- La segunda administración Trump está recogiendo el trabajo donde lo dejó, presentando por lo menos 25 demandas en los primeros 10 meses de 2025.
- Según la ley, hoy en día, el gobierno puede avanzar procesos de desnaturalización solo si la naturalización fue obtenida ilegalmente o si se ocultaron hechos que descalifican en la solicitud de ciudadanía.
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La administración Trump y sus simpatizantes han amenazado, en numerosas ocasiones, con revocar la ciudadanía de sus enemigos políticos que son ciudadanos naturalizados. Pero si el gobierno emprende ese camino, se encontrará con una ardua batalla jurídica.
Más recientemente, estos llamados señalaron al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Los aliados del presidente en Capitol Hill exigían que el Departamento de Justicia lo “desnaturalizara y deportara”. El mismo presidente Trump —antes de su amable reunión en la Casa Blanca de la semana pasada— sugirió que Mamdani era un “comunista” y que “estaba aquí ilegalmente”, repitiendo la retórica de la era McCarthy, en la cual una presunta simpatía con el comunismo era suficiente para costarle a una persona su empleo o podría hasta ser deportada.
Mamdani es uno de los casi 25 millones de ciudadanos naturalizados que actualmente viven en los Estados Unidos. La iniciativa para investigar la ciudadanía de Mamdani es la última maniobra en el intento más amplio de la administración por reescribir lo que significa ser una persona ciudadana de los Estados Unidos— y seguirlo siendo. A los abogados del Departamento de Justica se les instruyó “priorizar y perseguir al máximo los procesos de desnaturalización”. Antes de eso, el presidente emitió una orden ejecutiva intentando ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento, la cual está garantizada por la Decimocuarta Enmienda y más de un siglo de jurisprudencia de la Corte Suprema.
Según la ley, hoy en día, el gobierno puede avanzar procesos de desnaturalización solo si la naturalización fue obtenida ilegalmente o si se ocultaron hechos que descalifican en la solicitud de ciudadanía. Pero durante gran parte del siglo XX, esto fue mucho más fácil de lograr.
Más de 22,000 estadounidenses perdieron su ciudadanía entre 1907 y 1967 con base a su afiliación política, raza y género, según el experto en desnaturalización Patrick Weil. La administración del presidente Woodrow Wilson empezó a desnaturalizar a los ciudadanos nacidos en Alemania y en Asia duranta la Primera Guerra Mundial, y también a los anarquistas y a personas que alzaban su voz para oponerse a la guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se intensificó una iniciativa para desnaturalizar a los ciudadanos naturalizados de Alemania, Italia y Japón. El objetivo principal incluyó a los miembros de la Federación Germano-Estadounidense, un movimiento pronazi, por deslealtad e insuficiente adhesión a los principios de la Constitución.
Después de la guerra, el segundo periodo de temor rojo se apoderó de un país temeroso del comunismo interno en medio de su expansión en el extranjero. El senador Joseph McCarthy, de Wisconsin, lideró una caza de brujas, utilizando la desnaturalización a menudo como una herramienta contra las personas acusadas de ser comunistas o simpatizantes. Entre aquellos que fueron blanco de esos ataques estuvo Harry Bridges, un líder sindical nacido en Australia acusado de ser comunista, quien enfrentó una campaña para revocarle su ciudadanía que finalmente no tuvo éxito. La Corte Suprema falló a su favor. No una, sino dos veces.
A través del siglo XX, la jurisprudencia del Supremo evolucionó para proteger a los ciudadanos naturalizados —incluso aquellos con posiciones no populares durante la guerra— contra los esfuerzos por quitarles su ciudadanía. El Tribunal estableció restricciones a la capacidad del gobierno de revocar la ciudadanía en una demanda que desafiaba el intento de desnaturalizar a William Schneiderman, nacido en Rusia, por sus vínculos con el Partido Comunista.
La Corte escribió: “creemos que los hechos y el derecho deben interpretarse lo más razonablemente posible a favor del ciudadano”. También enfatizó que la ciudadanía no debe ser revocada con ligereza: “[Los Estados Unidos] debe asumir la pesada carga que recae sobre sí el demostrar la falta de afiliación mediante pruebas ‘claras, inequívocas y convincentes’”.
Pocos años después, la Corte Suprema advirtió contra la instrumentalización de los procesos de desnaturalización como un arma política. “Expresiones malhumoradas, opiniones extremas e incluso el fomento de ideas que contradicen nuestros ideales estadounidenses no deben recibir connotaciones desleales en ausencia de pruebas sólidas y convincentes de que ese es su significado”, escribió la mayoría de la Corte. “Cualquier otro camino de acción iría en contra de nuestras tradiciones y convertirá a los procesos de desnaturalización en un instrumento de fácil alcance para las persecuciones políticas”.
En 1967, la Corte falló que, según la Decimocuarta Enmienda, el gobierno no puede forzosamente privar a un ciudadano estadounidense naturalizado de su ciudadanía sin contar con el consentimiento de la persona ciudadana, excepto cuando la ciudadanía fue “procurada ilegalmente”.
En las siguientes décadas, las desnaturalizaciones se redujeron significativamente. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia presentó un promedio de solo 11 casos al año. Solo durante la administración Obama volvieron a incrementarse, ya que nuevas tecnologías permitieron que al gobierno examinara décadas de datos por algún indicio de un posible fraude. En 2016, el promedio anual incrementó a 15. Durante la primera administración Trump, el programa se expandió, incrementando el promedio anual a 25.
Aun así, la Corte Suprema permaneció renuente a aflojar los límites para la desnaturalización. En 2017, la Corte falló de forma unánime que la ciudadanía solo puede ser “ilegalmente procurada” si el acto ilícito, como hacer una declaración falsa, tiene una conexión causal a la adquisición de la ciudadanía. La Corte escribió que un fiscal no debería poder “revisar su papeleo” y presentar una demanda porque hacer eso le “daría a los fiscales una palanca casi ilimitada —y dejaría a los ciudadanos recién naturalizados con muy poca seguridad”.
La segunda administración Trump está recogiendo el trabajo donde lo dejó, presentando por lo menos 25 demandas en los primeros 10 meses de 2025. Según la información públicamente disponible, estos casos no están claramente dirigidos a opiniones políticas. Pero cualquier intento por utilizar la desnaturalización como un arma política enfrentará importantes obstáculos jurídicos. Los límites firmemente establecidos por la Corte Suprema sobre este proceso no son solamente sólidos, sino que también están profundamente arraigados en las protecciones garantizadas por las Enmiendas Primera y Decimocuarta.
Traducción de Laura Gómez
