Estados aprueban políticas de la Ley SAVE que exigen prueba de ciudadanía para votar

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• Mientras el Senado evalúa la Ley SAVE, varias legislaturas estatales están impulsando políticas similares que exigirían “mostrar los papeles”.
• Las políticas que exigen mostrar los papeles les impiden a numerosos ciudadanos estadounidenses elegibles participar en nuestra democracia.

Los congresistas republicanos vuelven a priorizar la Ley SAVE (SAVE Act), una legislación que exigiría a la ciudadanía estadounidense a presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar. Nuestra investigación demuestra que 21 millones de personas ciudadanas estadounidenses no tienen a mano estos documentos.

La Cámara de Representantes ya aprobó una nueva versión de este proyecto de ley, pero, por el momento, la legislación ha quedado estancada en el Senado. Si la Ley SAVE se promulga, le impediría votar a millones de ciudadanos estadounidenses elegibles.

Mientras el Senado evalúa la Ley SAVE, varias legislaturas estatales están impulsando políticas similares que exigirían “mostrar los papeles”. Florida, Dakota del Sur y Utah aprobaron leyes similares en las últimas semanas. Otros estados que ya tienen leyes parecidas han sufrido las consecuencias de implementarlas.

Contando a Arizona, que ya impone el requisito de presentar un documento que demuestre la ciudadanía desde hace más de 20 años, son cinco los estados que tendrán vigente el requisito de mostrar los papeles para todas las personas votantes durante las elecciones de medio término de 2026: Arizona, New Hampshire, Dakota del Sur, Utah y Wyoming. Un sexto estado, Luisiana, tiene el requisito aprobado, pero aún no lo ha puesto en práctica.

Las legislaturas estatales han aprobado tres tipos de leyes, todas basadas en las falsas alegaciones de que hay personas no ciudadanas registradas en los padrones electorales:

• Leyes que exigen que todas las personas, al momento de registrarse para votar, presenten un pasaporte, un certificado de nacimiento u otra documentación de ciudadanía
• Leyes que les exigen a las autoridades electorales verificar la ciudadanía de quienes se registran para votar, comparándola con otras fuentes de datos, un proceso que inevitablemente identificará a personas como no ciudadanas erróneamente, debido a las imprecisiones en los datos
• Leyes que exigen purgas agresivas mediante métodos que eliminarán de los padrones electorales a personas ciudadanas estadounidenses elegibles

New Hampshire instituyó en 2024 el requisito de que toda persona que se registra en persona debe presentar un pasaporte, un certificado de nacimiento u otro documento que demuestre ciudadanía. El año pasado, el estado amplió el requisito para abarcar también el registro de votantes por correo.

Las leyes de New Hampshire ya han creado una importante confusión y han hecho que muchas personas estadounidenses elegibles no hayan podido votar. En 2025, durante unas elecciones locales, numerosos votantes y trabajadores electorales se enfrentaron con distintos problemas, por ejemplo, cuando algunas mujeres casadas no pudieron registrarse para votar porque no tenían consigo la licencia de matrimonio donde figuraba su cambio de nombre.

Por lo menos una de esas mujeres tuvo que volver tres veces, mientras que otras ni siquiera pudieron registrarse. El año pasado, el estado tuvo que aprobar una ley de limpieza para ayudar al personal electoral a lidiar con toda esta confusión. Esa ley les da a los sitios de votación acceso en tiempo real a las bases de los datos estatales, un sistema útil, pero que requiere tiempo y costos considerables para implementarlo.

En 2025, Wyoming promulgó una ley que exige presentar un documento que demuestre la ciudadanía. Además de un pasaporte, un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o una tarjeta militar, también permite utilizar una licencia de conducir, siempre y cuando la licencia no diga que el titular no es ciudadano.

El estado comenzó a incluir esta información en las nuevas licencias de conducir en 2025. A diferencia de la Ley SAVE, cualquier ciudadano estadounidense que tenga una licencia de conducir puede satisfacer el requisito de la nueva ley de Wyoming.

New Hampshire y Wyoming son dos de los solo seis estados exentos de cumplir con una ley federal que prohíbe requerir la presentación de un documento de ciudadanía para registrarse para votar en una elección federal.

La Ley de Registro Nacional de Votantes (National Voter Registration Act) exige tener un formulario federal de registro de los votantes para las elecciones federales en el que la persona solicitante declara bajo juramento que es ciudadana, sin la obligación de presentar un documento que lo demuestre.

Por eso, 44 estados pueden tener leyes que exijan mostrar los papeles únicamente para las elecciones estatales. Esa ley no se aplica a Idaho, Minnesota, New Hampshire, Wisconsin y Wyoming, porque en esos estados, desde la aprobación de la ley en 1993, las personas se pueden registrar para votar el mismo día de las elecciones. La ley tampoco se aplica a Dakota del Norte, porque allí no existe el registro de votantes.

En la práctica, tener padrones electorados “bifurcados” implica que los estados tendrían que llevar un grupo de padrones electorales para las elecciones federales y otro para las elecciones estatales. También tendrían que imprimir boletas distintas para los votantes que figuran en cada grupo de los padrones electorales en cualquier elección que incluya contiendas tanto estatales como federales. Crear e implementar este tipo de sistemas es muy costoso y complicado, por eso, Arizona es el único estado que lo implementó antes de 2025.

La necesidad de bifurcar las listas de registro de votantes acecha a la mayoría de los estados que están considerando estas leyes. Este año, Dakota del Sur e Utah han promulgado leyes que rigen únicamente para las elecciones estatales. Estas leyes requieren un pasaporte, un certificado de nacimiento, un documento de identificación tribal o una licencia de conducir con la indicación de ciudadanía estadounidense (que actualmente tienen muy pocas personas).

Lo preocupante es que no se hayan asignado fondos adicionales para desarrollar los nuevos sistemas de los padrones electorales, que supuestamente entrarán en vigor para las elecciones de medio término de 2026.

El esfuerzo de Utah de aprobar este tipo de leyes fue sorpresivo, porque, hace poco, el vicegobernador anunció que el estado había detectado solo una persona no ciudadana registrada en sus padrones electorales, que tienen unos 1.8 millones de votantes activos.

Luisiana aprobó una ley en 2024 que exige mostrar los papeles, pero dejó todos los detalles del proceso a criterio de la Secretaría de Estado. Si bien esta ley técnicamente ha estado vigente durante casi dos años, la Secretaría de Estado no ha tomado medidas para implementarla. El formulario de registro del sitio web de la Secretaría de Estado ni siquiera menciona la necesidad de presentar un documento de ciudadanía.

Varios otros estados intentaron con anterioridad imponer leyes similares, pero sin éxito. Kansas aprobó una ley parecida, pero fue anulada por la justicia en 2018, tras haberles impedido registrarse para votar a más de 30,000 ciudadanos estadounidenses. Alabama y Georgia tienen políticas aprobadas, pero no están en vigor también debido a órdenes judiciales.

En 2025, Indiana, Ohio y Misisipi promulgaron leyes que les exigen mostrar los papeles a ciertos votantes. La de Indiana requiere que las personas que se registran con un documento de identificación temporal, tales como los solicitantes de asilo o las personas con visas de residencia o trabajo, deben presentar un pasaporte, un certificado de nacimiento o papeles de naturalización. Ohio —que introdujo esta disposición en una versión revisada de una ley sobre transporte— agregó el requisito de presentar un documento de ciudadanía a todas las personas que se registren o actualicen su registro en alguna oficina del DMV.

La ley no aclara qué documentos se requieren, aunque las directrices provenientes de la Secretaría de Estado sugieren que las licencias de conducir sin la indicación de no ciudadano, los certificados de nacimiento, los pasaportes y los papeles de naturalización cumplen con el requisito de la nueva ley.

Misisipi ya exigía que toda solicitud de registro de votantes fuera verificada comparándola con los datos del Departamento de Seguridad Pública. Toda persona identificada como no ciudadana en el sistema del Departamento de Seguridad Pública debía cotejarse con los datos federales de ciudadanía (a través de un programa del Departamento de Seguridad Nacional que, para mayor confusión, se llama “programa SAVE”).

Si el programa SAVE identificaba a la persona como no ciudadana, los funcionarios locales debían enviarle una notificación donde se le informaba que debía presentar un documento de ciudadanía para registrarse.

Este año, una nueva ley también exige verificar la información de las personas sin licencia de conducir comparándola con los datos federales de ciudadanía a través del programa SAVE. Dado que este programa no tiene datos de ciudadanía completos, algunas personas ciudadanas elegibles que no conducen deberán presentar documentos de ciudadanía.

En 2023, Dakota del Norte aprobó una ley similar. En Dakota del Norte, no existe el registro para votar, sino que la persona votante simplemente muestra su documento de identificación en el sitio de votación. Según la nueva ley, no se puede usar un documento de identificación con la indicación de no ciudadano, información que el estado incluye en las licencias de conducir y otras formas de identificación.

Cualquier votante elegible que tenga un documento de identificación con la indicación de no ciudadano (por ejemplo, ciudadanos recién naturalizados) debe obtener un documento actualizado donde figure su condición de ciudadanía y llevarlo a una oficina electoral dentro de los 13 días de llevada a cabo la elección para que su voto se cuente.

En 2025, Tennessee promulgó una ley que, en lugar de imponerle a todo su electorado el requisito de presentar un documento de ciudadanía, obliga al coordinador estatal de las elecciones a crear un sistema de verificación de ciudadanía antes de fines de enero de 2028, para que puedan usarlo los funcionarios locales.

La ley deja los detalles de este proceso a criterio de los funcionarios. Ni la ley nueva ni las existentes dejan en claro qué documentos necesitarán las personas ciudadanas elegibles para apelar su caso si su solicitud es rechazada injustamente.

El 1 de abril, el gobernador de Florida firmó una medida de verificación de ciudadanía similar a la de Tennessee, que exigiría comparar todas las solicitudes de registro de votantes con los datos de ciudadanía del departamento de vehículos motorizados.

Toda persona que no pueda ser verificada como ciudadana, que obviamente incluirá a algunos ciudadanos naturalizados y a ciudadanos sin licencias de conducir, se registrará como “votante no verificado”, y solo se le contará su voto si presenta un pasaporte, un certificado de nacimiento, papeles de naturalización u otro documento de identificación con foto emitido por el gobierno y con la indicación de ciudadanía. Esa ley, cuyas disposiciones sobre los documentos de ciudadanía entran en vigencia en 2027, no incluye una excepción para las elecciones federales.

Varios estados han promulgado leyes que buscan eliminar masivamente a personas supuestamente no ciudadanas de los padrones electorales. El mantenimiento de las listas de votantes es importante. Pero cuando se hace de un modo demasiado agresivo, ciudadanos estadounidenses elegibles que siguieron todas las reglas pueden terminar perdiendo su derecho al voto.

Arizona, Indiana y Kansas han aprobado leyes durante los últimos años que les exigen a las autoridades electorales a comparar sus registros de votantes con los datos de ciudadanía de las oficinas del DMV y eliminar a todas las personas votantes identificadas como posiblemente no ciudadanas. Los estados no instituyeron las suficientes salvaguardas para asegurarse de no eliminar a ciudadanos estadounidenses elegibles.

Si bien todas las leyes aprobadas, menos la de Kansas, obligan a los funcionarios a notificarles a las personas eliminadas, este tipo de comparaciones puede dejar vacíos: algunas personas se convierten en ciudadanas después de haber obtenido su licencia de conducir. Y es posible que no vuelvan a la oficina del DMV para actualizar su condición de ciudadanía hasta que se les venza la licencia varios años más tarde.

Arizona, Idaho, Misisipi, Utah y Wyoming han aprobado leyes que, desde 2022, obligan al gobierno estatal a comparar sus padrones electorales con los datos del programa SAVE y eliminar a las personas votantes identificadas como no ciudadanas. Pero el programa SAVE no incluye la información de todos las personas ciudadanas de los EE. UU. y algunos cambios recientes aumentan el riesgo de identificarlas erróneamente.

Una ley de Iowa de 2025 crea un estado de registro “no confirmado” en los casos en que el gobierno estatal reciba información de una fuente “confiable” que indique que la persona no es ciudadana. La persona puede confirmar su estado si presenta “pruebas” de su ciudadanía.

Y en 2022, Carolina del Sur comenzó a permitir purgas de votantes basadas en la información proveniente de las bases de datos estatales o nacionales de seguridad pública si esta indica que una persona no es ciudadana. Los funcionarios no tienen que notificar a las personas afectadas. Estas leyes, que codifican el uso de datos deficientes o incompletos, plantean el riesgo de eliminar de los padrones electorales a muchos votantes estadounidenses elegibles.

Las políticas que exigen mostrar los papeles les impiden a numerosos ciudadanos estadounidenses elegibles participar en nuestra democracia. Son también costosas y difíciles de implementar, ya que requieren la creación de sistemas complejos, nuevos formularios y capacitaciones del personal electoral para realizar el seguimiento de la documentación adicional.

Perjudican los métodos tradicionales y más utilizados para el registro de votantes, tal como el registro por correo, por internet o mediante las campañas de registro de votantes. Los problemas que se han observado en New Hampshire con la baja participación de la ciudadanía en las elecciones locales de 2025 demuestran los peligros de este tipo de leyes.

Hasta quienes apoyan estas leyes parecen reconocer que crean importantes obstáculos. Las dificultades de crear y poner en práctica estos sistemas podrían haber contribuido al fracaso de los esfuerzos de la legislatura de Texas que, en 2025, quiso aprobar una ley que exigía presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento.

Las autoridades electorales advirtieron que costaría millones de dólares, crearía un enorme aumento de boletas provisionales y obligaría a los condados a llevar a cabo un enorme esfuerzo de comparación y gestión de datos. Hacer todo esto para resolver un problema que no existe es demasiada carga para el sistema electoral.

Sería prudente que el Senado de los EE. UU. no le imponga estos obstáculos a cada uno de los funcionarios electorales de nuestro país.

Traducción de Ana Lis Salotti