- La mayor proporción de las asignaciones para operaciones de orden público en los Estados Unidos se destinará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para arrestar, detener y deportar a inmigrantes.
- El fondo de $170 mil millones asignado al control migratorio supera con creces los de otras agencias de orden público a nivel federal, estatal y local.
Esta columna se publicó originalmente en Just Security
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La ley presupuestaria, conocida como One Big Beautiful Bill Act, asigna más de $170 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para el control migratorio fronterizo e interior, con la meta escalonada de deportar a 1 millón de inmigrantes por año. Esta suma excede el presupuesto anual de todas las agencias policiales estatales y locales juntas en todo Estados Unidos.
La ley agrega millones de dólares al control fronterizo, pero mayor aumento porcentual se destinará a las tareas de detectar, arrestar, detener y deportar a inmigrantes que ya viven en los EE. UU., cuya mayoría no ha cometido ningún delito y muchos de los cuales tienen estatus legal.
Si bien el número de personas inmigrantes indocumentadas en los EE. UU. se ha mantenido bastante constante durante los últimos 10 años, la inmigración en general sí ha crecido desde la década de los 70, y se han tenido que incrementar los fondos para abordar ese aumento con justicia y eficiencia. Pero la magnitud y el foco de estos nuevos aumentos son impresionantes.
El paquete de fondos aprobado en julio de 2025 asigna enormes sumas de dinero a la deportación de inmigrantes, pero ignora los procesos necesarios para tener un sistema de inmigración justo y viable, por ejemplo, para que los tribunales de inmigración garanticen que no se deporte a personas ciudadanas o inmigrantes erróneamente.
El resultado será una maquinaria desequilibrada que priorizará solo el control migratorio. La mayoría de los centros de detención serán administrados por corporaciones privadas propietarias de prisiones y otros contratistas privados con fines de lucro, lo cual creará fuertes intereses económicos y políticos que harán muy difícil desmantelar el nuevo aparato.
En su conjunto, los contratos de detención y vigilancia a largo plazo, el fuerte incremento en la contratación de personal para el control migratorio, y los nuevos incentivos monetarios para hacer que las fuerzas policiales ahora prioricen el control migratorio, crearán un complejo industrial de deportación, una maquinaria de control migratorio con componentes financieros y políticos que perdurarán más allá de esta administración.
La magnitud y los destinatarios de la financiación aprobada en julio de 2025
La mayor proporción de las asignaciones para operaciones de orden público en los Estados Unidos se destinará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para arrestar, detener y deportar a inmigrantes.
El Congreso le dio a ICE $75 mil millones de dólares para los próximos cuatro años, es decir, unos $18.7 mil millones por año. Más los $10 mil millones que el Congreso ya le asignó a ICE en marzo para el año fiscal 2025, ICE ahora tiene $28.7 mil millones de dólares a su disposición para este año. Esta suma de $28.7 mil millones es casi el triple del presupuesto entero que tuvo ICE durante el año fiscal 2024.
Dos tercios de la financiación de ICE —$45 mil millones durante cuatro años— serán usados para detener a inmigrantes, posiblemente más de 100,000 personas por año. Los $11.25 mil millones agregados al presupuesto anual de ICE para detenciones representan un aumento del 400 % con respecto al año pasado y supera la solicitud presupuestaria del Departamento de Justicia del año fiscal 2026 para todo el sistema penitenciario federal, que alberga a 155,000 personas.
La ley permite explícitamente que ICE construya más instalaciones para encarcelar a familias, por lo general, madres con sus hijos, y no limita el tiempo de detención, lo cual viola claramente el acuerdo judicial que desde hace décadas limita la detención de niños a un máximo de 20 días.
El presupuesto también le asigna a ICE unos $30 mil millones a lo largo de cuatro años para rastrear, arrestar y deportar a inmigrantes, con lo cual le permite contratar a 10,000 oficiales nuevos. Esa suma representa un aumento del 300 % con respecto al presupuesto entero de ICE de $10 mil millones del año pasado.
Esta ley también asigna miles de millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ya recibió una asignación de $20 mil millones de dólares para el año fiscal 2025. La ley presupuestaria de julio da a la CBP casi $65 mil millones más para los próximos cuatro años, de los cuales casi $47 mil millones se destinarán para continuar con la construcción de un muro en la frontera de EE. UU. con México.
Este es un aumento drástico comparado a lo asignado para la construcción del muro fronterizo durante la primera administración Trump, cuando el Congreso asignó $5 mil millones y el presidente Trump ordenó al Departamento de Defensa que les diera otros $10 mil millones adicionales.
El resto de los fondos asignados por la ley presupuestaria de julio para la CBP, $18.2 mil millones, se destinará a los esfuerzos de contratación, instalaciones, tecnologías y vigilancia. La vigilancia de las comunidades fronterizas ya plantea importantes riesgos contra la privacidad que la CBP no ha hecho nada para resolver. Este drástico aumento en la financiación permitirá a la CBP potenciar esos esfuerzos, que invadirán aún más la privacidad de la población tanto ciudadana como no ciudadana y erosionarán la confianza en el gobierno.
Hay más fondos asignados para dar apoyo al control migratorio, destinados a jurisdicciones locales y estatales, que tendrán más de $10 mil millones para apoyar operativos policiales relacionados con el control migratorio. El Congreso también le dio al Departamento de Defensa mil millones de dólares y creó un fondo de $10 mil millones sin restricciones que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede asignar para cualquier propósito de control fronterizo.
La administración ya ha aumentado significativamente la presión sobre jurisdicciones locales para que firmen acuerdos con ICE con el objetivo de asistir en el control migratorio. Es probable que, al inyectar grandes sumas en jurisdicciones locales y estatales, estas terminen descuidando sus prioridades centrales de orden público.
El fondo de $10 mil millones sin restricciones —equivalente al presupuesto entero de ICE del año pasado— es como si fuera una zanahoria gigante que el DHS puede colocar en las narices de sus secciones, contratistas privados y agencias policiales locales y estatales para tentarlos a solicitar esos fondos y llevar a cabo actividades que son prioritarias para el DHS con una mínima rendición de cuentas.
¿Cómo se compara este gasto con los de otras agencias de orden público?
El fondo de $170 mil millones asignado al control migratorio supera con creces los de otras agencias de orden público a nivel federal, estatal y local. Excede los gastos anuales de la policía de todos los gobiernos locales y estatales de los 50 estados y el Distrito de Columbia juntos.
Hasta el presupuesto que recibe solo ICE este año —casi $29 mil millones— supera los presupuestos de todas las demás funciones federales de orden público juntas, que no sean de carácter migratorio; por ejemplo, excede los fondos asignados a agencias cuyas tareas de orden público consisten en la persecución de terroristas, delincuentes violentos, agresores sexuales, narcotraficantes de fentanilo y otras drogas, y traficantes de armas.
¿Recibirá fondos todo el sistema migratorio?
No. La ley presupuestaria incrementa significativamente los fondos para las deportaciones, pero no da financiación para mejorar el sistema o hacerlo más justo. Mientras la administración planea deportar a un millón de inmigrantes por año, la ley no aumenta de forma considerable el acceso a los tribunales de inmigración —que ya tienen acumulados casi 4 millones de casos pendientes— para evaluar si estas personas son ciudadanas o tienen algún otro derecho a permanecer en los Estados Unidos.
De hecho, la ley presupuestaria coloca un límite de contratación de 800 jueces nuevos de inmigración en los próximos tres años y medio. Este es un aumento del 14 %, comparado con el aumento del 400 % en la financiación para centros de detención de inmigrantes. Esta disparidad indica un plan de prescindir del debido proceso en las deportaciones o dejar a inmigrantes languidecer en centros de detención mientras esperan una audiencia.
El cuerpo actual de jueces de inmigración ya se encuentra desesperadamente al límite de sus capacidades, en especial después de que la administración removiera a 65 jueces de inmigración de sus cargos, cuando todos ellos eran personal de carrera.
La administración también ha tomado medidas para suspender todos los programas de orientación y ayuda legal que asisten a personas inmigrantes vulnerables a navegar el complejo sistema inmigratorio, incluso programas que ayudan a niños y familias que fueron separados durante la primera administración.
Además, la ley presupuestaria no asigna dinero para dar respaldo al procesamiento de solicitudes de ciudadanía o inmigración legítima por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que ya tiene un récord de 11.3 millones de casos pendientes.
¿Quiénes son las personas que ICE está arrestando y deteniendo?
Si bien la administración dijo en repetidas ocasiones que está deportando a lo “peor de lo peor”, sus redadas migratorias están arrastrando a muchas personas que no tienen antecedentes penales, a fin de cumplir con el objetivo que impuso la Casa Blanca de arrestar a 3,000 inmigrantes por día.
ICE también cambió su política para permitir arrestos en sitios donde antes no se podían llevar a cabo, de modo que están arrestando a madres delante de sus hijos cuando los llevan a la escuela, a personas inmigrantes cuando van a la iglesia y a solicitantes de asilo cuando solicitan protección en los tribunales de inmigración.
La administración también ha cambiado las reglas de forma repentina. A las personas inmigrantes que solicitaron y obtuvieron un estatus legal o de protección les han cancelado su estatus y ahora pueden ser objeto de deportación. Entre estas personas, se incluyen inmigrantes que recibieron legalmente un permiso de permanencia temporal (parole) cuando entraron al país o un estatus de protección temporal (TPS) por provenir de países sumidos en constantes disturbios civiles o desastres naturales.
Lo mismo ocurre con las personas cuya deportación había sido aplazada por razones humanitarias, como niños que esperan una visa tras haber sido abandonados o abusados. El gobierno se está moviendo rápidamente para arrestarlos, detenerlos y deportarlos. La inundación de estos nuevos fondos incrementará la cantidad de personas que pueden ser afectadas.
¿Qué señalan estas asignaciones de fondos acerca de las prioridades de la administración?
La administración alega que es necesario incrementar el control migratorio para aumentar la seguridad pública y nacional y que está priorizando el control migratorio por encima de todas las demás funciones de orden público, aunque los estudios indican que las personas inmigrantes no elevan los índices de criminalidad.
Sin embargo, la administración ha reasignado a agentes del FBI, de narcóticos y armas de fuego para que desatiendan sus funciones centrales y se dediquen a ayudar a perseguir inmigrantes. También ha recortado programas de prevención del delito que daban apoyo a iniciativas de reducción de la violencia y a investigaciones sobre justicia penal en 48 estados y territorios.
Para el año fiscal 2026, la administración propone más recortes de fondos, como la eliminación de 1,500 puestos en el FBI, la desfinanciación de otras agencias de orden público y los recortes en programas vitales diseñados para mejorar la seguridad de la población estadounidense.
En síntesis, todas las demás iniciativas federales de seguridad pública ahora se colocan en un segundo plano para priorizar los arrestos y las detenciones de inmigrantes, cuya enorme mayoría no tiene antecedentes penales. Del mismo modo, esta asignación de fondos de la administración deja en claro que la deportación es la prioridad más importante, aun cuando otros valores centrales —como el debido proceso para garantizar la correcta aplicación de las leyes— se puedan ver comprometidos.
¿Cuáles son los riesgos de este aumento brusco y masivo de fondos?
Es probable que ICE se apure a gastar todo su presupuesto, pero se precisa más que dinero para construir centros de detención, contratar a más personal y comprar equipos. También se precisa personal para contratar a gente y garantizar el cumplimiento con las reglas que rigen la contratación de personal y la adquisición de bienes. El apuro por gastar el dinero con rapidez seguramente se traduzca en una inyección de grandes sumas a favor de contratistas privados, presionados a acelerar los procesos a toda costa.
Las firmas privadas propietarias y administradoras de prisiones sacarán el mayor provecho económico del presupuesto de detenciones, dado que casi el 90 % de las personas bajo custodia de ICE ya se encuentran detenidas en prisiones privadas con fines de lucro.
Meses antes de que el presidente firmara la ley presupuestaria en julio, ICE ya había solicitado propuestas de contratos a firmas privadas para acelerar el proceso de contratación. Las dos compañías privadas más grandes han sido importantes donantes del presidente y una ha contratado a varios ex altos funcionarios de ICE. La supervisión de estos centros privados ha sido gravemente menoscabada porque la administración ha destrozado las oficinas de control del DHS y se está resistiendo a algunos intentos de control por parte del Congreso.
El apuro por gastar un presupuesto con un aumento del 300 % también debilitará la capacidad de ICE de contratar a personal de calidad (unos 10,000 oficiales de deportación). Según un informe del Inspector General en 2017, para contratar a 10,000 oficiales, ICE necesitaría a 500,000 solicitantes, pero esta necesidad de contratar a más gente ocurre en un momento en el que a las agencias policiales de toda la nación les ha costado ocupar sus puestos vacíos y los índices de desempleo son bajos.
ICE ya tiene una facultad especial de contratación que le permite pasar por alto los rigurosos procedimientos normales de contratación que debe seguir el personal federal, y los oficiales de deportación no tienen que cumplir con los mismos requisitos que otros oficiales policiales federales, tal como tener experiencia previa en el orden público. La presión por contratar con rapidez podría bajar aún más la calidad o saltarse pasos que harán más probable contratar a personas cuyos antecedentes laborales o penales deberían descalificarlas.
Otros esfuerzos anteriores para acelerar la contratación de 5,000 oficiales de la CBP —la mitad de los que planea contratar ICE— provocó un aumento en los índices de corrupción, incluidos casos de soborno por parte de organizaciones de narcotráfico y contrabando, que superaron con creces los índices de corrupción en otras agencias policiales.
¿En cambio, qué debería estar pasando?
Una postura que prioriza el control migratorio —cuyas operaciones de detención están mayormente a manos de compañías privadas con fines de lucro— creará una infraestructura de deportaciones perdurable que será difícil de revertir una vez que los fondos, los contratos y el personal se encuentren en marcha. Cuando una agencia recibe financiación y comienza a contratar y firmar contratos con firmas para que construyan instalaciones y refuercen el aparato de detención de inmigrantes en el país, se empieza a arraigar la expectativa de que esa financiación continuará y se hace difícil revertir la tendencia.
En lugar de un enfoque que priorice únicamente las deportaciones, la financiación debería estar más equilibrada para evaluar las alegaciones humanitarias, como las solicitudes de asilo, procesar más solicitudes de inmigración legítima y contratar a más jueces para llevar a cabo audiencias en los tribunales de inmigración.
Somos una nación de leyes —incluidas las leyes de inmigración—, y uno de los principios estadounidenses fundamentales afianzados en nuestra Constitución es que todas las personas tienen derecho al debido proceso para asegurarse de que las leyes se aplican con fidelidad y precisión. Las decisiones de financiamiento deben reflejar ese principio.
Traducción de Ana Lis Salotti.
