Los últimos cambios amplifican el riesgo a errores y las violaciones a la privacidad
El DHS y DOGE anunciaron hace poco una reforma drástica del programa SAVE. Los profundos cambios implementados en mayo le permiten a cualquier agencia usuaria buscar en el programa SAVE usando únicamente el número de seguridad social de la persona, su nombre y fecha de nacimiento, lo cual amplía el universo de búsqueda más allá de quienes hayan pasado por el sistema de inmigración del DHS o solicitado un certificado de ciudadanía.
El DHS y la Administración del Seguro Social han dado al programa SAVE acceso a información sobre una enorme cantidad de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, recogida en la base de datos central de números de seguridad social de la Administración. Y el DHS ahora les permite a las agencias usuarias buscar información sobre cientos de miles de votantes en una misma búsqueda del programa SAVE. Antes, las búsquedas solo se podían realizar para una persona a la vez.
El USCIS afirma que el acceso a la información del seguro social ayudará a erradicar instancias de fraude en el registro de votantes, pero esta afirmación es engañosa. La base de datos central de los números de seguridad social de la Administración del Seguro Social, Numident, no brinda información definitiva sobre ciudadanía en todos los casos.
Fue recién en 1972 que el Congreso le exigió por primera vez a la Administración del Seguro Social que determine la ciudadanía de las personas que solicitan un número de seguridad social. Y la agencia comenzó a solicitar y mantener estos datos sobre la ciudadanía de todos las personas solicitantes recién en 1978. Por eso, esta base de datos no tiene información exhaustiva sobre la ciudadanía de las personas estadounidenses nacidas antes de 1978.
Además, es posible que las personas ciudadanas naturalizadas no hayan actualizado sus datos de ciudadanía en la base de datos de la Administración del Seguro Social, si no tomaron medidas para notificar a la agencia sobre su naturalización.
Estos cambios se suscitan luego de las intrusiones de DOGE en otros sistemas de datos federales —como los del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), entre otros—, que han generado la consternación del público sobre el acceso y la utilización de DOGE de los datos personales de la población estadounidense. También ocurren en medio de revelaciones que indican que DOGE ha falsificado o manipulado datos para inflar falsamente la importancia percibida de sus actividades.
Los estados que almacenan números completos de seguridad social pueden realizar búsquedas masivas en el programa SAVE con los números de seguridad social que tienen en sus archivos de votantes. Pero, en la actualidad, muy pocos estados solicitan números completos de seguridad social durante el registro de votantes, lo cual, por ahora, invalida esta opción para esos estados.
Las búsquedas en el programa SAVE también pueden generar grandes volúmenes de discrepancias (non-matches) debido a datos faltantes, desactualizados o incongruentes entre la base de datos de la Administración del Seguro Social y los registros de inmigración del DHS. En una directriz reciente, el propio USCIS pareció reconocer que el uso de información desactualizada del programa SAVE de la Administración del Seguro Social puede dar resultados discrepantes (non-matches).
Además, si una persona votante no puede ser identificada mediante su número de seguridad social, a la agencia usuaria el sistema le pide que vuelva a efectuar la búsqueda usando un número de identificación emitido por el DHS o que le solicite a la persona votante que se dirija a la Administración del Seguro Social para actualizar su registro. Esto coloca a la agencia usuaria en la misma posición que la que se encontraba antes de la reforma del programa SAVE, o bien le impone la responsabilidad al votante de corregir un registro federal, cuando es probable que ya sea elegible para votar.
Otras cuestiones de privacidad y control
Más allá de su tendencia a proporcionar información falsa, el programa SAVE, en su versión reformada, plantea amenazas contra la privacidad. Según las formas en que el DHS y DOGE utilicen o divulguen los datos que obtienen de la Administración del Seguro Social, pueden estar violando varias leyes federales, como la Ley de Privacidad (Privacy Act) y la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act).
A la fecha de publicación de este artículo, el nuevo acceso a los datos del seguro social no ha sido acompañado de ninguna notificación de sistema nuevo o actualizado de registros, tal como lo exige la Ley de Privacidad, para explicarle al público la forma en que los organismos utilizan sus datos.
La Ley de Privacidad también prohíbe la divulgación no autorizada de información personal de personas ciudadanas y residentes permanentes por parte de organismos federales, una preocupación que surgió en otras instancias, cuando DOGE obtuvo acceso a datos similares. Por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos protege contra acciones de agencias federales que sean “contrarias a la ley”, tal como una violación a la Ley de Privacidad.
Lo que agrava aún más los riesgos contra el electorado y el proceso electoral, es que la supervisión de programas como SAVE —y los datos que albergan— es ineficiente, ya que muchas agencias se supervisan a sí mismas. Tal como el Brennan Center ya lo ha explicado, las oficinas de control interno adentro de estas agencias pueden servir para dejar al margen a las oficinas principales de derechos civiles, libertades civiles y privacidad del DHS, en lugar de fomentar la rendición de cuentas en sus propios programas.
Las últimas decisiones del gobierno debilitan aún más este control. En una movida unilateral, la administración básicamente cerró la oficina del defensor del USCIS y la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades Civiles del DHS, lo cual podría estar violando sus obligaciones estipuladas por ley. Al hacerlo, abandonó unas
600 investigaciones sobre cuestiones de derechos civiles, la revisión de actividades de inteligencia y la capacitación de policías estatales y locales.
Esta oficina, junto con asesores legales y de privacidad, participa en un consejo que supervisa las transferencias de datos. Con los nuevos cambios, ya no se sabe qué será del futuro de esta junta. Tampoco se sabe cuáles serán las repercusiones sobre el USCIS, el programa SAVE y otros similares. Pero lo que sí está claro es que un control debilitado solo puede obstaculizar los pasos que garantizan la calidad de datos, un uso imparcial y las restricciones sobre aplicaciones generalizadas indebidas.
A lo que el público debe estar alerta
Cuando el DHS, USCIS y DOGE anunciaron la reforma del programa SAVE, vincularon explícitamente este esfuerzo con una campaña para combatir la “mancha” del fraude del voto no ciudadano, una alegación de hace tiempo que ha sido relacionada con la mentira de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas.
Por lo visto, la administración está dispuesta a utilizar el programa SAVE para respaldar estas falsas alegaciones, y funcionarios locales simpatizantes con la administración podrían emplear el programa SAVE para inventar pruebas. Esta medida plantea serios riesgos para el electorado y las elecciones. Aquí se ofrecen tres posibles escenarios.
Afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado
En los últimos años, algunas autoridades y funcionarios electorales han alegado falsamente que muchísimas personas no ciudadanas se están registrando para votar y votando en las elecciones. En 2024, por ejemplo, varios funcionarios electorales estatales dijeron que habían identificado a grandes cantidades de personas posiblemente no ciudadanas en sus padrones electorales.
Estas falsas alegaciones, basadas en hallazgos prematuros, incluyeron a miles de ciudadanos estadounidenses que eran elegibles para votar. Al final, ante la posibilidad de enfrentar pruebas que demostraran sus errores, al menos dos estados abandonaron por completo sus planes de eliminar a los votantes que habían identificado, y otros admitieron que sus hallazgos podrían haber incluido a personas ciudadanas.
Ahora, las deficiencias y carencias del programa SAVE en los datos de la Administración del Seguro Social amenazan con utilizar la herramienta con fines políticos para difundir el tipo de falsedades que se propagaron sin control tras las elecciones presidenciales de 2020. El público debe dudar de cualquier alegación de fraude electoral generalizado que surja de las búsquedas en el sistema SAVE tras su reforma.
Purgas indebidas de votantes
Las autoridades electorales que no ejercen cautela o no comprenden cabalmente la naturaleza de la reforma del programa SAVE podrían menoscabar la libertad de voto de las personas ciudadanas estadounidenses.
Una directriz publicada por el USCIS luego de la reforma del programa SAVE recomienda a las oficinas electorales notificar a todo votante registrado cuya ciudadanía no puede ser verificada que acuda a la Administración del Seguro Social para actualizar sus registros. Este un importante cambio con respecto a la práctica anterior, que obligaba a las autoridades electorales a realizar más verificaciones cuando la búsqueda arrojaba que no se podía verificar la ciudadanía de la persona durante el primer paso.
Debido a las importantes faltas de información en los datos sobre ciudadanía de la Administración del Seguro Social, eliminar a votantes de los padrones electorales basándose solo en los datos de una primera búsqueda probablemente sea una privación inconstitucional del derecho al voto, al menos en determinados casos.
En otras circunstancias, las autoridades electorales también podrían violar el derecho al voto si eliminan a votantes sin seguir el protocolo adecuado. Cuando la persona que realiza la búsqueda efectúa más verificaciones y el programa SAVE aún no puede verificar la ciudadanía, el USCIS, por lo general, requiere que el funcionario electoral le informe a la persona votante y le dé la oportunidad de presentar un documento que pruebe su ciudadanía.
Esta notificación es fundamental, ya que el programa SAVE no tiene información exhaustiva sobre la ciudadanía de todas las personas. Pero, incluso con esta notificación, cuando el programa SAVE no puede verificar la ciudadanía, puede estar imponiendo obstáculos sobre la persona votante, porque se la estaría obligando a probar su ciudadanía.
Se calcula que 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen a mano documentos comunes que demuestran ciudadanía, como un pasaporte o el certificado de nacimiento; por lo tanto, podría haber muchísimas personas votantes elegibles a las que se les privaría de su derecho al voto.
Investigaciones indebidas contra funcionarios electorales
Existe un grave riesgo de investigación o procesamiento judicial contra funcionarios electorales estatales o locales sobre la base de falsas alegaciones de que permitieron que personas ciudadanas se registraran para votar.
Esto no es una simple especulación: el gobierno federal ha amenazado con procesar a funcionarios electorales, ha atacado a algunas autoridades electorales que se niegan a apoyar la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas y ha presentado litigios para obtener acceso a los registros de mantenimiento de las listas de votantes con respecto a personas no ciudadanas.
