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- La decisión del caso Callais es un grave golpe contra la igualdad racial, en especial en el sur del país.
- Tras este ataque explícito a nuestra democracia, el Congreso tiene el deber de actuar.
La decisión de la Corte Suprema de destruir lo que quedaba de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) en la causa Louisiana v. Callais tomará cada elemento de nuestro sistema político ya deteriorado y lo empeorará aún más. No fue ninguna sorpresa. Pero igualmente nos impactó.
¿Qué deberíamos hacer? Indignarnos profundamente por el dictamen. Denigrar a los magistrados que dicen estar actuando como meros “árbitros imparciales” en un juego que ellos mismos armaron. Pero no podemos detenernos ahí. Exijamos a viva voz, para que el único órgano de nuestro gobierno que puede hacer algo tome medidas: el Congreso.
El dictamen de la Corte Suprema convierte a la Ley de Derecho al Voto en “una carta casi muerta”, tal como lo indicó la magistrada Elena Kagan. La decisión del caso Callais es un grave golpe contra la igualdad racial, en especial en el sur del país. El académico Rick Hasen lo advirtió: “Esta decisión blanqueará los pasillos del Congreso, las legislaturas estatales y los órganos locales como los consejos municipales”.
Es posible que empecemos a ver el retroceso más veloz en materia de representación desde el final de la era de la Reconstrucción tras la Guerra Civil. Aun cuando quizá no llegue a ese nivel, igualmente será demasiado perjudicial.
Las áridas abstracciones jurídicas pueden tener severas consecuencias en la vida real. Después del dictamen en el caso Shelby County v. Holder de 2013, que destrozó la parte más importante de la Ley de Derecho al Voto, la brecha en la participación en las elecciones entre el electorado blanco y el electorado no blanco se incrementó el doble en los estados que antes estaban protegidos por las fuertes garantías de esa ley, según un estudio del Brennan Center.
La decisión del caso Callais no hará más que empeorar esta desigualdad, en especial porque los magistrados han decidido acelerar la implementación de su decisión para que sus efectos se sientan lo antes posible.
Para endulzar sus acciones, el dictamen glorifica, aunque parezca mentira, la manipulación partidista de los distritos electorales. Y eso, en medio de un frenesí nacional de redistribución de distritos. Samuel Alito explicó que los estados pueden desestimar hasta pruebas de un mapa racialmente discriminatorio con el simple argumento de que el trazado manipulativo de un distrito tenía el objetivo de afianzar el poder de un partido político. No estamos discriminando a la gente de raza negra, ves. Solo a los demócratas. Caso cerrado.
Tras este ataque explícito a nuestra democracia, el Congreso tiene el deber de actuar. En primer lugar, debe prohibir la manipulación partidista de los distritos electorales, de inmediato. Este tipo de dictámenes se aplicaría a los estados demócratas y republicanos por igual.
Un proyecto de ley con este objetivo fue presentado por los senadores Alex Padilla (D-CA), Raphael Warnock (D-GA), Angus King (D-ME) y Adam Schiff (D-CA), basándose en parte del lenguaje utilizado en la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act). La representante Zoe Lofgren (D-CA) presentó la misma medida en la Cámara de Representantes.
Estas acciones son constitucionales. Nada menos que el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, escribió en el dictamen del caso Rucho v. Common Cause de 2019, los “fundadores de la Constitución le dieron al Congreso el poder de corregir la manipulación partidista de los distritos electorales en la Cláusula sobre Elecciones”. Incluso señaló con aprobación lo que luego se convirtió en la Ley de Libertad para Votar, un proyecto que estuvo a punto de convertirse en ley en 2022.
En segundo lugar, el Congreso debe promulgar nuevas leyes que le den a la ciudadanía un derecho al voto más fuerte y genuino, además del derecho de presentar una demanda judicial si su derecho al voto se ve reducido, diluido o denegado.
Los jueces deben tener la obligación de considerar cualquier obstáculo o dilución de ese derecho con un alto grado de escepticismo. Tendría que ser más fácil demostrar una intención discriminatoria. Y crear y aplicar normas nacionales para las elecciones haría más difícil manipularlas.
Por último, el caso Callais pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar la Corte Suprema, empezando por implementar un límite de 18 años en el período de mandato de los magistrados. Colocar límites en el período de los mandatos judiciales aumentaría la rendición de cuentas. Reflejaría el valor fundamental de que nadie debería ejercer tanto poder durante tanto tiempo.
Los límites en el período de mandato son muy favorecidos por el público. La encuesta de Fox News más reciente sobre este tema demostró que el 78 por ciento de la población está de acuerdo. Esa cifra incluye a muchísimos republicanos, además de demócratas e independientes.
El cambio está ganando impulso. El Caucus Negro del Congreso (CBC, por su sigla en inglés) lo expresó muy bien en una declaración, cuando afirmó: “La corte superior de nuestra nación ha sido puesta bajo sospecha. El CBC asume la misión de impulsar de manera agresiva una reforma para la Corte Suprema. Trabajaremos para establecer límites en el período de mandato de los magistrados a fin de ayudar a restaurar la independencia, neutralidad y legitimidad de la Corte”.
Este tipo de resistencia por parte del Congreso solía ser habitual. Pero, en los últimos años, un Congreso paralizado y polarizado ha dejado de cumplir con su trabajo. Este torpor le abrió la puerta a un poder judicial imperial y a un poder ejecutivo abusivo. Tal como señalaron mis colegas Miriam Rosenbaum y Emily Whitehead, “en años recientes, la Corte ha desmantelado repetidamente leyes emblemáticas aprobadas democráticamente que antes habían sobrevivido al escrutinio de la Corte”.
La causa Citizens United destruyó un siglo de leyes de financiación de las campañas políticas, tanto como el caso Callais acabó el trabajo de demoler una ley de derecho al voto que aprobó el Congreso con el apoyo de su enorme mayoría y que luego ratificó un presidente republicano. Y, sin embargo, el Congreso no logró restaurar la Ley de Derecho al Voto ni reparar las reglas de financiación de las campañas, aun cuando los demócratas controlaban la Casa Blanca y el Congreso.
