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- El DOJ ha presentado demandas judiciales contra 24 estados exigiendo el cumplimiento.
- El departamento dice que las quiere para poder hacer una purga de votantes que considera no pertenecen a los padrones, pero, en realidad, esto impediría que un gran número de estadounidenses eligibles votaran.
Tres tribunales federales fallaron este año que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no tiene derecho a obtener las listas completas de los electores inscritos de los estados, las cuales contienen información personal y confidencial, como los números de licencia de conducir. Un juez advirtió que estas exigencias son “un riesgo que amenaza el derecho al voto”. Otro fue más allá y recalcó que no se puede confiar que el departamento está siendo sincero sobre el por qué quiere esa información.
El DOJ ha exigido que por lo menos 47 estados entreguen esas listas. El departamento dice que las quiere para poder hacer una purga de votantes que considera no pertenecen a los padrones, pero, en realidad, esto impediría que un gran número de estadounidenses eligibles votaran. La administración Trump también puede usar estos datos de los votantes para sembrar dudas falsas sobre los resultados electorales que no le gustan.
La mayoría de los estados se han negado, aunque por lo menos 11 han aceptado acatarla. Hasta ahora, el DOJ ha presentado demandas judiciales contra 24 estados exigiendo el cumplimiento. Los tribunales federales en California, Michigan y Oregón desestimaron las demandas. En sus fallos dijeron que las solicitudes atropellan el papel constitucional de los estados de ser los principales administradores de las elecciones. El gobierno federal nunca ha tenido un archivo nacional de los electores y carece de facultades legales para compilar una.
Un acuerdo confidencial que el DOJ solicitó firmar a los estados revela el verdadero propósito detrás de las solicitudes. Su intención es presionar a los estados para que eliminen del padrón a las personas votantes que considera deberían ser purgados, pero el gobierno federal carece de autoridad y experticia en el mantenimiento de las listas de los votantes. El acuerdo también demuestra que el DOJ no está preparado para proteger la información de la divulgación indebida y que hasta podría cederla a contratistas privados quienes podrían utilizar los datos confidenciales como quisieran.
El argumento jurídico principal del gobierno federal en estos casos ha sido que la Ley de Derechos Civiles de 1960 le permite al DOJ recopilar de los estados y funcionarios locales cualquier registro que desee relacionado con las elecciones. Pero eso extiende demasiado el alcance de la ley. El Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles para empoderar al gobierno federal a intervenir cuando los estados estaban bloqueando activamente el voto de las personas no blancas. La ley no es un cheque en blanco para que el gobierno federal se apropie de la administración electoral en los estados.
Los primeros tres jueces en escuchar los casos concordaron en ese sentido, rechazaron los excesos y desestimaron las demandas en esos estados. Estas decisiones reconocieron que mientras que la Ley de Derechos Civiles le da al departamento cierta autoridad para adquirir los registros relacionados con las elecciones, hay limitaciones sobre esa facultad y condiciones que establecer para poder utilizarla. El DOJ no tiene libertad para utilizar el estatuto como una herramienta para cualquier proyecto que se proponga.
La Ley de Derechos Civiles requiere que el gobierno presente una declaración de “la razón y el propósito” para necesitar los registros electorales. La razón es una explicación basada en hechos sobre por qué considera que el estado está violando la ley federal. El propósito es una explicación sobre cómo la obtención de la información requerida ayudaría a llegar a esa determinación.
A principios de los años 60, esta obligación se cumplía cuando el DOJ presentaba evidencia de que funcionarios electorales en los estados sureños no estaban permitiendo a las personas de raza negra inscribirse para votar (la razón) y que adquirir las listas de electores inscritos demostraría si esto era verdad (el propósito).
Los tribunales en California y Oregón concluyeron que el DOJ no estableció ni razón ni propósito para estas solicitudes. La supuesta razón del departamento es que los estados no están removiendo a suficientes personas de sus padrones como lo requieren otras leyes federales. Pero no presentó los hechos para avalar esta afirmación.
Respecto al propósito, el DOJ argumenta que cualquier sospecha de que un estado está violando cualquier ley federal es suficiente. Las cortes rechazaron este argumento, señalando que esa interpretación le otorgaría al DOJ una autoridad ilimitada sobre las elecciones estatales. Como lo dijo el tribunal en Oregón: el propósito presentado debe estar relacionado con una investigación sobre las “violaciones del derecho al voto de las personas”.
El tribunal en Michigan fue más técnico al argumentar que dado que los funcionarios electorales crean los padrones electorales con la información proporcionada por los votantes, los padrones no son un registro que “pasa a ser propiedad” de los funcionarios electorales dentro del marco de la Ley de Derechos Civiles. La mayoría de los tribunales que examinaron la misma cuestión han estado en desacuerdo, y han considerado que los padrones electorales sí son registros sujetos a la inspección pública.
Las cortes también han documentado cómo el contexto de estos casos demuestra que el departamento no está siendo sincero sobre sus intenciones. Las pruebas sugieren que el gobierno federal de hecho quiere esta información para asistir en la aplicación de las leyes de inmigración, y que las promesas del DOJ de proteger la información confidencial son nulas dadas las numerosasfiltracionesde datos en el último año.
El juez en California explicó cómo el DOJ está intentando utilizar la “legislación de los derechos civiles, que fue promulgada con un propósito completamente distinto, para acaparar y retener una cantidad sin precedentes de datos confidenciales de los votantes”. El juez en Oregón dijo que los argumentos inconsistentes y las declaraciones públicas contradictorias eran evidencia de “las motivaciones ocultas” y que la “presunción de regularidad de que … se podía confiar en la palabra [del DOJ] —con pocas dudas sobre sus intenciones y propósitos declarados— ya no aplica”.
Todos los tres tribunales que han resuelto las demandas del gobierno las han desestimado en la primera oportunidad. Si bien las decisiones pueden apelarse, los fallos demuestran sistemáticamente la debilidad y el carácter simulado de las demandas. Es probable que otros tribunales después de considerar las demandas del gobierno sigan estos fallos, garantizando que el gobierno federal no puede abusar de su autoridad al intentar realizar su campaña para socavar las futuras elecciones.
Traducción de Laura Gómez
