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- Los agentes federales mataron a dos personas civiles inocentes a sangre fría.
- La respuesta de la fiscalía general de los Estados Unidos es usarlo para sacar provecho y acceder ilegalmente a los datos del electorado.
Toda la nación se ha convulsionado por el asesinato de Alex Pretti en Mineápolis. Millones ven ahora con claridad y repugnancia los ataques ilícitos que están realizando los oficiales federales contra una ciudad estadounidense y su población. Tal como lo señaló el Wall Street Journal en su artículo de opinión, es la “debacle moral y política de la presidencia de Trump”.
A los videos les siguió una lluvia de mentiras provenientes de altos funcionarios del gobierno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Pretti había cometido actos de “terrorismo interno”. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, señaló a Pretti como un “asesino” que intentó “matar a agentes federales”. Gregory Bovino, funcionario de la Patrulla Fronteriza, declaró: “Esta parece una situación en la que una persona quería infligir el máximo daño y masacrar a oficiales del orden”. El impulso instantáneo de estos funcionarios de alto rango es agredir y difamar.
Hubo otra declaración escandalosa por parte de una funcionaria del gabinete que no ha recibido la atención suficiente.
El sábado, la fiscala general Pam Bondi le escribió una carta al gobernador Tim Walz de Minnesota, donde vinculó los actos de violencia en Mineápolis con un pedido en el que le exigía al estado, entre otras cosas, que le diera al Departamento de Justicia el pleno acceso a los padrones electorales del estado, que contienen datos sensibles sobre las personas votantes. No se ofreció nada explícito a cambio, pero cualquiera que haya visto las películas de gánsteres más básicas puede entender la implicancia.
Ciertamente es así como lo entendieron las autoridades estatales. Cabe recalcar los hechos: los agentes federales mataron a dos personas civiles inocentes a sangre fría. Y la respuesta de la fiscalía general de los Estados Unidos es usarlo para sacar provecho y acceder ilegalmente a los datos del electorado. Este es un caso clarísimo de abuso de poder.
Tal como dijo mi colega Wendy Weiser, “¿Qué tienen que ver los padrones electorales con el ICE? Nada. Pero tienen mucho que ver con los esfuerzos continuos de esta administración de inmiscuirse en las elecciones”.
El secretario de estado de Minnesota, Steve Simon, le dio a Bondi la única respuesta legítima y responsable (un simple “no”) y describió su oferta como “una clara extorsión”.
No nos equivoquemos: el gobierno federal no tiene ninguna autorización para exigir que los estados le den información confidencial sobre su electorado. En nuestro sistema constitucional, los estados son los encargados de mantener y proteger los padrones electorales. De hecho, diferentes leyes estatales y federales limitan la cantidad de datos que puede recabar el gobierno federal.
Pero esto no les ha impedido intentarlo. El Departamento de Justicia de Bondi ha exigido el acceso a los registros de votantes de 44 estados y Washington, D.C., y ha demandado a más a de 20 estados por no cumplir con su exigencia. Dos tribunales ya se han pronunciado a favor de los estados.
¿Para qué querría la administración recolectar estos datos? Les daría a los negacionistas de elecciones nuevos argumentos para difundir falsas alegaciones de un voto no ciudadano masivo. Le ayudaría al gobierno federal a presionar a los estados a realizar purgas de votantes irresponsables, que eliminarían de los padrones a muchas personas ciudadanas que sí pueden votar justo cuando se acercan las elecciones de noviembre.
Claramente, todo esto es parte de una estrategia más profunda de interferir en nuestras elecciones. La semana pasada, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo que el partido republicano está evaluando una nueva versión de la desfavorecida Ley SAVE (SAVE Act), el proyecto de ley que obligaría a todas las personas ciudadanas estadounidenses a presentar un certificado de nacimiento, un pasaporte o un documento similar para registrarse para votar.
Según nuestra investigación, al menos 21 millones de estadounidenses no tienen a mano estos documentos. El año pasado, este proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Representantes con un mínimo margen, pero se estancó en el Senado después de una fuertísima oposición del público.
La carta de Bondi es una grave intensificación de estos esfuerzos, un abuso explícito de la coyuntura para obligar a Minnesota a obedecer.
El senador Chris Murphy (D-CT) cree que esta intensificación fue a propósito. Durante el fin de semana, advirtió que la “administración Trump está creando este caos, en especial en las ciudades de estados pendulares, para tomar el control de las elecciones”.
Cuando Donald Trump asumió la presidencia por primera vez en 2017, habló de una “carnicería estadounidense”. Tiroteos contra personas en la calle, brigadas de hombres armados y enmascarados, inmigrantes aterrados, nubes de gas lacrimógeno, vagas alegaciones de conspiración y mucho más: todo esto refleja una auténtica “carnicería”. Esa sensación de crisis, instigada a propósito, puede crear oportunidades para socavar las elecciones y sembrar dudas y división.
Cabe aclarar algo (que me preguntan mucho): Donald Trump no puede cancelar las elecciones de medio término. El presidente no tiene ninguna facultad para hacerlo.
Pero estos ataques armados en una importante ciudad de los Estados Unidos, junto con una oferta mafiosa que implica que los chicos malos se podrían retirar si las autoridades electorales estatales traicionan a su electorado, igualmente demuestran cuánto daño pueden causar.
La digna respuesta enfurecida del público en todo el país ante el último asesinato sugiere que quizá algo se quebró. No sería la primera vez en nuestra historia en que la violencia del gobierno incita a una reacción aún más potente.
No es solo la seguridad y la cordura de la población de Minnesota lo que está en juego. Tal como nos vuelven a recordar, es nuestra democracia la que está en riesgo.
Traducción de Ana Lis Salotti
