- Los ejércitos están equipados y entrenados para derrotar al enemigo. Si se despliegan dentro del país, pueden convertirse fácilmente en el instrumento de una tiranía.
- Para evitar esta situación, la Ley Posse Comitatus (PCA) prohíbe que las fuerzas armadas federales lleven a cabo funciones de orden público dentro de los Estados Unidos.
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Este artículo apareció originalmente en la página de la organización Center for a New American Security.
Las restricciones sobre la participación de las fuerzas armadas en cuestiones civiles han sido, durante siglos, una característica central del derecho angloamericano. Los ejércitos están equipados y entrenados para derrotar al enemigo. Si se despliegan dentro del país, pueden convertirse fácilmente en el instrumento de una tiranía, tal como se ha visto en muchos regímenes autoritarios de todo el mundo.
Para evitar esta situación, la Ley Posse Comitatus (PCA), en términos generales, prohíbe que las fuerzas armadas federales lleven a cabo funciones de orden público dentro de los Estados Unidos.
Sin embargo, la ley PCA está repleta de lagunas y vacíos legales. Varios de ellos se relacionan con el despliegue de la Guardia Nacional. En teoría, la Guardia debería estar sujeta al cumplimiento de la ley PCA cuando actúa bajo el mando y control del presidente.
Sin embargo, hay circunstancias en las que las fuerzas de la Guardia Nacional pueden operar bajo el mando real o efectivo del presidente sin estar sujetas a la ley PCA. Además, las razones para prohibir que las fuerzas armadas federales hagan cumplir las leyes civiles son cada vez más aplicables a las fuerzas de la Guardia Nacional, aun cuando estén operando estrictamente bajo el control estatal.
Como subraya esta publicación, ya es hora de repensar el marco legal para la Guardia Nacional. Como parte de este proceso, el Congreso y las legislaturas estatales deben resolver los vacíos legales que permiten el uso de la Guardia Nacional en oposición al principio de posse comitatus.
Ello implicará modificar el mando y control de la Guardia Nacional de Washington, D.C.; aclarar el ámbito de aplicación de la disposición 32 U.S.C. § 502(f), bajo la cual las fuerzas de la Guardia Nacional llevan a cabo misiones federales bajo el mando y control de los estados (tal como el profesor Mark Nevitt expone en detalle en su análisis); y ampliar los principios de posse comitatus a nivel estatal.
Se puede leer el resto del artículo en la página del Center for a New American Security >>
Traducción de Ana Lis Salotti.
