Una investigación del New York Times puso de relieve estos riesgos cuando descubrió que, entre 2019 y 2021, el 18 por ciento de los congresistas compró o vendió acciones en sectores vinculados al trabajo de los comités congresuales de los que eran parte.
Abundan los ejemplos recientes que demuestran estos posibles conflictos de intereses.
Muchos congresistas de los dos partidos políticos realizaron operaciones bursátiles que los beneficiaron personalmente a comienzos de la pandemia de COVID-19 y antes de las recesiones económicas que le siguieron, después de haber recibido informes e información anticipada, de carácter no público, sobre los cambios dramáticos que iba a sufrir la economía.
En septiembre de 2008, el representante republicano Spencer Bachus de Alabama, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, asistió a una reunión privada con el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal. Al otro día, compró acciones con la apuesta de que los mercados iban a sufrir una caída y se benefició cuando así ocurrió.
El 24 de enero de 2020, el Comité de Salud del Senado organizó una reunión a puertas cerradas sobre los posibles efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y, en febrero de 2020, la senadora demócrata Dianne Feinstein de California, miembro de ese comité, realizó importantes operaciones bursátiles justo antes de que los mercados financieros dieran un giro negativo, cuando el público en general se dio cuenta de la magnitud de la pandemia.
El momento en que se realizaron estas ventas generó sospechas y se tradujo en alegaciones de un uso de información privilegiada para comprar y vender acciones. El representante Rob Bresnahan Jr. (R-PA) vendió cientos de miles de dólares en bonos emitidos por la Allegheny County Hospital Development Authority el 27 de marzo de 2025, un mes después de haber votado a favor de una ley que recortaría los fondos de Medicaid y colocaría a muchos hospitales de esa región en riesgo de cierre.
Una reciente encuesta indicó que 7 de cada 10 personas en Estados Unidos tienen una opinión desfavorable sobre el Congreso. Debido al riesgo inherente de beneficio personal, las operaciones bursátiles por parte de los miembros del Congreso plantean verdaderos conflictos éticos que socavan la confianza del público y la capacidad de la institución de rendir cuentas.
Otras encuestas también demuestran que la gran mayoría de votantes tanto demócratas como republicanos apoya la iniciativa de prohibir que los miembros del Congreso realicen operaciones bursátiles.
¿Por qué son problemáticas las actuales reglas sobre las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso?
La compraventa de acciones por parte de miembros del Congreso ha suscitado desde siempre una gran indignación pública, pero las regulaciones y procesos existentes no han logrado resolver el problema como corresponde.
La Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 tuvo como objetivo evitar el uso de información privilegiada para realizar operaciones en el mercado bursátil y, para ello, exigió la divulgación de las operaciones, pero ese requisito no se aplicaba a los miembros del Congreso.
Se tardó más de siete décadas para que la Ley de Valores (Stock Act), presentada en 2006 y aprobada en 2012, cerrara parcialmente este vacío legal. Esta ley obliga a los miembros del Congreso a divulgar sus operaciones bursátiles por más de $1,000 dentro de los 30 días de realizadas. Pero las sanciones por no divulgarlas son extremadamente bajas, tan solo $200 por el primer incumplimiento.
Los incumplimientos también son difíciles de descubrir. La Oficina de Conducta del Congreso (anteriormente llamada Oficina de Ética del Congreso) es un ente independiente de la Cámara de Representantes que se encarga de investigar incumplimientos y derivar investigaciones al Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero las investigaciones son de carácter privado, la oficina no tiene la facultad de emitir citaciones y puede ser abolida en cualquier momento si tan solo se cambian las reglas de la Cámara de Representantes.
Si bien el Senado tiene un Comité de Ética encargado de administrar las divulgaciones financieras e investigar alegaciones de conductas indebidas, no existe en el Senado ningún ente de investigación independiente como la Oficina de Conducta del Congreso.
Por lo tanto, el cumplimento de las normas sigue siendo irregular en el mejor de los casos. Un informe publicado por Business Insider reveló que el Congreso no hace cumplir estos mecanismos de rendición de cuentas y que muchos congresistas no divulgan sus actividades bursátiles.
¿Qué cambios podrían implementarse para resolver los problemas con las operaciones bursátiles de los congresistas?
Durante los últimos años, la indignación del público por los $150 millones de dólares en operaciones bursátiles que ganaron muchos congresistas durante la pandemia de COVID-19 impulsó un renovado esfuerzo por ampliar y modificar las regulaciones sobre las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso.
Se han sugerido diferentes propuestas políticas. Por ejemplo, una de ellas exigiría a los congresistas vender los títulos valores que tienen en el mercado bursátil y luego colocar esas ganancias en lo que se conoce como fideicomiso ciego, una cuenta administrada por un fideicomisario independiente cuyos activos no se divulgan al beneficiario y, por lo tanto, se evitan los conflictos de intereses.
Otras propuestas permiten que los congresistas conserven solo las acciones que tenían antes de asumir el cargo y les prohíben comprar nuevas acciones mientras estén en el poder, o bien no les permiten realizar ninguna operación en absoluto.
Las restricciones sobre las operaciones bursátiles están mundialmente reconocidas como un aspecto esencial de la transparencia legislativa, y muchos parlamentos del mundo han implementado alguna versión de estas propuestas.
Asimismo, estas políticas deben ser más que simples reglas sobre un papel. Deben existir mecanismos de cumplimiento más estrictos para todas las reglas éticas del Congreso.
El Congreso debe otorgarle a la Oficina de Conducta del Congreso —que investiga los incumplimientos de las reglas sobre operaciones bursátiles y otras cuestiones de ética en la Cámara de Representantes— la facultad de emitir citaciones, debe establecerla por ley (para que no dependa de su reautorización cada vez que haya un nuevo Congreso) y crear una entidad similar en el Senado. Todo esto permitiría un cumplimiento más riguroso de los mecanismos nuevos y existentes de rendición de cuentas.
¿Cuáles son las probabilidades de reforma?
Hace poco, líderes de los dos partidos políticos han declarado su apoyo público a favor de una propuesta u otra para prohibir las operaciones bursátiles de miembros del Congreso, entre ellos, el expresidente Joe Biden, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson (R-LA), el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries (D-NY), la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-CA) y el secretario del Tesoro Scott Bessent.
Varias propuestas legislativas han circulado en el Congreso en los últimos años, tales como proyectos que prohíben las operaciones bursátiles en absoluto y otros que proponen distintas restricciones.
Algunas propuestas han recibido un importante apoyo de los dos partidos políticos y hasta lograron los votos necesarios para ser aprobadas en sus comités de origen y avanzar por el proceso legislativo. Pero, hasta el momento, ninguna ha podido cruzar la meta legislativa.
Ahora que el Congreso ha retomado sus sesiones tras el receso de verano, probablemente se observe un renovado impulso a favor de propuestas bipartidarias para regular las operaciones bursátiles de los miembros del Congreso, avivadas por un amplio consenso público de establecer mayores salvaguardas y por la creciente conciencia de que ya es hora de implementar un cambio.
Traducción de Ana Lis Salotti
