- Estudios han demostrado que aun cuando los niños son detenidos junto a su familia, la detención puede tener graves consecuencias para su salud física y mental.
- Es difícil evaluar el trato a los niños indocumentados bajo custodia federal porque la administración ha obstaculizado la supervisión en centros de detención, incluyendo aquellos que albergan a menores.
Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
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Este mes, una jueza federal rechazó el intento de la administración Trump de poner fin a un acuerdo jurídico vigente desde los años 90 que establece protecciones básicas para el trato de niños migrantes en custodia del gobierno.
Conocido como el acuerdo Flores, la conciliación jurídica de 1997 establece estándares de cuidado para niños y niñas migrantes. Por ejemplo, requiere que sean liberados lo antes posible con un familiar u otro adulto responsable, y que se les mantenga en el entorno menos restrictivo posible y que las condiciones sean seguras y salubres.
Pero varios estudios demuestran que la detención es perjudicial para la niñez. La administración debería ponerle fin a esta práctica y adoptar enfoques más humanos.
En mayo, el Departamento de Justicia entabló una moción para terminar el acuerdo Flores, argumentando que leyes recientes, junto con políticas internas de la agencia y otras normativas, hacen que el acuerdo sea innecesario.
Un grupo de abogados de inmigración presentó una demanda en junio para detener los intentos del gobierno federal de ponerle fin al acuerdo Flores. La demanda se basa en entrevistas con personas detenidas en dos centros y preocupadas por los derechos humanos. Por ejemplo, 40 de las 90 familias que entrevistó RAICES, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes, hablaron de negligencia médica. En un caso, un bebé de nueve meses, según reportes, perdió ocho libras durante un mes de detención.
La jueza en ese caso falló en contra del gobierno, afirmando que el gobierno no había identificado nuevos hechos o leyes que justificaran terminar con el acuerdo.
Estudios han demostrado que aun cuando los niños son detenidos junto a su familia, la detención puede tener graves consecuencias para su salud física y mental. Un estudio sobre las condiciones en el centro de detención de familias en el condado Karnes, en Texas, encontró evaluaciones y seguimientos médicos inadecuados para enfermedades crónicas existentes, casos de malnutrición y tuberculosis. Además, encontró protocolos inadecuados en la evaluación de la salud mental. Expertos en salud pública concluyeron que “no existe una manera humana de detener a niños y niñas y ninguna versión de la detención familiar es aceptable”.
La administración Biden efectivamente frenó la práctica de detener a familias con niños en centros de detención migratorios, lo cual fue común durante la primera presidencia de Trump. Después de eliminar esa práctica, la administración Biden incrementó el uso de monitoreo electrónico, programas de gestión de casos y otras alternativas a la detención.
Las alternativas a la detención han demostrado ser exitosas. En un programa, por ejemplo, el 99 % de las familias cumplieron con sus citas migratorias, y el costo fue significativamente menor al de la detención. Ahora, la administración Trump no solo está reanudando la detención generalizada de familias, también ha hecho cambios que van a incrementar el número de niños y niñas migrantes que son puestos bajo custodia federal.
Pero es difícil evaluar el trato a los niños indocumentados bajo custodia federal porque la administración ha obstaculizado la supervisión en centros de detención, incluyendo aquellos que albergan a menores. La administración ha bloqueado a miembros del Congreso de ejercer su derecho legal de visitar estos centros de detención.
También ha cerrado efectivamente despachos internos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que monitorean las condiciones de detención en tiempo real.
Leecia Welch, abogada con Children’s Rights —un grupo jurídico sin fines de lucro que representa a menores bajo custodia del gobierno— dijo recientemente al diario New York Times que el fallo de este mes de la jueza Dolly M. Gee del Juzgado Distrital Federal del Distrito Central de California sobre el acuerdo Flores “es un gran alivio”.
“Flores es la última línea de defensa contra los planes de esta administración de acorralar y detener a menores indefinidamente en condiciones que ningún niño merece”, señaló Welch.
La primera administración Trump intentó y falló en deshacerse del acuerdo Flores en 2019. Ahora se anticipa que apele el último fallo, y ese caso puede llegar a la Corte Suprema de EE. UU.
La administración debería ponerle fin a la detención familiar y utilizar la gestión de casos, que es un enfoque más económico y humano e igual de eficiente. Cuando sea necesario detener a menores, el gobierno debe honrar las disposiciones del acuerdo Flores mejorando las condiciones y trasladando rápidamente a los niños fuera de los centros de detención.
Traducción de Laura Gómez
