- Margy O’Herron revela cómo funciona el sistema de inmigración, qué cosas han cambiado con la actual administración y qué nuevos desafíos enfrenta el sistema.
- Muchas comunidades —en especial latinas— están lidiando con un panorama en constante movimiento de amenazas e incertidumbre sobre sus derechos y su seguridad.
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Esta entrevista se publicó originalmente en Univision
Los esfuerzos del presidente Trump por acelerar y masificar las deportaciones han concentrado aún más la atención sobre el sistema de inmigración. Su administración está intentando llevar a cabo deportaciones masivas, presionando a los estados para que colaboren y reprimiendo las protestas.
Mientras avanzan en los tribunales las disputas judiciales contra estas políticas cada vez más agresivas y surgen nuevas tácticas de control inmigratorio, muchas comunidades, especialmente las latinas, están lidiando con un panorama en constante cambio, marcado por amenazas e incertidumbre sobre sus derechos y su seguridad.
En esta entrevista, Margy O’Herron, investigadora fellow sénior del Brennan Center for Justice, revela cómo funciona el sistema de inmigración, qué ha cambiado bajo la actual administración y qué nuevos desafíos enfrenta el sistema. O’Herron se desempeñó como asesora sénior de políticas de inmigración en la Casa Blanca durante la administración Biden y trabajó en el Departamento de Justicia, donde gestionó la cartera de inmigración de la oficina del vicefiscal general y formó parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Gabriella Sanchez: Como alguien que ha visto el sistema de inmigración desde adentro, ¿qué aspectos cree que la gente desconoce?
Margy O’Herron: Creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo difícil que es inmigrar legalmente a los Estados Unidos. En los debates políticos, oímos decir que, si alguien quiere venir, debe “hacer cola” o “hacerlo como corresponde”. Sin embargo, en verdad solo hay tres caminos legales para venir a vivir a este país: solicitar la autorización a través de un familiar, a través de un empleador o por motivos humanitarios.
Todas estas vías tienen limitaciones. Muchas visas para familiares y de trabajo tienen cupos máximos anuales, y estos no se han incrementado al mismo ritmo que el número de solicitantes. También hay cupos máximos en el sistema de refugiados, que permite a la persona solicitar un permiso desde afuera del país para entrar y vivir en los Estados Unidos por razones humanitarias. El presidente Trump acaba de anunciar un límite de 7,500 personas para el año que viene, un mínimo histórico.
Hay otra vía distinta para legalizar el estado migratorio de las personas que ya viven en los Estados Unidos, y este es otro dato que puede sorprender a mucha gente. El sistema de asilo está diseñado para que las personas que están dentro del país o en la frontera puedan solicitar permiso para permanecer en el país si enfrentan persecución en sus países de origen. Pero hay requisitos estrictos para entrar en esta categoría, y la gran cantidad de casos pendientes suele hacer que los solicitantes de asilo tengan que esperar años para recibir una decisión.
Sanchez: ¿Qué es la Junta de Apelaciones de Inmigración y cómo influyen sus decisiones en el control inmigratorio?
O’Herron: La Junta de Apelaciones de Inmigración está compuesta por 15 miembros, denominados “jueces de apelaciones de casos de inmigración,” que revisan las decisiones de los jueces de los 73 tribunales de inmigración del país.
Por lo general, si el gobierno quiere deportar a alguien que haya vivido en los Estados Unidos durante al menos dos años, debe presentar el caso ante un tribunal de inmigración. Estos tribunales son parte del Departamento de Justicia y le dan a la persona la oportunidad de argumentar las razones por las que no deberían deportarla. Por ejemplo, si un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arresta por error alguien con ciudadanía estadounidense o con una visa válida, esa persona puede mostrarle las pruebas al juez y evitar que la deporten.
Después de que un juez de inmigración emite su decisión, ICE o la persona afectada puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Los jueces de inmigración tienen la presión de oír y decidir varios casos al día, por lo que es difícil que se tomen el tiempo de realizar una investigación profunda o un análisis detallado del caso. La junta se asegura de que el juez haya aplicado la ley correctamente.
Los jueces de inmigración de todo el país deben cumplir con las decisiones de la junta, a menos que un tribunal federal o la fiscalía general dictamine lo contrario. Las decisiones de la junta también deben ser cumplidas por otros funcionarios de inmigración, como los agentes de la patrulla fronteriza, los agentes y abogados de ICE y los funcionarios del sistema de asilo.
Sanchez: ¿Cómo han cambiado las circunstancias para la junta y los jueces de inmigración en general desde que Trump asumió la presidencia?
O’Herron: Desafortunadamente, la actual administración ha despedido al menos a 100 jueces de inmigración y de apelaciones de casos de inmigración, lo cual representa un 14 por ciento de su plantilla total. No se les informó que hubieran hecho algo mal; solo se les dijo que el presidente tenía el derecho de despedirlos. Pero esta no es la forma en que sus cargos, que son todos puestos de carrera a nivel federal, se percibían durante las administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas.
Esta administración ha comenzado ahora a nombrar a abogados militares sin experiencia en inmigración para ocupar los puestos vacantes. Esta medida no tiene precedentes y es posible que sea ilegal. También oscurece los límites entre el personal civil y militar, una división considerada fundamental para la democracia de los Estados Unidos desde su fundación.
Además, una ley reciente hace mucho más costoso apelar las decisiones de los jueces de inmigración, ya que aumentó el costo de presentar una apelación de $110 a $1,010 por persona. Este aumento creará un sistema de justicia paralelo en el que solo las personas con dinero podrán ejercer su derecho de apelación.
Sanchez: ¿Cómo ha cambiado el proceso de toma de decisiones dentro del sistema de inmigración bajo esta administración?
O’Herron: Se ha producido un cambio en la forma de ejercer el poder discrecional, en comparación con el modo en que las cosas funcionaban antes de yo dejara el gobierno a comienzos de este año.
Un grupo importante de personas que toman decisiones son los abogados de ICE, que se desempeñan como fiscales en los tribunales de inmigración. Por lo general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emite directrices que describen sus prioridades de cumplimiento, y los fiscales tienen cierta flexibilidad para tomar decisiones dentro de esas directrices.
Durante las presidencias de Obama y Biden, los abogados de ICE tenían mucha flexibilidad, es decir, ejercían una importante discreción, para cerrar casos temporalmente o darlos por terminados. Por ejemplo, si un empresario estadounidense había presentado una solicitud de visa ante el DHS en nombre de una persona inmigrante con un proceso de deportación pendiente, sería lógico suspender su caso de deportación. Esto liberaría al tribunal para que se ocupe de otros casos de inmigración más prioritarios, como las solicitudes de asilo o los casos donde la persona haya cometido un delito.
Bajo la administración de Trump, los abogados de ICE a menudo están usando su poder de discreción para pedirles a los jueces que desestimen un caso para poder colocar a la persona en un proceso de deportación expedita. Este proceso ofrece menos protecciones legales que los procedimientos judiciales normales de inmigración y puede terminar en la deportación de la persona en unos pocos días.
Durante décadas, las deportaciones expeditas solo se usaban para inmigrantes que llevaban poco tiempo en los Estados Unidos. La expansión de su uso por parte de esta administración es actualmente objeto de disputas judiciales.
Los jueces de inmigración son las otras figuras clave en la toma de decisiones dentro del sistema. Los reglamentos existentes otorgan a los jueces discreción para decidir cómo llevar a cabo sus audiencias y cómo decidir los casos, y pueden cerrar o dar por terminado un caso bajo ciertas circunstancias. Pero el director de la oficina que supervisa los tribunales de inmigración ha emitido un memorando en el que sugiere que este reglamento no es legítimo, lo cual es una movida muy inusual, porque evade el requisito legal que dice que el público debe tener la oportunidad de realizar comentarios sobre este tipo de cambios.
Además, algunos jueces de inmigración que ya no trabajan en el Departamento de Justicia han señalado que sentían mucha presión para emitir dictámenes a favor de las deportaciones mientras trabajaban para esta administración.
Sanchez: Hay muchos videos que muestran comportamientos agresivos o abusivos por parte de oficiales de inmigración, a menudo sin consecuencias claras. ¿Qué controles existen para responsabilizar a estos agentes y qué tan bien funcionan en la práctica?
O’Herron: Es muy difícil. Si bien hay muchos oficiales de inmigración que tratan a los inmigrantes con respeto, todos los días vemos noticias de personas que son tratadas con un nivel de violencia innecesario. Las sacan a la fuerza de sus autos o sus trabajos, les atan las manos, las tiran al suelo, y las colocan en centros de detención en condiciones inseguras y poco higiénicas.
La Corte Suprema hace poco emitió una orden que permite, al menos por ahora, a los oficiales de ICE seguir arrestando a personas en base a su raza, etnicidad, idioma o puesto de trabajo aparente. Darle a ICE una luz verde para seguir arrestando a personas que se ajustan al perfil de un inmigrante latino sin ninguna protección puede dar lugar a mayores abusos.
Para poner un freno a estos abusos, una opción es presentar una denuncia en el propio Departamento de Seguridad Nacional. Hay varias oficinas que procesan estas denuncias, como la Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles. Desafortunadamente, la administración ha reducido mucho el personal de esta última oficina, pero presentar una denuncia allí sería igualmente una forma de registrar el abuso y presionar al gobierno para que ponga freno a estos comportamientos indebidos.
También es posible presentar una demanda judicial contra los oficiales por violar la Constitución o la ley. Estas demandas no son fáciles de ganar, pero sí son un importante mecanismo de control.
La rendición de cuentas a nivel político y público también es primordial. Se ha vuelto más difícil identificar a los oficiales porque muchos usan máscaras, pero los videos que muestran a oficiales de inmigración actuando de manera ilegal y las historias que comparte la gente pueden marcar una gran diferencia. Decirles a los funcionarios electos lo que estás viendo y cómo te está afectando a ti y a tu comunidad es una forma importante de abogar por el cambio. Todos los videos y testimonios ayudan a los demás estadounidenses a darse cuenta de lo que está pasando exactamente.
Sanchez: ¿Qué aspectos del sistema de inmigración deben repararse con más urgencia?
O’Herron: Estoy muy preocupada por el debido proceso, que se refiere a la protección que ofrece la Constitución contra la posibilidad de que el gobierno le quite la vida, la libertad o los bienes a una persona sin seguir los procedimientos legales justos.
Ya hemos visto cómo esta administración intenta socavar el debido proceso. Como dije antes, los abogados de ICE están colocando a muchos inmigrantes en procesos de deportación expedita, donde es más difícil defenderse. La administración también les está negando a los inmigrantes el derecho a una audiencia de fianza, y el presidente invocó ilegalmente una ley de tiempos de guerra para deportar a inmigrantes sin audiencia judicial.
Estos problemas podrían agravarse. Durante muchos años, el financiamiento para el control inmigratorio ha superado el financiamiento para los tribunales de inmigración y el procesamiento de las solicitudes legítimas. La nueva ley presupuestaria que el Congreso aprobó en julio potencia aún más esta tendencia, ya que aumenta el presupuesto de ICE un 300 por ciento y limita el aumento para los tribunales de inmigración a un 14 por ciento.
Por lo tanto, si bien habrá una enorme expansión del control inmigratorio y el número de personas detenidas para su deportación, el gobierno no está contratando suficientes jueces para procesar todos esos casos. Eso significa que habrá abogados militares sin la capacitación adecuada decidiendo casos, las personas quedarán detenidas mientras los jueces de inmigración trabajan para resolver los casos pendientes, o bien las personas no tendrán ninguna audiencia judicial.
A pesar de la retórica del gobierno de estar deportando a “los peores de los peores” criminales, se ha revelado que las políticas de inmigración afectan a numerosos inmigrantes que no han cometido delitos. Muchas personas entraron al país legítimamente o tenían un estatus de protección temporal que era legítimo pero luego fue anulado por esta administración. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido arrestados y detenidos.
Los problemas del sistema de inmigración se han ido agravado durante décadas. El sistema no ha tenido los suficientes recursos para satisfacer la demanda, y las leyes de inmigración son anticuadas y complicadas. No todo se puede arreglar con más dinero, pero la enorme expansión de recursos podría ser una oportunidad para hacer que este sistema sea más eficiente sin comprometer los principios jurídicos fundamentales, como el de justicia y el debido proceso.
En lugar de priorizar únicamente las deportaciones, que arrastra a inmigrantes entraron legalmente al país o que han vivido en los Estados Unidos legalmente, también se deben destinar fondos a la verificación de las solicitudes humanitarias, como las de asilo, el procesamiento de las solicitudes legales de inmigración y la realización de audiencias en los tribunales de inmigración.
Traducción de Ana Lis Salotti.
