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- El DOJ les ha pedido a los estados que firmen un “memorando de entendimiento confidencial” relacionado con la entrega de sus registros completos de votantes.
- Ese acuerdo revela tanto los planes del DOJ para inmiscuirse en la potestad de los estados de administrar las elecciones, y el peligro que corren estos datos sensibles en manos del departamento.
Desde el pasado mayo, la administración Trump se ha embarcado en una búsqueda de los registros completos de votantes de casi todos los estados. La mayoría de los estados se ha negado a cumplir con estos pedidos de datos sin precedentes del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés), datos que incluyen los números de licencia de conducir y los números parciales de seguro social de toda la población votante.
El gobierno ha demandado a más de 20 estados por su negativa a cumplir. Pero al menos diez estados —donde viven más de 37 millones de personas votantes registradas— le han entregado al gobierno federal sus listas completas de votantes.
El DOJ les ha pedido a los estados que firmen un “memorando de entendimiento confidencial” relacionado con la entrega de sus registros completos de votantes. Ese acuerdo revela tanto los planes del DOJ para inmiscuirse en la potestad de los estados de administrar las elecciones, como así también el peligro que corren estos datos sensibles en manos del departamento. Brinda otra prueba más de la campaña que ha lanzado esta administración para interferir en las próximas elecciones.
Algunos estados que le han proporcionado al DOJ sus registros completos de votantes, como Texas y Alaska, han firmado el acuerdo, mientras que otros, como Tennessee y Dakota del Sur, se han negado. Colorado, uno de los más de 25 estados que se han negado a entregar sus registros completos de votantes, fue el primero en hacer público el acuerdo confidencial.
El acuerdo explica que el DOJ planea llevar a cabo sus propios análisis de los registros de votantes de los estados y luego ordenarles que eliminen a determinados votantes, algo que el gobierno federal nunca antes ha hecho. Esto pondría patas arriba al sistema estadounidense de administración electoral.
Son los estados, no el gobierno federal, quienes tienen la potestad mediada por ley —además, por supuesto, de la capacidad y pericia— para agregar y eliminar a votantes de los padrones electorales. Los estados también implementan los procedimientos necesarios para evitar que se elimine por error a votantes elegibles.
Y, sin embargo, el acuerdo dispone que el DOJ “pondrá a prueba, analizará y evaluará [los padrones electorales] de los estados” y le enviará a cada estado participante una lista de votantes que deben eliminarse en un plazo de 45 días.
Pero el gobierno federal no tiene las herramientas ni la pericia para realizar estas tareas de mantenimiento de las listas de votantes, y quién sabe cómo efectuará sus “análisis” de los padrones electorales que reciba, lo cual crea un verdadero riesgo de que se elimine por error a votantes elegibles. El acuerdo no especifica cómo el DOJ evaluará los padrones electorales ni dice si les informará a los estados cuáles son las razones por las eliminaciones requeridas.
El acuerdo dice que los estados deben eliminar a las personas votantes indicadas por el DOJ en un plazo de 45 días, pero cumplir con ese requisito puede violar una ley federal. La Ley de Registro Nacional de Votantes (National Voter Registration Act) obliga a los estados a seguir un procedimiento específico antes de eliminar a las personas votantes que se han mudado de residencia.
Este procedimiento implica enviarle a la persona votante una notificación, y —si la persona no responde y no vota— la jurisdicción debe esperar dos ciclos de elecciones federales antes de eliminarla de los padrones. Eso es mucho más que 45 días. Además, la Ley de Registro Nacional de Votantes también tiene un “período de espera” de 90 días antes de cualquier elección federal (primarias o generales), durante el cual el estado no puede efectuar eliminaciones sistemáticas de votantes que ya no pueden votar.
Asimismo, el acuerdo no prevé suficientes salvaguardas para los datos que les está exigiendo a los estados. Una sección titulada “Confidencialidad y salvaguardas del Departamento” explica las reglas que debe seguir “todo miembro del Departamento de Justicia en posesión” de las listas de registro de votantes, pero las medidas no son más que protocolos utilizados por un típico administrativo. El acuerdo no prevé la necesaria encriptación de los datos ni requiere ningún análisis de auditoría de los registros.
Aun cuando las salvaguardas fueran suficientes, una frase hacia el final de la sección las anula por completo. El acuerdo afirma que los registros de votantes —que contienen los nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números parciales de seguro social de todas las personas votantes— pueden ser provistos a cualquier contratista a fin de efectuar tareas “relacionadas con el procedimiento de verificación de mantenimiento de las listas por parte del Departamento”.
Sin embargo, estos contratistas no estarían sujetos a las salvaguardas del acuerdo, y no se establece ningún marco para la evaluación de posibles contratistas. Como resultado, se crea un altísimo riesgo de que esos datos sean hackeados o utilizados por actores dañinos que podrían arruinarle la vida personal al electorado, así como también hacer estragos en el sistema electoral en su sentido más amplio.
La posibilidad de que ocurran estos tipos de abusos no es irreal. A comienzos de enero, el DOJ admitió que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) dentro de la Administración del Seguro Social había “firmado un ‘Acuerdo sobre los datos de votantes’ en su capacidad de empleado de la Administración del Seguro Social” con un grupo activista cuya “misión declarada era la de encontrar evidencia de fraude electoral y anular resultados electorales en ciertos estados”.
La facilidad con que la administración está dispuesta a compartir información sensible con actores externos que buscan anular resultados electorales convierte a este memorando de entendimiento mucho más alarmante.
Todo el electorado debe exigirle a su gobierno estatal que se resista a los intentos de la administración Trump de usurpar la responsabilidad de los estados de administrar las elecciones con eficiencia e imparcialidad.
Traducción de Ana Lis Salotti
