- La Ley de Insurrección debería utilizarse únicamente durante una crisis que, de veras, supera la capacidad de control de las autoridades civiles.
- El Congreso debe enmendar la Ley de Insurrección y definir con más claridad y precisión en qué situaciones se puede invocar.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
La Ley de Insurrección (Insurrection Act) necesita una importante reforma. Esta ley, originalmente promulgada en 1792, concede al presidente el poder de desplegar fuerzas militares federales dentro del país y usarlas contra la población estadounidense en determinadas condiciones.
Si bien son raras las circunstancias en las que pueda ser necesario hacer uso de esta facultad, esta ley, que no ha sido actualizada de manera significativa en más de 150 años, es peligrosamente amplia y propensa al abuso.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de los Estados Unidos para reprimir una rebelión o violencia interna, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.
Esta ley implementa la facultad del Congreso concedida por la Constitución de “estipular el llamamiento de la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones”. Es la principal excepción de la Ley Posse Comitatus, que, en términos generales, prohíbe a las fuerzas militares participar en actividades civiles de orden público.
Si bien se la conoce como la “Ley de Insurrección de 1807”, en realidad es una combinación de varias leyes promulgadas por el Congreso entre 1792 y 1871. Hoy en día, estas disposiciones están recogidas en las Secciones 251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos.
Si se invoca la Ley de Insurrección, ¿el presidente y las fuerzas militares qué pueden hacer?
En circunstancias normales, la Ley Posse Comitatus prohíbe a las fuerzas militares de los EE. UU. —incluidas las fuerzas armadas federales y las tropas de la Guardia Nacional que han sido llamadas a cumplir un servicio federal— que participen en las funciones civiles de orden público. Esta prohibición refleja una tradición estadounidense que considera la interferencia militar en el gobierno civil como una acción inherentemente peligrosa para la libertad.
La invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente la regla de Posse Comitatus y le permite al presidente desplegar las fuerzas militares para asistir a las autoridades civiles en la ordenación pública. Con este fin, los soldados pueden desde hacer cumplir una orden judicial federal hasta reprimir una sublevación contra el gobierno. Claro que no todos los usos de las fuerzas militares dentro del país implican actividades de orden público.
Otras leyes, como la Ley Stafford, permiten el uso de las fuerzas militares para responder a los desastres naturales, las crisis de salud pública y otros acontecimientos similares sin violar las restricciones de la Ley Posse Comitatus.
En teoría, la Ley de Insurrección debería utilizarse únicamente durante una crisis que, de veras, supera la capacidad de control de las autoridades civiles. Sin embargo, la Ley de Insurrección no define ni limita correctamente cuándo se puede usar y, en cambio, le da al presidente un importante poder para decidir cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares estadounidenses dentro del país.
¿Cuándo puede el presidente invocar la Ley de Insurrección?
Las tropas militares se pueden desplegar conforme a tres secciones de la Ley de Insurrección. Cada una de estas secciones está diseñada para un grupo distinto de situaciones. Desafortunadamente, los requisitos de la ley no están explicados como corresponde y dejan casi todo a la discreción del presidente.
La Sección 251 permite al presidente desplegar tropas militares si la legislatura de un estado (o el gobernador, si la legislatura no puede hacerlo) solicita asistencia federal para reprimir una insurrección en ese estado. Esta disposición es la parte más antigua de la ley y la que más se ha invocado.
Si bien la Sección 251 exige el consentimiento del estado, las Secciones 252 y 253 permiten al presidente desplegar fuerzas militares sin la solicitud del estado afectado, incluso en contra de los deseos de ese estado.
La Sección 252 permite el despliegue a fin de “hacer cumplir las leyes” de los Estados Unidos o “reprimir una rebelión” cuando hay “obstrucciones, combinaciones o reuniones ilícitas, o rebeliones” que hacen “inviable” hacer cumplir las leyes federales en ese estado mediante el “curso normal de un proceso judicial”.
La Sección 253 tiene dos partes. La primera permite al presidente utilizar las fuerzas militares en un estado para reprimir “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración” que “obstaculice la ejecución de las leyes de tal modo” que los habitantes de cualquier parte del estado quedan privados de un derecho constitucional y las autoridades estatales no son capaces o no están dispuestas a proteger ese derecho.
Los presidentes Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy se basaron en esta disposición para desplegar tropas militares con el fin de hacer cumplir la desegregación de las escuelas en el sur del país después de la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Brown v. Board of Education.
La segunda parte de la Sección 253 permite al presidente desplegar fuerzas militares para reprimir “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración” en un estado que “se oponga u obstruya la ejecución de las leyes de los Estados Unidos o impida el curso de la justicia conforme a esas leyes”.
Esta disposición es tan increíblemente amplia que no puede significar lo que dice en absoluto; de lo contrario, estaría autorizando al presidente a utilizar las fuerzas militares contra dos personas cualesquiera que estén conspirando para quebrantar la ley federal.
¿Quién decide cuándo se han cumplido las condiciones para el despliegue militar?
Nada en el texto de la Ley de Insurrección define “insurrección”, “rebelión”, “violencia interna” ni ninguno de los otros términos clave utilizados para establecer los prerrequisitos de un despliegue militar.
Ante la ausencia de una orientación legislativa, la Corte Suprema dictaminó hace mucho tiempo que esta cuestión depende únicamente de la decisión del presidente. En el caso Martin v. Mott de 1827, la Corte dictó que “el poder de decidir si surge [una emergencia que requiera el llamamiento de la milicia] le pertenece exclusivamente al presidente y… su decisión es definitiva por encima de todas las demás personas”.
Pero hay excepciones a la regla general de que la justicia no puede revisar la decisión del presidente de desplegar fuerzas militares. En causas judiciales posteriores, la Corte Suprema sugirió que los tribunales pueden intervenir si el presidente actúa de mala fe, excede “un rango permitido de juicio sincero”, comete un error evidente o actúa de un modo abiertamente prohibido por la ley.
Además, incluso en casos donde los tribunales no van a cuestionar la decisión de desplegar tropas militares, la Corte Suprema aclaró en la causa Sterling v. Constantin (1932) que la justicia aún puede evaluar la legitimidad de las acciones de los militares una vez desplegados.
Dicho de otro modo, las tropas federales no son libres de violar otras leyes o atropellar derechos constitucionales solo porque el presidente haya invocado la Ley de Insurrección.
¿Invocar la Ley de Insurrección es lo mismo que declarar la ley marcial?
La Ley de Insurrección no autoriza a aplicar la ley marcial. El término “ley marcial” no tiene una definición establecida, pero, por lo general, se entiende como la facultad que le permite a las fuerzas militares tomar el control del gobierno civil durante una emergencia.
En cambio, la Ley de Insurrección normalmente permite que las fuerzas militares asistan a las autoridades civiles (ya sean estatales o federales), no tomar su lugar. Conforme a la ley vigente, el presidente no tiene la facultad de declarar la ley marcial.
¿Cómo se ha utilizado la Ley de Insurrección en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de los Estados Unidos con varios propósitos. Los presidentes George Washington y John Adams la emplearon en respuesta a las primeras rebeliones en contra de la autoridad federal.
El presidente Abraham Lincoln la invocó al inicio de la Guerra Civil, y el presidente Ulysses Grant la utilizó para desbaratar la primera versión del Ku Klux Klan en la década de 1870.
Otros presidentes, como Andrew Jackson, Rutherford Hayes y Grover Cleveland, desplegaron tropas militares conforme a la Ley de Insurrección para intervenir en disputas laborales, siempre del lado los empleadores.
Los casos más famosos los protagonizaron los presidentes Eisenhower, Kennedy y Lyndon B. Johnson, que invocaron la Ley de Insurrección durante el movimiento de los derechos civiles para hacer cumplir órdenes judiciales federales sobre la desegregación de escuelas y otras instituciones en el sur del país.
¿Cuándo fue la última vez que se invocó la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección se invocó por última vez en 1992, cuando el gobernador de California solicitó asistencia militar al presidente George H.W. Bush en respuesta a los disturbios civiles que acontecieron en Los Ángeles luego de la absolución de cuatro agentes de policía blancos acusados de haberle dado una golpiza a un conductor negro llamado Rodney King.
Desde entonces, han pasado 29 años y, hasta el día de hoy, es el período más largo que ha transcurrido en la historia de los Estados Unidos sin que se invoque la Ley de Insurrección.
Ningún presidente ha invocado unilateralmente la Ley de Insurrección en contra de los deseos de un estado desde que lo hiciera Lyndon Johnson en 1965 para brindar protección a un grupo de activistas que marchaba en defensa de los derechos civiles de Selma a Montgomery.
¿Cómo se debería reformar la Ley de Insurrección?
La falta de normas claras dentro de la propia Ley de Insurrección, combinada con el dictamen de la Corte Suprema en el caso Martin v. Mott, ha creado una situación donde el presidente tiene un margen de acción casi ilimitado para desplegar fuerzas militares federales en casos de disturbios civiles. Esta facultad sin frenos de utilizar las fuerzas militares dentro del país siempre ha sido peligrosa. En el siglo XXI, también es innecesaria e insostenible.
Estados Unidos ha cambiado profundamente en los 150 años desde la última modificación de la Ley de Insurrección, al igual que han cambiado las capacidades de las autoridades civiles federales y estatales y las expectativas del pueblo estadounidense. La Ley de Insurrección —que se podría considerar como el poder de emergencia más potente del presidente— debería reflejar esas realidades.
Para resolver estas cuestiones, el Congreso debe enmendar la Ley de Insurrección y definir con más claridad y precisión en qué situaciones se puede invocar. El Congreso también debe establecer mecanismos de revisión de la decisión del presidente que prevengan el abuso y, al mismo tiempo, preserven la flexibilidad de acción del presidente ante una crisis.
Traducción de Ana Lis Salotti.
