- La ley marcial usualmente se refiere a la facultad que, durante una emergencia, permite a las fuerzas militares tomar el lugar del gobierno civil y asumir el control sobre la población civil en un área en particular.
- El Congreso ha impuesto restricciones claras y amplias al poder del presidente para utilizar a los militares en territorio nacional. Una declaración presidencial de ley marcial violaría estas reglas.
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La ley marcial, también conocida como estado de excepción, ha sido declarada más de 60 veces en la historia de los Estados Unidos, en su mayoría por funcionarios estatales y municipales.
Sin embargo, el concepto no tiene una definición establecida. La poca jurisprudencia de la Corte Suprema referente a la ley marcial es antigua, vaga e inconsistente. Ningún estatuto federal define lo que el concepto realmente significa. Como resultado, el alcance exacto y los límites de la ley marcial son peligrosamente dudosos. El Congreso y las legislaturas estatales deben promulgar nuevas leyes para definir mejor estos puntos.
¿Qué es la ley marcial?
En los Estados Unidos, la ley marcial usualmente se refiere a la facultad que, durante una emergencia, permite a las fuerzas militares tomar el lugar del gobierno civil y asumir el control sobre la población civil en un área en particular.
Pero la “ley marcial” en sí no tiene una definición establecida porque, a lo largo de la historia, diferentes personas han utilizado el concepto para describir una amplia variedad de acciones, prácticas y roles por parte de los militares. La ley que lo regula es complicada e indefinida —y, como resultado, el concepto nunca se ha comprendido del todo.
¿Puede un presidente de EE. UU. declarar la ley marcial?
La Corte Suprema nunca ha establecido de forma clara si el gobierno federal tiene la facultad de declarar la ley marcial y, si es el caso, si un presidente puede declararla unilateralmente o si requeriría la autorización del Congreso.
Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema en la causa Youngstown Sheet & Tube Company v. Sawyer de 1952 creó un marco para analizar los ejercicios del poder ejecutivo —y probablemente sería considerado por un tribunal para determinar si la declaración de la ley marcial hecha por un presidente excede la autoridad ejecutiva.
Según el caso Youngstown, cuando el Congreso ha abordado una cuestión al aprobar una ley, el presidente no puede actuar en contra de la voluntad del Congreso —tal como fue expresado en la ley— a menos de que la Constitución le otorgue al presidente un poder “conclusivo y preclusivo” sobre ese asunto.
Cuando se trata del despliegue de las tropas militares en suelo propio, el Congreso ha expresado su voluntad de dos maneras. En primer lugar, ha promulgado una amplia variedad de leyes para regular cuándo y dónde se pueden utilizar las fuerzas militares en territorio nacional.
Estas leyes son tan comprehensivas que el Congreso ha “ocupado el campo”, o sea, que si el presidente usara las tropas militares en suelo propio de una forma no autorizada expresamente por el Congreso (como al declarar la ley marcial), estaría actuando, en efecto, en contra de la voluntad el Congreso.
En segundo lugar, y más específicamente, está la Ley Posse Comitatus, que prohíbe que las fuerzas militares federales participen en actividades de orden público contra la población civil —el mismo tipo de actividades que se asocian con la ley marcial— a menos que el Congreso lo autorice de manera expresa.
En resumen, el Congreso ha impuesto restricciones claras y amplias al poder del presidente para utilizar a los militares en territorio nacional. Una declaración presidencial de ley marcial violaría estas reglas.
La Constitución no le otorga al presidente poder “conclusivo y preclusivo” sobre la cuestión del despliegue militar en suelo propio. Por el contrario, le otorga al Congreso lo referente a esta facultad. Por ende, según el fallo Youngstown, el presidente no tiene la facultad constitucional de invalidar las restricciones que el Congreso ha descrito, y una declaración unilateral de ley marcial no resistiría un desafío legal.
¿Qué ha dicho el Congreso sobre la ley marcial?
No existen estatutos federales que autoricen al presidente a declarar la ley marcial. Sin embargo, mientras que el Congreso ha aprobado una multitud de leyes relacionadas con el despliegue militar en suelo propio, estas leyes no solo imponen restricciones.
El Congreso también le ha otorgado al presidente una considerable autoridad para utilizar las tropas internamente en maneras que no llegan ser estado de excepción. La Ley de Insurrección, y posiblemente también el Título 32, permiten al presidente desplegar las fuerzas militares para asistir a las autoridades civiles en actividades de aplicación del orden público prácticamente cuando y donde lo desee.
En algunas ocasiones, el despliegue de soldados según estos estatutos puede parecer similar a una declaración de la ley marcial. Estas ambigüedades y el amplio alcance de la facultad estatutaria del presidente apuntan a la necesidad del Congreso de aprobar una legislación para definir mejor el alcance y los límites del poder presidencial —tanto para la ley marcial como para otros usos de los militares en suelo nacional.
¿Durante la ley marcial sigue aplicándose la Constitución?
Sí. El gobierno federal está sujeto en todo momento a la Constitución. Aun bajo la ley marcial, el gobierno no puede suspender o violar los derechos constitucionales. Además, las declaraciones de estado de excepción están sujetas a revisión jurídica. Por ejemplo, si el gobierno federal impone a un estado o territorio la ley marcial, las personas detenidas por los militares pueden solicitar a un tribunal federal que ordene su liberación por medio de una solicitud de procesamiento de habeaus corpus. Subsecuentemente, si un tribunal considera la petición, puede decidir si la declaración de estado de excepción fue constitucional desde un principio.
¿Pueden los estados declarar la ley marcial?
La Corte Suprema ha sostenido que los estados tienen individualmente el poder de declarar la ley marcial —y que dicha declaración es válida simplemente si fue autorizada por la Constitución o las leyes del estado. Los estados han declarado la ley marcial mucho más frecuentemente que el gobierno federal.
Sin embargo, según la ley marcial, los funcionarios estatales están sujetos tanto a la Constitución del país como a las leyes federales vigentes. Además, las personas pueden impugnar una declaración estatal de la ley marcial solicitando una medida cautelar en un tribunal federal —y si son detenidas, pueden solicitar una petición de habeaus corpus.
Traducción de Laura Gómez
