- El presidente Trump dijo que “absolutamente” desnaturalizaría a personas ciudadanas estadounidenses si pudiera.
- Todo esto es parte de un esfuerzo más profundo que busca atacar los derechos de las personas inmigrantes y redefinir quiénes son estadounidenses.
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Se podría pensar que cuando alguien es ciudadano estadounidense, nadie le puede quitar esa condición. Pere parece que no es tan así. Y detrás de esa realidad hay una larga y, muchas veces, sombría historia.
Este domingo, el presidente Trump dijo que “absolutamente” desnaturalizaría a personas ciudadanas estadounidenses si pudiera. Este dicho vino tras una ola de fuertes retóricas contra los inmigrantes después del trágico tiroteo de la semana pasada que cobró la vida de dos miembros de la Guardia Nacional.
Es verdad que no se prestó atención a las palabras que dijo el presidente. Pero sí existe una política detrás de esa provocación retórica.
La desnaturalización es el proceso de quitarle la ciudadanía a una persona que la obtuvo ilegalmente, por ejemplo, por no haber cumplido los requisitos, cometido fraude o mentido durante el proceso de solicitud. Al comienzo, el gobierno interpretó esta norma con mucha flexibilidad, lo cual se tradujo en años de abusos.
Tal como lo explican mis colegas Faiza Patel, Margy O’Herron y Kendall Verhovek:
Más de 22,000 estadounidenses perdieron su ciudadanía entre 1907 y 1967 por motivos de su afiliación política, raza y género, según el experto en desnaturalización Patrick Weil. Durante la Primera Guerra Mundial, la administración del presidente Woodrow Wilson empezó a desnaturalizar a los ciudadanos nacidos en Alemania y Asia, así como también a anarquistas y personas que se oponían a la guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se intensificaron los esfuerzos de desnaturalizar a ciudadanos naturalizados provenientes de Alemania, Italia y Japón. Uno de los principales grupos afectados fueron los miembros de la Federación Germano-Estadounidense, de ideología nazi, por deslealtad y falta de adhesión a los principios de la Constitución.
Después de la guerra, el Segundo Temor Rojo se apoderó de un país que le temía al comunismo interno en medio de una expansión comunista en todo el mundo. El senador Joseph McCarthy, de Wisconsin, encabezó persecuciones políticas contra comunistas y a menudo utilizó la desnaturalización como herramienta contra comunistas acusados o simpatizantes comunistas.
Uno de los afectados fue Harry Bridges, líder sindical de renombre nacional nacido en Australia, que fue acusado de ser comunista y enfrentó una campaña para revocarle su ciudadanía, que al final no tuvo éxito. La Corte Suprema falló a su favor no una vez, sino dos veces.
Tal como lo señala Weil, un proceso que tenía el objetivo de reparar los casos de fraude e ilegalidad en el proceso de naturalización se comenzó a utilizar para “quitar de la sociedad política a cualquier ciudadano ‘antiestadounidense’”. Pero, incluso en tiempos de guerra, la Corte Suprema respondió restringiendo su uso.
A lo largo del siglo XX, la Corte emitió varios dictámenes que establecieron requisitos estrictos para la desnaturalización. En 1943, la Corte anuló una orden de desnaturalización contra el ruso William Schneiderman por sus vínculos con el partido comunista y estableció una “pesada carga” para rescindir la ciudadanía. Y en 1946, la Corte advirtió contra el uso de la desnaturalización como un “instrumento apto para la persecución política”. Por eso, en las últimas décadas, los intentos de desnaturalización han sido adecuadamente muy escasos... hasta ahora.
Este verano, Trump les ordenó a los abogados del Departamento de Justicia “llevar a cabo procesos de desnaturalización al máximo”. En ese momento, un vocero dijo que “los procesos de desnaturalización solo se llevarán a cabo según lo permita la ley y lo respalden las pruebas halladas en contra de las personas que hayan obtenido ilegalmente la ciudadanía o mentido durante el proceso de naturalización”.
Los parámetros de Trump parecen mucho más holgados. En su publicación del Día de Acción de Gracias en Truth Social, Trump dijo que “desnaturalizaría a inmigrantes que atentan contra la tranquilidad nacional”.
¿A quiénes afectaría? Trump ha sugerido más de una vez que está dispuesto a desnaturalizar al alcalde recién electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y al representante Ilhan Omar (D-MN). Cuando le preguntaron por Elon Musk, dijo a la prensa: “Tendremos que verlo”. Parece que el delito ya no es la motivación, sino que lo es la deslealtad y que la ley tampoco es la motivación, sino que más bien lo mueve un impulso.
Pero no debemos confundir impulso con imprudencia.
Todo esto es parte de un esfuerzo más profundo que busca atacar los derechos de las personas inmigrantes y redefinir quiénes son estadounidenses. Eso comenzó el día de la inauguración del presidente cuando intentó eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho que figura explícitamente en la Constitución. Y es parte de los esfuerzos de revertir lo que algunos altos funcionarios del gobierno han calificado como una conspiración para alterar la composición del electorado.
En una entrevista, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, acusó a las administraciones anteriores de admitir a los inmigrantes para “convertirlos a todos en ciudadanos y luego dispersarlos para cambiar la demografía de todo el país”. Y durante la campaña electoral del año pasado, Stephen Miller, asesor de Trump, declaró: “Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses”.
Quitarles la ciudadanía a las personas ciudadanas para volver al electorado más “estadounidense” es probablemente uno de los actos más antiestadounidenses que se puedan imaginar. Hace más de un siglo, la Corte Suprema sostuvo que las personas ciudadanas naturalizadas están en igualdad de condiciones con quienes nacieron en el país y, durante décadas, la Corte Suprema ha dejado en claro que quitarles la ciudadanía debido a sus posturas o declaraciones “iría en contra de nuestras tradiciones”.
Somos una nación de inmigrantes y también una nación de leyes. Los tribunales de justicia deben continuar garantizando que esas leyes protejan a las personas ciudadanas naturalizadas de cualquier castigo por alzar la voz.
Traducción de Ana Lis Salotti
