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- A pesar de los vergonzosos orígenes de la ley en sí, el principio más amplio de que no se debe permitir que las fuerzas militares interfieran en los asuntos del gobierno civil es uno de los valores fundamentales de los Estados Unidos.
El Congreso debe aprobar tres reformas para ayudar a cerrar estos vacíos legales de la Ley Posse Comitatus.
La Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act) les prohíbe a las fuerzas militares federales participar en funciones civiles de orden público, excepto que esté expresamente autorizado por la ley. Esta ley creada hace 143 años representa una tradición estadounidense que considera la intervención militar en cuestiones civiles como una amenaza contra la democracia y las libertades civiles. Sin embargo, varios acontecimientos recientes han revelado algunos vacíos legales peligrosos en el ámbito de la aplicación de esta ley que el Congreso debe resolver.
¿Qué significa el término “posse comitatus”?
En el derecho británico y estadounidense, un “posse comitatus” es un grupo de personas movilizadas por un sheriff para suprimir actos ilícitos en su condado. En las películas wéstern clásicas, cuando un agente del orden público reúne a un “posse” para atrapar a bandidos, se forma un “posse comitatus”. La Ley Posse Comitatus se llama así porque una de las cosas que prohíbe es el uso de soldados en lugar de agentes civiles para formar un “posse comitatus”.
¿Cuáles son los orígenes de la Ley Posse Comitatus?
La Ley Posse Comitatus fue aprobada en 1878, tras el fin de la Era de la Reconstrucción y el regreso de los supremacistas blancos al poder político tanto en los estados del sur como en el Congreso. A través de esta ley, el Congreso quiso asegurarse de que las fuerzas militares federales no se usaran para intervenir en el establecimiento de la era Jim Crow en la ex-Confederación.
A pesar de los vergonzosos orígenes de la ley en sí, el principio más amplio de que no se debe permitir que las fuerzas militares interfieran en los asuntos del gobierno civil es uno de los valores fundamentales de los Estados Unidos. Se manifiesta en la división del poder sobre las fuerzas militares entre el Congreso y el presidente, dispuesta por la Constitución, y en las garantías de la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Enmiendas, que surgieron, en parte, como respuesta a los abusos cometidos por el ejército británico contra los colonos estadounidenses.
Hoy, la Ley Posse Comitatus funciona como una ampliación de estas salvaguardas constitucionales. Además, hay excepciones impuestas por la legislación sobre esta ley que le permiten al presidente utilizar las fuerzas militares para suprimir verdaderas rebeliones y hacer cumplir las leyes federales en materia de derechos civiles.
¿Qué dice la Ley Posse Comitatus?
La Ley Posse Comitatus consta de una sola oración: “Quien sea que, a propósito, utilice cualquier parte del Ejército o de la Fuerza Área como un posse comitatus o de alguna otra forma para aplicar las leyes, excepto en casos y bajo circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución o una ley del Congreso, será multado conforme a esta ley o encarcelado durante no más de dos años, o los dos”.
En la práctica, esto significa que ningún miembro de las fuerzas militares sujetas a esta ley puede participar en las funciones civiles de orden público, a menos que esté expresamente autorizado por la legislación o la Constitución.
¿La Ley Posse Comitatus se aplica a todos los miembros de las fuerzas militares?
No, solo se aplica a las fuerzas militares federales. Si bien la Ley Posse Comitatus menciona solo al Ejército y a la Fuerza Área, una legislación diferente amplía la misma regla a la Armada y la Infantería de Marina. La Guardia Costera, aunque es parte de las fuerzas armadas federales, tiene la facultad expresa dispuesta por la ley de efectuar funciones de orden público y, por lo tanto, no está sujeta a la Ley Posse Comitatus.
Por lo general, los miembros de la Guardia Nacional tampoco quedan abarcados por la Ley Posse Comitatus porque suelen responder al gobernador de su estado o territorio. Por lo tanto, ellos sí pueden participar en las funciones de orden público si su accionar cumple con las leyes estatales. Sin embargo, cuando se convoca al personal de la Guardia para llevar a cabo servicios federales, es decir, cuando la Guardia se “federaliza”, se vuelven parte de las fuerzas armadas federales y ahí sí quedan sujetos a la Ley Posse Comitatus Act hasta que regresen al ámbito de control estatal.
¿Cuáles son las principales excepciones dispuestas por la legislación sobre la Ley Posse Comitatus?
Hay numerosas excepciones dispuestas por la legislación sobre la Ley Posse Comitatus, pero la más importante es la Ley de Insurrección (Insurrection Act). Conforme a esta ley, en respuesta al pedido de un gobierno estatal, el presidente puede desplegar fuerzas militares para suprimir una insurrección en ese estado. Además, la Ley de Insurrección le permite al presidente —con o sin el consentimiento del gobierno estatal— utilizar las fuerzas militares para hacer cumplir leyes federales o suprimir una rebelión contra la autoridad federal dentro de un estado, o proteger los derechos civiles de un grupo de personas cuando el gobierno estatal no puede o no quiere hacerlo.
¿Cuáles son las excepciones impuestas por la Constitución sobre la Ley Posse Comitatus?
No hay ninguna excepción impuesta por la Constitución sobre la Ley Posse Comitatus. La ley solo permite excepciones expresas, y ninguna parte de la Constitución faculta expresamente al presidente a utilizar las fuerzas militares para aplicar las leyes.
Esta conclusión coincide con la historia legislativa de la ley, que sugiere que quienes la elaboraron decidieron incluir la mención de excepciones constitucionales para llegar a un consenso y prevenir mayores conflictos, no porque hayan creído que existían excepciones en la Constitución.
Todo esto no ha impedido que el Departamento de Defensa afirme que sí existen excepciones constitucionales contra esta ley. El Departamento ha alegado, desde hace largo tiempo, que la Constitución implícitamente otorga a los comandantes militares la “facultad de emergencia” de utilizar unilateralmente tropas federales “para reprimir disturbios civiles masivos e inesperados” cuando sea “necesario” y sea imposible obtener la autorización previa del presidente.
Antes, el Departamento también alegó una facultad constitucional inherente de utilizar las fuerzas militares para proteger bienes y funciones federales cuando los gobiernos locales no pueden o no quieren hacerlo. La validez de estas facultades alegadas nunca se ha puesto a prueba ante la justicia.
¿Cuáles son los puntos débiles de la Ley Posse Comitatus?
Algunos acontecimientos ocurridos en 2020 y 2021 han puesto de manifiesto la existencia de dos vacíos legales en la Ley Posse Comitatus. El primero tiene que ver con la Guardia Nacional del Distrito de Columbia (DC). A diferencia de todas las demás Guardias Nacionales estatales y territoriales, la Guardia de DC se encuentra siempre bajo el control del presidente.
A pesar de eso, el Departamento de Justicia ha afirmado durante años que la Guardia de DC puede operar en carácter de “milicia” no federal, en cuyo caso no está sujeta a la Ley Posse Comitatus. Según esta interpretación, el presidente puede utilizar la Guardia de DC para llevar a cabo funciones de orden público cuando así lo desee.
La otra debilidad de la Ley Posse Comitatus surge de la ley que le permite a la Guardia Nacional operar en “carácter del Título 32”. Bajo el carácter del Título 32, un punto medio entre las operaciones exclusivamente estatales y la federalización, el personal de la Guardia Nacional recibe fondos federales y puede llevar a cabo misiones solicitadas por el presidente, pero se mantiene bajo el mando y control estatales. Esto significa que no está sujeta a la Ley Posse Comitatus, aunque esté atendiendo intereses federales.
¿Cómo se han explotado estos vacíos de la Ley Posse Comitatus?
En el verano de 2020, el presidente Trump desplegó a la Guardia Nacional de DC en la ciudad de Washington para vigilar las protestas mayormente pacíficas que se estaban desarrollando en contra de la brutalidad y el racismo policial.
Al mismo tiempo y a pesar de las objeciones expresadas por el alcalde de Washington DC, la administración les pidió a varios gobernadores estatales que enviaran a su propio personal de la Guardia Nacional a la ciudad de Washington en carácter del Título 32, y 11 gobernadores así lo hicieron. Si bien estas fuerzas que provenían de otros estados, en teoría, estaban bajo el control de sus propios gobernadores, se supo luego que respondían a la cadena de comando de la Guardia de DC para propósitos de “coordinación”.
Eso significa que, a fin de cuentas, estaban siguiendo las órdenes del presidente. De esta forma, la administración Trump llevó a la ciudad de Washington una importante fuerza militar bajo control federal y la utilizó para llevar a cabo funciones civiles de orden público, todo esto mientras se saltaba los procedimientos previstos por la Ley de Insurrección y evadía los costos políticos de invocar esa ley. Eso es exactamente lo que la Ley Posse Comitatus Act busca evitar.
Además, el despliegue de fuerzas de la Guardia no federalizadas y provenientes de otros estados en una jurisdicción sin su consentimiento representa otra amenaza a la Ley Posse Comitatus. Cuando la Guardia opera en carácter del Título 32, sus fuerzas quedan exentas de la Ley Posse Comitatus, porque están bajo el mando y control de un estado.
Una parte clave de ese control es el derecho del gobernador de ese estado a negarse a llevar a cabo una misión federal determinada. Ese derecho es inválido si el presidente simplemente puede acudir a otro gobernador y pedirle que despliegue a la Guardia de su estado en el estado del gobernador reacio. En este caso, el gobernador dispuesto a cooperar se convierte en la hoja de parra que el presidente puede usar para utilizar las fuerzas militares como una fuerza policial en cualquier parte del país, libre de las restricciones que impone la Ley Posse Comitatus.
¿Cómo debe reformarse la Ley Posse Comitatus?
El Congreso debe aprobar tres reformas para ayudar a cerrar estos vacíos legales de la Ley Posse Comitatus. En primer lugar, debe transferir el control sobre la Guardia Nacional de DC, que ahora reside en el presidente, al alcalde de Washington. De ser necesario, el presidente aún podría tomar el control de la Guardia de DC si la federaliza, pero estaría sujeta a la Ley Posse Comitatus, al igual que las demás fuerzas militares bajo control federal.
En segundo lugar, el Congreso debe dejar en claro que los gobernadores no pueden enviar sus fuerzas de la Guardia Nacional a otros estados o territorios sin el consentimiento de esas jurisdicciones. Esto le impedirá a todo presidente futuro que quiera desplegar fuerzas militares dentro del país, pero que no quiera seguir las leyes establecidas por el Congreso, ir de gobernador en gobernador hasta encontrar uno que esté dispuesto a hacer su trabajo sucio.
En tercer lugar, el Congreso debe promulgar una ley que aclare que la Ley Posse Comitatus también se aplica a las fuerzas de la Guardia Nacional cuando estas respondan a una cadena de mando federal, más allá de que hayan sido o no llamadas oficialmente a llevar a cabo un servicio federal. Esto garantizará que la forma no prevalezca por sobre la sustancia y concretará más cabalmente el principio que refleja la ley.
Traducción de Ana Lis Salotti.
