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- El año pasado, el primer intento de promulgar la Ley SAVE fracasó gracias a la fuerte oposición pública de todo el país.
- Estos nuevos proyectos de ley son otro de los muchos esfuerzos de socavar la libertad de voto del pueblo estadounidense y convertir a esta criticada política en ley nacional.
La semana pasada, varios miembros republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado lanzaron un renovado esfuerzo para aprobar la Ley SAVE, o SAVE Act, cuando presentaron dos nuevos proyectos de ley que implementan el requisito de “mostrar los papeles” para registrarse para votar.
El año pasado, el primer intento de promulgar la Ley SAVE fracasó gracias a la fuerte oposición pública de todo el país. Estos nuevos proyectos de ley son otro de los muchos esfuerzos de socavar la libertad de voto del pueblo estadounidense y convertir a esta criticada política en ley nacional.
En cualquiera de sus versiones, la Ley SAVE le exigiría a toda persona ciudadana estadounidense presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar.
Nuestras investigaciones demuestran que más de 21 millones de estadounidenses no tienen a mano estos documentos. Aproximadamente la mitad de la ciudadanía estadounidense ni siquiera tiene pasaporte. Millones de personas no tienen acceso a una copia en papel de su certificado de nacimiento.
La Ley SAVE privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses de todas las edades y razas, pero las más perjudicadas serían las personas votantes más jóvenes y no blancas. Del mismo modo, millones de mujeres cuyos apellidos de casada no figuran en sus certificados de nacimiento ni pasaportes enfrentarían más obstáculos solo para que sus voces sean escuchadas.
Al igual que la Ley SAVE de 2025, las nuevas propuestas de la Ley SAVE generarían caos en el seno de la administración electoral. Crearían una enorme carga innecesaria sobre las autoridades electorales estatales y locales. Y expondrían a estos funcionarios a un importante riesgo legal.
Estos proyectos de ley les encomendarían a los funcionarios electorales locales la responsabilidad de decidir si la persona votante que no tiene el documento requerido ha hecho lo suficiente para demostrar su ciudadanía. Si el funcionario comete un error de buena fe, podría enfrentar sanciones civiles y penales. Hasta podría ser penalizado por registrar a una persona ciudadana elegible sin haber recabado todos los documentos necesarios en el momento adecuado.
Las tres versiones de la Ley SAVE entrarían en vigencia ya sea de inmediato tras su aprobación, o bien en el plazo de uno o dos años, según la disposición de la que se trate. Una implementación tan apresurada como esta de cambios importantes en una política causaría estragos en la administración de las elecciones y generaría confusión que, sin duda, a su vez, les imposibilitaría votar a muchos ciudadanos estadounidenses.
Si bien todas las versiones de la Ley SAVE les impediría a votar a millones de ciudadanos estadounidenses, los proyectos de ley de la Cámara de Representantes y del Senado contienen obstáculos nuevos diferentes. Las disposiciones antivoto de la nueva versión de la Cámara de Representantes, formalmente titulada Make Elections Great Again Act, son tantas que se necesita una lista:
El proyecto de ley exige presentar un documento que demuestre no solo ciudadanía, sino también residencia para registrarse. Esto dejaría afuera a muchas más personas estadounidenses. El año pasado, aproximadamente el nueve por ciento de la población se mudó dentro de un mismo estado, pero muchos no actualizan sus licencias de conducir hasta que se vencen.
El proyecto de ley requeriría presentar una identificación con foto para votar, y brinda una acotada lista de formas de identificación aceptables que es más restrictiva que las leyes de identificación de votantes de todos los estados, con la excepción de Ohio. Por ejemplo, el proyecto prohíbe el uso de identificación estudiantil (incluso de las universidades estatales) y acepta solo las formas de identificación tribal que tengan fecha de vencimiento, aun cuando muchas formas de identificación tribal no las tienen.
La legislación obligaría a realizar purgas de padrones electorales cada 30 días, lo cual colocaría una enorme carga sobre las autoridades electorales y acabaría con la prórroga de 90 días que protege al electorado de ser eliminado de los padrones por un error justo antes de las elecciones.
El proyecto de ley prohibiría la votación universal por correo, con lo cual toda persona que desea votar por correo tendría que presentar una solicitud para recibir una boleta de voto por correo. Así se eliminaría el método principal de votación que desde hace años predomina en ocho estados y en Washington, D.C.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes crearía una excepción del requisito de presentar papeles para los estados que le solicitan a la persona brindar su número completo de seguro social para registrarse, pero solo tres estados pueden solicitar estos datos debido a ciertas protecciones a la privacidad incluidas en las leyes federales.
La nueva versión de la Ley SAVE del Senado, llamada SAVE America Act, no solo obliga a la persona votante a presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse, sino que también la obliga a volver a presentarlos cuando va a votar.
Este proyecto de ley eximiría a los estados de tener que mostrar los papeles una segunda vez, solamente si han estado entregándole al Departamento de Seguridad Nacional sus padrones electorales con regularidad desde junio de 2025 para que el departamento los pueda comparar con su herramienta de verificación de ciudadanía (que, para mayor confusión, se llama programa SAVE).
Pero el único objetivo de esta disposición es extorsionar a las autoridades electorales estatales que intentan proteger la privacidad de su electorado. Docenas de estados se han negado a proporcionar los registros de votantes que ha solicitado la administración Trump debido a la preocupación de que los datos se terminen usando con fines indebidos.
Y esa preocupación está bien fundada: la administración reconoció en enero que algunos miembros del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dentro de la Administración del Seguro Social habían aceptado proporcionarle padrones electorales estatales a un grupo activista que procuraba “encontrar evidencia de fraude electoral y anular los resultados de las elecciones en ciertos estados”. Dicho de otro modo, el proyecto de ley del Senado castiga a las personas ciudadanas de los estados que han estado protegiendo su privacidad.
La Ley SAVE no soluciona nada. Todas las pruebas disponibles, incluso las provenientes de la propia administración Trump, indican que son solo las personas ciudadanas estadounidenses las que votan y que las excepciones son extremadamente raras. Los estados que han escudriñado sus padrones electorales buscando votos ilegales —como lo hicieron hace poco Luisiana e Utah— han confirmado este dato una y otra vez.
Estos proyectos de ley son parte de una agenda federal más amplia que busca sembrar la desconfianza en nuestras elecciones, debilitar la administración de las elecciones y desalentar al pueblo estadounidense de hacerse escuchar en las urnas. La Ley SAVE, en cualquiera de sus formas, les impediría votar a millones de ciudadanos estadounidenses. El Congreso debe ponerse firme una vez más y rechazar la Ley SAVE.
Traducción de Ana Lis Salotti
