- Los abogados están entre los más destacados opositores que tratan de contener al poder ejecutivo con litigios y otros medios.
- Es esencial que no solo los abogados del gobierno sino que el resto de la profesión legal y el público entiendan las reglas, normas y compromisos que rigen el ejercicio del derecho en Estados Unidos.
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Durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Trump hubo decenas de decretos ejecutivos que parecen ir en contra de leyes de larga data, como también indultos políticos, investigaciones y juicios por razones políticas, y amenazas de contravenir órdenes judiciales, los cuales generaron gran preocupación sobre el Estado de derecho en Estados Unidos.
Los abogados en ejercicio desempeñaron un papel central en prácticamente todas estas controversias, lo que ha hecho que muchos analistas argumenten que no están cumpliendo con las reglas y normas que rigen la profesión legal.
En muchos casos, los abogados están entre los más destacados opositores que tratan de contener al poder ejecutivo con litigios y otros medios. El presidente, el fiscal general y otras figuras prominentes del poder ejecutivo han indicado que no son ellos sino sus opositores quienes están incumpliendo las reglas éticas.
En este entorno, es esencial que no solo los abogados del gobierno sino que el resto de la profesión legal y el público entiendan las reglas, normas y compromisos que rigen el ejercicio del derecho en Estados Unidos para que puedan juzgar con exactitud los actos del poder ejecutivo y los de sus opositores, y hagan que todos los abogados involucrados rindan cuentas si no cumplen con sus obligaciones éticas.
Los abogados del gobierno tienen responsabilidades particulares. El poder ejecutivo del gobierno federal tiene un poder enorme a su disposición: investigaciones, juicios penales, litigios civiles y medidas administrativas, que pueden afectar la vida de cada estadounidense y el pueblo en general. Estos poderes siempre han estado sujetos a abusos, lo que ha llevado a la creación de diversos controles internos sobre el ejecutivo para evitar que el poder del gobierno se use como arma. Además hay normas informales contra la conducta parcializada de fiscales de carrera y otros, incluso si solo hay apariencia de parcialidad.
Pero en años recientes se ha visto la erosión de estas salvaguardas, la cual se ha acelerado durante los meses iniciales de la segunda presidencia de Trump con la destitución de inspectores generales de agencias y el desplazamiento de otros supervisores internos del poder ejecutivo.
Sin embargo, esto no quiere decir que no hay ninguna salvaguarda. El derecho es una profesión autonormativa. Todos los abogados que lo ejercen, incluidos los del gobierno, están sujetos a diversas reglas y normas aplicadas por las cortes estatales y federales, directivas de colegios de abogados y la profesión en general. La erosión de los controles formales e informales contra el abuso del poder por la presidencia ha destacado la importancia de la pregunta sobre qué prohíben o no estas reglas y normas.
Para ayudar a responder esta pregunta, consultamos a decenas de expertos y profesionales de ética jurídica, y nuestras conclusiones reflejan sus comentarios.
En términos generales, las limitaciones más relevantes que se encuentran en las leyes constitucionales y estatutarias, normas judiciales, códigos de conducta profesional y recomendaciones de política de larga data del Departamento de Justicia y otras agencias se pueden resumir en por lo menos seis principios amplios:
- Se prohíbe la deshonestidad. El derecho penal y civil, y las normas de responsabilidad profesional y procedimientos judiciales prohíben estrictamente ser deshonesto con los tribunales, clientes, otros participantes en procesos legales y, en ciertos casos, incluso el público. Son ejemplos de deshonestidad tanto las declaraciones engañosas como la omisión de datos pertinentes. Los abusos de poder, incluidos los juicios por motivos políticos o partidistas, con frecuencia requieren cierto grado de deshonestidad, lo que daría pie al incumplimiento de dichas normas.
- Se prohíbe contravenir órdenes judiciales. Desobedecer abiertamente o alentar a un cliente a desobedecer un mandato judicial va en contra de múltiples normas disciplinarias y podría resultar en sanciones legales o un fallo de desacato criminal contra el abogado.
- Las investigaciones, los procesos y los juicios penales deben tener cierto fundamento legal, basarse en hechos y hacerse de buena fe. Iniciar procesos penales sin causa probable o demandas civiles sin fundamento justificable de hecho o derecho atenta contra muchas normas. Sin embargo, en casos civiles en particular, los requisitos para sanciones formales son altos. El hecho de que una acción civil sea novedosa de alguna manera, en particular si es presentada por una parte privada, no prueba una trasgresión sancionable.
- No se debe usar la aplicación de la ley para acosar, intimidar ni tomar represalias políticas, ni como retribución para lograr objetivos políticos no relacionados. Incluso iniciar investigaciones o acusaciones que tienen mérito para acosar o intimidar a adversarios o para ejercer presión política de algún tipo va en contra de muchas normas de agencias y otros estándares éticos que fueron aceptados hace tiempo para los abogados del gobierno. También tiene el potencial de trasgredir normas disciplinarias específicas en ciertas jurisdicciones.
- En general, se prohíben los conflictos de intereses y otros usos indebidos del cargo. Todos los abogados deben cumplir con las reglas sobre conflictos de intereses. Estas incluyen restricciones en la representación simultánea de un cliente directamente adverso a otro cliente, “ayudar a la parte contraria” entre dos clientes en un asunto particular o un conjunto de asuntos relacionados y representar a un cliente cuyos intereses se oponen considerablemente a los de un excliente en el mismo asunto o uno muy relacionado (lo que prohíbe que los abogados del gobierno participen en asuntos oficiales en los que trabajaron fuera del gobierno).
Por lo general, es posible pasar por alto estas normas si tanto los antiguos clientes como los actuales llegan a un acuerdo explícito (a efectos de la excepción, el “cliente” de un abogado del gobierno suele ser la agencia que lo emplea). Los abogados del gobierno también están sujetos a varias reglas de ética para empleados federales, lo que incluye la restricción de regalos, prohibición penal de participar en asuntos específicos en los que tienen un interés financiero y otras limitaciones. No es posible acordar pasar por alto la mayoría de estas restricciones.
- Los abogados son responsables por su propia conducta y la de sus subalternos. Se requiere que todo abogado activo obedezca las reglas de conducta profesional y otros estándares éticos. Por lo general, los fiscales de carrera y otros abogados gubernamentales subordinados no pueden evadir la responsabilidad por trasgresiones de ética argumentando que cumplían con las órdenes de un supervisor. Es más, es posible sancionar a supervisores por exigir conducta poco ética de los abogados que están a su cargo.
Cabe destacar que la trasgresión de las normas que se describen arriba puede ser motivo de serias consecuencias formales, incluidas multas, pérdida temporal o permanente del derecho de ejercer como abogado y reprimendas públicas por los tribunales y el colegio de abogados que pasan a ser parte del expediente permanente del jurista. Ciertas acciones que trasgreden las normas de ética jurídica también pueden ser ilegales y dar pie a cargos penales o civiles.
Pero el cumplimiento de los principales estándares y compromisos éticos es importante independientemente de si los abogados involucrados enfrentan algún tipo de sanción formal. Estos estándares son indicios importantes bajo los cuales los miembros de la profesión legal pueden juzgar la conducta de los abogados del gobierno y todos los estadounidenses pueden juzgar los actos del poder ejecutivo. Está en juego el futuro de la profesión y el bienestar a largo plazo de la democracia estadounidense.
Fuentes de las reglas y las normas que rigen a los abogados del gobierno federal
Las reglas, las normas y los compromisos que rigen a los abogados del gobierno federal provienen de diversas fuentes, entre ellas las reglas estatales de conducta profesional para abogados, las reglas de los tribunales, las políticas y prácticas de las agencias y, por supuesto, la Constitución y las leyes y normas federales.
Reglas de conducta profesional
Durante más de un siglo, el derecho ha sido una de las profesiones más reglamentadas en Estados Unidos. Cada estado y territorio tiene su propio código de conducta profesional creado por las cortes, que también retienen la autoridad final de sanción (pero la mayoría de los tribunales estatales han delegado a juntas y colegios de abogados estatales ciertas potestades de investigar y dictaminar respecto a acusaciones de mala conducta profesional). El Congreso ha dispuesto expresamente, por medio de la enmienda McDade-Murtha, 28 U.S.C. 530B, que los abogados del gobierno federal están sujetos a las normas de ética de los estados o territorios donde ejercen.
Estas normas varían en las diversas jurisdicciones conforme a las necesidades y prácticas locales, pero tienen muchos elementos en común. Casi todos los estados han adoptado una versión de las Reglas Modelo de Conducta Profesional (Model Rules of Professional Conduct o Model Rules) redactadas por el Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association o ABA, por sus siglas en inglés). Las Reglas Modelo del ABA no tienen fuerza de ley pero ofrecen un resumen útil de las normas estatales que existen y comentarios que las aclaran para su uso por abogados activos.
Si bien muchas reglas de conducta profesional abordan temas más específicos a los abogados privados —incluida la confidencialidad entre abogado y cliente, la responsabilidad fiduciaria y la negligencia profesional general— otras se aplican extensamente a todos los abogados, incluidos los del gobierno.
Estas incluyen estrictos requisitos de honestidad e integridad, restricciones de conflictos de intereses, estándares mínimos de competencia respeto a las leyes vigentes y estándares de responsabilidad profesional ante clientes, los abogados de la parte contraria y el público. Ciertas jurisdicciones, incluido el Distrito de Columbia y el estado de Nueva York, también tienen normas específicas para los abogados gubernamentales, en particular fiscales, como se menciona abajo.
Normas judiciales
Los abogados del gobierno federal también deben obedecer normas de procedimiento, tanto civil como penal, en las cortes federales. Por ejemplo, en los procesos civiles a nivel federal, tanto los abogados del gobierno como los privados están sujetos a la Regla 11 de las Normas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure o FRCP, por sus siglas en inglés).
Esta regla rige la firma de alegatos, mociones y otros documentos que se presentan ante el tribunal. Su propósito es asegurar que todos los documentos que se presenten se realicen de buena fe e impone ciertas responsabilidades a los abogados y las partes sin abogado para asegurar que lo que presenten no sea frívolo, carezca de base legal o tenga como propósito acosar o retrasar.
Si bien las Normas Federales de Procedimiento Penal (Federal Rules of Criminal Procedure) no tienen un equivalente directo a la Regla 11, existen directivas que cumplen con propósitos paralelos, como la Regla 4, que exige que un reclamo o declaración jurada de confirmación muestre causa probable a un juez auxiliar federal.
También se requiere mostrar causa probable antes de que se emita una orden de arresto o comparecencia. Este requisito de evidencia, que se basa en la Cuarta Enmienda, tiene como propósito evitar las acusaciones sin fundamento. La Regla 48(a), que permite que el gobierno retire cargos solo con el consentimiento de un juez (lo que se denomina “venia del tribunal”), también se ha interpretado como una protección de los acusados contra el acoso de la fiscalía y sirve de control sobre la discreción del fiscal.
Políticas de agencias
El Departamento de Justicia y otras agencias han adoptado medidas de protección ética adicionales por medio de la política interna y normas de larga data que se aplican a sus abogados. Por ejemplo, los fiscales del departamento están sujetos al Manual de Justicia (Justice Manual), una recopilación integral de medidas y normas hecha por la Oficina Ejecutiva para Fiscales Federales del departamento.
Este manual se creó en parte para asegurar el cumplimiento de otras normas de ética, pero también impone obligaciones adicionales a los fiscales federales.
Por ejemplo, el Justice Manual exige que los fiscales federales inicien procesos solo si hay un importante interés federal y evidencia considerable que casi garantiza una condena, y prohíbe que los fiscales inicien acciones legales para promover sus intereses políticos o personales.
Además, las reglas del departamento prohíben también que el personal participe en procesos que involucran a personas con las que tienen una relación personal o política. Muchos abogados en otras agencias, como el Cuerpo de Asesores Jurídicos de las Fuerzas Militares (Judge Advocate General’s Corps), están sujetos a normas similares.
Leyes constitucionales y estatutarias
Por supuesto que los abogados del gobierno también deben obedecer todas las leyes constitucionales y estatutarias vigentes. Estas normas suelen estar relacionadas con las acciones oficiales de un abogado, no su conducta personal, pero hay excepciones importantes. Por ejemplo, ciertas trasgresiones constitucionales —como retener pruebas exculpatorias en contra de los derechos al debido proceso del acusado— pueden resultar también en el incumplimiento por el fiscal de la obligación ética de tratar honestamente a la contraparte, como se menciona abajo.
Y ciertos estatutos —en particular, las restricciones sobre conflictos de intereses y otros estatutos de ética para empleados federales— reglamentan expresamente la conducta personal de los abogados del gobierno en sus cargos.
Normas y compromisos clave
Las reglas y normas que rigen la profesión legal limitan de maneras importantes la capacidad que tienen los abogados del gobierno federal de usar su vasto poder en contra de enemigos políticos indebidamente, para beneficiar amigos o restringir las tácticas que usan los opositores del poder ejecutivo en su contra. Seis fuentes importantes de mala conducta dan pie a restricciones importantes para los abogados del gobierno.
Falta de honestidad
Uno de los asuntos que mencionan con frecuencia los críticos del actual gobierno, y el propio gobierno, es la deshonestidad. Mentir en procesos legales o en conversaciones públicas sobre asuntos legales es motivo común de medidas disciplinarias contra abogados en Estados Unidos.
Muchas de las acciones legales poco éticas que temen los críticos del poder ejecutivo, como los agresivos juicios contra opositores políticos, probablemente requieren hacer falsas declaraciones a jueces, los abogados de la otra parte, adversarios en juicios civiles o penales y el público. El poder ejecutivo también ha acusado de deshonestidad a abogados privados.
La conducta deshonesta ha sido un aspecto central de muchos escándalos legales en los últimos 50 años. Al fiscal general John Mitchell, del presidente Richard Nixon, se le prohibió ejercer y fue condenado a prisión por el papel que desempeñó en el encubrimiento de Watergate.
El presidente Bill Clinton acordó renunciar a su licencia de abogado por las falsas declaraciones que hizo ante los investigadores de Whitewater.
Además, muchos altos funcionarios del gobierno de George W. Bush fueron forzados a abandonar su carrera pública por engañar al Congreso y otros funcionarios del poder ejecutivo en el escándalo derivado del despido de nueve fiscales federales en 2006.
La deshonestidad está directamente sujeta a varias normas disciplinarias que se han adoptado en diversas jurisdicciones. Por ejemplo, la Regla Modelo 3.3(a) del ABA prohíbe que los abogados mientan en la corte, omitan corregir una afirmación falsa importante u ofrezcan pruebas que el abogado sabe que son falsas.
De manera similar, la Regla Modelo 8.4(c) del ABA prohíbe que los abogados “participen en conducta deshonesta, fraudulenta, engañosa o que hagan declaraciones falsas”.
Y la Regla Modelo 8.2(a) prohíbe que los abogados hagan declaraciones falsas sobre la capacidad o integridad de un juez o funcionario público legal. Muchos estados y Washington, DC, han adoptado normas similares.
Las Reglas Modelo del ABA y la mayoría de los estados por lo general prohíben que los abogados participen en “conducta que perjudica la administración de justicia”, lo que con frecuencia puede ser el resultado práctico de la deshonestidad de un abogado con relación a algún proceso legal.
Las Normas Federales de Procedimiento Civil y Penal (Federal Rules of Civil and Criminal Procedure) recalcan el deber de los abogados de ser honestos. La Regla 11, por ejemplo, impone un deber de franqueza que “significa más que simplemente no mentir”, sino también “evitar ‘verdades a medias, incongruencias, caracterizaciones falsas, exageraciones, omisiones, evasiones y no corregir impresiones erróneas creadas intencionalmente por la propia conducta de [los abogados]’”.
En procesos penales, los fiscales suelen tener un deber mayor de franqueza. Deben declarar repetidamente que tienen causa probable, además de tener otros deberes importantes de transparencia, lo que incluye darles a los acusados acceso a las pruebas que planean usar en su juicio.
Además, los fiscales tienen la obligación constitucional de divulgar evidencia exculpatoria que podría probar la inocencia del acusado o desacreditar a un testigo en contra del acusado.
Uno de los peores escándalos legales que involucró a la fiscalía federal en décadas recientes salió a la luz cuando se supo que los fiscales de carrera les habían “negado acceso adrede” a pruebas favorables a los abogados del exsenador republicano de Alaska, Ted Stevens, quien fue declarado culpable de corrupción en 2008.
Se invalidó la condena de Stevens, y a inicios de 2009 el Departamento de Justicia decidió no volver a llevarlo a juicio. Tras una investigación posterior, a algunos abogados involucrados se les acusó de desacato al tribunal y luego fueron suspendidos.
Cabe destacar que muchas de las reglas y normas que requieren honestidad en la conducta de los abogados tienen validez fuera de los procesos legales formales. Si bien las exageraciones, verdades a medias y mentiras descaradas han pasado a ser comunes en el discurso político, los abogados tienen obligaciones mayores incluso si no están en salas de justicia ni participan directamente en un proceso legal.
Por ejemplo, las entidades disciplinarias en Washington, D.C., han determinado que ciertos abogados incumplieron las normas profesionales por redactar a sabiendas una respuesta inexacta por el Departamento de Justicia ante indagaciones de la prensa y por proponer que sus colegas allí hagan declaraciones inexactas a una legislatura estatal.
Algunos de los casos más flagrantes de deshonestidad surgieron de los esfuerzos por invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En 2024, por ejemplo, un comité investigador del colegio de abogados de Washington, D.C., concluyó que el exfiscal auxiliar interino Jeffrey Clark había incumplido normas de conducta profesional al enviar una carta a funcionarios en Georgia que contenía “considerables declaraciones falsas y engañosas” sobre la integridad de las elecciones de 2020 en ese estado, donde declaraba falsamente que el Departamento de Justicia las estaba investigando.
En julio de 2025, la Junta de Responsabilidad Profesional del Distrito de Columbia (District of Columbia Board on Professional Responsibility) recomendó que se inhabilitara profesionalmente a Clark.
Otros abogados también enfrentaron sanciones con relación a sus acciones tras las elecciones de 2020. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, perdió su licencia de abogado en el estado de Nueva York y luego en Washington, D.C., por hacer declaraciones falsas, incluidas unas difamatorias sobre empleadas electorales.
Jenna Ellis, una abogada de la campaña del presidente, fue suspendida y no pudo ejercer en Colorado durante tres años por hacer afirmaciones falsas sobre los resultados de las elecciones en Georgia.
Recientemente, la Corte del Colegio de Abogados del Estado de California (State Bar Court of California) ratificó la recomendación de un juez de inhabilitar profesionalmente a John Eastman, otro abogado de Trump, por tergiversar diversos asuntos legales y factuales relacionados con la certificación de las elecciones presidenciales.
Luego, Michael Gabelman, exjuez de la Corte Suprema de Wisconsin, aceptó recientemente una suspensión de tres años de su licencia de abogado con relación a afirmaciones falsas y omisiones que hizo durante su investigación de los resultados electorales de 2020 en Wisconsin.
Algunas de estas personas enfrentaron no solo consecuencias profesionales sino también responsabilidad penal y civil. Por ejemplo, se ordenó que Giuliani pagara $148 millones en daños por difamar a dos trabajadoras electorales de Georgia.
Ellis se declaró culpable de auxiliar e instigar declaraciones falsas por escrito. Y Kenneth Chesebro (abogado que presuntamente ayudó a organizar una campaña para presentar listas falsas de electores de estados decisivos) se declaró culpable de conspiración para presentar documentos falsos tras una investigación sobre la interferencia electoral en el condado de Fulton, Georgia.
Es importante señalar que no toda falsedad por un abogado constituye una trasgresión ética o legal. Los errores involuntarios no suelen trasgredir ninguna regla de ética; en muchas jurisdicciones esto abarca incluso errores que son producto de la negligencia.
Por lo general no se aplican a las declaraciones erróneas que son irrelevantes para un asunto legal. Pero si un abogado trata, de manera intencional o imprudente, de engañar a la corte, la parte contraria o incluso al público con relación a un asunto legal, con frecuencia esto constituye una seria trasgresión ética.
Contravenir mandatos judiciales
El directo incumplimiento de mandatos judiciales es otro motivo obvio de sanciones u otras medidas disciplinarias y ha pasado a ser cada vez más pertinente en los litigios sobre el uso de argumentos legales novedosos por la presidencia para deportar a inmigrantes que viven en Estados Unidos.
Varias reglas de ética prohíben expresamente contravenir las órdenes judiciales. La Regla Modelo 3.4(c) del ABA, adoptada en la mayoría de las jurisdicciones, declara que un abogado “no deberá desobedecer a sabiendas ninguna obligación bajo las reglas de un tribunal excepto en el caso de rechazo explícito basado en una afirmación de que no existe obligación válida”.
Las cortes federales han aclarado que, conforme a esta norma, un abogado que actúa en su nombre o el de un cliente puede rechazar un mandato judicial solo si carece de validez a primera vista.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que asesorar a un cliente que desobedezca la orden de un juez es, en sí, una trasgresión de la Regla 3.4(c). También podrían aplicarse otras normas éticas.
La Regla 6.2 de las Normas para Imponer Sanciones a Abogados (Standards for Imposing Lawyer Sanctions) del ABA, respecto al abuso del proceso legal, directamente contempla sanciones si un abogado no cumple con una obligación bajo las reglas de un tribunal. La Regla 6.21 en particular dispone que es apropiada la inhabilitación profesional cuando un abogado intencionadamente incumple un mandato judicial con la intención de beneficiarse a sí mismo u otro, y causa perjuicio grave o potencialmente grave a alguna de las partes o el proceso legal.
Fuera de las normas de conducta profesional, los jueces tienen poderes relativamente extensos para sancionar el incumplimiento de sus órdenes con fallos de desacato civil o criminal. El desacato por una persona puede resultar en multas, prisión o ambos por no cumplir con un mandato judicial.
En un caso notable durante la presidencia de Clinton, el Tribunal Federal de Apelación para el Distrito de Columbia declaró en desacato a los secretarios del Tesoro y del Interior, Robert Rubin y Bruce Babbitt, por negarse a presentar documentos relacionados con el mal manejo por parte del gobierno federal de casi $4,000 millones de dólares en fideicomisos de nativos americanos.
El tribunal ordenó al Departamento del Interior que estableciera un proyecto de contabilidad para localizar y gestionar los fondos perdidos, lo cual hizo; el tribunal también señaló que tenía el poder de imponer sanciones penales, pero a fin de cuentas decidió no hacerlo.
Sin embargo, el incumplimiento de las órdenes judiciales ha dado lugar a sanciones penales y civiles para varios funcionarios gubernamentales de menor rango a lo largo de los años.
Juicios y demandas judiciales sin fundamento jurídico ni fáctico
Otra preocupación fundamental derivada de las declaraciones y los actos de funcionarios clave del poder ejecutivo es la posibilidad de procesos penales infundados y otras medidas de coerción. Mientras tanto, la propia administración ha denunciado que muchas de las demandas interpuestas por los opositores contra sus primeras medidas ejecutivas son también "infundadas" y "partidistas"; y expresó su determinación de procurar enérgicamente sanciones y denunciar a los abogados del sector privado ante las autoridades disciplinarias. Si el gobierno o los abogados privados inician procedimientos legales verdaderamente frívolos, infringirán diversas normas de procedimiento y ética profesional.
La norma principal que rige los litigios civiles frívolos y vejatorios en los tribunales federales es la Regla 11 de las FRCP. La Regla 11 exige que todos los abogados que presenten casos civiles federales, incluidos los que representan al gobierno, certifiquen que todas las reclamaciones y otros alegatos legales que hayan presentado están "justificados por las leyes existentes o por un argumento no frívolo para extender, modificar o revocar las leyes existentes o para promulgar una nueva ley".
Como ha explicado la Corte Suprema, "la Regla 11 impone a los abogados el deber de certificar que llevaron a cabo una investigación razonable y determinaron que todos los documentos presentados ante el tribunal están bien fundamentados en los hechos, son legalmente sostenibles y 'no se interponen sin ningún propósito indebido'".
El “objetivo central” de la Regla 11 es la “disuasión”, y las trasgresiones graves conllevan sanciones significativas.
Pero los requisitos para imponer sanciones bajo la Regla 11 son relativamente altos. El hecho de que un reclamo o argumento sea novedoso o que incluso carezca de probabilidad de tener éxito, generalmente no es suficiente para que sea sancionable.
Además, presentar reclamos novedosos o improbables generalmente no da lugar a una trasgresión legal ni ética siempre que tengan alguna base reconocible en la ley y los hechos.
Los códigos de ética estatales refuerzan el principio de que todos los reclamos y argumentos presentados ante los tribunales deben estar fundamentados en derecho. Como lo establece la Regla Modelo 3.1 del ABA, deben tener "una base jurídica y fáctica que no sea frívola". En casos novedosos, los abogados deben poder presentar "un argumento de buena fe para la extensión, modificación o revocación de la ley vigente".
La mayoría de los estados y Washington, D.C., han adoptado alguna versión de la Regla 3.1.
Los procesos penales, al igual que las acciones civiles, deben tener fundamento tanto en el derecho como en los hechos, y los requisitos son considerablemente más estrictos que en los casos civiles. Específicamente, las Normas Federales de Procedimiento Penal establecen procesos para garantizar que los fiscales hayan establecido la "causa probable" exigida constitucionalmente de que se cometió un delito antes de tomar medidas significativas en un caso, como solicitar una orden judicial de arresto, congelar activos o presentar una acusación formal.
La causa probable generalmente requiere una sospecha razonable, respaldada por hechos y circunstancias, de que se ha cometido un delito o de que un bien específico está relacionado con un delito.
Las normas de ética jurídica respaldan el requisito de causa probable. La Regla Modelo 3.8(a) del ABA exige que los abogados del gobierno se abstengan de procesar un cargo que sepan que no está respaldado por una causa probable.
Los comentarios a las Reglas Modelo explican la importancia de este estándar de pruebas para los deberes éticos de un fiscal: “Un fiscal tiene la responsabilidad de un ministro de justicia y no simplemente la de un abogado. Esta responsabilidad conlleva obligaciones específicas para garantizarle justicia procesal al acusado, que la culpabilidad se determine con base a pruebas suficientes y que se tomen precauciones especiales para evitar y rectificar la condena de personas inocentes”.
Algunos estados han adoptado un estándar de pruebas incluso más estricto. Las normas de ética en Washington, D.C., establecen que “un fiscal en un caso penal no deberá [...] llevar a juicio un cargo que, a su conocimiento, no está respaldado por pruebas suficientes para establecer culpabilidad prima facie”; es decir, pruebas que justificarían una condena a menos que el acusado las contradiga o explique.
Los fiscales del Departamento de Justicia también están sujetos a numerosas políticas de la agencia que refuerzan “el requisito mínimo de larga data… de que un fiscal puede iniciar o recomendar un juicio federal solo si cree que es muy probable que la persona sea declarada culpable más allá de toda duda razonable por un juez imparcial con base a los hechos y que la condena se confirmará en la apelación”.
Al menos hasta hace poco, los procesamientos verdaderamente infundados han sido sumamente raros. De hecho, en casos de alto perfil, los abogados del Departamento de Justicia recomiendan repetidamente no interponer juicio, incluso cuando las pruebas cumplen con el requisito de suficiencia mínima, si no protegen un interés federal sustancial o por prudencia.
Otras acciones de abuso penal, civil y administrativo
Aparte de acciones legales verdaderamente infundadas o frívolas, los fiscales y otros abogados encargados de hacer cumplir la ley necesariamente tienen amplia discreción para investigar posibles infracciones legales. Pero incluso esa discreción tiene ciertos límites. Como advirtió el fiscal general, Robert Jackson, en 1940: "Si el fiscal está obligado a elegir sus casos, se deduce que puede elegir a sus acusados. Allí radica el poder más peligroso del fiscal: elegir a las personas que cree deben ser llevadas a juicio, en lugar de elegir los casos que deben ir a juicio".
Jackson se refería específicamente al papel de los fiscales, pero su advertencia podría aplicarse a cualquier abogado responsable de hacer cumplir las leyes federales. Evitar el abuso contra el que Jackson advirtió es el objetivo central de muchas normas que prohíben el uso de la fiscalía u otras facultades del gobierno para acosar o tomar represalias contra opositores políticos, o como retribución para obtener alguna concesión no relacionada con el asunto investigado.
Incluso en casos en los que los abogados del gobierno puedan identificar una base para alguna infracción legal, no se permite seleccionar objetivos para acosar, intimidar o castigar a rivales políticos ni para lograr objetivos políticos no relacionados.
Está bien establecido que las investigaciones penales destinadas a acosar, intimidar o tomar represalias políticas violan los derechos constitucionales del acusado.
Los abogados que participan en dichos juicios o asuntos civiles análogos también pueden trasgredir las normas éticas. Por ejemplo, el Modelo 4.4(a) del ABA establece que “al representar a un cliente, un abogado no deberá utilizar medios cuyo principal propósito es avergonzar, retrasar o abrumar a un tercero”.
La Corte Suprema de Arizona determinó que un fiscal del condado trasgredió la norma estatal análoga a esta regla al interponer cargos penales contra un funcionario electo con el principal propósito de “abrumar y avergonzar a un adversario político” y “vengarse por motivos políticos”.
De manera similar, la Regla Modelo 8.4(d) del ABA dispone que “un abogado incurre en mala conducta profesional… si sus acciones son perjudiciales para la administración de justicia”.
La Corte Suprema de Indiana encontró que un fiscal del condado trasgredió la regla estatal análoga cuando amenazó a un candidato político con reiniciar una investigación criminal suspendida contra él a menos que el candidato abandonara su campaña para un cargo público.
El tribunal señaló que “el elemento clave de culpabilidad en las acciones del acusado fue su uso de los poderes de la fiscalía para promover sus propios intereses”.
Algunas reglas estatales de conducta profesional incluyen medidas de protección adicionales contra el acoso. Por ejemplo, Washington, D.C., prohíbe “favorecer indebidamente o discriminar maliciosamente a cualquier persona” al ejercer su discreción para investigar o enjuiciar, así como “acusar o amenazar con presentar cargos penales o disciplinarios únicamente para obtener una ventaja en un asunto civil”.
Nueva York establece que un abogado no debe iniciar un juicio “si su único propósito es retrasar o prolongar la resolución de un litigio… o simplemente con el fin de acosar o perjudicar maliciosamente a otra persona”.
En ambas jurisdicciones, los fiscales y los abogados del gobierno han sido sancionados periódicamente por prácticas abusivas.
Las políticas internas y las normas de larga data del Departamento de Justicia también contienen desde hace tiempo salvaguardas a fin de evitar el uso de la policía federal para represalias políticas y otros abusos. (Muchas de estas fueron creadas en respuesta a abusos que tuvieron lugar a mediados del siglo XX, como el uso de la FBI por parte de su director, J. Edgar Hoover, para acosar a líderes de derechos civiles y sindicalistas, y recopilar expedientes sobre políticos prominentes).
Las políticas del Departamento de Justicia se han centrado en prevenir no solo la parcialidad política real, sino también su apariencia.
El trato consistente de los acusados en los diferentes casos es fundamental en este sentido.
El informe del fiscal independiente Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden, por ejemplo, señaló que el "trato previo del departamento a expresidentes y exvicepresidentes que conservaron materiales de seguridad nacional" fue un factor para no recomendar un juicio contra Biden.
Otra protección de larga data, que tal vez esté desapareciendo mayormente, es la expectativa de que los funcionarios políticos nombrados limiten su participación directa en las decisiones de investigación y acusación, y que las dejen en manos de los abogados de carrera.
Si bien las personas que enfrentan acciones legales con frecuencia alegan ser objeto de persecución selectiva con fines políticos, los requisitos para determinar que la conducta cruzó los límites suelen ser exigentes. Los tribunales no suelen indagar sobre los motivos de un abogado del gobierno en un proceso legal.
Sin embargo, en circunstancias que plantean la posibilidad de que represalias o motivos puramente políticos hayan sido la motivación principal para el juicio o acción legal, los abogados del gobierno pueden perder la presunción de regularidad.
Conflictos de intereses y otros abusos del cargo
Los conflictos de intereses y los abusos relacionados con el cargo público son otra gran preocupación, dado que muchos abogados de alto nivel, en el segundo mandato de Trump, están asumiendo roles en los que podrían influir en procedimientos que antes manejaban en la práctica privada (incluso en nombre del propio presidente) o en los que podrían tener conflictos financieros o parcialidad política.
Las leyes federales prohíben que todos los funcionarios del poder ejecutivo, excepto el presidente y el vicepresidente, participen en asuntos gubernamentales particulares en los que tengan un interés financiero personal; el incumplimiento puede resultar en un procesamiento penal.
Las regulaciones relacionadas también impiden que los empleados del gobierno usen el cargo público para beneficiarse a sí mismos y a sus familiares y amigos, y actuar de otras maneras que podrían generar dudas razonables sobre su imparcialidad.
Se otorgan exenciones en algunos de estos casos, pero deben ser por escrito y, en el caso de conflictos financieros, pueden otorgarse solo si el conflicto no es "sustancial".
La Ley Hatch también restringe las actividades políticas partidistas de los funcionarios federales. Si bien estas restricciones varían según el cargo de cada persona —y generalmente son menos restrictivas para los funcionarios políticos—, prohíben que todos los funcionarios federales, salvo el presidente y el vicepresidente, participen en actividades políticas partidistas en el ejercicio de sus funciones, utilizar recursos oficiales con fines políticos partidistas y utilizar su cargo para interferir en una elección.
Las normas de ética de los abogados imponen restricciones adicionales. Los abogados del gobierno generalmente no pueden participar en asuntos oficiales en los que hayan trabajado previamente fuera del gobierno, lo que incluye “cualquier procedimiento judicial o de otro tipo, solicitud, petición de resolución u otra determinación, contrato, reclamación, controversia, investigación, cargo, acusación, arresto u otro asunto particular” que involucre a una o más partes específicas.
Esta norma es una extensión más general que existe en todas las jurisdicciones de Estados Unidos que prohíbe que los abogados trabajen en asuntos legales en los que previamente adoptaron una postura opuesta.
Existen dispensas de estas restricciones, pero solo si el cliente anterior del abogado y la agencia del gobierno donde trabaja actualmente lo hacen por escrito.
Finalmente, las directrices de larga data de las agencias a menudo van más allá de los requisitos de las leyes federales de ética y las normas del colegio de abogados estatal. Los abogados del Departamento de Justicia, por ejemplo, deben evitar situaciones en las que sus actos oficiales afecten o parezcan afectar intereses privados, financieros o no financieros.
Otra norma del Departamento de Justicia prohíbe que los empleados participen en una investigación si tienen una relación personal o política con cualquier persona involucrada en la investigación, o con cualquier persona u organización que sepan que tiene un interés específico y sustancial que se vería directamente afectado por el resultado de la investigación o el enjuiciamiento.
Una “identificación estrecha con un funcionario electo, un candidato… un partido político o una campaña” son tipos de relaciones políticas que requerirían recusación.
De acuerdo con estas directrices, los funcionarios de alto nivel en cada administración pasada, incluido el primer mandato de Trump, se recusaron para evitar la apariencia de parcialidad en asuntos penales o civiles ante el Departamento de Justicia.
Por ejemplo, el fiscal general, Jeff Sessions, se recusó de supervisar la investigación del fiscal independiente, Robert Mueller, sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que incluyó una investigación de la campaña de Trump de 2016, porque anteriormente se había desempeñado como presidente del comité de seguridad nacional de la campaña.
El fiscal general del presidente George W. Bush, John Ashcroft, se recusó de una investigación sobre la revelación de la identidad de Valery Plame, exagente encubierta de la CIA, citando sus estrechos vínculos personales con funcionarios del poder ejecutivo que serían interrogados durante la investigación.
Además, el fiscal general del presidente Obama, Eric Holder, se recusó de varias investigaciones sobre actores privados que había representado anteriormente, incluido el banco suizo UBS y el exjugador de béisbol Roger Clemens.
En total, los fiscales generales anteriores se han recusado más de una docena de veces desde 1990 debido a conflictos de intereses reales o percibidos.
El incumplimiento de estas salvaguardias por parte de un abogado puede tener graves consecuencias. En 2023, por ejemplo, Rachael Rollins, designada por el presidente Biden para ejercer como fiscal federal en Massachusetts, renunció tras múltiples investigaciones que posteriormente determinaron que había trasgredido numerosas normas éticas y la Ley Hatch en sus intentos de interferir en la contienda electoral para fiscal de distrito local.
Otros abogados del Departamento de Justicia han sido investigados y, en ocasiones, sancionados por el Departamento de Justicia o las autoridades de ética por participar en investigaciones de antiguos clientes y otros asociados y solo “recusarse informalmente”, por no haber revelado involuntariamente su representación previa de un objetivo de investigación (el abogado no se había dado cuenta de que el objetivo era un antiguo cliente de su firma de abogados), por trabajar en un asunto que involucraba a un cliente al que el abogado había representado previamente en la práctica privada, por parcialidad política inapropiada en la contratación de empleados de carrera y por falta de franqueza durante las entrevistas con la Oficina del Inspector General.
Responsabilidad individual y de supervisión
Finalmente, los abogados del gobierno pueden enfrentar cuestionamientos éticos cuando un supervisor les ordena tomar ciertas medidas. La fiscal general, Pam Bondi, y otros funcionarios clave del poder ejecutivo han dejado claro que no tolerarán la disidencia de ningún abogado del Departamento de Justicia que, debido a sus opiniones o juicios políticos personales, se niegue a firmar un escrito o comparecer ante el tribunal, se niegue a presentar argumentos de buena fe en nombre del gobierno o que, de otro modo, retrase o impida la misión del Departamento.
Como se ha señalado, varios abogados de carrera del Departamento de Justicia ya han renunciado al enfrentarse a directivas que, en su opinión, iban en contra de sus obligaciones profesionales.
Estas renuncias son comprensibles, dado que todos los abogados en ejercicio tienen la obligación independiente de cumplir con las reglas y normas éticas, independientemente de las instrucciones que reciban de sus superiores. La Regla Modelo 5.2(a) del ABA, adoptada en prácticamente todas las jurisdicciones estadounidenses, establece que los abogados no pueden excusar ni ignorar sus obligaciones éticas simplemente alegando que seguían órdenes (lo que se conoce coloquialmente como la “defensa de Núremberg”).
Este principio se aplica tanto a los abogados del gobierno como a los que ejercen la profesión privada.
En un caso de Oklahoma, por ejemplo, una fiscal adjunta de distrito fue suspendida por abuso del proceso de citación, omisión de divulgación de pruebas y otros ejemplos de conducta indebida como fiscal. Se determinó que el fiscal de distrito, su supervisor, habitualmente sancionaba parte de esta conducta indebida, pero eso no impidió que el propio abogado fuera suspendido por 180 días, una sanción que tenía el potencial de poner fin a su carrera.
Si bien los subordinados no pueden excusar una conducta poco ética alegando obediencia a un supervisor, es posible responsabilizar a los abogados que ejercen como supervisores por los actos de sus subordinados. La Regla Modelo 5.1(c) del ABA, por ejemplo, establece que se puede responsabilizar a un abogado por las infracciones cometidas por otros abogados si este ordenó la infracción, tuvo conocimiento de ella y la ratificó, tuvo conocimiento de ella y no tomó medidas, o emitió un juicio profesional que protegiera al subordinado.
En Washington, D.C., las normas de conducta profesional establecen explícitamente que la Regla 5.1 se aplica a los abogados del gobierno.
De manera similar, la Regla Modelo 8.4(a) establece que “es mala conducta profesional que un abogado… trasgreda o intente trasgredir las Reglas de conducta profesional, ayude o aliente a otro a hacerlo a sabiendas, o lo haga por medio de los actos de otro”.
La mayoría de los estados y Washington, D.C. han incorporado estos principios en sus respectivos códigos.
En resumen, todos los abogados del gobierno son responsables de sus propios actos y de mantener los estándares de la profesión legal, ya sea al dar o acatar órdenes. Los abogados del gobierno no pueden excusar su conducta culpando a un superior o a alguien bajo su responsabilidad.
Consecuencias por violar las reglas y normas éticas
Las reglas y los compromisos éticos esbozados en este material sirven como importantes mecanismos de control del abuso de poder, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Como se desprende de lo anterior, las consecuencias de incumplir estas normas pueden ser significativas. Es posible que se remita a los abogados remitidos a las autoridades del colegio de abogados para que les apliquen medidas disciplinarias que van desde una amonestación pública hasta la suspensión de su licencia o la inhabilitación profesional.
Las medidas disciplinarias del colegio de abogados estatal suelen ir precedidas de un proceso disciplinario extenso y público, que a menudo debe revelarse cuando un abogado sujeto a dicha disciplina busca comparecer ante un nuevo tribunal o ejercer la abogacía en una nueva jurisdicción.
Por lo tanto, incluso cuando un abogado no enfrenta consecuencias formales, las trasgresiones de las normas éticas pueden dañar su reputación profesional, lo que afecta sus futuras perspectivas laborales, asociaciones y relaciones dentro de la comunidad jurídica.
Los tribunales también tienen la autoridad inherente para sancionar a los abogados que comparecen ante ellos. Esto se debe a que los abogados son "funcionarios del tribunal", lo que implica una relación especial entre ellos y los tribunales que los han autorizado y regulado. Los jueces pueden considerar las violaciones éticas de un abogado al determinar el resultado de un caso, especialmente si la mala conducta ha afectado significativamente los procedimientos.
Si bien los jueces no pueden revocar la licencia de un abogado, pueden descalificarlo de un caso, imponer sanciones monetarias y, en ocasiones, imponer otras sanciones (por ejemplo, exigir formación jurídica continua). Los tribunales también pueden remitir a los abogados a las autoridades disciplinarias.
Como se mencionó anteriormente, algunas infracciones éticas también se superponen con el derecho penal y civil; por ejemplo, un abogado que miente bajo juramento infringe numerosas normas éticas y, además, podría cometer perjurio, un delito penal. Ignorar los conflictos de intereses y otras infracciones de las normas éticas del gobierno también puede conllevar responsabilidad penal y civil.
Finalmente, el incumplimiento intencional de las reglas y normas éticas ha acarreado históricamente otras graves consecuencias profesionales. La confianza y la integridad percibida son fundamentales para el éxito de un abogado, lo que hace que el cumplimiento de las normas éticas sea indispensable para salvaguardar la reputación profesional y mantener una carrera jurídica a largo plazo.
Las acusaciones de conducta poco ética por parte de un abogado nunca se deben hacer a la ligera ni utilizarse como excusa para litigar desacuerdos sustanciales sobre leyes o políticas. Sin embargo, los altos estándares a los que se someten todos los abogados en Estados Unidos siguen siendo un baluarte para defender el estado de derecho, cuyo mantenimiento es fundamental para todos los miembros de la profesión.
Además de su trabajo en el Brennan Center, Daniel I. Weiner se desempeña como miembro suplente del comité de investigación de la Junta de Responsabilidad Profesional del Distrito de Columbia. Su participación en este documento se basa únicamente en su calidad de empleado del Brennan Center y no refleja las opiniones de la junta, de ser el caso.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
