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- El resultado es un sistema político con menos información y menos rendición de cuentas.
- Las estrategias de los fondos de financiación anónimos evolucionan para mantener ocultos a sus financiadores
Por Eric Petry
Las estrategias de los fondos de financiación anónimos evolucionan para mantener ocultos a sus financiadores
El problema de los fondos de financiación anónimos en las elecciones está empeorando. No solo se trata de que la cantidad del gasto de grupos que no revelan el origen de sus fondos sigue aumentando ––aunque así sea. También se trata de que los grupos y donantes utilizan una red de estrategias para evadir la transparencia, incluyendo el uso cada vez más común del gasto en línea, el cual no está regulado.
Y aun cuando es posible rastrear la fuente de los fondos, los grupos manipulan las normas para evitar una transparencia significativa antes del día de las elecciones. El resultado es un sistema político con menos información y menos rendición de cuentas.
Los fondos de financiación anónimos alcanzaron niveles récord en el ciclo electoral de 2024. Las organizaciones sin fines de lucro y las empresas ficticias que no revelan quiénes son sus donantes gastaron al menos $1.9 mil millones en contiendas federales, casi el doble del récord establecido en 2020, que a su vez representó un aumento significativo en comparación al 2016.
En conjunto, desde Citizens United ––el fallo de 2010 de la Corte Suprema que invalidó los límites a los gastos supuestamente independientes–– los grupos de fondos de financiación anónimos han gastado al menos $4.3 mil millones para influir en las elecciones federales.
Estos totales no incluyen muchos tipos de gastos en línea, para los cuales, en gran medida, las normas vigentes de la financiación de las campañas no aplican. A medida que las elecciones se trasladan cada vez más a espacios digitales, los requisitos de descargo de responsabilidad por la publicidad política y las divulgaciones voluntarias en algunas plataformas de publicidad digital revelan que los candidatos, los partidos y los grupos externos están gastando miles de millones de dólares en la compra de publicidad política tradicional en línea ––muchos de ellos de fuentes anónimas. Sin embargo, otros tipos de gastos siguen siendo, relativamente, una caja negra.
Por ejemplo, los pagos a los influencers de las redes sociales, una forma creciente de gasto político, son en gran medida invisibles. No están sujetos a las normas de la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) que aplican a otros tipos de gastos de campañas. Tampoco están sujetos a las normas de divulgación de la Comisión Federal de Comercio, las cuales aplican a los influencers pagados para promocionar productos comerciales, pero no publicidad política. Aun así, es evidente que los influencers pagados se han convertido en un canal importante para el capital político.
Durante las elecciones de 2024, por ejemplo, más de una cuarta parte de los creadores de contenido digitales informaron haber recibido propuestas para promocionar contenido político, mientras que ambas campañas presidenciales y partidos políticos destinaron millones de dólares a personalidades en las redes sociales para llegar a audiencias específicas.
Esta tendencia no muestra signos de detenerse. En California, dónde las leyes estatales exigen que toda promoción política pagada debe tener un descargo de responsabilidad, varios candidatos a la gobernación han buscado el apoyo de los influencers. Por ejemplo, el candidato Tom Steyer pagó $100,000 a un popular influencer para que lo ayudara en temas relacionados con la comunidad latina.
Sin embargo, se han presentado acusaciones de que los influencers en las elecciones de California no están utilizando la advertencia requerida, lo que enturbia el panorama. Los funcionarios en ejercicio también se están sumando. A principios de este año, algunos influencers reconocieron que fueron contratados para criticar a un reportero que escribió una nota sobre los donantes multimillonarios de la campaña del senador Tim Sheehy de Montana.
Los candidatos y los grupos externos también utilizan cada vez más cuentas anónimas para fortalecer su apoyo en las redes sociales. En lugar de crear una base de seguidores desde cero, los estrategas políticos pueden comprar una cuenta ya establecida con miles de seguidores, borrar por completo su historial y cambiarle la marca al perfil.
Esta estrategia le da al nuevo dueño un perfil fresco con influencia inmediata para amplificar sus narrativas preferenciales e introducir historias al debate público (a menudo atacando a sus opositores) que son prácticamente imposibles de rastrear hasta su origen.
Incluso en la publicidad tradicional, donde normalmente se exige que los patrocinadores sean identificados, los grupos suelen intentar ocultar sus motivos a los votantes, por ejemplo, mediante publicidad que no guarda relación con su industria, intereses o identidad. Si bien esta práctica no es nueva, se ha vuelto habitual entre las industrias que más gastan, como la de inteligencia artificial y las criptomonedas, que han destinado más de $321 millones a sus súper-PACs este ciclo electoral.
En las primarias demócratas para sustituir al diputado Jerry Nadler de Nueva York, que se retira, por ejemplo, dos súper-PACs rivales financiados por la industria de IA han gastado grandes sumas en publicidad sobre inmigración, salud y otros temas de alto interés —pero no sobre la inteligencia artificial o la tecnología.
Think Big, un súper-PAC financiado por OpenAI, ya gastó más de $2 millones en una campaña dirigida contra el demócrata Alex Bores, mientras que otros grupos financiados por Anthropic se han organizado para defenderlo. Ambas compañías cuentan con una red de súper-PACs con decenas de millones de dólares listos para aportarlos a las elecciones al Congreso en todo el país.
AIPAC, el grupo de abogacía en pro de Israel, usó una estrategia similar en varias primarias al Congreso en Illinois. El grupo canalizó millones a través de organizaciones con nombres genéricos y gastó millones de dólares en asuntos que abordan temas no relacionados, como la inmigración y el costo de la vida.
Otra táctica que permite a los grupos evitar la transparencia es evadir las fechas establecidas de divulgación de la información. Al canalizar fondos a través de otros comités políticos justo antes de las elecciones, quienes realizan los gastos pueden mantener sus identidades en secreto hasta después de que el electorado vote.
Aunque el grupo receptor puede finalmente tener que presentar declaraciones que revelen las fuentes originales de sus fondos, la información no sale a la luz hasta después de que la contienda ya haya sido decidida.
Esta práctica se está empleando en las primarias para el Congreso en todo el país. Un nuevo súper-PAC llamado Kentucky 4th PAC surgió y rápidamente gastó $6.5 millones para apoyar al diputado Thomas Massie en las últimas semanas de su fallida candidatura para conservar su escaño en el 4.º distrito congresual en Kentucky.
Un misterioso súper-PAC con vínculos a conocidos estrategas políticos republicanos ha gastado al menos $3.1 millones en las elecciones primarias de Nebraska, Pennsylvania y Texas. El grupo intentó, al parecer, elevar a candidatos que consideraba como sus rivales más débiles en las elecciones generales, incluyendo a un novato en la política acusado de usar un lenguaje antisemita. En Illinois, AIPAC destinó más de $5 millones a dos otros grupos justo antes de las primarias al Congreso.
En cada contienda, estos grupos no tuvieron que presentar sus informes federales de recaudación de fondos hasta después de las elecciones, lo que significa que, al momento de emitir su voto, los votantes de las primarias desconocían quién estaba detrás de los anuncios.
Por supuesto, los fondos de financiación anónimos no son exclusivos de las contiendas federales. Quienes realizan aportes anónimos también están tras las contiendas estatales y locales, donde cantidades relativamente pequeñas pueden tener un gran impacto. El referéndum de la redistribución de los distritos electorales en Virginia, que fue aprobado por los votantes antes de ser anulado por el tribunal supremo del estado, recibió casi $100 millones de fondos provenientes de fuentes anónimas.
En Washington D. C., donde el electorado pronto elegirá un nuevo alcalde, cientos de miles de dólares de fuentes anónimas han inundado la contienda antes de las primarias de junio. Una cantidad significativa de los fondos de financiación anónimos también se está invirtiendo en otras contiendas en todo el país, incluyendo en Georgia, Pennsylvania y Tennessee.
La prevalencia de los fondos de financiación anónimos es un problema que no fue una consecuencia inevitable de Citizens United. La Corte Suprema sostuvo en esa causa por una votación de 8 contra 1 que el gobierno puede exigir, a quienes realizan gastos políticos, revelar la identidad de sus donantes, ya que los votantes tienen derecho a saber quién busca influir en sus decisiones para que puedan “tomar decisiones informadas y dar la debida importancia a los diferentes oradores y mensajes”.
Las reformas para acabar con los fondos de financiación anónimos, como la Ley de Divulgación y la Ley de Publicidad Honesta, exigirían que todos los grupos que gastan dinero en las campañas federales divulguen sus donantes más grandes, extenderían las normas de financiamiento de las campañas a la publicidad política en línea y en redes sociales, y reforzarían su cumplimiento. Estas medidas han sido aprobadas varias veces por la Cámara de Representantes.
Los estados, también pueden aprobar leyes similares de transparencia. Eliminar el gasto a través de los fondos de financiación anónimos, el cual no tiene rendición de cuentas, probablemente seguirá siendo un pilar central de la agenda de reforma al financiamiento de las campañas.
