- Esta medida podría tener implicaciones alarmantes para las libertades democráticas. Es más, continúa el patrón del presidente de esquivar los límites de sus poderes de emergencia para usurpar la función del Congreso y pasar por alto derechos legales.
- Los fundadores del país advirtieron de los peligros de un ejército que lucha contra los suyos, que podría convertirse fácilmente en un instrumento de tiranía.
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El presidente Donald Trump ha convertido la frontera sur, una franja del territorio federal de 60 pies de ancho y a lo largo de tres estados, en una “instalación militar” para “enfrentar la emergencia” que declaró anteriormente respecto a la inmigración ilegal y el narcotráfico.
El memorando de Trump que autoriza esta medida parece tener como propósito eludir la Ley Posse Comitatus, que bajo circunstancias normales prohíbe que las fuerzas armadas federales realicen actividades policiales dentro del país. Según parece, el plan es dejar que los militares actúen como fuerza policial fronteriza de facto y que los soldados capturen, registren y detengan a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.
Esta medida podría tener implicaciones alarmantes para las libertades democráticas. Es más, continúa el patrón del presidente de esquivar los límites de sus poderes de emergencia para usurpar la función del Congreso y pasar por alto derechos legales.
Utilizó indebidamente una ley que tiene como propósito solucionar emergencias económicas para imponer aranceles a todos los países del mundo. Declaró una falsa “emergencia energética” para promover la producción de combustibles fósiles. Resucitó una facultad usada en tiempos de guerra que data de varios siglos para deportar a inmigrantes venezolanos, sin el debido proceso, a una prisión salvadoreña que es conocida por sus violaciones de derechos humanos.
A medida que se acumulan los abusos presidenciales, estos destacan la urgente necesidad de que el Congreso y los tribunales reafirmen sus funciones como frenos al poder ejecutivo.
La Ley Posse Comitatus y la Doctrina del Propósito Militar
La semana pasada, las fuerzas armadas anunciaron que los soldados movilizados a la frontera entre Nuevo México y México tendrán “mayor autoridad” porque están en territorio que ahora está designado como parte del Fuerte Huachuca, Arizona, una base militar ubicada a más de 100 millas. Las nuevas facultades incluyen el poder de “detener temporalmente a intrusos” en la “instalación militar” y “realizar cateos rápidos de intrusos . . . para velar por la seguridad de los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y las propiedades del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés)”.
Bajo circunstancias comunes, registrar y capturar a migrantes iría en contra de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe que las fuerzas armadas federales participen directamente en actividades que aplican leyes civiles a no ser que el Congreso o la Constitución lo autoricen expresamente. La ley, de origen angloestadounidense y que se remonta a varios siglos antes de la Constitución, frena la interferencia militar en asuntos civiles. Sirve de importante control de la autoridad presidencial y es una vital medida de protección tanto de la libertad personal como la democracia.
No obstante, hay varias excepciones. La más significativa, la Ley de Insurrección (Insurrection Act) que Trump propuso usar para combatir la inmigración ilegal (aunque por ahora, sus secretarios de defensa y seguridad nacional, según informes, no recomiendan el uso de dicha medida).
Al autorizar a los soldados a realizar capturas y detenciones en territorios que se designaron recientemente como “instalación militar”, el presidente aprovecha una laguna legal menos conocida en la Ley Posse Comitatus, denominada la “Doctrina de Propósito Militar”.
La doctrina, concebida por el poder ejecutivo y respaldada por las cortes, afirma que un operativo realizado para fines militares no va en contra de la Ley Posse Comitatus incluso si brinda un beneficio incidental a la aplicación de leyes civiles.
Un clásico ejemplo es cuando una persona ha manejado ebria en una base militar. Los soldados pueden detener legalmente al intruso hasta que las agencias civiles de la ley lo pongan bajo custodia. Esto no incumple la Ley Posse Comitatus porque el propósito principal de la actividad militar no es hacer valer las leyes contra manejar embriagado, sino mantener el orden en la base y proteger la instalación y el personal militar.
Al convertir gran parte de la frontera sur en una “instalación militar”, el poder ejecutivo ahora asume la posición de que cualquiera que cruce la frontera sin autorización en dichas zonas no solo incumple las leyes de inmigración, sino que también ingresa ilegalmente a una instalación militar. Por lo tanto, los soldados federales tienen una razón militar legítima, según su argumento, para capturar, registrar y detener a los migrantes sin trasgredir la Ley Posse Comitatus y sin que sea necesario que el presidente invoque la Ley de Insurrección.
Evaluación de la legalidad del decreto
El uso de la doctrina de propósito militar para justificar la participación militar directa en el cumplimiento de las leyes de inmigración es una artimaña obvia para evadir la Ley Posse Comitatus sin autorización del Congreso. Se supone que la doctrina solo se puede aplicar a casos en que cualquier beneficio policial es puramente fortuito. En este caso, la situación es la opuesta.
La justificación nominal para capturar y detener a migrantes que cruzan la frontera es proteger las instalaciones. Pero estas se crearon exclusivamente para capturar y detener a migrantes, como también lograr su deportación. En el memorando, esto se describe como “sellar la frontera” y “repeler la invasión” en la frontera.
Sin embargo, independientemente de la manera en que el gobierno de Trump presente estas actividades, son funciones policiales civiles. No puede convertirlas en operativos militares usando incorrectamente el lenguaje de guerra de manera intencional. Estas actividades de aplicación de leyes civiles no son “fortuitas”; son la razón por la que se creó la instalación. Además, capturar a migrantes que “ingresan ilegalmente” a la instalación es la principal manera en que se cumple con esta misión policial.
Este uso de las fuerzas armadas es fundamentalmente diferente de los despliegues fronterizos que han tenido lugar durante recientes administraciones presidenciales, desde George W. Bush hasta Joe Biden. La función militar hasta ahora se ha limitado al apoyo logístico, como ayudar a los agentes fronterizos con vigilancia, construcción de infraestructura y trasporte.
Brindar ese apoyo no constituye participación directa en la aplicación de la ley, por lo que no va en contra de la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, hacer que los soldados desempeñen deberes policiales como capturar o detener personas sí excede los límites legales.
La medida también esquiva un estatuto separado que requiere la aprobación del Congreso para que el Pentágono tome control de más de 5,000 acres de tierras federales, excepto “en tiempos de guerra o emergencia nacional”. En este caso, para transferir el control de las tierras del Departamento del Interior, Trump se basa en una declaración de emergencia nacional que emitió el 20 de enero para afrontar la supuesta “invasión” en la frontera sur, en la que aseguró que “nuestra frontera sur ha sido invadida”.
Pero el 2 de marzo, Trump publicó triunfalmente en redes sociales que “la Invasión de nuestro País HA TERMINADO” y agregó que durante el mes previo, “muy pocas personas cruzaron”. Su gobierno sigue destacando que el número de cruces fronterizos ilegales es el más bajo en décadas. Datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection) correspondientes a marzo confirman una reducción mensual del 95 por ciento en los cruces no autorizados.
Dejando de lado la cuestión de si existía una emergencia, debidamente definida el 20 de enero (no es el caso), el gobierno de Trump ha presentado un argumento contundente de que ya no existe tal emergencia. Trump debe anular la declaración de emergencia en vez de depender de ella para transferir tierras federales al Departamento de Defensa.
Por qué es importante
Aparte de las preocupaciones legales, hay razones prácticas por las que las fuerzas armadas de Estados Unidos no deberían participar en el cumplimiento de las leyes de inmigración. Los soldados federales están capacitados para luchar y destruir al enemigo; por lo general, no tienen entrenamiento para velar por el cumplimiento de las leyes nacionales.
Pedirles que realicen labores policiales pone en peligro a los migrantes, a los ciudadanos estadounidenses que invaden sin advertirlo tierras federales en la frontera y a los propios soldados. Además, distrae a las fuerzas armadas en un momento en que ya están sobrecargadas de su misión principal de proteger a Estados Unidos de adversarios extranjeros.
Usar a las fuerzas armadas para patrullar la frontera también conlleva riesgos. Si se permite que los soldados asuman funciones policiales internas en la frontera, podría ser más fácil justificar el uso de los militares en el interior de Estados Unidos en el futuro. Los fundadores del país advirtieron de los peligros de un ejército que lucha contra los suyos, que podría convertirse fácilmente en un instrumento de tiranía.
De igual manera, el uso incorrecto por Trump de los poderes de emergencia tiene mayores consecuencias. Las declaraciones de emergencia dan pie a facultades mayores que están encapsuladas en 150 disposiciones diferentes de la ley. Muchas de estas son mucho más poderosas que la capacidad de transferir tierras federales al Departamento de Defensa. Entre ellas están la autoridad para controlar o cerrar instalaciones de comunicaciones, congelar activos de estadounidenses y controlar el trasporte dentro del país.
Si se pueden invocar los poderes de emergencia para la seguridad nacional en un momento en que los cruces fronterizos ilegales han alcanzado un histórico declive, muy poco impediría que un presidente declare emergencias falsas para invocar estas alarmantes facultades.
Función de los tribunales y el Congreso
Lamentablemente, podría ser difícil investigar los abusos por el presidente. La Ley Posse Comitatus es un estatuto penal, y quienes lo incumplen pueden ser procesados. Pero no está claro si una trasgresión puede servir de fundamento para que los migrantes cuestionen su detención.
En cuanto al uso indebido por Trump de los poderes de emergencia, las cortes suelen ser reacias a cuestionar la decisión de un presidente sobre si existe una emergencia (aunque en este caso, las propias declaraciones del ejecutivo podrían bastar para superar la presunción de deferencia). Asimismo, con las leyes actuales, es muy difícil que el Congreso suspenda una declaración de emergencia nacional o revierta medidas que tome un presidente usando sus poderes de emergencia.
Estos retos destacan la urgente necesidad de que el Congreso cree verdaderos controles para el uso de los poderes de emergencia y las facultades de movilización interna. El año pasado, los comités de la Cámara de Representantes y el Senado, con apoyo casi unánime tanto de demócratas como republicanos, aprobaron propuestas legislativas que habrían facilitado mucho que el Congreso suspenda declaraciones de emergencia.
El Congresista republicano Andy Biggs de Arizona propuso una legislación similar en enero. El Brennan Center también ha propuesto varios cambios importantes a la Ley Posse Comitatus que cerrarían los vacíos legales que amenazan con socavar la ley.
Quizá no sea posible aprobar estas reformas pronto, pero la lucha contra el abuso de poder ejecutivo no es solo una cuestión a corto plazo. Comprender las formas en que las acciones de Trump atentan contra el estado de derecho hoy en día pueden generar apoyo para promulgar reformas en el futuro.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
