- Una y otra vez, le han permitido al presidente acumular un poder vasto y nuevo, y lo han hecho sin poner su nombre en ello.
- En un momento en que el sistema de frenos y contrapesos está bajo ataque, la Corte ha elegido ser cómplice.
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Todos sabíamos que este año se desataría un gran enfrentamiento en la Corte Suprema por el poder presidencial. Donald Trump ha desbaratado leyes y límites constitucionales. ¿Qué harían los magistrados de la Corte Suprema?
Podrían ceder y respaldar esta arremetida generalizada por un mayor poder presidencial. O podrían defender el sistema de frenos y contrapesos. Tal vez intentarían no intervenir en absoluto. Teníamos todas las razones para prever grandes debates y dictámenes trascendentales.
Pero, en cambio, los magistrados eligieron otro camino, uno más sigiloso. Una y otra vez, le han permitido a Trump acumular un poder vasto y nuevo, y lo han hecho sin dar sus nombres. Están demostrando ser cómplices en un golpe constitucional, todo sin dejar rastro.
Eso es lo que ocurrió el lunes pasado en un caso relacionado con el Departamento de Educación. La Corte le permitió a Trump avanzar con su plan de cerrar efectivamente este organismo federal creado por el Congreso y respaldado por décadas de leyes. Dos tribunales inferiores habían bloqueado este intento. Pero la Corte Suprema revocó esas decisiones con una orden, sin siquiera una frase que dé alguna explicación. No hubo alegatos públicos. Ni un solo magistrado quiso firmar su nombre.
El presidente Trump le había pedido a la secretaria de Educación Linda McMahon que “eliminara su puesto de trabajo”, ya que había prometido abolir el departamento desde, al menos, el año 2023. (Esta es la misma Linda McMahon, ex-CEO de World Wrestling Entertainment, que confundió “IA” con la salsa para carnes A1 en una conferencia sobre inteligencia artificial). Trump prosiguió con una orden ejecutiva para desmantelar el departamento.
Pero el presidente no puede simplemente cerrar una agencia por decreto. El Congreso creó el Departamento de Educación en 1979 para garantizar un acceso igualitario a la educación y mejorar la calidad educativa en todo el país. El departamento desembolsa $150 mil millones por año, todo con la aprobación del Congreso.
La solución de Trump: si no puedes cerrar una agencia, simplemente despide a todo su personal. McMahon ya ha despedido a 1,300 empleados, lo cual efectivamente redujo la mitad de la fuerza laboral del departamento.
La Corte intervino a través de lo que se conoce como la “lista de casos de emergencia en la sombra”, que se suele reservar para causas judiciales de emergencia, pero que se está usando cada vez más para pronunciarse, sin hacer ruido, sobre cuestiones controversiales con opiniones breves y, a menudo, anónimas.
En este caso, los magistrados nunca escucharon alegatos. Se presentó un solo escrito de amicus curiae. La Corte dio a las partes opositoras solo siete días para presentar sus documentos. Tampoco ofreció ninguna explicación. “Debido al momento extraordinario en que se dictan estas opiniones, su falta de transparencia y su frecuente hermetismo, estos dictámenes nacen tanto literal como metafóricamente en las sombras”, explicó el profesor Steve Vladeck de la Universidad de Georgetown, el experto más reconocido del país sobre la lista de casos de emergencia de la Corte Suprema.
Todo se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera sabemos cuántos votos recibió esta medida. La supermayoría guardó silencio.
Sí sabemos que la magistrada Sonia Sotomayor escribió un ardiente disenso, y que la acompañaron las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. “Cuando la rama ejecutiva anuncia públicamente su intención de infringir la ley y luego cumple con esa promesa, es deber del poder judicial frenar esa transgresión, no darle curso”, rugió Sotomayor. Este dictamen, agregó, “le brinda al ejecutivo el poder de revocar leyes despidiendo a todas aquellas personas necesarias para ejecutarlas”.
Este dictamen trascendental sigue un alarmante patrón reciente. Durante los últimos meses, los magistrados han utilizado la lista de casos de emergencia en la sombra para permitir que el presidente despida a los jefes de agencias, en una clara transgresión de 90 años de precedente. Le han permitido a la administración deportar a personas a países donde nunca vivieron. Y han dado su aprobación para que efectivamente el Pentágono prohíba a las personas transgénero en el servicio militar. T
Todas estas medidas implican una jurisprudencia pasivo-agresiva: no estamos pronunciando un gran dictamen, como ven, solo estamos resolviendo algo que hicieron otros tribunales. Aunque los dictámenes son técnicamente temporarios, el daño ya está hecho.
En este caso, como la Corte le permitió a la administración proceder con los despidos masivos en el Departamento de Educación, para cuando se emita un dictamen importante (si existe alguno), ya habrán vaciado las oficinas y, en efecto, habrán destruido el Departamento. Los expertos en educación analizaron las implicaciones de las acciones de la Corte Suprema y evaluaron las protecciones que podrían ofrecer los tribunales y las constituciones estatales al menos contra algunas de las políticas de la administración en un evento en vivo que organizó el Brennan Center ayer.
Es probable que este método —despedir a todos y dejar los escritorios y las computadoras— podría usarse ahora en todas las demás agencias del gobierno federal. Coloca a numerosas instituciones en peligro, en un momento en que el presidente no ha ocultado su intención de desmantelarlas.
También deja en claro la postura de la Corte Suprema. En un momento en que el sistema de frenos y contrapesos está bajo ataque, la Corte ha elegido ser cómplice. Ha encontrado una forma nueva de brindarle poder a un ejecutivo que viola las normas. En un momento de peligro histórico, la historia podría registrar unos pocos dictámenes trascendentales, tan solo restos de un naufragio esparcidos por el paisaje constitucional.
En cuanto a Linda McMahon, “vamos a encontrar otra cosa para ti”, le dijo Trump en marzo. El resto del personal federal se quedará sin trabajo, en detrimento de los estudiantes de todo el país y de la función del Congreso en nuestra democracia.
Traducción de Ana Lis Salotti
