Al 6 de octubre, al menos 16 estados han aprobado 29 leyes restrictivas. Este total es apenas un poco menor a las 32 leyes restrictivas promulgadas en 2021, que fue el número más alto de leyes restrictivas aprobadas en todos los años desde que el Brennan Center comenzó a realizar el seguimiento de la legislación restrictiva en 2011. Además, hay varias legislaturas que aún se encuentran en sesión.

Estas leyes restrictivas tienen un efecto negativo sobre muchas áreas importantes del acceso al voto, y algunas contienen múltiples disposiciones que obstaculizan distintos componentes del registro de votantes o de los procesos electorales. Las restricciones más frecuentes promulgadas en lo que va del año afectan el mantenimiento de las listas de votantes, la votación por correo y los requisitos de identificación de votantes.

Durante la sesión legislativa de 2025, al menos 48 estados han considerado por lo menos 472 proyectos de ley con disposiciones restrictivas. Con varias sesiones aún abiertas, todavía hay 208 proyectos de ley restrictivos que siguen avanzando en las legislaturas.

De los 16 estados que promulgaron leyes electorales restrictivas, la de Utah es la que tiene efectos más profundos. La más importante es la que elimina la votación por correo universal a partir de 2029. Utah es uno de los 8 estados que envía boletas por correo a cada persona votante registrada para cada elección, pero en unos pocos años, el electorado de Utah tendrá que seleccionar si quiere recibir la boleta por correo.

Además, esta ley ómnibus acorta el plazo para devolver la boleta por correo a las 8 p.m. del día de las elecciones. Antes, Utah contaba las boletas con matasellos postal fechado el día de las elecciones o antes que fueran recibidas al comienzo del escrutinio (el proceso posterior a la votación mediante el cual se validan los resultados de una elección y que comienza de 7 a 14 días después del día de las elecciones, según el condado). Esta disposición ya está vigente.

Además de estos nuevos obstáculos para votar por correo, esta ley ahora requiere que la persona votante proporcione los últimos cuatro dígitos de su identificación estatal o su número de seguridad social en un sitio sellado dentro del sobre de devolución de la boleta, o bien, a partir de 2029, la fotocopia de una determinada identificación federal o tribal para que su boleta de voto por correo se considere válida.

La ley contiene otras restricciones, como nuevos límites sobre las opciones de identificación para votar en persona y procedimientos más estrictos de mantenimiento de listas de votantes que aumentan el riesgo de eliminar de los padrones a votantes elegibles.

Con Utah, son 6 los estados que han aprobado 7 leyes restrictivas sobre el voto por correo. Entre ellos, cabe señalar una ley de Arkansas que le exige a la persona votante por correo que complete una declaración jurada adicional frente a un testigo. Kansas y Dakota del Norte instituyeron el plazo del día de las elecciones para la recepción de boletas de voto por correo, con lo cual eliminaron los períodos de gracia para boletas con matasellos postal fechado el día de las elecciones que llegaban más tarde. La ley de Dakota del Norte también elimina la opción de devolver las boletas de voto por correo en sitios de votación el día de las elecciones.

Seis estados promulgaron leyes que endurecen los requisitos de identificación para votar y registrarse, porque limitan las formas de identificación aceptables. Montana e Indiana eliminaron la identificación estudiantil como una opción para votar, y Virginia Occidental ahora solo acepta identificación con foto.

Al menos 6 estados aprobaron 7 leyes que podrían hacer más fácil eliminar indebidamente a votantes elegibles de los padrones electorales, porque aumentan el uso de fuentes de datos no confiables para el mantenimiento de las listas de votantes, bajan los criterios requeridos para eliminar a votantes de los padrones electorales o aumentan la frecuencia de estas eliminaciones. Más abajo, analizamos esta tendencia en mayor profundidad.

No hay pruebas que demuestren que existe un registro o un voto masivo de personas no ciudadanas de EE. UU., pero algunos estados promulgaron leyes basadas en ese mito. Indiana y Wyoming aprobaron leyes que exigen que al menos algunos votantes presenten un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar, y Tennessee promulgó una ley que requiere que los funcionarios electorales consulten una base de datos estatal sobre ciudadanía antes de aceptar una solicitud de registro de votantes. Florida creó un nuevo delito mayor por votar no siendo ciudadano, aunque la persona haya creído que era elegible.

Leyes como estas les impiden votar a muchas personas ciudadanas estadounidenses que sí pueden votar. Un estudio del Brennan Center reveló que 21.3 millones de estadounidenses —más del 9 por ciento de toda la población ciudadana en edad de votar— no tienen a mano documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento.

Por otro lado, establecer sanciones penales por votar de forma indebida, aplicables sin tener en cuenta la intención, puede desalentar a personas ciudadanas elegibles que deciden no registrarse o no votar por miedo a enfrentar un procesamiento penal si cometen un error. A mediados de este año, el Brennan Center analizó la legislación electoral estatal en materia de ciudadanía.

Otras restricciones dignas de mencionar son las leyes de Texas, Arkansas y Ohio, que colocan más restricciones sobre la asistencia al votante con discapacidades. Una ley de Arkansas les hace más difícil votar a las personas que viven en hogares para ancianos. Una ley de Montana reduce los horarios para registrarse el día de las elecciones y durante el mes anterior.

Pero no todas estas leyes son exclusivamente restrictivas. Al menos 5 también contienen una o más disposiciones expansivas y se incluyen en los recuentos de leyes tanto expansivas como restrictivas de este resumen.

Este año, varios gobernadores han vetado leyes electorales restrictivas. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs (D), vetó 7 leyes que, entre otras restricciones, habrían reducido los plazos para recibir las boletas de voto por correo y eliminado la votación anticipada en persona. Los gobernadores de otros 3 estados anularon al menos otras 6 leyes propuestas con disposiciones restrictivas, mientras que las legislaturas de Kansas y Kentucky invalidaron los vetos y aprobaron igualmente legislación con disposiciones restrictivas.

Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2025, al menos 7 estados aprobaron 8 leyes de interferencia electoral. Durante ese período, al menos 31 estados consideraron 129 proyectos de ley con disposiciones que buscaban interferir en las elecciones y 47 proyectos de ley de interferencia aún siguen avanzando en las legislaturas. Muchas de estas leyes les conceden a los estados poder sobre los procesos electorales locales de modos que podrían afectar el resultado de las elecciones o presionar a los funcionarios locales para favorecer a los candidatos preferidos del gobierno estatal.

Iowa, Kansas, Luisiana, Texas y Utah promulgaron este tipo de leyes que dan a los funcionarios políticos estatales más control sobre las elecciones. Iowa ahora le concede a su secretario de estado amplia discreción para intervenir en los recuentos de votos a nivel de los condados, mientras que Texas autoriza a su fiscal general a procesar delitos electorales, a pesar de que el mayor tribunal penal de ese estado dictó en 2021 que la constitución estatal le prohíbe al fiscal general tener ese poder.

En cuanto al conteo de votos, Indiana ahora exige, y no meramente permite, que se use un software de conteo de votos que puede restar las boletas de voto por correo del total de los votos. Si bien la ley aparentemente requiere que las boletas permanezcan anónimas, las boletas generadas por este software tienen códigos únicos de identificación que permiten identificar a la persona que las usó para votar.

Y una ley de Nuevo Hampshire permite que cualquier votante solicite el conteo manual de su boleta. Si bien los conteos manuales son un aspecto importante en las auditorías electorales, el cómputo de las boletas realizado por las máquinas de votación es mucho más confiable y eficiente. Será difícil implementar procedimientos donde se deben contar manualmente algunas boletas y otras no.

Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2025, al menos 25 estados promulgaron 31 leyes que facilitan la votación, el total más bajo de los últimos 5 años, excepto en 2022, cuando al menos 12 estados aprobaron 23 leyes expansivas. Pero ese año el volumen legislativo total fue mucho más bajo, y la menor cantidad de leyes expansivas estuvo acompañada por solo 11 leyes restrictivas promulgadas por 8 estados. Este año, los 50 estados consideraron un total de 611 proyectos de ley que habrían expandido el acceso al voto, y al menos 297 aún siguen en curso.

En los últimos años, el número de leyes expansivas superó por mucho el número de las restrictivas. En algunos años, la proporción de leyes expansivas con respecto a las restrictivas ha sido de 2 a 1, o más. Pero, en 2025, no ocurrió lo mismo, ya que la cantidad de leyes expansivas casi equivale al número de las restrictivas. Además, hay relativamente pocos estados donde la legislación se inclina solo hacia la expansión del acceso al voto. Este año, solo 10 estados aprobaron una ley expansiva sin promulgar ni una ley restrictiva ni de interferencia electoral.

Arkansas aprobó 3 leyes expansivas y 3 restrictivas. Del mismo modo, Texas compensó la aprobación de 1 ley restrictiva y 2 de interferencia electoral con 3 expansivas.

Dos de las nuevas leyes expansivas de Arkansas aumentan el acceso a la votación anticipada. La primera requiere la creación de más sitios de votación en ciudades, y la segunda permite la instalación de un sitio de votación anticipada más en cada condado. La tercera ley le da al electorado tres días más para actualizar su registro después de un cambio de dirección o de nombre.

Texas agregó más tiempo para la votación anticipada el domingo y el lunes antes del día de las elecciones, convirtió en requisito su proceso antes optativo de permitir a la persona votante corregir errores en su boleta de voto por correo y exigió que las instrucciones para las solicitudes de voto por correo se brinden en más idiomas.

Al menos 9 estados aprobaron 10 leyes que expanden el acceso al voto por correo, de las cuales 5 se aprobaron en estados que no aprobaron ninguna ley restrictiva ni de interferencia electoral. Una de las leyes dignas de destacar es una de Dakota del Norte que extiende el plazo para devolver las boletas de voto por correo en persona hasta el cierre de los comicios y permite contar las boletas de votantes residentes en el exterior que llegan el día de las elecciones. Antes, los dos tipos de boletas tenían que llegar antes del día de las elecciones.

Maryland ahora les exige a las juntas locales enviar solicitudes de boleta de voto por correo a todas las personas votantes elegibles, y en Rhode Island la persona votante puede solicitar ser parte de la lista permanente de votantes por correo sin necesidad de dar justificación.

Al menos 7 leyes en 7 estados ampliaron las oportunidades de registro de votantes, aunque solo 3 de esos estados no aprobaron ninguna ley restrictiva. Hawái e Idaho extendieron sus plazos para registrarse para votar por correo, y la ley de Idaho también extendió el plazo para registrarse para votar en general.

Colorado creó su propia versión estatal de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) a fin de eliminar los obstáculos que pueden enfrentar las personas no blancas a la hora de votar, tal como la expansión del acceso multilingüe a las urnas. Colorado es el octavo estado en aprobar una Ley de Derecho al Voto a nivel estatal. Nevada y Maryland ampliaron los requisitos de accesibilidad lingüística para votar y en los materiales electorales, y ampliaron los servicios de traducción. La nueva ley de Nevada también permite el uso de servicios móviles de interpretación lingüística para votantes con discapacidades.

La única ley expansiva aprobada por Connecticut tiene múltiples disposiciones expansivas. Obliga a los sitios de votación a ofrecer la opción de votar desde la acera, expande los protocolos para traducir materiales electorales, flexibiliza el requisito de presentar un documento que pruebe domicilio para el registro de votantes el mismo día en que votan, garantiza que las personas encarceladas elegibles puedan solicitar una boleta de voto por correo, y exige la creación de más sitios de votación anticipada en campus universitarios.

Además de la ley de Dakota del Norte, varias leyes restrictivas promulgadas este año también incluyen disposiciones expansivas. Kentucky impondrá un paso más para solicitar asistencia para las personas discapacitadas, pero ampliará la elegibilidad para votar en persona de forma anticipada.

La ley de Ohio que dificulta recibir asistencia electoral, también permite registrarse para votar o actualizar el registro electrónicamente en el Departamento de Vehículos Motorizados. Dakota del Sur expandió la lista de motivos por los que se puede impugnar el registro de un votante, pero, al mismo tiempo, creó criterios más estrictos para ganar esas impugnaciones, porque ahora exige un conocimiento personal respaldado por pruebas.

La ley de Tennessee que establece más pasos para peticionar la restauración del derecho al voto después de una condena por delito mayor también facilita otras partes del proceso y amplía la lista de personas que pueden recuperar su derecho al voto.

Por último, el gobernador de Nevada, Joe Lombardo (R), vetó al menos 4 proyectos de ley con disposiciones expansivas este año. Si no hubiera sido por estos vetos, Nevada habría tenido períodos de registro más largos, un mayor acceso a los buzones de devolución de boletas, procesos más simples para corregir errores en las boletas de voto por correo y más opciones de identificación de votantes, entre otras disposiciones expansivas.

Lombardo también vetó un proyecto de ley que tenía disposiciones tanto expansivas como restrictivas. Este proyecto de ley, descrito como una negociación entre el gobernador republicano y la mayoría legislativa demócrata, habría impuesto requisitos de identificación de votantes, pero expandido la capacidad de buzones de devolución de boletas.

Otro veto bloqueó un proyecto de ley que habría prohibido portar armas dentro de los 100 pies de un sitio de votación. Si bien no categorizamos este proyecto de ley como expansivo, refleja la reciente tendencia de aprobar legislación que prohíbe la portación visible de armas de fuego en los sitios de votación.

Las legislaturas se centran en eliminar a votantes de los padrones

Cuando la purga de votantes se realiza con las suficientes salvaguardas para garantizar su precisión, este proceso de eliminar de los padrones electorales a las personas que ya no son elegibles como parte del mantenimiento regular de las listas de votantes garantiza la correcta actualización de los padrones electorales.

Pero al menos 6 estados aprobaron 7 leyes restrictivas en 2025 que utilizan datos defectuosos o engañosos para llevar a cabo el mantenimiento de sus listas de votantes, lo cual podría ocasionar la eliminación indebida de personas ciudadanas estadounidenses elegibles.

Otros 4 estados promulgaron leyes parecidas que podrían permitir el uso de datos para impulsar afirmaciones falsas sobre un fraude electoral masivo, aunque estas leyes no están incluidas en nuestro recuento de leyes restrictivas.

Algunas de las leyes que buscan eliminar a votantes, consideradas en 2025, surgen de las alegaciones de que las personas no ciudadanas están votando en grandes cantidades. En realidad, solo votan las personas ciudadanas, con excepciones extremadamente raras. La ley federal y las leyes de todos los estados prohíben el registro de personas no ciudadanas para votar. Y los estados ya implementan múltiples sistemas para asegurarse de que voten solamente las personas estadounidenses ciudadanas que pueden hacerlo.

Las políticas inspiradas por estas alegaciones falsas suelen impedirles votar a muchas personas ciudadanas elegibles. Ohio, Texas y Virginia, por ejemplo, dijeron haber eliminado a personas no ciudadanas de sus padrones, pero, en todos los casos, eliminaron indebidamente a miles de ciudadanos estadounidenses elegibles y no identificaron públicamente a ninguna persona no ciudadana eliminada durante esas purgas.

Las leyes de purgas de votantes aprobadas en lo que va del año reflejan cuatro temas comunes.

Se basan en domicilios no residenciales: Al menos 2 estados promulgaron leyes que afectan a votantes según el domicilio que brindan cuando se registran para votar. Indiana ahora prohíbe registrar a votantes que utilizan domicilios no residenciales, como un apartado postal, o P.O. Box. Utah ahora evaluará los domicilios de registro de votantes para “identificar posibles anomalías”, tal como tener a ocho o más votantes registrados en un mismo domicilio de una casa unifamiliar.

Leyes como estas pueden presentar obstáculos para votantes elegibles que viven con familias numerosas o que se registran usando un domicilio no residencial, lo cual puede ser necesario para personas sin hogar, que están viajando o que desean proteger su identidad en casos de acecho, violencia doméstica u otras amenazas a su seguridad personal.

Reducen períodos para votantes inactivos: Al menos 3 estados promulgaron leyes que hacen más fácil eliminar a votantes que hace tiempo que no votan, es decir, votantes “inactivos”, aun cuando estas personas aún pueden votar. Estas personas deben responder a una notificación por escrito o, de lo contrario, el estado los eliminará de los padrones después de un cierto período (al menos dos ciclos electorales según la ley federal).

West Virginia solía considerar como inactivas a las personas votantes que no hubieran votado en cuatro años; ahora son dos años. Tennessee e Indiana, que antes no tenían períodos de inactividad, ahora obligan a los condados a comunicarse con las personas votantes que no votaron en las últimas dos elecciones generales.

Todo votante clasificado como inactivo tendrá que realizar más pasos si quiere votar, como responder a notificaciones más seguido o reconfirmar su domicilio. Tener períodos de inactividad más cortos castiga al electorado que decide no votar en las elecciones e inevitablemente hará que se eliminen de los padrones electorales a personas que sí pueden votar.

Usan los datos del programa federal SAVE: Si bien no incluimos en nuestro recuento de leyes restrictivas a los estados que han ampliado su uso del programa de verificación automática de extranjeros para recibir beneficios (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE, por sus siglas en inglés), los usos engañosos de los datos del programa SAVE pueden respaldar narrativas falsas sobre el voto no ciudadano o provocar purgas indebidas de votantes.

El Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) expandieron hace poco los datos personales a los que se pueden acceder mediante el programa SAVE al citar falsas alegaciones de voto no ciudadano.

Al mismo tiempo, al menos 3 estados promulgaron leyes —y 8 estados presentaron proyectos de ley— que les exigirían o permitirían a los funcionarios electorales utilizar los datos del programa SAVE para realizar el mantenimiento de sus listas de votantes; tal como ya se señaló, estas no se incluyeron en nuestro recuento de leyes restrictivas.

Las autoridades electorales consultan con regularidad tanto datos federales como estatales para ayudarles a verificar la ciudadanía de un posible votante. Cuando se utiliza con responsabilidad y siguiendo las correctas salvaguardas, el programa SAVE puede ayudar a los funcionarios a realizar estas verificaciones. De hecho, según los datos del programa SAVE, la secretaria de estado de Luisiana anunció hace poco que “el registro o el voto ilegal de personas no ciudadanas no es un problema sistemático” en ese estado.

Pero, al igual que todas las bases de datos, el programa SAVE es imperfecto e incompleto, de modo que una interpretación irresponsable o engañosa de los resultados de una búsqueda en el programa SAVE podría utilizarse para impulsar afirmaciones falsas de un fraude electoral generalizado, realizar purgas de votantes defectuosas o llevar a cabo investigaciones indebidas contra funcionarios electorales.

Comparten datos personales de votantes con el Departamento de Justicia: Nuestro recuento de leyes restrictivas no incluye a los estados que han promulgado legislación para compartir datos personales de votantes con el Departamento de Justicia, pero el intercambio de este tipo de información podría permitirle al gobierno federal intentar obligar a los estados a eliminar a votantes de sus padrones basándose en información incompleta.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia comenzó a exigir copias de las bases de datos de los estados sobre el registro de sus votantes, que contienen información sensible, como los números de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos de los números de seguridad social de las personas votantes. Estas solicitudes no solo plantean el riesgo de llevar a cabo eliminaciones erróneas, sino que también exceden las facultades del Departamento y violan leyes federales y estatales en materia de privacidad.

La mayoría de los estados no ha respondido a estos pedidos, o bien ha brindado solo las versiones públicas de sus archivos de votantes. Pero Luisiana ahora permite que los funcionarios estatales puedan dar una amplia gama de información, como el número de seguridad social de la persona votante, su número de licencia de conducir, su día y mes de nacimiento, el nombre de soltera de su madre, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono celular, si necesita asistencia para votar y su estado de servicio activo —todos datos confidenciales según la ley estatal— a una agencia federal o a un proveedor privado.

Iniciativas incorporadas en la boleta

Las iniciativas incorporadas en la boleta le dan a la ciudadanía la oportunidad de decidir directamente las reglas sobre sus elecciones. Las preguntas que se incorporaron en las boletas de algunos estados surgieron desde la legislatura, mientras que otras fueron planteadas por la propia ciudadanía. Si bien no contamos las iniciativas de las boletas como legislación restrictiva ni de interferencia, las iniciativas relacionadas con las elecciones igual pueden afectar al electorado y su acceso a las urnas.

El electorado de Maine votará si quiere aprobar una propuesta que incluye una larga lista de disposiciones que restringirían el acceso a los comicios. Esta propuesta, que se originó como una iniciativa ciudadana, luego no fue aprobada por la legislatura, lo cual significa que aparecerá en la boleta para que el electorado la vote este noviembre.

Eliminaría dos días de votación por correo, prohibiría las solicitudes de boletas de voto por correo realizadas por teléfono o por familiares, eliminaría el estado automático de votante por correo para adultos mayores y personas con discapacidades, prohibiría incluir el franqueo postal pagado en los sobres de devolución de boletas por correo, reduciría la cantidad de buzones de devolución de boletas por correo, ampliaría las oportunidades de presentar impugnaciones indebidas contra la elegibilidad de votantes, y exigiría brindar una identificación con foto para votar en persona o por correo. Si se aprueba, esta sería quizá la ley más restrictiva promulgada este año, junto con la ley ya aprobada de Utah.

Wisconsin votó en abril a favor de consagrar en su constitución estatal el requisito de presentar una identificación con foto para votar, que ya había sido un requisito impuesto por la ley desde 2011.

En algunos estados, las iniciativas incorporadas en las boletas de 2026 son un medio para intentar endurecer el lenguaje utilizado en sus constituciones en torno a la ciudadanía y las elecciones. Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Texas votarán en 2026 si quieren revisar el lenguaje de sus constituciones para decir que “solo” las personas ciudadanas estadounidenses pueden votar en esos estados o reafirmar la prohibición del voto no ciudadano. Si estas iniciativas ganan las elecciones, no tendrán ningún efecto práctico, porque votar no siendo ciudadano ya es un delito a nivel federal en los 4 estados que lo están considerando.

Además, algunos estados están usando la legislación —o el propio proceso de iniciativas en las boletas— para limitar la capacidad de su ciudadanía de proponer y aprobar este tipo de iniciativas.

Una nueva ley de Florida coloca importantes restricciones sobre las oportunidades de la ciudadanía de establecer leyes a través de las iniciativas incorporadas en la boleta, aunque este estado ya hace este proceso más difícil que muchos otros. Las iniciativas deben obtener el 60 por ciento del voto para ser aprobadas (en 2023, la legislatura intentó enmendar la constitución para subir este porcentaje al 66.67 por ciento, pero el electorado rechazó este cambio), y el estado ha aprobado otras leyes en los últimos años que hacen que la recolección de firmas sea más complicada.

La nueva ley también crea requisitos más estrictos para quienes hacen circular las peticiones, requiere más información de la persona votante cuando firma una petición y crea sanciones civiles posiblemente severas por ciertas infracciones, entre otras disposiciones. Se ha presentado al menos una demanda judicial en su contra.

La legislatura de Missouri aprobó la incorporación de una medida en su boleta de 2026 que cambiaría la forma en que se aprueban las enmiendas constitucionales, posiblemente en respuesta a varias medidas recientemente aprobadas por voto popular, como la que consagró en la constitución estatal el derecho a un aborto y a una licencia por enfermedad pagada.

Si se aprueba, para promulgar una enmienda constitucional propuesta por la ciudadanía, se necesitaría el voto de la mayoría en cada uno de los distritos congresuales, en lugar del 50 por ciento de todo el voto estatal. También crearía sanciones penales por firmar peticiones en nombre de otra persona o por firmar más de una vez, aun cuando fuera por error.

Arkansas aprobó 5 leyes sobre el proceso de iniciativas incorporadas en la boleta. Las disposiciones más estrictas exigen que quienes solicitan firmas deben revisar la identificación con foto de la persona firmante y advertirle que cometer “fraude en las peticiones” es un delito penal, además de exigir a quienes solicitan firmas que completen una declaración jurada sobre sus prácticas de recolección de firmas bajo la amenaza de varias sanciones penales.

Otras legislaturas estatales también han considerado proyectos de ley que restringen o socavan la democracia directa, tales como los intentos en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Utah de aumentar el porcentaje de aprobación al 60 por ciento.

Este análisis fue realizado por el Brennan Center y el laboratorio Democracy Policy Lab de la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California (UC) Berkeley.

Traducción de Ana Lis Salotti.