La publicación reciente del presidente sobre la nueva orden ejecutiva referente a las elecciones apunta a dos áreas que el gobierno federal puede atacar: las máquinas de votación y la votación por correo.
- Ninguna de estas movidas significa que la administración va a tener éxito en manipular las elecciones de este noviembre, de 2026 y de 2028.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
El lunes pasado, el presidente Trump publicó en redes sociales que firmará una orden ejecutiva con el fin de eliminar la votación por correo. Sería su segunda orden ejecutiva referente a las elecciones, siguiendo a la orden ejecutiva de marzo que, entre otras cosas, buscó implementar un reglamento de identificación que requeriría a la ciudadanía presentar un pasaporte o un documento similar para registrarse para votar.
Desde entonces, la Casa Blanca aparentemente ha retrocedido en su amenaza de emitir una nueva orden ejecutiva sobre las elecciones. Pero eso no significa que los intentos del presidente por socavar las próximas elecciones han terminado.
De hecho, el Brennan Center recientemente detalló en La campaña de la administración Trump para socavar las próximas elecciones, que existe una iniciativa concertada por parte de la Casa Blanca para interferir en las futuras elecciones. En nuestro informe anterior, desglosamos todo lo que la administración ha hecho hasta ahora y explicamos cómo estas acciones pueden ser vistas como parte de una estrategia más grande. Pero, ¿qué pasos adicionales podemos esperar en los próximos meses, aun con la ausencia de una orden ejecutiva?
Si nos adentramos en los detalles de la orden de marzo, podemos vislumbrar las acciones que probablemente vendrán: desde la difusión de declaraciones e informes tendenciosos por agencias federales, a la instigación de investigaciones y procesamientos falsos, a intentos por interferir en el conteo de votos. Desglosar esta estrategia le otorga a los gobiernos estatales y locales, la sociedad civil defensora de la democracia, y al electorado tiempo para prepararse y garantizar que tendremos elecciones libres y justas este noviembre, en 2026 y en 2028.
Declaraciones falsas por parte de agencias federales sobre la ciudadanía y la votación
En los próximos meses, las agencias federales pueden instrumentalizar declaraciones falsas sobre grandes números de personas no ciudadanas que están registradas para votar para presionar a los estados a purgar sus padrones electorales, además de potencialmente justificar intentos de cuestionamiento de los resultados en contiendas donde la administración no está de acuerdo.
La realidad es que los estados ya tienen múltiples sistemas implementados para garantizar que solo las personas ciudadanas estadounidenses elegibles pueden votar. Pero eso no ha detenido a Trump y sus aliados de asegurar, contra toda evidencia, que las personas no ciudadanas están votando de forma generalizada.
La orden ejecutiva de marzo instruye al DOGE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisar los padrones electorales de cada estado para “identificar a votantes no calificados”. El Departamento de Justicia ya ha solicitados los padrones en por lo menos 15 estados. En algunos casos, los estados se han resistido, argumentando que el gobierno federal está solicitando información personal protegida del votante, como los números de seguro social y licencia de conducir.
El gobierno federal probablemente va a someter la información que pueda recolectar al fallido programa de verificación automática de extranjeros para recibir beneficios, o programa “SAVE” (Systematic Alien Verification for Entitlements), el cual esencialmente es un buscador del gobierno federal que los estados utilizan para indagar sobre el estatus migratorio y de ciudadanía de las personas.
DHS y DOGE recientemente reconfiguraron el SAVE, pero no atendieron varios problemas con el programa, incluyendo su dependencia de información incompleta o desactualizada que pueden producir resultados incorrectos. En cambio, la reconfiguración del programa ahora permite a los estados evaluar sus padrones electorales completos por medio de SAVE, lo que aumenta las probabilidades de que el programa sea utilizado para difundir información falsa.
DHS le allanó el terreno a este tipo de abuso cuando explicó que los cambios al programa y declaró, sin base alguna, que “los extranjeros ilegales han explotado los sistemas anticuados para defraudar a los estadounidenses y manchar nuestras elecciones”.
Un número de estados ya han promovido su uso del reconfigurado programa SAVE, y más podrían seguir sus pasos. La orden ejecutiva de marzo ordena al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a congelar la financiación de estados que no están “cooperando” con las iniciativas del departamento.
El DOJ ya empezó a presentar demandas en contra de autoridades electorales y está promoviendo un mantenimiento agresivo de las listas de votantes que podría privar a personas elegibles de su derecho al voto. Además, exige el cumplimiento de sus expansivas solicitudes de información. Podría dar seguimiento con más litigios para intentar obligar a los funcionarios estatales a purgar sus listas de votantes o instigar a actores privados a utilizar los hallazgos del DOJ para impulsar impugnaciones infundadas de votantes.
Anteriormente, funcionarios estatales han hecho afirmaciones extravagantes sobre grandes números de personas no ciudadanas que están en sus padrones, y siempre se ha comprobado que esto es falso. Aun cuando actores privados han adelantado demandas masivas para remover a votantes registrados de los padrones, generalmente no llegan a ningún lado. Esta vez, este tipo de afirmaciones podrían venir del gobierno federal y pueden ser fruto de los resultados del programa SAVE, dándole a estos alegatos una apariencia de legitimidad.
Más allá de la amenaza real de privación del derecho al voto, las declaraciones falsas sobre la votación no ciudadana podrían avivar a los negacionistas electorales a impugnar las elecciones, negarse a certificar los resultados electorales o incitar a disturbios civiles.
Cualquier afirmación de que hay un gran número de personas no ciudadanas en los padrones electorales debe ser recibida con escepticismo. Y, como lo han hecho en el pasado, las cortes necesitarán implementar la ley y detener cualquier intento de revocar las elecciones con base a un gran número de boletas electorales que están corrompidas por deficientes mantenimientos a las listas de votantes.
Informes engañosos gubernamentales sobre la seguridad de los equipos de votación
En los próximos meses, pueden surgir informes del gobierno que contengan afirmaciones falsas o engañosas sobre la seguridad y precisión de los sistemas electorales. El presidente Trump ha tomado la inusual medida de ordenarle al DHS “revisar e informar sobre la seguridad de los sistemas electrónicos utilizados en el proceso de registro de votantes y de votación … [incluyendo] informar sobre el riesgo de que dichos sistemas estén comprometidos por software malicioso o intrusiones no autorizadas al sistema”.
Hay razones para preocuparse por la imparcialidad de los informes de la actual administración al respecto. Desde la elección que perdió en 2020, Trump y sus aliados han disputado constantemente la seguridad y precisión de los sistemas electorales del país para impulsar su afirmación de que él en realidad ganó la elección.
Apenas la semana pasada, la administración anunció un nuevo rol: el secretario asistente encargado de la integridad electoral, el cual ocupará una activista de la “integridad electoral” cuya investigación engañosa sobre el conteo de votos en Pensilvania en 2020, entre otras cosas, alimentó teorías conspirativas falsas sobre una elección robada. Y en una publicación reciente en Truth Social prometiendo prohibir la votación por correo, el presidente Trump declaró que espera deshacerse de las “altamente ‘imprecisas,’ muy caras y seriamente controversiales MAQUINAS DE VOTACIÓN”.
En litigios poselectorales, afirmaciones que ponían en duda la seguridad de las elecciones fueron rechazadas repetidamente por los tribunales de todo el país. No obstante, en los meses después de las elecciones de 2020, varios aliados de Trump participaron en una campaña en varios estados para acceder a los equipos de votación y luego utilizaron ese acceso para avivar aún más las teorías de conspiración.
Desde entonces, Trump y sus allegados han persistido, con su director Kash Patel del FBI, rehusándose a reconocer que Biden ganó las elecciones de 2020, y el director Russell Bell de la Oficina de Administración y Presupuesto, afirmando que las elecciones fueron “un fraude”.
En la misma orden ejecutiva de marzo que hace un llamado al DHS a informar sobre la seguridad de los sistemas de votación, el presidente, sin justificación alguna clara, exigió a la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. revocar el certificado de cada máquina de votación que ya había previamente certificado.
El presidente jurídicamente no tiene el poder de ordenar a la comisión hacer esto, y la directiva está siendo actualmente impugnada por múltiples demandas. Incluso la insinuación infundada de que los estándares para certificar las máquinas de votación no están a la altura pueden, no obstante, llevar a las personas a desconfiar de las máquinas que se utilizan actualmente en todo el país.
En realidad, la seguridad electoral ha mejorado significativamente en los últimos años. Mientras que los procesos de cada estado son diferentes, los estados han implementado nuevas medidas de seguridad, incluyendo los servicios para detectar intrusiones y mantener copias de respaldo de las listas de votantes. Cada máquina de votación es sometida a pruebas de seguridad y funcionalidad antes de ser utilizada, y son auditadas después de cada elección para asegurar que los votos fueron contados con precisión.
Aún más importante, más del 98 % de los votantes emitieron votos que generan papel físico, permitiéndole a los oficiales confirmar la precisión del conteo de votación total electrónica. Sin este contexto, cualquier informe de la administración que intente detallar fallas de seguridad deben ser recibidas con escepticismo extremo.
Investigaciones politizadas y procesamientos de trabajadores electorales y otros individuos
La orden ejecutiva de marzo también hace un llamado al fiscal general a “priorizar” el procesamiento de los “delitos electorales”. Mientras que eso por sí solo es inobjetable, el enfoque de la orden ejecutiva, además de las declaraciones y acciones tomadas por el presidente y su equipo designado, sugieren que estos procesamientos pueden enfocarse en autoridades electorales y otros que trabajan para asistir al electorado. Además, los procesamientos pueden resultar en que el DOJ desvíe su enfoque en proteger a las personas votantes, lo cual ha sido una función electoral principal del departamento desde por lo menos los años 60.
El mes pasado, el diario The New York Times reportó que el DOJ estaba explorando maneras en las que podría presentar cargos penales contra funcionarios electorales relacionados con la administración de los sistemas electorales. Esto sigue una recomendación descrita el año pasado en el Proyecto 2025, un borrador en política pública para una administración presidencial conservadora. Allí se propone utilizar una ley de derechos civiles de hace 150 años para procesar a personas, incluyendo a funcionarios electorales, que asistan a otras a votar.
La administración ya ha atacado por lo menos a un funcionario que jugó un papel clave en proteger las elecciones de 2020. Trump hizo un llamado al DOJ para que investigara la conducta de Chris Krebs —a quien él mismo nombró para liderar la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura en 2018— por públicamente rechazar declaraciones de que las elecciones de 2020 fueron un fraude o robadas.
Más recientemente, el DOJ, según reportes, empezó una investigación de una adversaria política, la fiscal general de Nueva York, Letita James, utilizando una ley de derechos civiles de la era de Reconstrucción, amenazando con hacer realidad la propuesta del Proyecto 2025.
El Proyecto 2025 no solamente instó al procesamiento de autoridades electorales. También insistió en que el DOJ debería aumentar el procesamiento del “fraude durante el registro del votante”, lamentando el retiro durante la presidencia de George W. Bush de una serie de casos políticamente motivados sobre “fraude durante el registro de votantes” en contra de organizaciones no partidistas que realizaron eventos para registrar a los votantes de cara a las elecciones de 2004.
No es difícil imaginar cómo se verán este tipo de procesamientos o el efecto intimidatorio que tendrán: Oficiales en Florida y Texas recientemente han ido tras organizaciones que realizan eventos para registrar a personas votantes con la amenaza de investigaciones penales y sanciones, interrumpiendo seriamente los esfuerzos no partidistas para involucrar al electorado.
Florida da pistas sobre otro uso potencial de las fuerzas policiales para intimidar más directamente a las personas votantes. En 2022, cinco días antes de las elecciones primarias en Florida, el gobernador, Ron DeSantis, anunció la detención de 20 personas con antecedentes de sentencias penales durante una conferencia de prensa, asegurando que estas personas votaron cuando sabían que no eran elegibles.
Pero la evidencia públicamente disponible indica que la mayoría de los individuos, si no es que todos, genuinamente pensaron que eran elegibles para votar. El anuncio público ahuyentó a muchos votantes de las urnas, aun fuera de la Florida.
La reciente demanda del DOJ contra el condado Orange, en California, exige la información personal sobre 17 personas no ciudadanas que fueron removidas de los padrones. Aparentemente, 16 de ellas alertaron sobre esto por su propia cuenta y solicitaron ser removidas. Las instancias muy raras en las que una persona no ciudadana se inscribe a votar o votó, a menudo, son el resultado de errores por parte de funcionarios estatales, o personas que malinterpretan o son malinformadas sobre su inelegibilidad.
Si el DOJ comienza a procesar a personas por inscribirse para votar erróneamente por un malentendido, podría tener un efecto intimidatorio. Los estadounidenses que son elegibles pueden temer exponerse a represalias federales solo por participar en los comicios y, en vez, escogerán no votar para nada.
Equipos de trabajo recién instaurados —incluyendo el Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política del DOJ, el Grupo de Tareas para la Integridad Electoral de la fiscalía federal de Nueva Jersey y la Unidad Especial: Rendición de Cuentas sobre Elecciones de la fiscalía en Washington, D.C. — parecen darle infraestructura adicional al cambio del DOJ de proteger a los votantes a intimidar a las personas que administran nuestras elecciones.
El Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política fue creado explícitamente con la meta de perseguir a funcionarios que procesaron a Trump u otros involucrados en el intento de insurrección del 6 de enero. Estos grupos de trabajo se lanzaron y están siendo dirigidos por los funcionarios de la administración Trump, Pam Bondi, Alina Habba y Ed Martin— quienes, entre ellos, han hecho declaraciones falsas sobre las pasadas elecciones y el fraude electoral, insistido en litigiossin base alguna contra rivales políticos de Trump y amenazado con utilizar el DOJ para “nombrar” y “avergonzar” públicamente a personas contra quienes no tienen ningún fundamento para procesar formalmente.
Todo esto puede significar nuevas investigaciones y procesamientos que serán anunciados en los próximos meses en busca de poner en duda a las personas que hacen que nuestras elecciones funcionen. Aquellos que fueron ordenados a seguir adelante con estos enjuiciamientos, según reportes, han tenido dificultades en encontrar fundamentos jurídicos para hacerlo. Pero solo el anuncio de una investigación puede tener un impacto en nuestras elecciones. Y, por supuesto, en lugar de cargos penales, podríamos ver humillaciones públicas, lo cual en años recientes ha estado ligado a un incremento en las amenazas y acosos contra autoridades electorales.
Conflictos entre las agencias federales y los estados por el conteo de votos
Finalmente, debemos estar preparados para la posibilidad de que las agencias federales pueden ser utilizadas para interferir con los operativos electorales, por medio de iniciativas para prevenir que votos emitidos legítimamente no sean contabilizados. El despliegue de múltiples agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas afuera de una manifestación pacífica, sostenida por el gobernador Gavin Newsom, de California, sobre las próximas elecciones de noviembre, además del reciente llamado del presidente Trump a expandir el papel de la Guardia Nacional en el orden público, recalca lo grave que podría llegar a ser un conflicto de estos. No hace falta decir que, sin embargo, el despliegue de agentes de policía federales para interferir con la votación en simplemente ilegal.
La publicación reciente del presidente en Truth Social sobre la nueva orden ejecutiva referente a las elecciones apunta a dos áreas que el gobierno federal puede atacar: las máquinas de votación y la votación por correo.
Vale la pena recordar que tan solo semanas después de las elecciones de 2020, el presidente buscó que su fiscal general, el Departamento de Defensa y el DHS decomisaran los equipos de votación. El personal se rehusó a cooperar, pero ese tipo de resistencia está lejos de ser una certeza hoy en día. Este año, un funcionario del DHS y una persona que afirmaba trabajar para la administración, según reportes, solicitaron a funcionarios electorales en Colorado acceso a sus equipos.
Intentos por decomisar equipos pueden estar acompañados por solicitudes de no certificar los resultados electorales. El presidente Trump ha presionado de manera infame a funcionarios electorales en Georgia y Michigan para asistirlo en los esfuerzos para rechazar los resultados de las elecciones que a él no le convenían en 2020.
Desde entonces, más de 30 funcionarios deshonestos en Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Pensilvania, Utah y Virginia se han rehusado a certificar los resultados electorales, frecuentemente citando la falta de confianza en sus equipos de votación.
La votación por correo puede ser otro punto de conflicto. Aun antes del post de Trump en Truth Social prometiendo prohibir la práctica popular y de larga data, su orden ejecutiva de marzo ordenó al fiscal general tomar “todas las medidas necesarias” para prevenir a los estados contar boletas de voto en ausencia o por correo después del día de las elecciones, sin importar si algunas leyes estatales permiten que se cuenten este tipo de boletas.
De hecho, 30 estados permiten por lo menos algunas categorías de boletas (a menudo boletas de militares o ciudadanos en el extranjero) sean contabilizadas unos días después de las elecciones, si fueron enviadas con anterioridad. Mientras que el fiscal general no tiene la autoridad de prevenir a los estados de seguir sus propias leyes para contar las boletas, esta orden supone un potencial conflicto entre el gobierno federal y los estados sobre el conteo de boletas en los días posteriores al día de las elecciones.
¿Qué se puede hacer para responder?
Ninguna de estas movidas significa que la administración va a tener éxito en manipular las elecciones de este noviembre, de 2026 y de 2028. Los gobiernos estatales y locales son los responsables constitucionalmente de administrar las elecciones y cualquier interferencia federal estará en su mayoría limitada a intimidar a aquellos que hacen que nuestras elecciones funcionen (desde funcionarios electorales hasta la sociedad civil y las personas votantes). O por medio de socavar la confianza pública a tal grado que las personas dejen de participar en las elecciones o se rehúsen a aceptar los resultados.
Las buenas noticias son que muchos de los próximos pasos en la movida para interferir con nuestras elecciones ya son aparentes y los actores relevantes pueden estar preparados para responder.
Los tribunales —quienes son responsables de defender la ley y proteger la integridad de nuestro sistema democrático— deben permanecer escépticos, y listos para desestimar rápidamente declaraciones sin fundamento que ataquen a funcionarios electorales, personas votantes o los equipos electorales. Además, deben estar alerta a los intentos federales de interferir en cómo los gobiernos locales y estatales cuentan los votos y administran sus elecciones según sus propias leyes y prácticas.
Los estados deben equipar a sus autoridades locales electorales y a la policía con herramientas para entender sus derechos y obligaciones de cara a la interferencia federal, incluyendo cómo responder y coordinar. Los funcionarios electorales deben sentir que las autoridades van a apoyar su capacidad de ejercer sus labores de acuerdo con la ley. Esto puede incluir rechazar a agencias federales u otros actores, fuera del estado, que hagan solicitudes ilegales de acceder a los datos o equipos electorales.
Finalmente, las personas votantes no deben temer participar. De hecho, deben participar en nuestra democracia de cada manera posible: unirse a grupos cívicos, hacer llamadas y enviar emails a sus funcionarios electorales, asistir a eventos para registrar votantes, ir a manifestaciones pacíficas e inscribirse para ser trabajadores de las urnas. La democracia depende de las personas y en que crean en las elecciones.
Posiblemente vamos a ver una campaña concertada en por lo menos los próximos 15 meses para confundir y socavar la confianza en nuestro sistema electoral —con el apoyo de toda la fuerza de la rama executiva. Las personas votantes deben recordar que este sistema se ha construido durante muchas décadas para ser preciso y resiliente. Deben saber que la autoridad del presidente actual sobre las elecciones es extremadamente limitada.
Deben rehusarse a dejarse llevar, intimidar o perder interés. Votar es poderoso. Sin importar a quién respalden, si los estadounidenses ejercen su derecho al voto unidos y con fuerza, pueden superar cualquier intento de socavarlo.
Traducción de Laura Gómez
