- Estas alegaciones ridículas sobre comportamientos indebidos se están utilizando para justificar políticas electorales restrictivas.
- Todo esto se combina para desacreditar nuestras elecciones y debilitar la confianza del público en los resultados.
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En un momento deprimente y divisorio en nuestro país, surgió, por lo bajo, una buena noticia en cuanto a las elecciones. Proviene de un sitio inesperado.
La política en Luisiana suscita desde hace tiempo un rico gumbo de cuentos de fantasía y rumores disparatados. “Cuando muera, que me entierren en Luisiana”, bromeó el gobernador Earl Long. “Quiero seguir involucrado en la política”. La cultura de la política siempre estuvo acostumbrada a las artimañas.
Cuando David Duke, miembro de los Ku Klux Klan, se presentó como candidato a gobernador contra Edwin Edwards en las elecciones de 1991, los anuncios en los autos a favor del gobernador en el poder decían: “Vote al sinvergüenza: es importante”. Edwards ganó las elecciones. (Más tarde, terminó en la cárcel).
Por eso, fue notable cuando, este mes, la secretaria de Estado republicana, Nancy Landry, presentó los resultados de un estudio acerca de la falsedad sobre las elecciones que está de moda: que las personas no ciudadanas están votando en masa.
Rodeada de funcionarios de trajes de colores sobrios, Landry anunció que un total de 79 personas, posiblemente no ciudadanas, habían votado en el estado en los últimos 40 años. Como punto de comparación, mis colegas Gabriella Sanchez y Kevin Morris calculan que se emitieron más de 74 millones de votos en el estado durante esas cuatro décadas. El voto no ciudadano representa una proporción infinitesimal de esos votos.
Landry también reconoció que ni siquiera podía estar segura de que esos 79 votos hayan sido casos reales de votos ilegales, ya que algunos pueden haber sido identificados incorrectamente por errores en los datos o información desactualizada. “Quiero dejarlo en claro: el registro o el voto ilegal de personas no ciudadanas no es un problema sistémico en Luisiana”, declaró Landry.
Bueno, claro. Coincide con todos los datos de todos los estados del país. Solo las personas ciudadanas pueden votar y, con poquísimas excepciones, solo las personas ciudadanas votan. Los estados implementan una serie de sistemas para garantizar que únicamente sean las personas ciudadanas las que votan. Tal como señaló Landry, “Me siento muy orgullosa por las medidas que toma nuestra oficina para garantizar la precisión de nuestros padrones electorales”.
Aunque sean instancias muy infrecuentes, cualquier caso intencional de voto no ciudadano está mal. Luisiana se ha contactado con esas personas para obtener pruebas de su ciudadanía, y las personas podrían ser procesadas por la justicia si efectivamente se registraron o votaron cuando no podían. Pero este fenómeno es ínfimamente raro, tal como demuestran nuestros estudios. No solo lo decimos nosotros: el Cato Institute, de corte libertario y fundado por los hermanos Koch, lo confirma: “Las personas no ciudadanas no votan ilegalmente en números perceptibles”.
Entonces, ¿por qué llevar a cabo esta investigación enorme? ¿Y por qué la legislatura de Luisiana el año pasado aprobó una ley que requiere un “documento que pruebe ciudadanía” para registrarse y votar? (La Liga de Mujeres Votantes y otros grupos ahora están disputando esa ley ante la justicia).
De hecho, el representante de Luisiana, Mike Johnson, es el actual presidente de la Cámara de Representantes. Ha presionado para la aprobación de un proyecto de ley federal llamado Ley SAVE (SAVE Act), que le exigiría a toda persona estadounidense presentar un documento como un pasaporte, certificado de nacimiento o papeles de naturalización para registrarse y votar.
Nuestro estudio demuestra que al menos 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen a mano esos documentos. Y esa cifra ni siquiera incluye a los millones de mujeres que tienen un apellido de casadas distinto al apellido que figura en sus certificados de nacimiento. (Además, la mitad de la población estadounidense simplemente no tiene pasaporte).
La Ley SAVE sería la ley electoral más restrictiva que apruebe el Congreso en generaciones, todo para resolver un problema que ahora se ha comprobado que ni siquiera existe en el propio estado del presidente de la Cámara de Representantes. Hasta el mismísimo Johnson lo ha reconocido. Cuando respaldó la propuesta, explicó que “todos sabemos intuitivamente” que debe estar ocurriendo. “Pero no es algo fácil de demostrar”.
Ahora, la mayor autoridad electoral de su propio estado, de su propio partido, ha refutado esa “intuición”.
Estas alegaciones ridículas sobre comportamientos indebidos se están utilizando para justificar políticas electorales restrictivas. A comienzos de este año, el presidente Trump ilegalmente intentó tomar control sobre el sistema electoral de la nación mediante una orden ejecutiva que exigía presentar un pasaporte (ni siquiera un certificado de nacimiento) para registrarse para votar. Colocamos una demanda, y un tribunal federal bloqueó la orden.
El Departamento de Justicia ha pedido los registros de votantes de por lo menos 27 estados. Y actores partidistas están presionando para que se lleven a cabo purgas masivas en los padrones electorales, una práctica que inevitablemente terminaría impidiéndoles votar a muchas personas ciudadanas elegibles. Estas alegaciones falsas suscitan un miedo nacionalista contra las personas inmigrantes, que ya son objeto de una campaña a menudo abusiva de deportaciones masivas por parte del gobierno federal.
Todo esto se combina para desacreditar nuestras elecciones y debilitar la confianza del público en los resultados.
Puede que sea esperar demasiado que este anuncio tranquilizador proveniente de Luisiana cambie el parecer de muchos. No prevemos que quienes luchan para socavar el voto ahora mascullen con vergüenza: “Ah, no importa”. Obviamente, nos estamos preparando para librar una difícil lucha a fin de asegurarnos de tener elecciones libres y justas en 2026.
Pero este es un recordatorio de que las elecciones en Estados Unidos, a pesar de los rumores, son, en realidad, seguras y transparentes. Que el electorado puede ir a votar con confianza. En un momento en que la violencia amenaza con salirse de control, en que los líderes políticos generan más división, puede ser posible combatir el miedo con realidad.
Traducción de Ana Lis Salotti.
