- Antes de las elecciones de 2024, el Brennan Center alertó sobre el controversial plan de políticas públicas de la Heritage Foundation.
- La perspectiva de un presidente y un Departamento de Justicia dispuestos a perseguir a quienes ayudan a otros a ejercer su derecho al voto puede tener un efecto intimidatorio en grupos a favor del voto y en los funcionarios electorales.
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En tan solo los primeros tres meses del segundo mandato de Trump, su administración ha revelado cómo va a llevar a cabo la agenda para socavar el voto que se propuso en el Proyecto 2025. Antes de las elecciones de 2024, el Brennan Center alertó sobre el controversial plan de políticas públicas de la Heritage Foundation.
Basándose en afirmaciones desacreditadas sobre el robo de las elecciones presidenciales de 2020, dicho plan propuso que el Departamento de Justicia utilizara una ley de derechos civiles de hace un siglo para investigar y procesar a quienes ayudaron a otros a ejercer su derecho al voto — es decir, a funcionarios electorales y grupos de registro de votantes.
Ahora, la administración ha demostrado cómo le dará forma a ese plan. Antes de que el Departamento de Justicia intente llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales, que requerirán un respaldo legal real, utilizará acciones ejecutivas y amenazas públicas con la intención de lograr el mismo objetivo: infundir miedo y detener futuras acciones para salvaguardar las elecciones.
Las tácticas de la administración se esclarecieron a comienzos de este mes, cuando el presidente atacó al exdirector de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés). Esta agencia federal tiene la tarea de liderar las iniciativas nacionales para entender, administrar y reducir los riesgos en infraestructura electoral. El mismo Trump nombró a ese director, Christopher Krebs, cuando creó la CISA en 2018, pero lo despidió luego de que la agencia declaró que las elecciones de noviembre de 2020 fueron “las más seguras en la historia estadounidense.”
En un nuevo memorándum presidencial, Trump ordenó a su administración revocar todas las acreditaciones de seguridad que tuvieran Krebs y su empleador, ordenó al Departamento de Justicia que “revisara” todas las acciones de Krebs mientras estuvo en la CISA, y acusó a Krebs y a la CISA de “negar falsamente y sin fundamentos que las elecciones de 2020 fueron manipuladas y robadas, incluso descartando de forma inapropiada y categórica irregularidades electorales generalizadas y graves vulnerabilidades en las máquinas de votación”.
El último ataque del presidente a la CISA y su anterior director se da justo después de una campaña que hace meses busca tomar represalias contra aquellas personas que protegieron las elecciones de 2020.
En un discurso el 14 de marzo en el Departamento de Justicia, Trump lanzó una profunda amenaza contra las personas que ayudaron a administrar esas elecciones. “Qué gran impacto tuvo una elección manipulada y corrupta en nuestro país”, dijo. “Y la gente que nos hizo esto debería ir a la cárcel. Deberían ir a la cárcel”. En ese mismo discurso, el presidente señaló a abogados específicos que retaron sus intentos por subvertir las elecciones de 2020.
Días después, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que pedía “rendición de cuentas” para los abogados y firmas de abogados que participaron en “acciones dolosas” y, otra vez, atacó con nombre y apellido a más de uno de esos mismos abogados.
Las personas nombradas por Trump para cargos dentro del gobierno han expresado su apoyo a dichas iniciativas. Kash Patel, a quien escogió para liderar el FBI, dijo en 2023, “Vamos a ir tras esas personas en los medios que nos dijeron mentiras sobre ciudadanos estadounidenses, que le ayudaron a Joe Biden a corromper las elecciones presidenciales. Vamos a ir tras ustedes”.
Harmeet Dhillon, directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ha sido una ferviente defensora de las mentiras sobre las elecciones de 2020 y de las mismas teorías conspirativas que sustentan la propuesta del Proyecto 2025 para enjuiciar a funcionarios electorales.
Desde la confirmación de Dhillon a su cargo, la Sección de Votación de la división presentó una nueva declaración sobre su misión que se aleja de la protección a los derechos electorales y se enfoca en eliminar el “fraude, los errores o las sospechas” en las elecciones. Las declaraciones de Dhillon en los meses previos a las elecciones de 2024, en las cuales acusó a funcionarios electorales de corromper las elecciones de 2020, apuntan a que la nueva misión de la Sección de Votación podría impulsar iniciativas para atacar a esos mismos funcionarios.
Mientras que el presidente y sus funcionarios designados han buscado tomar represalias por medio de acciones ejecutivas y amenazas públicas, un fiscal federal senior ha dado el primer ejemplo sobre cómo los procesamientos jurídicos propuestos en el Proyecto 2025 podríaán tomar forma.
En un correo electrónico al personal, el fiscal de EE. UU. Interino, Ed Martin, del Distrito de Columbia anunció la creación de una nueva “unidad especial” para investigar presuntos crímenes electorales y dijo que esta ya inició una investigación sobre un supuesto delito electoral. Los detalles sobre esa unidad especial no son claros todavía. Y como explicamos anteriormente, las bases para los procesamientos propuestos por el Proyecto 2025 carece de fundamento tanto legal como práctico, ya que distorsionaría una ley de derechos civiles del siglo XIX para procesar a quienes ayudan a otros a votar.
Pero el respaldo público de Martin al movimiento de negacionistas electorales (en un discurso en el Capitolio de EE. UU. en vísperas del ataque del 6 de enero, Martin hizo un llamado a los “acérrimos y verdaderos estadounidenses” a luchar hasta su “último aliento” para “detener el robo”) genera serias preocupaciones de que la unidad lleve a cabo investigaciones contra funcionarios electorales y grupos a favor del voto.
Incluso si la unidad especial de Martin nunca presenta cargos judiciales y aun si las amenazas de la administración no escalan a acciones concretas, las amenazas en sí mismas pueden causar graves daños. La perspectiva de un presidente y un Departamento de Justicia dispuestos a perseguir a quienes ayudan a otros a ejercer su derecho al voto puede tener un efecto intimidatorio en grupos a favor del voto y en los funcionarios electorales.
Las organizaciones puede que se alejen de su trabajo de involucrar a las personas votantes. Los funcionarios electorales —muchos de los cuales han visto un aumento del acoso, amenazas y abusos desde 2020— puede que sigan renunciando a sus trabajos a un ritmo alarmante.
Si el Departamento de Justicia empieza a investigar a estos grupos, los efectos intimidatorios serán aún más profundos. Sin importar si las autoridades presentan cargos, los investigadores federales pueden perturbar gravemente la vida de quienes son investigados e imponer gastos significativos en honorarios legales.
Lo que está en juego podría incrementar al aproximarnos a las elecciones. En 2020, la integridad de las elecciones dependió de funcionarios electorales que se negaron a ceder ante la presión de Trump de subvertir el resultado.
El secretario de estado, Brad Raffensperger, de Georgia defendió su postura cuando el presidente demandó que “encontrara” los más de 11,000 votos que Trump necesitaba para ganar el estado. No es difícil imaginar un escenario en el cual esa misma presión se ejercerá sobre un funcionario electoral en un importante condado o estado pendular en 2026, solo que esta vez habrá una amenaza muy real de procesamiento penal respirándoles en la nuca.
Mientras que estas iniciativas se enfocan en elecciones pasadas, envían un claro mensaje sobre el futuro: aquellos que se resistan a la subversión electoral enfrentarán consecuencias. La administración Trump también ha enviado el mensaje inverso: aquellos que participen en la subversión electoral tendrán el respaldo de la administración.
Desde el primer día de su segundo mandato, Trump indultó, conmutó sentencias y juró desestimar los casos de los más de 1,500 individuos encausados por delitos durante el intento de insurrección del 6 de enero de 2021.
Posteriormente, el Departamento de Justicia presentó una declaración en un tribunal indicando que revisará si el procesamiento estatal de Tina Peters, la exempleada del condado Mesa en Colorado, fue motivado políticamente. Luego de las elecciones de 2020, un jurado en Colorado condenó a Peters por cuatro delitos graves por haber dado acceso no autorizado a un hombre asociado con el prominente negacionista electoral, Mike Lindell, CEO de la empresa My Pillow. a equipos de votación.
Que el presidente tenga todavía una fijación en las elecciones no sorprende —estas siguen siendo la herramienta más poderosa para preservar la democracia y el estado de derecho. Podemos, y debemos, trabajar juntos para protegerlas de la presión de la administración.
Algunos abogados del Departamento de Justicia se han resistido a los intentos tempranos de Trump de politizar su trabajo. Para mantener las elecciones libres y justas, muchos más tendrán que hacer lo mismo. Si el departamento comienza investigaciones y enjuiciamientos, debemos condenarlos rotundamente como un intento de quebrantar nuestra democracia. Los tribunales deben hacer todo lo posible para desestimar rápidamente los procesamientos sin fundamentos legales.
De aquí en adelante, nuestras elecciones seguirán dependiendo de funcionarios, organizaciones de registro de votantes y el electorado para administrar, fortalecer y participar en las elecciones frente a estas nuevas amenazas. Los estados —que realmente administran las elecciones— y la sociedad civil deben dar un paso hacia adelante y apoyarlos. La democracia y el estado de derecho dependen el uno del otro. Ahora, más que nunca, el destino de ambos está en nuestras manos.
Traducción de Laura Gómez
