Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- El principal objetivo de esta orden es encargarle al Servicio Postal de los Estados Unidos la tarea de determinar quiénes pueden votar por correo.
- Si se implementa, esta orden ejecutiva generaría un gran caos en nuestras elecciones.
La semana pasada, el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva que busca modificar ilegalmente las reglas para las elecciones federales. El principal objetivo de esta orden es encargarle al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por su sigla en inglés) la tarea de determinar quiénes pueden votar por correo y ordenarle que se niegue a entregar las boletas de voto por correo enviadas por cualquiera que no figure en una nueva serie de listas federales de votantes por correo.
Además, amenaza con imponer sanciones penales contra toda autoridad electoral, empleado postal y cualquier otro que les envíe boletas a las personas que la administración considera no elegibles o entregue sus boletas de voto a las oficinas electorales.
Quizá para facilitar esta usurpación de autoridad de las leyes estatales y federales que rigen sobre la votación por correo, también le ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) crear listas de personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar en cada uno de los estados a partir de fuentes de datos federales incompletas e imprecisas.
Si se implementa, esta orden ejecutiva generaría un gran caos en nuestras elecciones, les impediría votar a numerosas personas ciudadanas estadounidenses elegibles, menoscabaría la privacidad del electorado y expondría a las autoridades electorales y a otras personas a posibles procesamientos penales simplemente por hacer su trabajo.
El Brennan Center y otros grupos han presentado una demanda contra esta orden ejecutiva, tal como ya hicieron con la orden ejecutiva anterior sobre las elecciones que Trump había firmado en marzo de 2025. Otras entidades gubernamentales estatales, partidarias y no partidarias también han demandado en su contra.
Tanto la orden de 2025 como la de 2026 son ilegales, principalmente porque el presidente no tiene ninguna autoridad para llevar a cabo elecciones. La Constitución les da el poder de establecer las reglas de las elecciones únicamente a los estados y al Congreso.
Múltiples tribunales federales bloquearon las partes clave de la orden antivoto de marzo de 2025. (La administración apeló esos dictámenes). A continuación, se detallan las disposiciones de la nueva orden ejecutiva y sus posibles efectos.
Defectuosas “listas estatales de ciudadanía”
La nueva orden ejecutiva le ordena al DHS coordinar con el comisionado de la Administración del Seguro Social para crear una lista de personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar en cada estado. Estas listas, denominadas “listas estatales de ciudadanía”, incluirían a las personas mayores de 18 años que son “ciudadanas estadounidenses confirmadas” y que “mantienen residencia” en el estado.
En la actualidad, el gobierno federal no dispone de un registro de todas las personas ciudadanas estadounidenses y mucho menos de las personas ciudadanas de cada estado, y no existe ninguna ley federal que lo autorice a hacerlo. Distintas leyes federales relativas a la privacidad y seguridad de la información le impiden crear este tipo de listas.
Según la orden ejecutiva, las nuevas “listas estatales de ciudadanía” no se crearían a partir de las listas estatales existentes del registro de votantes ni de ninguna otra base de datos estatal, sino a partir de distintas bases de datos federales creadas para otros fines.
Pero la información que tiene el gobierno federal sobre la ciudadanía es incompleta y a veces imprecisa, lo cual significa que muchísimas personas ciudadanas estadounidenses podrían quedarse afuera de las listas del DHS. Si esas listas se utilizan para determinar quiénes pueden votar y quiénes no, toda persona que no figure en esas listas podría ser privada de su derecho al voto.
Por ejemplo, una fuente que, según la orden ejecutiva, debe usarse para verificar la ciudadanía de la persona es el programa “SAVE” de verificación automática de extranjeros para recibir beneficios (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE). Pero este programa fue creado para establecer la elegibilidad de las personas inmigrantes para recibir los distintos beneficios del gobierno, no como una lista exhaustiva de ciudadanos estadounidenses.
Aun con esos agregados, los últimos intentos del DHS de utilizar estos datos para identificar a personas no ciudadanas en los registros estatales de votantes demuestran que es muy frecuente que el programa SAVE señale erróneamente a personas estadounidenses como no ciudadanas con un índice de error muy alto. Además, ninguna de las bases de datos que menciona la orden ejecutiva ha sido diseñada para determinar si la persona “mantiene residencia” en un estado.
Esta disposición también plantea otras dudas y preocupaciones. La orden le solicita al DHS compartir estas listas con los estados al menos 60 días antes de cada elección, pero no indica qué se supone que los estados deben hacer con esas listas.
La regla de los 60 días también significa que, por defecto, las listas excluirían a toda persona que no haya cumplido 18 años al momento de la creación de las listas, pero que sí puede llegar a la edad mínima de votar para las elecciones. También excluiría a toda persona que obtenga la ciudadanía estadounidense durante ese período y a los muchos estadounidenses que viven en el exterior.
Si bien la orden le pide al DHS que permita que la persona revise y corrija su información que figura en las listas, no incluye ninguna disposición que garantice que las personas afectadas sepan sobre este proceso y puedan realizar las correcciones a tiempo para poder votar.
Responsabilidad penal contra las autoridades electorales y otros
La orden le indica al fiscal general de los Estados Unidos que priorice la investigación y el procesamiento de toda autoridad y funcionario electoral estatal y local que emita boletas federales a cualquier persona no ilegible, sin considerar si hubo intención criminal ni si la persona inelegible efectivamente votó con la boleta.
Dado que esta directiva aparece en la orden inmediatamente después de la sección donde se dispone la creación de “listas estatales de ciudadanía”, parecería sugerir que las autoridades o funcionarios electorales que emitan boletas a personas que no figuran en las defectuosas listas creadas por el DHS serán considerados delincuentes.
Esta amenaza implícita surge en un momento en el que el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) ha iniciado numerosas investigaciones penales contra varias oficinas electorales, basadas en teorías conspirativas.
Del mismo modo, la orden también le indica al DOJ priorizar la investigación y el procesamiento penal de otras personas y entidades que participan en “la impresión, producción, envío o distribución de boletas” a personas no elegibles.
Esta directiva parecería incluir a los proveedores de los equipos para la administración de las elecciones, al personal postal y a los trabajadores voluntarios civiles que ayudan a las personas a votar. Resulta difícil imaginar cómo cualquiera de estas personas amenazadas podría siquiera conocer la elegibilidad de un votante y mucho menos tener la intención criminal de ayudar a votar a una persona inelegible, lo cual sugiere que la responsabilidad penal que pesa sobre sus hombros dependería por completo de si esa persona votante se encuentra o no en las listas estatales de ciudadanía del DHS.
Además, la orden exige a los estados y a las localidades conservar todos los registros electorales (excepto las boletas) durante cinco años. Las leyes federales electorales requieren la conservación de registros electorales durante solo 22 meses.
El rediseño de las boletas a cargo del USPS
La orden obliga al Servicio Postal de los EE. UU. (USPS, por su sigla en inglés) a establecer regulaciones que especifiquen la forma en que los estados deben rediseñar los sobres para las boletas de voto por correo.
El USPS no tiene, y nunca antes ha afirmado tener, ninguna autoridad sobre las opciones de diseño de las boletas estatales. Tampoco tiene la pericia necesaria para diseñar las boletas. El único servicio relacionado con las elecciones que ofrece a los estados, además de la entrega normal de correo, es el servicio voluntario de entrega más rápida y de rastreo de correo.
Del mismo modo, el presidente tampoco tiene ninguna autoridad sobre el diseño de las boletas ni sobre ningún otro aspecto de las reglas electorales, y tampoco puede ordenar las acciones del Servicio Postal, porque es una agencia independiente.
Listas estatales “voluntarias” de votantes por correo y en ausencia
La orden indica que los estados pueden “elegir” notificarle al USPS, al menos 90 días antes de cualquier elección federal, sobre si permitirán el uso de las boletas de voto por correo o en ausencia. En ese caso, dice que “deberían” notificarle al USPS si tienen la intención de proveerle una lista de votantes elegibles que pueden votar por correo o mediante una boleta en ausencia dentro de los 60 días anteriores a una elección.
No existe ninguna ley que obligue a los estados a brindarle al USPS notificaciones o listas relacionadas con las elecciones, ni que autorice al USPS a solicitar este tipo de listas.
El plazo de 60 días para entregar estas listas no se corresponde con los otros plazos electorales establecidos por las leyes federales y estatales. La Constitución prohíbe establecer plazos para el registro estatal de los votantes de más de 30 días antes de una elección y, en la mayoría de los estados, ese plazo es considerablemente más corto.
En todos los estados, el plazo para solicitar una boleta en ausencia es mucho más corto que 60 días, y la mayoría de los estados establece un plazo de dos semanas o menos antes de una elección.
Si bien el presidente parece admitir que no puede ordenarles a los estados crear estas listas y, por eso, ha indicado que estas notificaciones son voluntarias, las otras disposiciones de la orden sugieren que los estados que no proporcionen las listas de voto por correo y en ausencia al USPS podrían poner en peligro el derecho de su electorado de votar por correo.
Discreción del USPS para emitir las boletas de voto por correo y en ausencia
La orden le exige al USPS crear una tercera clase de listas para cada estado —una “lista de participación por correo y en ausencia”— y lo obliga a negarse a entregar las boletas emitidas por toda persona que no figure en estas listas. No queda para nada claro el modo en que el USPS establecería quiénes deben figurar o no en estas listas.
Parecería que la orden quiere que el USPS utilice las “listas estatales de ciudadanía” del DHS para seleccionar los nombres de las listas de los votantes por correo que brindan los estados, aunque no se dice nada en específico.
Lo que sí está claro es que quiere que el USPS no entregue las boletas de quienes no figuran en las nuevas “listas de participación por correo y en ausencia” de la agencia, aunque esas personas fueran elegibles, aun cuando varias leyes federales le prohíben al USPS negarse a entregar el correo de este modo selectivo.
En conjunto, estas disposiciones ponen de manifiesto que el presidente está intentando arrebatarles a los estados y al Congreso el poder de regular la votación por correo y utilizar al USPS para determinar quiénes pueden votar por correo y quiénes no. El USPS no tiene ninguna autoridad legítima para tomar tales decisiones.
Si se implementa, este sistema les impediría votar a muchísimas personas ciudadanas estadounidenses elegibles. Se podría argumentar que estos cambios solo se aplican a la votación por correo y que las personas que no pueden usar esta opción simplemente podrían utilizar otro método. Pero esa suposición ignora varios problemas prácticos como, por ejemplo, que la votación por correo es la única opción para determinadas personas como las que tienen discapacidades.
En primer lugar, no hay nada en la orden que obligue al USPS a notificar a los votantes que no figuran en la lista aprobada de la agencia y que, por lo tanto, sus boletas de voto por correo nunca serán entregadas a las oficinas electorales locales. Sin esta notificación, muchas personas votantes nunca sabrán que su voto no se contó.
Aun cuando el USPS sí brindara esta notificación, es muy posible que muchas personas afectadas no tengan el tiempo ni los medios de corregir el error o cambiar a otro método de votación. Por ejemplo, las personas estadounidenses mayores, discapacitadas o residentes en el exterior que dependen de la votación por correo podrían enfrentar importantes obstáculos si tuvieran que votar en persona o mediante otros métodos alternativos, en especial con poco tiempo de anticipación.
Las implicaciones de la orden ejecutiva son incluso más amplias. Como se señaló anteriormente, sugiere que el USPS tendría que negarse a entregar todas las boletas de voto por correo que emitieron los residentes de cualquier estado que se niegue a brindarle sus listas de votantes por correo o en ausencia aprobados, o bien que no implemente los cambios en el diseño de boletas exigidos por el USPS. Ello exacerbaría las preocupaciones existentes en torno a la transparencia, los plazos y el acceso a los comicios a una escala estatal.
Si a todo esto se le suma el hecho de que la agencia ahora encargada de implementar el complicado proceso de verificar cada boleta enviada por correo, según estas listas de votantes, se está quedando sin fondos, se crea una receta perfecta para dejar a miles sin su derecho al voto y generar un caos terrible en nuestras elecciones.
También existen importantes riesgos a la privacidad asociados con el intercambio de todas estas listas de votantes —que pueden contener información personal privada— entre distintas agencias estatales y federales.
La nueva orden ejecutiva sobre las elecciones viola categóricamente la Constitución y las leyes federales. Solo los estados y el Congreso pueden establecer las reglas para las elecciones federales.
La Cláusula sobre las Elecciones de la Constitución dice que las reglas para administrar las elecciones federales “deben ser dictadas en cada estado por su Legislatura”, excepto que el “Congreso, de vez en cuando, establezca o modifique esas regulaciones por ley”. Múltiples tribunales federales han bloqueado varias disposiciones de la orden de Trump de marzo de 2025 que buscaba modificar las reglas electorales por esa misma razón.
La nueva orden también viola la Constitución de los EE. UU. y las leyes federales, porque intenta ordenar las acciones y determinaciones de las políticas del USPS, que es una entidad independiente. De hecho, la Constitución reserva la autoridad sobre el USPS específicamente para el Congreso.
Cuando el presidente intentó dictarle una directiva a la Comisión de Asistencia Electoral, otra entidad federal independiente, en su orden ejecutiva antivoto de 2025, un tribunal federal dictaminó: “Esa directiva excede la autoridad del presidente”. Lo mismo ocurre con esta nueva orden.
Traducción de Ana Lis Salotti
