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- La Ley SAVE les impediría votar a millones de ciudadanos estadounidenses.
- Sería el proyecto de ley electoral más restrictivo que apruebe el Congreso en toda su historia.
Hace meses que estamos advirtiendo sobre la campaña del presidente Trump y de su administración para socavar las elecciones de 2026. No tiene precedentes y es descabellada. Ahora, el propio Trump está vociferando sus intenciones y, la semana pasada, tomó dimensiones públicas enormes. La lucha por tener elecciones libres y justas va tomando forma y se inició esta semana en el recinto de la Cámara de Representantes, que volverá a considerar la Ley SAVE (SAVE Act).
No nos engañemos: la Ley SAVE les impediría votar a millones de ciudadanos estadounidenses. Sería el proyecto de ley electoral más restrictivo que apruebe el Congreso en toda su historia. Es otro de los arrebatos de poder de Trump en versión legislativa.
Hoy, el Comité sobre Reglas de la Cámara de Representantes votará para enviar la medida al recinto a fin de que toda la Cámara de Representantes la someta a votación. Este proyecto de ley efectivamente les exigiría a las personas estadounidenses presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse y, por lo tanto, votar.
Una investigación del Brennan Center demuestra que 21 millones de personas no tienen a mano estos documentos. La mitad de toda la ciudadanía estadounidense ni siquiera tiene pasaporte, por ejemplo. Y millones de mujeres casadas que se cambiaron el apellido tendrían que sortear más obstáculos para votar.
Es probable que la medida sea aprobada por la Cámara de Representantes, al igual que ocurrió el año pasado con la versión anterior. Una vez más, dependerá de los senadores rechazarla o no. El líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer (D-NY) dijo que va a “llegar ya muerta”. Pero esta vez hay una campaña externa concertada para presionar al Congreso a restringir el derecho al voto. “Se debe hacer, o la democracia se muere”, ordenó Elon Musk. La Ley SAVE no se va a morir en silencio, rodeada de seres queridos. Depende de todos nosotros que nos levantemos y nos hagamos escuchar, una vez más.
Y ahora vemos cómo todo encaja en una estrategia más profunda.
En los últimos días, Trump ha exigido en repetidas ocasiones que los republicanos “nacionalicen” las elecciones en nombre de su partido político. Cada vez que sus asesores tratan de reparar sus comentarios, él los redobla. “Los estados son un agente para el gobierno federal en las elecciones”, insistió equivocadamente.
Según la Constitución, es al revés. La Constitución lo dice muy claro: los estados administran las elecciones. El presidente no cumple ninguna función.
Como corresponde, el Congreso puede promulgar la legislación nacional. Y debe usar ese poder para aprobar normas nacionales que protejan la libertad de voto, no que la restrinjan.
Luego está el terrible abuso de poder de las fuerzas policiales y judiciales federales. Todavía no sabemos por qué el FBI de Kash Patel efectuó una redada en las oficinas electorales del condado de Fulton en Georgia hace casi dos semanas.
Un juez ordenó que se divulgue la documentación legal que respaldaba la redada y que hasta ahora se mantiene en secreto. ProPublica informó que la redada podría estar vinculada con la agitación provocada por un “investigador conservador” que ha difundido teorías conspiratorias ya desmentidas.
La directora de Inteligencia y discordante habitual, Tulsi Gabbard, se apareció en la redada en Atlanta. ¿Tenía miedo de perderse de algo? Entre las evasiones del Departamento de Justicia y la negación de Trump, Gabbard le escribió al Congreso que, en realidad, el presidente le había ordenado ir, aunque su oficina no desempeña ningún rol en las elecciones.
Ahora resulta que Gabbard accedió a las máquinas de votación el año pasado en Puerto Rico. Y los aliados de Trump en 2020 alegaron que Hugo Chávez de Venezuela, que ya había muerto hacía tiempo, había sido el cerebro del plan.
Esto es material de una ópera cómica. Pero también es gravemente serio, y más para los funcionarios públicos del condado de
Fulton. Todo tiene la intención de enviar un mensaje intimidatorio a las autoridades electorales de todo el país. Si presides una elección y no nos gustan los resultados, vamos a perseguirte.
Steve Bannon, estratega de Trump que cumplió una sentencia en prisión por desobedecer una orden del Congreso de prestar testimonio, declaró este martes: “Vamos a enviar a ICE a cercar los sitios de votación en noviembre. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y permitir que nos roben el país otra vez”. Cuando vemos lo politizadas y agresivas que se han vuelto las fuerzas de control migratorio, esa amenaza es más grave que una mera frase rimbombante de un conductor de podcasts.
En este sentido, la ley es clara: eso sería un delito federal. Mi colega Sean Morales-Doyle lo explica: “¿Puede el presidente enviar tropas o agentes de ICE a los sitios de votación? No. Tanto las leyes federales como las estatales le prohíben al gobierno federal explícitamente llevar a cabo esas amenazas tácitas”. También es un delito federal intimidar al electorado.
En los próximos meses, si vemos abusos de poder como estos, ¿qué podemos hacer todos para asegurarnos de que las personas votantes hagan oír su voz en las urnas?
Hasta ahora, nosotros y otros grupos hemos impedido los peores impulsos de Trump. Después de que Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva que se proponía modificar las reglas electorales unilateralmente, demandamos a la administración y ganamos el caso.
Y a medida que la administración Trump continúa demandando a los estados por no cumplir con su exigencia de entregarle información sensible sobre el electorado, los tribunales de California, Míchigan y Oregón han confirmado el derecho de los estados a negarse a esos pedidos.
Los gobiernos estatales y locales también deben prepararse para tomar medidas y proteger los comicios.
Y las personas votantes deben saber que, a pesar de todo el ruido y el dramatismo, podemos asegurarnos de que las elecciones de 2026 sean libres, justas, seguras y, sí, sin complicaciones. Quizá haga falta votar con anticipación o por correo, por ejemplo.
En un año electoral, los grupos que defienden el derecho al voto suelen preguntarse si señalar los riesgos de amenazas desmotiva a la ciudadanía. En ciertos momentos, advertir sobre el peligro de una supresión de votos puede desalentar la participación inadvertidamente.
Pero este año, no parece ser así. Cada vez que Trump declara que su objetivo es “nacionalizar” las elecciones —no para el bien común, sino para su propio beneficio político—, los riesgos se vuelven más evidentes. Cuando insiste equivocadamente que las elecciones estadounidenses son “manipuladas”, como lo hizo durante el fin de semana, sus palabras son más que solo fanfarronadas. Está diciendo en voz alta lo que se susurra por lo bajo.
En 2026, el derecho al voto exigirá una lucha por el voto.
Traducción de Ana Lis Salotti
