- No existe ninguna justificación legal para que Trump envíe a la Guardia Nacional ni a los agentes federales a combatir el delito en Chicago.
- Para ayudar verdaderamente a combatir el delito, Trump debería financiar programas que funcionan y acabar con esta confrontación ostentosa y mediática.
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El presidente Trump anunció la semana pasada que el Departamento de Defensa ahora se iba a llamar Departamento de Guerra, que, según él, “envía un mensaje de fuerza”.
¿El supuesto primer objetivo de la agencia con nombre nuevo? Chicago.
El sábado, Trump anunció en Truth Social: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”. La publicación incluyó una extraña imagen generada por IA en la que aparece Trump sentado delante de una Chicago en llamas y rodeada de helicópteros, explosiones y la frase “Chipocalypse Now” al estilo de la película Apocalypse Now sobre la Guerra de Vietnam.
Desde entonces, Trump ha desmentido la amenaza, pero no lo tildemos solamente de un inocente meme provocador. Un presidente en el cargo… amenazando con hacerle la guerra a una ciudad estadounidense … mientras agentes de la Guardia Nacional de otros estados esperan listos para ser enviados… en contra de las objeciones del gobierno estatal. “Esto no es una broma”, declaró el gobernador JB Pritzker. Es un golpe directo contra nuestro orden constitucional. Y reemplaza con una provocación las estrategias de reducción del delito, bajo la dirección de los gobiernos locales y con el respaldo del gobierno nacional, que sabemos que funcionan mejor para proteger al público.
Cuando se ratificó la Constitución, los fundadores estaban preocupados de que un momento así llegara a ocurrir. Le tenían mucho miedo a una fuerza militar nacionalmente controlada e ilimitada. El ejército británico había partido tan solo cinco años antes.
Los opositores de la Constitución señalaron con alarma que las milicias de un estado podían invadir a otro. Durante la Convención Constitucional, Elbridge Gerry advirtió sobre los riesgos de “dejar sueltos los fieles secuaces [del gobierno federal] de los Estados Unidos contra un estado sin su consentimiento”.
Durante las peleas sobre la ratificación de la Constitución, Patrick Henry y George Mason advirtieron que el gobierno federal podría enviar la milicia de Virginia a otro estado y traer la fuerza militar de otro estado a Virginia. (En ese caso, se preocupaban por la posibilidad de que el gobierno federal amenazara con suprimir la esclavitud).
De hecho, ese temor a las milicias estatales federalizadas es una de las razones por las que tenemos la Segunda Enmienda. Tenía el propósito de garantizar que los estados pudieran conservar su propia “milicia bien regulada” y totalmente armada, ahora conocida como la Guardia Nacional.
Tal como lo señala el periodista de CNN, Ron Brownstein, “La idea de tener tropas armadas en múltiples ciudades estadounidenses, por la justificación que sea, es fundamentalmente extraña a la tradición de los Estados Unidos. Nunca hemos visto tropas en ciudades estadounidenses, excepto en momentos de enormes disturbios civiles”.
Por eso, incluso en la actualidad, la Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act) prohíbe expresamente la participación de tropas federales en funciones civiles de orden público, con muy pocas excepciones. Nuestros soldados están entrenados para vencer a un ejército extranjero, no para realizar arrestos o patrullar las calles.
Colocar a las fuerzas armadas en tareas civiles y rutinarias de la policía también desvía el personal, los recursos y la atención de las fuerzas militares de sus responsabilidades primordiales en torno a la seguridad nacional. Simplemente, este no es el trabajo de las fuerzas armadas.
Hay que dejar en claro que la ley federal le permite al presidente desplegar tropas militares para suprimir insurrecciones o ejecutar la ley federal en una crisis donde las autoridades civiles o bien están totalmente desbordadas, o actúan en complicidad con las violaciones a la ley.
Pero Trump no oculta su deseo de usar a la Guardia Nacional para combatir el delito local, una tarea policial de responsabilidad local y estatal sobre la cual el gobierno federal no tiene ningún poder, ni mucho menos lo tienen las fuerzas militares. No existe ninguna justificación legal para que Trump envíe a la Guardia Nacional ni a los agentes federales a combatir el delito en Chicago.
Cabe recalcar que la seguridad pública es vital, y el delito sí registró un fuerte aumento repentino durante la pandemia. Chicago, en particular, tiene un problema de larga data con los delitos violentos. Pero, en los últimos años, la delincuencia ha disminuido en la mayor parte del país. Las últimas estadísticas del FBI demuestran la disminución más importante tanto en delitos violentos como en el delito contra la propiedad durante un solo año desde la década de los 60.
Hay soluciones comprobadas que han reducido el delito en muchas ciudades de todo el país. Chicago y otras ciudades, como Baltimore y Nueva York, han registrado una drástica caída en los delitos violentos gracias a una serie de programas que dan apoyo a las fuerzas policiales locales y promueven la seguridad pública, muchos de los cuales han recibido fondos del gobierno federal.
¿Dónde están esos programas ahora? La administración Trump los ha estado desmantelando con recortes que suman los $820 millones de dólares en temas de seguridad pública. Para ayudar verdaderamente a combatir el delito, Trump debería financiar programas que funcionan y acabar con esta confrontación ostentosa y mediática. La respuesta está en dar apoyo a la policía y reforzar las estrategias que funcionan, no enviar tropas.
Este posible enfrentamiento entre los estados refleja un cambio peligroso más profundo.
Según Pritzker, Trump prevé desplegar la Guardia Nacional de Texas en Illinois. El gobernador Greg Abbott lo niega, pero su gobierno dijo que la Guardia de Texas está “dispuesta y lista” para saltar a la acción. Si Texas u otros estados envían tropas a Chicago, indicaría una ruptura drástica del contrato social que existe entre los estados: una ruptura que probablemente viole la Constitución, tal como ha argumentado el Brennan Center.
Durante la última década, los estados conservadores han hecho cada vez más alarde de un poder federal. Misisipi prohibió el aborto incluso cuando Roe v. Wade estaba vigente. Texas promulgó una ley “cazarrecompensas” para tratar de lograr el mismo objetivo.
Ahora, los estados liberales están dando pelea por su cuenta. Se están uniendo para elaborar nuevas recomendaciones de seguridad sobre las vacunas y así sortear el desamparo federal en cuanto a este tema esencial de salud pública. Algunos estados se apresuran para aprobar leyes que protejan a los profesionales de salud reproductiva, mientras que otros buscan procesar a esos mismos profesionales de otros estados.
Y por supuesto, provocados por Texas, ahora tenemos una lucha entre estados demócratas y republicanos para conseguir más escaños en el Congreso a través de un ciclo interminable y vengativo de manipulación partidista de los distritos electorales.
Estados Unidos se convirtió en una nación grande y próspera porque desarrolló una economía que cubría todo el ancho de un continente, y un gobierno nacional fuerte que hacía cumplir los derechos en todo su territorio. Pero, en los últimos años, la Corte Suprema se ha mostrado cada vez más reticente a establecer estándares nacionales (como cuando anuló el derecho constitucional a tener un aborto). Y un Congreso cada vez más disfuncional no ha tomado las medidas correspondientes (como cuando las reglas arcaicas de filibusterismo impidieron obtener la mayoría en el Congreso para promulgar protecciones al derecho al voto en 2022).
Ahora estamos viendo el desarrollo de dos sistemas sociales distintos en los estados republicanos y demócratas. No creo que eso sea la interpretación de los estados como “laboratorios de la democracia” que tenía en mente el magistrado Louis Brandeis. En algún momento, el país tendrá que unirse.
Es sensato buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Pero no nos dejemos engañar: enviar las fuerzas militares a las calles para interferir en las funciones civiles de orden público es una idea antiestadounidense que solo amenaza con violar nuestros derechos civiles y provocar rupturas entre los estados.
Durante la Convención Constitucional, James Madison lo predijo: “Los medios de defensa contra un peligro extranjero siempre han sido los instrumentos de tiranía dentro del propio país”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
