- Lo que es diferente aquí es que los fondos no se están destinando a un partido político ni a una campaña, sino al político en cuestión. La transacción es directa, desnuda.
- La Cláusula de Emolumentos se encuentra en la parte de la Constitución que deja en claro las facultades del Congreso; no le corresponde al presidente decidirlo.
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Ocho años atrás, el hall de entrada del Trump International Hotel en Washington se convirtió en el símbolo del tráfico de influencias. Los turistas socializaban alegres con lobistas y donantes de campañas políticas. El cóctel más barato costaba $24. Qué excentricidad.
En este mandato, Donald Trump Jr. anunció que abrirá un club privado y exclusivo para miembros en Georgetown llamado Executive Branch. Entre los que se han sumado figuran miembros de la administración Trump, numerosos CEO y gerentes ejecutivos de empresas tecnológicas. La cuota de la membresía actualmente es de $500,000.
Este es el contexto de la controversia que ahora estalla por el regalo de Qatar de un avión valorado en unos $400 millones destinado a ser nuevo Air Force One, un 747 que luego pasaría a formar parte de la Biblioteca Presidencial de Trump cuando termine su mandato, con lo cual quedaría disponible para su uso personal (aunque Trump niega que lo vaya a utilizar).
De por sí, esto ya es extravagante. Pero es solamente la parte más visible de una nueva ética de valores centrada en el beneficio propio, donde los límites entre el servicio público y el enriquecimiento personal no solo se han desdibujados sino que han desaparecido por completo.
Unos días antes de regresar al cargo, Trump lanzó su propia criptomoneda, $TRUMP, que, de inmediato, lo enriqueció con varios billones de dólares (aunque el valor de esta criptomoneda ha caído desde entonces). Dado que las criptomonedas son un medio puramente especulativo, esto les dio a los “inversores” la oportunidad de enviarle fondos directamente a Trump sin necesidad de divulgar ni justificación. Y en efecto, los Emiratos Árabes Unidos, otro país que Trump visita esta semana, le dio… perdón, “invirtió” $2 billones.
La empresa familiar de Trump ya posee una compañía de minería de criptomonedas, World Liberty Financial, que se beneficia de su cambio de postura, que antes era escéptica y ahora es desreguladora.
Y luego están todas las transacciones que parecen derivar en pagos para la primera familia, comenzando por los $28 millones que le pagó Amazon a la primera dama Melania Trump para hacer un documental.
Ahora bien, no idealicemos un pasado dorado de la ética gubernamental. La Casa Blanca fue testigo de los escándalos de Crédit Mobilier en los años 1870 y del Teapot Dome en la década de 1920. Lyndon Johnson usó la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para darles tratamiento preferencial a las estaciones de radio que le pertenecían.
En décadas más recientes, presidentes de los dos partidos políticos han llevado a cabo un agotador programa de recaudación de fondos casi sin tregua para sus campañas políticas. (Por cierto, mi antiguo jefe, Bill Clinton, fue criticado cuando varios donantes de su partido durmieron en la habitación de la Casa Blanca conocida como Lincoln Bedroom). Hunter Biden fue acusado de tráfico de influencias para su beneficio personal antes de que su padre lo indultara casi al término de su mandato.
Lo que es diferente aquí es que los fondos no se están destinando a un partido político ni a una campaña, sino al político en cuestión. La transacción es directa, desnuda.
Los fundadores de nuestra nación estaban muy preocupados por la posibilidad de que una persona usara el poder de la presidencia para enriquecerse a sí misma y a sus familiares. Hicieron un fuerte hincapié en los riesgos de la corrupción y eran muy conscientes de las numerosas formas en se podía abusar del sistema. Les preocupaba particularmente que los gobiernos extranjeros pudieran influenciar a los presidentes de los Estados Unidos.
Durante la Convención Constitucional, Gouverneur Morris temía que el presidente recibiera sobornos extranjeros: “Uno pensaría que el Rey de Inglaterra estaba muy bien protegido contra los sobornos extranjeros. Sin embargo, Carlos II fue sobornado por Luis XIV”. Los fundadores de nuestra nación incluyeron protecciones contra la corrupción en nuestra Constitución.
El Artículo I de la Constitución prohíbe a toda persona que ocupa un cargo en el gobierno aceptar cualquier regalo o título de cualquier “rey, príncipe o estado extranjero” sin el consentimiento del Congreso. Esta disposición se conoce como la “Cláusula de Emolumentos Extranjeros”.
Durante la convención de Virginia para la ratificación de la Constitución, Edmund Randolph dejó en claro lo mucho que los fundadores de la Constitución rechazaban la posibilidad de recibir fondos extranjeros. Describió “un accidente, que en verdad ocurrió [y] ayudó a crear la restricción. Una caja le fue obsequiada a nuestro embajador de parte del rey de nuestros aliados. Se consideró apropiado, para excluir la posibilidad de corrupción e influencia extranjera, prohibir que cualquier persona que ocupe un cargo recibiera o tuviera cualquier emolumento de parte de estados extranjeros”.
Trump dijo: “Sería un estúpido” si rechazara el avión de $400 millones. Pero recordemos que la Cláusula de Emolumentos se encuentra en la parte de la Constitución que deja en claro las facultades del Congreso; no le corresponde al presidente decidirlo.
Durante su primer mandato, Maryland y el Distrito de Columbia lo demandaron y alegaron que Trump se benefició ilegalmente de funcionarios nacionales y extranjeros que se hospedaban en su hotel. Estuvimos de acuerdo. Ese caso se demoró en el interior de los tribunales y, en 2021, la Corte Suprema terminó desestimándolo porque Trump ya no era presidente.
Así que ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto y qué reglas infalibles podrían evitar que un presidente en el futuro saque provecho de su cargo de poder con tanta desfachatez? Para empezar, el Congreso debe dejar en claro que no aprueba este enorme regalo extranjero a nuestro presidente.
A un nivel más amplio, el Congreso podría aprobar leyes que hagan cumplir plenamente la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución y eliminen los obstáculos procesales que descarrilaron las demandas judiciales durante el primer mandato de Trump.
También sería un buen momento para reconocer que hemos estado dependiendo del sentido común o del autocontrol de los presidentes anteriores.
El grupo de trabajo del Brennan Center, compuesto por exfuncionarios republicanos y demócratas, recomendó que los presidentes debían colocar sus negocios y activos en un fideicomiso ciego, una propuesta que es parte de la Ley para Proteger nuestra Democracia (Protecting Our Democracy Act), que no se aprobó (bloqueada por un filibustero) por no llegar al voto de la supermayoría en 2022.
Pero incluso estas protecciones pueden no ser suficientes. Ni los fundadores de nuestra nación ni las generaciones siguientes de congresistas se beneficiaron de las criptomonedas.
De los escándalos del presente surgirán las reformas del futuro. Por ahora, toda nuestra indignación estupefacta es un buen comienzo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
