El programa “SAVE” del Departamento de Seguridad Nacional exacerba los riesgos para el electorado

• El gobierno federal y varias organizaciones sin fines de lucro han advertido que depender exclusivamente del programa SAVE para realizar tareas de mantenimiento de las listas de votantes puede incurrir en errores, falsos negativos y purgas indebidas de votantes.
• Más allá de su tendencia a proporcionar información falsa, el programa SAVE, en su versión reformada, plantea amenazas contra la privacidad.

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El programa de verificación automática de extranjeros para recibir beneficios, o programa “SAVE” (Systematic Alien Verification for Entitlements), se creó para ayudar a los estados a verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de las personas que solicitan beneficios gubernamentales.

Algunos gobiernos estatales y locales también lo usan para verificar la ciudadanía de las personas votantes. Pero los resultados del programa SAVE —a veces obtenidos de información incompleta o desactualizada— nunca han sido perfectos. Por eso, la información recogida por el programa SAVE debe considerarse útil, pero nunca definitiva, a la hora de evaluar la ciudadanía de una persona.

Los últimos acontecimientos con el programa SAVE despiertan serias preocupaciones. En colaboración con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ampliado el alcance de los datos personales a los que las agencias pueden tener acceso a través del programa SAVE. Al mismo tiempo, el DHS ha permitido que las autoridades electorales locales y estatales puedan buscar cientos de miles de votantes simultáneamente.

Esta escalada aumenta el riesgo de que los funcionarios estatales lleven a cabo purgas erróneas de votantes y priven de su derecho al voto a numerosos votantes elegibles.

El programa SAVE también podría inducir a error, ya sea porque identifica incorrectamente a una persona como no ciudadana, o bien porque no puede confirmar su estatus migratorio, lo cual puede alentar a la propagación de falsas teorías conspirativas sobre la integridad de las elecciones en los EE. UU.

Según las leyes federales, solo las personas ciudadanas de los EE. UU. pueden votar en las elecciones federales. Existen múltiples sistemas que garantizan que solo las personas ciudadanas se registren y voten, y que han demostrado ser sumamente efectivos. El fraude electoral, que incluye el voto de personas no ciudadanas, es extremadamente raro.

Toda persona que se registre para votar en una elección federal debe jurar tener ciudadanía estadounidense bajo pena de perjurio. Cualquiera que jure en falso tener la ciudadanía podría enfrentar graves consecuencias penales conforme a las leyes tanto estatales como federales, tales como multas y penas de cárcel. Para quienes no son ciudadanos estadounidenses, las penas también pueden incluir la deportación.

Además, las leyes federales obligan a los estados a actualizar las listas de votantes, o padrones electorales, y realizar su mantenimiento con frecuencia.

Las autoridades electorales consultan varias bases de datos para garantizar la precisión de sus padrones electorales, lo cual incluye, por ejemplo, corroborar los datos en listas de jurados, donde los miembros de un jurado proporcionaron datos de su ciudadanía, y con organizaciones interestatales de intercambio de datos como el Centro de Información de Registro Electoral Electrónico (ERIC, por sus siglas en inglés), que reúne distintas fuentes de datos federales y estatales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del DHS administra el programa SAVE principalmente para darles a los gobiernos estatales otro método de verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de las personas que solicitan beneficios gubernamentales, tales como cupones para alimentos y Medicaid.

El DHS también permite que los estados lo usen para ayudarles a determinar si una persona puede votar en las elecciones. (El programa SAVE del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es diferente a la Ley SAVE, o SAVE Act, un proyecto de ley federal, actualmente paralizado, que ha suscitado la indignación del público y requeriría presentar documentos como un certificado de nacimiento o pasaporte para registrarse o volver a registrarse para votar, lo cual podría impedirles votar a millones de ciudadanos estadounidenses).

El programa SAVE no es un verdadero repositorio de datos ni tampoco contiene un registro exhaustivo de la población ciudadana. En realidad, es una herramienta que permite buscar en distintas bases de datos. Antes, incluía principalmente solo información sobre personas no ciudadanas, ciudadanas naturalizadas y algunos hijos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el exterior.

Para acceder al programa SAVE, las oficinas electorales deben firmar un acuerdo por escrito con el USCIS para establecer las políticas y los términos de uso. El acuerdo exige a las oficinas electorales permitirle a los posibles votantes que demuestren su ciudadanía si SAVE no puede verificarla.

En la actualidad, al menos 21 estados y 32 oficinas electorales locales tienen este tipo acuerdos, según los resultados de una herramienta de búsqueda del USCIS. (Varios estados obtuvieron acceso al programa SAVE después de su reciente reforma).

Antes de la reforma, las agencias usuarias colocaban el número de identificación migratoria emitido por el DHS de una persona, su nombre y su fecha de nacimiento para realizar una primera verificación. El programa SAVE efectuaba una verificación automatizada en ciertas bases de datos federales. El programa le permitía al usuario consultar un nombre a la vez en el sistema.

Luego, el programa SAVE le informaba al solicitante si la persona buscada era ciudadana estadounidense, no ciudadana o de estatus no confirmado. Si este primer paso identificaba a la persona como no ciudadana o no podía verificar la ciudadanía de la persona inmigrante, los acuerdos con el USCIS exigían a la oficina electoral realizar más verificaciones buscando manualmente en otras bases de datos federales.

El Brennan Center, entre otras organizaciones, ha identificado algunas de las fuentes de datos del programa SAVE como no confiables. Estas fuentes defectuosas aumentan la probabilidad de errores y no cuentan con las suficientes salvaguardas en materia de privacidad, derechos civiles y libertades civiles.

Esos datos incluyen los del Sistema Automatizado de Focalización (Automated Targeting System, ATS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), del sistema TECS y del Sistema de Información sobre Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.

Hay muy poca información sobre la calidad de los datos del sistema ATS, pero el inspector general del DHS alentó al departamento a mejorarlo en el marco de la revisión de otro programa que se basaba considerablemente en este sistema. El sistema ATS se basa, en parte, en la información de la lista de vigilancia sobre terrorismo del FBI, que está repleta de información no confiable —como errores de identidad— y de carácter discriminatorio contra ciertas minorías religiosas, raciales y étnicas.

El sistema TECS —que incorpora esa misma información de la lista de vigilancia del FBI, además de registros de viajes y otras fuentes de datos— se ha utilizado para actividades ilegítimas, por ejemplo, para tomar represalias contra ciertos activistas de derechos de inmigrantes por ejercer sus derechos protegidos por la Primera Enmienda.

Los datos del sistema SEVIS sobre estudiantes extranjeros en los Estados Unidos depende, en parte, de la precisión de la información que proveen las universidades estadounidenses y la capacidad de un personal universitario descentralizado de entrar esa información en los sistemas correctamente.

El gobierno federal y varias organizaciones sin fines de lucro han advertido que depender exclusivamente del programa SAVE para realizar tareas de mantenimiento de las listas de votantes puede incurrir en errores, falsos negativos y purgas indebidas de votantes.

Un informe publicado en 2018 por la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. indicó que el programa “SAVE no es una lista exhaustiva de ciudadanos estadounidenses…[,] no se actualiza de tal modo de incluir a todos los ciudadanos naturalizados y no incluye a [todos] los ciudadanos derivados nacidos de madres o padres estadounidenses en el exterior”.

En 2012, el American Immigration Council observó que los datos del programa SAVE estaban incompletos y que incluso el personal del DHS temía que los datos a los que accede el programa SAVE no eran lo suficientemente exhaustivos para verificar la elegibilidad de votantes.

El DHS tampoco ha garantizado que las oficinas electorales estén cumpliendo con los procesos de verificación estipulados por el programa SAVE. Esos procesos son fundamentales. Según un informe del 2017 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), el DHS afirma que el programa SAVE tiene un grado alto de precisión, aunque todavía imperfecto, cuando se activa una nueva verificación como segundo paso.

Pero la oficina de rendición de cuentas también detectó en 2017 que el USCIS no contaba con suficientes controles para asegurar que las agencias estatales y locales iniciaran esa segunda verificación cuando fuera necesario.

Si bien el USCIS ha tomado medidas desde entonces para educar a las agencias usuarias, incluidas las oficinas electorales, sobre la necesidad de completar más verificaciones cuando se lo pide el software del programa SAVE, hay muy poca información pública que demuestre qué tan exitosa ha sido esta iniciativa. Ello significa que las oficinas electorales que usan el programa SAVE podrían estar eliminando a ciudadanos estadounidenses elegibles de los padrones electorales sin haber seguido todos los pasos exigidos por el USCIS para verificar correctamente el estatus legal de una persona.

El DHS y DOGE anunciaron hace poco una reforma drástica del programa SAVE. Los profundos cambios implementados en mayo le permiten a cualquier agencia usuaria buscar en el programa SAVE usando únicamente el número de seguridad social de la persona, su nombre y fecha de nacimiento, lo cual amplía el universo de búsqueda más allá de quienes hayan pasado por el sistema de inmigración del DHS o solicitado un certificado de ciudadanía.

El DHS y la Administración del Seguro Social han dado al programa SAVE acceso a información sobre una enorme cantidad de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, recogida en la base de datos central de números de seguridad social de la Administración. Y el DHS ahora les permite a las agencias usuarias buscar información sobre cientos de miles de votantes en una misma búsqueda del programa SAVE. Antes, las búsquedas solo se podían realizar para una persona a la vez.

El USCIS afirma que el acceso a la información del seguro social ayudará a erradicar instancias de fraude en el registro de votantes, pero esta afirmación es engañosa. La base de datos central de los números de seguridad social de la Administración del Seguro Social, Numident, no brinda información definitiva sobre ciudadanía en todos los casos.

Fue recién en 1972 que el Congreso le exigió por primera vez a la Administración del Seguro Social que determine la ciudadanía de las personas que solicitan un número de seguridad social. Y la agencia comenzó a solicitar y mantener estos datos sobre la ciudadanía de todos las personas solicitantes recién en 1978. Por eso, esta base de datos no tiene información exhaustiva sobre la ciudadanía de las personas estadounidenses nacidas antes de 1978.

Además, es posible que las personas ciudadanas naturalizadas no hayan actualizado sus datos de ciudadanía en la base de datos de la Administración del Seguro Social, si no tomaron medidas para notificar a la agencia sobre su naturalización.

Estos cambios se suscitan luego de las intrusiones de DOGE en otros sistemas de datos federales —como los del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), entre otros—, que han generado la consternación del público sobre el acceso y la utilización de DOGE de los datos personales de la población estadounidense. También ocurren en medio de revelaciones que indican que DOGE ha falsificado o manipulado datos para inflar falsamente la importancia percibida de sus actividades.

Los estados que almacenan números completos de seguridad social pueden realizar búsquedas masivas en el programa SAVE con los números de seguridad social que tienen en sus archivos de votantes. Pero, en la actualidad, muy pocos estados solicitan números completos de seguridad social durante el registro de votantes, lo cual, por ahora, invalida esta opción para esos estados.

Las búsquedas en el programa SAVE también pueden generar grandes volúmenes de discrepancias (non-matches) debido a datos faltantes, desactualizados o incongruentes entre la base de datos de la Administración del Seguro Social y los registros de inmigración del DHS. En una directriz reciente, el propio USCIS pareció reconocer que el uso de información desactualizada del programa SAVE de la Administración del Seguro Social puede dar resultados discrepantes (non-matches).

Además, si una persona votante no puede ser identificada mediante su número de seguridad social, a la agencia usuaria el sistema le pide que vuelva a efectuar la búsqueda usando un número de identificación emitido por el DHS o que le solicite a la persona votante que se dirija a la Administración del Seguro Social para actualizar su registro. Esto coloca a la agencia usuaria en la misma posición que la que se encontraba antes de la reforma del programa SAVE, o bien le impone la responsabilidad al votante de corregir un registro federal, cuando es probable que ya sea elegible para votar.

El DHS y DOGE anunciaron hace poco una reforma drástica del programa SAVE. Los profundos cambios implementados en mayo le permiten a cualquier agencia usuaria buscar en el programa SAVE usando únicamente el número de seguridad social de la persona, su nombre y fecha de nacimiento, lo cual amplía el universo de búsqueda más allá de quienes hayan pasado por el sistema de inmigración del DHS o solicitado un certificado de ciudadanía.

El DHS y la Administración del Seguro Social han dado al programa SAVE acceso a información sobre una enorme cantidad de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, recogida en la base de datos central de números de seguridad social de la Administración. Y el DHS ahora les permite a las agencias usuarias buscar información sobre cientos de miles de votantes en una misma búsqueda del programa SAVE. Antes, las búsquedas solo se podían realizar para una persona a la vez.

El USCIS afirma que el acceso a la información del seguro social ayudará a erradicar instancias de fraude en el registro de votantes, pero esta afirmación es engañosa. La base de datos central de los números de seguridad social de la Administración del Seguro Social, Numident, no brinda información definitiva sobre ciudadanía en todos los casos.

Fue recién en 1972 que el Congreso le exigió por primera vez a la Administración del Seguro Social que determine la ciudadanía de las personas que solicitan un número de seguridad social. Y la agencia comenzó a solicitar y mantener estos datos sobre la ciudadanía de todos las personas solicitantes recién en 1978. Por eso, esta base de datos no tiene información exhaustiva sobre la ciudadanía de las personas estadounidenses nacidas antes de 1978.

Además, es posible que las personas ciudadanas naturalizadas no hayan actualizado sus datos de ciudadanía en la base de datos de la Administración del Seguro Social, si no tomaron medidas para notificar a la agencia sobre su naturalización.

Estos cambios se suscitan luego de las intrusiones de DOGE en otros sistemas de datos federales —como los del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), entre otros—, que han generado la consternación del público sobre el acceso y la utilización de DOGE de los datos personales de la población estadounidense. También ocurren en medio de revelaciones que indican que DOGE ha falsificado o manipulado datos para inflar falsamente la importancia percibida de sus actividades.

Los estados que almacenan números completos de seguridad social pueden realizar búsquedas masivas en el programa SAVE con los números de seguridad social que tienen en sus archivos de votantes. Pero, en la actualidad, muy pocos estados solicitan números completos de seguridad social durante el registro de votantes, lo cual, por ahora, invalida esta opción para esos estados.

Las búsquedas en el programa SAVE también pueden generar grandes volúmenes de discrepancias (non-matches) debido a datos faltantes, desactualizados o incongruentes entre la base de datos de la Administración del Seguro Social y los registros de inmigración del DHS. En una directriz reciente, el propio USCIS pareció reconocer que el uso de información desactualizada del programa SAVE de la Administración del Seguro Social puede dar resultados discrepantes (non-matches).

Además, si una persona votante no puede ser identificada mediante su número de seguridad social, a la agencia usuaria el sistema le pide que vuelva a efectuar la búsqueda usando un número de identificación emitido por el DHS o que le solicite a la persona votante que se dirija a la Administración del Seguro Social para actualizar su registro. Esto coloca a la agencia usuaria en la misma posición que la que se encontraba antes de la reforma del programa SAVE, o bien le impone la responsabilidad al votante de corregir un registro federal, cuando es probable que ya sea elegible para votar.

Otras cuestiones de privacidad y control

Más allá de su tendencia a proporcionar información falsa, el programa SAVE, en su versión reformada, plantea amenazas contra la privacidad. Según las formas en que el DHS y DOGE utilicen o divulguen los datos que obtienen de la Administración del Seguro Social, pueden estar violando varias leyes federales, como la Ley de Privacidad (Privacy Act) y la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act).

A la fecha de publicación de este artículo, el nuevo acceso a los datos del seguro social no ha sido acompañado de ninguna notificación de sistema nuevo o actualizado de registros, tal como lo exige la Ley de Privacidad, para explicarle al público la forma en que los organismos utilizan sus datos.

La Ley de Privacidad también prohíbe la divulgación no autorizada de información personal de personas ciudadanas y residentes permanentes por parte de organismos federales, una preocupación que surgió en otras instancias, cuando DOGE obtuvo acceso a datos similares. Por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos protege contra acciones de agencias federales que sean “contrarias a la ley”, tal como una violación a la Ley de Privacidad.

Lo que agrava aún más los riesgos contra el electorado y el proceso electoral, es que la supervisión de programas como SAVE —y los datos que albergan— es ineficiente, ya que muchas agencias se supervisan a sí mismas. Tal como el Brennan Center ya lo ha explicado, las oficinas de control interno adentro de estas agencias pueden servir para dejar al margen a las oficinas principales de derechos civiles, libertades civiles y privacidad del DHS, en lugar de fomentar la rendición de cuentas en sus propios programas.

Las últimas decisiones del gobierno debilitan aún más este control. En una movida unilateral, la administración básicamente cerró la oficina del defensor del USCIS y la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades Civiles del DHS, lo cual podría estar violando sus obligaciones estipuladas por ley. Al hacerlo, abandonó unas

600 investigaciones sobre cuestiones de derechos civiles, la revisión de actividades de inteligencia y la capacitación de policías estatales y locales.

Esta oficina, junto con asesores legales y de privacidad, participa en un consejo que supervisa las transferencias de datos. Con los nuevos cambios, ya no se sabe qué será del futuro de esta junta. Tampoco se sabe cuáles serán las repercusiones sobre el USCIS, el programa SAVE y otros similares. Pero lo que sí está claro es que un control debilitado solo puede obstaculizar los pasos que garantizan la calidad de datos, un uso imparcial y las restricciones sobre aplicaciones generalizadas indebidas.

A lo que el público debe estar alerta

Cuando el DHS, USCIS y DOGE anunciaron la reforma del programa SAVE, vincularon explícitamente este esfuerzo con una campaña para combatir la “mancha” del fraude del voto no ciudadano, una alegación de hace tiempo que ha sido relacionada con la mentira de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas.

Por lo visto, la administración está dispuesta a utilizar el programa SAVE para respaldar estas falsas alegaciones, y funcionarios locales simpatizantes con la administración podrían emplear el programa SAVE para inventar pruebas. Esta medida plantea serios riesgos para el electorado y las elecciones. Aquí se ofrecen tres posibles escenarios.

Afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado

En los últimos años, algunas autoridades y funcionarios electorales han alegado falsamente que muchísimas personas no ciudadanas se están registrando para votar y votando en las elecciones. En 2024, por ejemplo, varios funcionarios electorales estatales dijeron que habían identificado a grandes cantidades de personas posiblemente no ciudadanas en sus padrones electorales.

Estas falsas alegaciones, basadas en hallazgos prematuros, incluyeron a miles de ciudadanos estadounidenses que eran elegibles para votar. Al final, ante la posibilidad de enfrentar pruebas que demostraran sus errores, al menos dos estados abandonaron por completo sus planes de eliminar a los votantes que habían identificado, y otros admitieron que sus hallazgos podrían haber incluido a personas ciudadanas.

Ahora, las deficiencias y carencias del programa SAVE en los datos de la Administración del Seguro Social amenazan con utilizar la herramienta con fines políticos para difundir el tipo de falsedades que se propagaron sin control tras las elecciones presidenciales de 2020. El público debe dudar de cualquier alegación de fraude electoral generalizado que surja de las búsquedas en el sistema SAVE tras su reforma.

Purgas indebidas de votantes

Las autoridades electorales que no ejercen cautela o no comprenden cabalmente la naturaleza de la reforma del programa SAVE podrían menoscabar la libertad de voto de las personas ciudadanas estadounidenses.

Una directriz publicada por el USCIS luego de la reforma del programa SAVE recomienda a las oficinas electorales notificar a todo votante registrado cuya ciudadanía no puede ser verificada que acuda a la Administración del Seguro Social para actualizar sus registros. Este un importante cambio con respecto a la práctica anterior, que obligaba a las autoridades electorales a realizar más verificaciones cuando la búsqueda arrojaba que no se podía verificar la ciudadanía de la persona durante el primer paso.

Debido a las importantes faltas de información en los datos sobre ciudadanía de la Administración del Seguro Social, eliminar a votantes de los padrones electorales basándose solo en los datos de una primera búsqueda probablemente sea una privación inconstitucional del derecho al voto, al menos en determinados casos.

En otras circunstancias, las autoridades electorales también podrían violar el derecho al voto si eliminan a votantes sin seguir el protocolo adecuado. Cuando la persona que realiza la búsqueda efectúa más verificaciones y el programa SAVE aún no puede verificar la ciudadanía, el USCIS, por lo general, requiere que el funcionario electoral le informe a la persona votante y le dé la oportunidad de presentar un documento que pruebe su ciudadanía.

Esta notificación es fundamental, ya que el programa SAVE no tiene información exhaustiva sobre la ciudadanía de todas las personas. Pero, incluso con esta notificación, cuando el programa SAVE no puede verificar la ciudadanía, puede estar imponiendo obstáculos sobre la persona votante, porque se la estaría obligando a probar su ciudadanía.

Se calcula que 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen a mano documentos comunes que demuestran ciudadanía, como un pasaporte o el certificado de nacimiento; por lo tanto, podría haber muchísimas personas votantes elegibles a las que se les privaría de su derecho al voto.

Investigaciones indebidas contra funcionarios electorales

Existe un grave riesgo de investigación o procesamiento judicial contra funcionarios electorales estatales o locales sobre la base de falsas alegaciones de que permitieron que personas ciudadanas se registraran para votar.

Esto no es una simple especulación: el gobierno federal ha amenazado con procesar a funcionarios electorales, ha atacado a algunas autoridades electorales que se niegan a apoyar la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas y ha presentado litigios para obtener acceso a los registros de mantenimiento de las listas de votantes con respecto a personas no ciudadanas.

El Congreso autorizó el programa SAVE para ayudar a los estados a determinar la elegibilidad en las solicitudes de beneficios públicos, no para impedirles votar a las personas ciudadanas de los Estados Unidos. Con los últimos cambios significativos que se le han hecho al programa SAVE, hay aún más motivos para que las autoridades y funcionarios electorales ejerzan cautela al utilizar el sistema e interpretar sus resultados.

El programa SAVE es una herramienta para verificar ciudadanía. Como otras fuentes de datos de gran envergadura, tiene sus carencias, agravadas por una reforma agresiva. A fin de mitigar el riesgo de una privación indebida del derecho al voto, las autoridades electorales que deciden utilizar el programa SAVE deben hacerlo con sumo cuidado.

Los estados cuentan con muchas otras herramientas a su disposición para garantizar que solo las personas ciudadanas elegibles se registren y voten. Mientras tanto, el Congreso y el gobierno federal deben mejorar las bases de datos subyacentes y sus controles de calidad y transparencia, tal como lo recomiendan otros análisis del Brennan Center.

El público debe tomar con escepticismo cualquier alegación falsa de fraude electoral generalizado que surja tras los cambios del programa SAVE y tener en cuenta las deficiencias del programa SAVE, las pruebas exhaustivas que demuestran que este tipo de fraude en nuestras elecciones es extremadamente raro y la larga historia de falsedades y exageraciones sobre el supuesto voto no ciudadano.

El poder legislativo, los gobiernos y los grupos de defensa deben permanecer alertas y proteger contra cualquier purga indebida o ilícita de votantes. Las autoridades electorales deben ser muy exhaustivas a la hora de cumplir con los protocolos fundamentales para el uso del programa SAVE que pueden haber sido prescindidos o desestimados por la administración Trump. Sin un esfuerzo unificado para combatir la explotación y el abuso del programa SAVE, las personas votantes elegibles llevamos las de perder.

Traducción de Ana Lis Salotti