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- Trump ha tomado docenas de acciones para socavar las elecciones que, en conjunto, demuestran que un intento de “tomar el control” de las elecciones podría ya estar en marcha.
- Pero también hay bastante evidencia del último año de que tenemos el poder de defendernos, si no nos dejamos distraer por las amenazas.
Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.
El presidente Trump ha lanzado indirectas nada sutiles sobre su deseo de cancelar las elecciones de noviembre. “Hasta tenemos que competir contra esta gente”, dijo Trump en un discurso el mes pasado. “No voy a decir que cancelemos las elecciones; ellos deberían cancelarlas”. Trump no se detuvo ahí. “Si lo pensamos bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones”, reflexionó una semana después.
Estas declaraciones han provocado una preocupación comprensible, pero son amenazas vacías. El poder de Trump depende de la apariencia de haber ganado las elecciones, y él lo sabe. Está obsesionado con convencer al mundo de que ganó en 2020. Y el control de las elecciones está repartido entre miles de funcionarios en todo el país, lo que hace imposible su cancelación.
Pero, más concretamente, la verdadera maniobra autoritaria es el acto de subversión electoral, no la cancelación de las elecciones. El objetivo es mantener las elecciones en marcha, pero sin sacar de sus puestos a quienes están en el poder.
Miremos lo que sucede en el resto del mundo. Vladimir Putin no ha cancelado ninguna elección. Irán celebra elecciones periódicamente. En el siglo XXI, el nombre del juego es “autoritarismo competitivo”, en el cual las instituciones democráticas y las elecciones persisten, pero se ven debilitadas por los gobernantes autoritarios en el ejercicio de sus cargos. Las elecciones —aunque sean manipuladas— otorgan legitimidad a los mandatarios.
El llamado de la semana pasada de Trump a “nacionalizar” las elecciones —argumentando que los republicanos deberían “tomar el control” de la votación— refleja con mayor precisión cómo podría Trump subvertir el sistema electoral. El presidente no tiene autoridad constitucional para tal toma de control.
Según nuestra Constitución, los estados y el Congreso establecen las normas que rigen las elecciones. Según nuestras leyes, los funcionarios estatales y locales administran nuestras elecciones. Aun así, la administración Trump ha tomado docenas de acciones para socavar las elecciones que, en conjunto, demuestran que un intento de “tomar el control” de las elecciones podría ya estar en marcha.
Está la orden ejecutiva de Trump de marzo pasado que intentaba instaurar una norma de “muéstrame tus papeles” al obligar a la ciudadanía a presentar un pasaporte o documento similar al registrarse para votar. Esta política bloquearía el acceso al voto a millones de ciudadanos que no tienen fácil acceso a dichos documentos. Una versión de esta norma es el núcleo de la Ley SAVE, un proyecto de ley que Trump está presionando a sus colegas en el Congreso para que la aprueben.
También están los esfuerzos del Departamento de Justicia por recopilar la información personal de las personas votantes y forzar la purga de votantes. El gobierno federal carece del conocimiento, herramientas y la autoridad legal para llevar a cabo tales purgas, lo que crea un riesgo real de que votantes elegibles sean eliminados del padrón electoral.
Luego están los ataques a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. El año pasado, la administración despidió o apartó de sus funciones al personal encargado de la seguridad electoral y retiró el presupuesto de las operaciones de seguridad electoral, de las que dependían los funcionarios estatales para obtener información y apoyo cruciales. Esto elimina una línea de defensa fundamental contra las amenazas cibernéticas, que están evolucionando constantemente.
Y, por supuesto, Trump preparó la campaña para la interferencia electoral desde el primer día de su administración cuando indultó a las personas responsables por el ataque del 6 de enero al Capitolio —enviando un mensaje claro a quienes podrían intentar subvertir las elecciones de que él los respaldará.
Motivos nos sobran para prever más acciones como estas en los próximos meses. Hace unas semanas, Trump reiteró sus amenazas de procesar judicialmente a las autoridades electorales que administraron las elecciones de 2020. Días después, agentes del FBI confiscaron las boletas y los registros electorales de 2020 en el condado Fulton, en Georgia.
A medida que los oficiales federales recopilan los datos personales de los votantes en los 11 estados que han accedido a compartir sus listas de electores inscritos, es probable que escuchemos a los funcionarios afirmar, falsamente, que hay multitudes de personas no ciudadanos en sus padrones electorales. Además, existe un temor creciente de que Trump pueda intentar ilegalmente desplegar a las fuerzas federales para interferir en las urnas en noviembre.
Pero también hay bastante evidencia del último año de que tenemos el poder de defendernos —si no nos dejamos distraer por las amenazas de Trump de cancelar las elecciones. Hasta ahora, tres tribunales distintos han bloqueado el requisito de “muéstrame tus documentos” en la orden ejecutiva de Trump, junto con otras disposiciones que suprimían el voto o ponían en peligro la integridad electoral.
Si bien algunos estados han accedido a las solicitudes del Departamento de Justicia para obtener información de los votantes, las autoridades electorales de ambos partidos en 27 estados y el Distrito de Columbia se han negado. Y, hasta ahora, los tribunales han ratificado dichas negativas.
A nivel estatal y local, los funcionarios ya están formando alianzas para llenar el vacío dejado por el desmantelamiento de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. Los intentos de Trump de emprender procesos judiciales con fines de represalia hanfracasado en gran medida.
Además, no solo hay leyes claras que prohíben la presencia de los agentes de ICE en los centros de votación y prohíben también la interferencia de los agentes federales en las elecciones, sino que los recientes sucesos en Minneapolis son un recordatorio de que la protesta pacífica y la movilización ciudadana pueden obligar al gobierno a cambiar de rumbo.
Y la Ley SAVE —que intenta implementar la norma de “muéstrame tus papeles” de Trump por vía legislativa— aún puede ser detenida. La primera versión del proyecto de ley fracasó en el Senado el año pasado tras generar una amplia resistencia pública. Es probable que corra la misma suerte este año.
El Congreso, a diferencia de Trump, sí tiene la autoridad para regular nuestras elecciones. Pero el fracaso del proyecto de ley ilustra perfectamente por qué los fundadores de nuestra nación depositaron ese poder en un órgano legislativo bipartidista y no en las manos de un solo actor partidista.
Aún faltan nueve meses para el día de las elecciones, pero parece que cada día vemos un nuevo titular de la administración relacionado con las elecciones. Eso no es un accidente. La campaña para manipular nuestras elecciones ya está en marcha. Ya estamos viendo la eficacia de la oposición ciudadana, ya sea en las calles de Minneapolis o en las asambleas públicas organizadas por sus representantes en el Congreso.
Será responsabilidad de todos nosotros —autoridades electorales, defensores, policías estatales y las personas votantes— ver los esfuerzos de la administración tal y como son y hacerles frente.
Traducción de Laura Gómez
