- En sus primeros 100 días, las acciones de la segunda administración Trump han trastocado prácticamente cada todos los aspectos de la vida y gobernanza de los Estados Unidos.
- La administración está afanada en la creación de un poder un ejecutivo todopoderoso que pueda, cuando lo desee, ignorar y usurpar la autoridad constitucional del Congreso.
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En sus primeros 100 días, las acciones de la segunda administración Trump han trastocado prácticamente todos los aspectos de la vida y gobernanza de los Estados Unidos. Más de 200 demandas federales han cuestionado sus medidas, y por lo menos 149 de estas han logrado victorias iniciales.
Dado el gran volumen de casos, es fácil perderse en los detalles y no ver el panorama completo de lo que está en juego para nuestra democracia. Pero al tomar distancia, se revela una tendencia clara: La administración está afanada en la creación de un poder un ejecutivo todopoderoso que pueda, cuando lo desee, ignorar y usurpar la autoridad constitucional del Congreso.
Hay una razón por la cual la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, una amplia autoridad para aprobar leyes, gastar dinero y dar forma al gobierno —es la rama más directamente responsable ante el pueblo estadounidense. La ciudadanía elije directamente a sus representantes para que legislen de acuerdo con las necesidades específicas de sus comunidades.
Como explicó el propio James Madison, el éxito de un gobierno dependerá de “la dependencia inmediata e íntima simpatía, [del Congreso] con el pueblo”. En cambio, el único deber del presidente es cumplir y ejecutar las leyes que promulga el Congreso.
Tres de las acciones de alto perfil de la administración, las cuales enfrentan demandas legales que están avanzando rápidamente en los tribunales de apelación, demuestran su anhelo de alterar este acuerdo democrático y empoderarse a expensas del Congreso: los intentos de destituir a líderes de agencias independientes, retener fondos federales y cerrar agencias federales.
Destituir a líderes de agencias independientes
La serie de despidos del presidente ha atacado una de las facultades constitucionales más importantes del Congreso: el poder de crear, formular y supervisar las muchas agencias independientes que existen para servir al bien público. Estas agencias toman decisiones críticas, y a menudo técnicas, en cuestiones que van desde los mercados financieros hasta el trasporte y las sustancias tóxicas.
El Congreso les dio independencia para garantizar que sus decisiones en estos temas importantes sigan la ley y tengan buen sentido como políticas públicas, en vez de simplemente repetir las preferencias políticas o personales del presidente. Para proteger su independencia, el Congreso le dio a quienes encabezan estas agencias independientes términos fijos y estableció criterios específicos sobre cuándo pueden ser destituidos antes de cumplir su término, por ejemplo, en casos de “malversación”. En efecto, este tipo de protecciones datan de hace más de 100 años.
El presidente, sin embargo, ha ignorado estas protecciones y destituido a miembros de las juntas directivas de varias agencias independientes, incluyendo en la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión Federal de Comercio. En ambos casos, los despidos se dieron antes de que se vencieran los tiempos de sus contratos y sin alguna razón que el Congreso reconocería como legítima. Según la administración, el presidente debería poder despedir unilateralmente a los jefes de las agencias en cualquier momento y por cualquier razón.
Varias demandas han argumentado que los despidos violan el lenguaje claro sobre las garantías de tenencia de cargo que el Congreso formuló. La Corte Suprema puede intervenir pronto. Al hacerlo, no solo decidirá la cuestión técnica sobre si el presidente destituyó apropiadamente a los jefes de las agencias de sus cargos, pero también abordará la cuestión más profunda sobre si el presidente puede invalidar leyes de larga data del Congreso que regulan los despidos y los mandatos de las personas que encabezan las agencias, como la administración afirma ahora que puede hacerlo.
Confiscar los fondos federales
Los intentos de la administración de congelar el gasto de los fondos federales generan preocupaciones similares de que la rama ejecutiva se está agrandando a expensas del Congreso. En una medida sin precedentes, el director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, nombrado por Trump, ordenó confiscar billones de dólares en todo el gobierno que el Congreso ya había asignado a las agencias federales.
Según el memorándum de la oficina, la pausa terminaría después de una revisión para determinar si las actividades de las agencias implicaban políticas a las que el presidente se opone, específicamente citando “[diversidad, equidad e inclusión], ideología de género woke y el nuevo trato verde”. Esto generó caos inmediato, dejando en el limbo programas y servicios críticos como la atención de enfermería para veteranos, asistencia para el cuidado infantil y ayudas para responder a desastres.
Múltiples demandas lograron victorias tempranas que suspendieron temporalmente la congelación de fondos federales. En palabras de uno de los tribunales, la orden de la oficina del presupuesto “socava fundamentalmente los claros roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno”. De hecho, la orden viola una de las facultades más importantes del Congreso: el poder de la cartera.
La Constitución exige que los miembros del Congreso decidan cómo se gastan los dólares de los contribuyentes porque los legisladores, no el presidente, están mejor posicionados para saber cómo esas decisiones afectarán a sus comunidades y a la ciudadanía.
Las asignaciones de los fondos resultantes del Congreso son leyes tan inviolables como cualquier otra. El presidente, en cambio, simplemente ejecuta esas leyes: la rama ejecutiva no tiene ninguna autoridad inherente para retirar el gasto que el Congreso ya ha autorizado.
Pero aun con esas órdenes de los tribunales bloqueando el memorándum de la oficina de presupuesto, los beneficiarios de subvenciones y préstamos federales han tenido dificultades en recuperar el acceso a sus fondos. Además, la administración ha retenido los fondos autorizados por el Congreso por otros medios. Las docenas de casos relacionados con la financiación que avanzan ahora en los tribunales apuntan a que la administración continuará con sus esfuerzos por eludir al Congreso y decidir unilateralmente cómo se gastan los dólares de los contribuyentes.
Clausurar agencias
Un acaparamiento similar de poder presidencial se está llevando a cabo en el intento de la administración por clausurar por completo ciertas agencias creadas por el Congreso. Consideremos, por ejemplo, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. La Constitución le da al Congreso el poder para regular el comercio. Tras la crisis financiera de 2008, el Congreso utilizó ese poder para crear la oficina y encargarle la supervisión y regulación de las instituciones financieras en todo el país, así como ayudar a los consumidores perjudicados por esas instituciones.
Pero poco después de asumir el cargo, la administración Trump se propuso “eliminarla por completo”. Trump despidió y reemplazó a su director, y su sucesor rápidamente procedió a rechazar toda la financiación futura para la oficina. Además, dio instrucciones al personal para que no realizara “ninguna tarea laboral”, cerró sus oficinas principales, canceló contratos por $100 millones y despidió a los empleados en período de prueba.
El juez que atendió una de las demandas en curso por la clausura de la oficina explicó el abuso de poder de la administración de forma concisa: “Sobrepasó su autoridad estatutaria y constitucional y usurpó el poder de los miembros del Congreso, quienes fueron electos democráticamente por el pueblo en cada estado de la unión”.
En otras palabras, la administración actuó ilegalmente al intentar destruir algo que el Congreso autorizó. En esencia, intentó ejercer un segundo veto presidencial sobre una ley que se promulgó debidamente —otro ejemplo de un presidente que toma las leyes en sus propias manos, o más precisamente, que las ignora por completo.
Estos casos son solo un ejemplo de cientos que se han presentado en contra de la administración hasta ahora. Pero recalcan lo qué está en juego para nuestro sistema de gobierno. Al ignorar los pesos y contrapesos diseñados para mantenerlo responsable ante al Congreso, el presidente está amenazando con convertirse en exactamente lo que los redactores de la Constitución temían: un ejecutivo todopoderoso y sin restricciones que opera más como un rey que como el jefe de una democracia constitucional.
Traducción de Laura Gómez
