Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- Los intentos de recopilar los registros del electorado forman parte de la agresiva campaña del gobierno Trump para socavar las futuras elecciones.
- Las negativas bipartidistas recalcan el hecho de que los estados son quienes administran las elecciones, no el gobierno federal.
En mayo del año pasado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de la administración Trump puso en marcha una iniciativa para recopilar los registros completos de los votantes de casi todos los estados, con el objetivo aparente de lograr que los estados eliminaran a ciertos votantes de sus padrones y acumular una lista nacional de electores.
Las autoridades electorales tanto republicanas como demócratas han resistido estos intentos de la administración de recopilar grandes cantidades de datos sensibles y alterar el marco legal y constitucional de las elecciones. Las negativas bipartidistas recalcan el hecho de que los estados son quienes administran las elecciones, no el gobierno federal.
Los intentos de recopilar los registros del electorado forman parte de la agresiva campaña del gobierno Trump para socavar las futuras elecciones. Estos esfuerzos incluyen atacar a las autoridades electorales y a otros defensores de la imparcialidad en las elecciones, intentar reescribir las reglas electorales, e indultar a los insurrectos del 6 de enero y promover a negacionistas electorales.
Hasta ahora, el DOJ ha exigido los padrones electorales completos (sin tachar ninguna información) de por lo menos 48 estados y el Distrito de Columbia. Estos archivos incluyen no solo nombres completos, direcciones y fechas de nacimiento, sino también números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social. Además, el DOJ ha presionado a los estados para que le permitan identificar a los votantes que, a su juicio, deberían ser eliminados de la lista de electores inscritos.
Desde entonces, el DOJ ha presentado 31 demandas para exigir la entrega de los padrones electorales completos: 23 contra estados cuyos principales funcionarios electorales son demócratas, y 8 contra estados cuyos principales funcionarios electorales son republicanos. Otros 3 estados donde los principales funcionarios electorales son republicanos se negaron públicamente a proporcionar los padrones electorales sin modificaciones al DOJ, pero no han sido demandados.
En sus respuestas a las solicitudes del DOJ el verano y otoño pasados, algunos estados proporcionaron los registros ya disponibles públicamente, que no incluyen los números de las licencias de conducir ni Seguro Social.
Sin embargo, cada estado que el DOJ demandó se negó a proporcionar sus registros completos, los cuales contienen datos sensibles de los votantes. La mayoría de los estados alegaron preocupaciones de privacidad relacionadas con la divulgación de sus padrones electorales completos y citaron la justificación insuficiente por parte del DOJ para estas solicitudes de alcance tan amplio.
Los intentos del DOJ de utilizar los tribunales para obtener acceso a estos archivos electorales no han tenido éxito hasta el momento: seis tribunales han emitido fallos en estos casos, y los seis los han desestimado, dictaminando que los estados no están obligados a entregar sus padrones.
Además, incluso entre los 13 estados que han accedido a entregar la totalidad de sus archivos del electorado, la mayoría no ha aceptado las exigencias del DOJ de tomar el control para eliminar a votantes de sus listas. El DOJ pidió a los estados que entregaron sus registros electorales completos que firmen un “acuerdo de confidencialidad” en el que se estipula que el DOJ analizará los archivos de los votantes del estado y enviará una lista de votantes que el estado deberá eliminar en un plazo de 45 días.
Aparentemente, solo dos (Alaska y Texas) de los 13 estados que le entregaron al Departamento de Justicia sus padrones electorales sin modificaciones han firmado el acuerdo propuesto por el DOJ. Carolina del Sur firmó una versión del acuerdo, pero con la condición de que solo eliminaría a los votantes identificados por el DOJ después de que la Comisión Electoral de Carolina del Sur confirme, de forma independiente, que dichos votantes deberían ser eliminados.
Que un estado permita al DOJ identificar a votantes específicos que debe eliminar de sus padrones no tiene precedentes. Hacerlo probablemente resultaría en una violación a las leyes federales y, sin duda, alteraría la estructura de la administración de las elecciones en este país.
Son los estados, no el gobierno federal, quienes tienen la facultad y la experticia de inscribir a los votantes que sean elegibles y remover a quienes dejan de serlo. Por eso, incluso las autoridades electorales que han accedido a entregar sus padrones electorales se han resistido a este intento de permitir que el gobierno federal tome el control de su autoridad para llevar a cabo el mantenimiento de las listas de electores.
