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- Terry Hubbard es una de las 20 personas acusadas en 2022 por varias fiscalías del estado como parte de la campaña que lanzó Florida contra las personas con condenas pasadas por delitos mayores que votaron por error.
- Las circunstancias que rodean el procesamiento de Hubbard sugieren que las acciones judiciales del estado tienen el objetivo de intimidar al electorado.
Este miércoles, la Corte Suprema de Florida escuchará los argumentos en la causa Hubbard v. State of Florida que disputa la legalidad de uno de los procesamientos judiciales del gobernador republicano Ron DeSantis por supuestos casos de fraude electoral.
Terry Hubbard es una de las 20 personas acusadas en 2022 por varias fiscalías del estado como parte de la campaña que lanzó Florida contra las personas con condenas pasadas por delitos mayores que votaron por error, debido a una confusión sobre su elegibilidad para votar. La Corte Suprema de Florida considerará ahora si estos fiscales del estado tenían autoridad para imponerle los cargos.
Un dictamen favorable para el estado permitiría que los futuros gobernadores puedan utilizar los procesamientos judiciales con motivos políticos, una táctica que ahora se está usando en el gobierno federal con una magnitud nunca antes vista.
En Florida, hay dos tipos de fiscales: los fiscales estatales locales, quienes son elegidos por el electorado y pueden iniciar acciones judiciales por delitos ocurridos únicamente dentro de su propia jurisdicción, y los fiscales del estado, que están supervisados por el fiscal general y solo pueden iniciar acciones contra los delitos que afectan u ocurren en múltiples partes del estado.
Las circunstancias que rodean el procesamiento de Hubbard sugieren que las acciones judiciales del estado tienen el objetivo de intimidar al electorado. DeSantis anunció el arresto de Hubbard y de otras 19 personas en una conferencia de prensa, apenas unos días antes de las elecciones primarias de Florida de 2022.
Rodeado de las autoridades policiales y judiciales, clasificó los arrestos como la “salva de apertura” de la recién creada “policía electoral” de Florida. También afirmó que las personas arrestadas habían votado sabiendo que no podían, y anunció que la Oficina de la Fiscalía del Estado iba a procesar judicialmente esos casos porque los fiscales estatales locales se mostraban “reacios” a hacerlo.
Pero todas las personas arrestadas compartían circunstancias preocupantes: las pruebas de público conocimiento sugieren que la mayoría o quizá todos se equivocaron o se confundieron en creer que podían votar, y todos vivían en condados con fiscales estatales locales elegidos como demócratas.
Esta confusión fue culpa del propio estado.
En 2018, el electorado de Florida aprobó una enmienda constitucional estatal que restauraba automáticamente el derecho al voto a la mayoría de las personas con condenas por delitos mayores tras completar su sentencia, incluso en el caso de libertad vigilada y condicional. La Enmienda 4 se proponía devolverles el derecho al voto a hasta 1.4 millones de personas residentes de Florida que hasta ese momento tenían prohibido votar de por vida.
Pero, en junio de 2019, la legislatura y DeSantis promulgaron una ley que supuestamente “implementaba” la enmienda. Esa ley, el proyecto de ley del Senado S.B. 7066, impuso nuevos obstáculos para la restauración del derecho al voto. El más importante fue el requisito de que las personas debían pagar la totalidad de ciertos costos judiciales y honorarios relacionados con sus condenas antes de recuperar su derecho al voto. Muchas personas no saben cuánto deben, y otros cientos de miles no tienen los medios para pagar esas deudas judiciales.
Desde la promulgación de esta ley, a Florida le ha costado determinar a tiempo la elegibilidad para votar. No hay ninguna base de datos centralizada que permita confirmar con confianza si una persona tiene deudas judiciales o no, y el estado no ha hecho nada para verdaderamente educar al público sobre los requisitos de la Enmienda 4 y de la ley S.B. 7066. Estas ausencias han ocasionado una confusión generalizada con respecto a quiénes pueden votar después de una condena por delitos mayores.
En Florida, registrarse para votar o votar no siendo elegible es delito solo si la persona sabía que no podía registrarse o votar e igualmente lo hizo. Dada la confusión sobre la elegibilidad para votar, algunos fiscales estatales locales se han negado a iniciar acciones legales contra personas que se confundieron o se equivocaron sobre su derecho a votar, porque consideraban que no había habido ninguna intención de quebrantar la ley.
Por eso, DeSantis le pidió a la Oficina de la Fiscalía del Estado que abriera las causas judiciales aun cuando el foco de esta oficina, según su historia y misión, ha sido el procesamiento de casos penales complejos. La oficina fue creada en 1987 a fin de combatir el crimen organizado que afecta u ocurre en más de dos de los 20 circuitos judiciales de Florida.
Dado que los votantes se registran y votan en el circuito donde residen, un tribunal estatal de primera instancia desestimó los cargos contra Hubbard que había presentado la oficina. Otros jueces en casossimilaresllegaron a la misma conclusión, lo cual hizo que, en 2023, la legislatura promulgara el proyecto del Senado S.B. 4-B, una ley que busca autorizar a la oficina a procesar todos los delitos electorales, incluso aquellos que afectan u ocurren en un solo circuito, como los delitos de los que se acusa a Hubbard.
Desde entonces, los tribunales de apelación intermedios de Florida no se ponen de acuerdo con respecto a si la oficina puede o no iniciar estos procesos judiciales. En el caso de Hubbard, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito determinó que la ley S.B. 4-B se aplicaba retroactivamente, lo cual autorizaría el proceso. La decisión de la Corte Suprema de Florida ahora determinará si la Oficina puede procesar a Hubbard y a cualquier otra persona acusada de un delito similar.
La politización de la Oficina de la Fiscalía del Estado de Florida da un indicio alarmante de lo que podría pasar a nivel federal. Desde que volvió al poder, el presidente Trump ha iniciado una cruzada de revanchas. El Departamento de Justicia ha abierto investigaciones penales o presentado cargos penales contra cada vez más adversarios políticos del presidente.
Algunos de esos esfuerzos, como los dirigidos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, se han encontrado con una fuerte resistencia de parte de varios fiscales de carrera, lo cual ha motivado al presidente a colocar a algunos de sus exabogados personales como fiscales federales interinos, a pesar de su falta de experiencia como fiscales. Un juez federal desestimó las acusaciones contra Comey y James.
Hay motivos para creer que muy pronto el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tendrá encomendada la misma tarea que la Oficina de la Fiscalía del Estado de Florida con el fin de socavar las elecciones federales. Trump ha exigidouna y otra vez que se investiguen y enjuicien a las autoridades electorales que administraron las elecciones de 2020.
El verano pasado, el DOJ comenzó a solicitar las copias completas de los registros de votantes de los estados, las boletas de las elecciones anteriores y el acceso a las máquinas de votación. Al poco tiempo, The New York Timesinformó que el DOJ estaba trabajando activamente para encontrar formas de presentar cargos penales contra las autoridades electorales por la forma en que habían administrado los sistemas electorales.
Algunos gruposfederalesde tareas recién formados, como la nueva División Nacional de Cumplimiento para Casos de Fraude —sobre la que la Casa Blanca prevé ejercer una función directa de supervisión— también parecen estar ofreciendo una nueva infraestructura para llevar a cabo investigaciones y procesamientos judiciales politizados que podrían usarse para interferir en las elecciones federales.
El gobierno federal y los estados pueden y deben procesar los casos genuinos de fraude electoral. Pero no hay ninguna evidencia sobre la existencia de un fraude electoral generalizado ni en Florida ni en las elecciones federales. Al contrario, los procesamientos judiciales en Florida parecieron tener el objetivo de influir sobre quiénes van a votar. De hecho, los procesamientos de la fiscalía del estado causaron precisamente ese efecto: desalentaron de ir a votar a muchas personas votantes elegibles en el estado y en otras partes del país. En el caso Hubbard, la Corte Suprema de Florida debe rechazar el esfuerzo de este estado de utilizar a los órganos judiciales para motivos políticos.
Traducción de Ana Lis Salotti
