- Este despliegue de fuerzas militares que son llamadas desde otros estados a ocupar ciudades no puede lógicamente propiciar el orden público. Es un acto de fuerza bruta, un brutal arrebato de poder.
- Los estados y las ciudades pueden acudir a la justicia y dar una batalla legal épica.
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El presidente Trump ha amenazado con enviar tropas militares a Chicago para “enderezarla”. Dice que la ciudad de Nueva York podría ser la próxima.
Ya hay regimientos armados de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington, DC. Todo esto se suma al despliegue de tropas militares en Los Ángeles a comienzos de este verano.
Este despliegue de fuerzas militares que son llamadas desde otros estados a ocupar ciudades no puede lógicamente propiciar el orden público. Es un acto de fuerza bruta, un brutal arrebato de poder. Va en contra de la Constitución y del rol que les corresponde a los estados.
Yo escribo libros sobre historia y me considero un experto en la presidencia. Se me ocurren varias analogías —aunque no de este país— para describir una movida como esta por parte de un jefe de Estado.
¿Por qué este cambio en particular es tan alarmante? Después de todo, la seguridad pública es importante y la lucha contra el crimen es una causa noble. Mi colega Liza Goitein explica las implicaciones legales y constitucionales:
Trump está pisando un terreno aún más peligroso con este plan que con el de Los Ángeles y el de DC. A diferencia de lo que ocurre en la capital, el presidente no puede comandar la Guardia Nacional de Illinois, a menos que la llame a efectuar un servicio federal (es decir, la “federalice”). Hay distintas leyes que lo autorizan a federalizar la Guardia, pero ninguna se aplica a este caso.
En Los Ángeles, Trump se está basando en una ley (la Sección 12406 del Título 10 del Código de Leyes de EE. UU.) que autoriza la federalización cuando “el presidente es incapaz, con las fuerzas normales, de ejecutar las leyes de los Estados Unidos”, es decir, las leyes federales.
Las leyes de inmigración son leyes federales. Trump alegó que las protestas lo hicieron “incapaz… de ejecutar” las redadas de ICE. Si bien se realizaron docenas de redadas durante las protestas y la administración no citó ni una sola redada que hubiera sido impedida, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno cedió la decisión al criterio de Trump.
Pero esa ley simplemente no se aplicaría al tipo de delitos que Trump ha citado en el caso de Chicago: básicamente, delitos callejeros violentos. Las leyes aplicables aquí son, en su mayoría, las de Illinois y Chicago, no las “leyes de los Estados Unidos”.
Incluso según la Ley de Insurrección (Insurrection Act) —que es la principal excepción a la ley que prohíbe el despliegue militar para garantizar el orden público dentro del país—, el presidente puede desplegar tropas militares para ejecutar las leyes solo en situaciones regidas por las leyes federales, o bien por aquellas leyes estatales diseñadas para proteger los derechos constitucionales de grandes grupos de personas (básicamente, las leyes sobre los derechos civiles).
Trump tampoco puede pedirles a los gobiernos de otros estados que envíen sus tropas de la Guardia Nacional a Chicago, como lo hizo en DC conforme a una ley conocida con el nombre de Sección 502(f), que autoriza a los gobiernos estatales a usar voluntariamente sus tropas de la Guardia para llevar a cabo misiones solicitadas por el presidente o el secretario de defensa. Conforme a esta ley, varios presidentes han pedido a gobernadores desplegar sus fuerzas de la Guardia dentro de sus propios estados, en otros estados que dan su consentimiento o (como lo ha hecho Trump) en DC sin el consentimiento del gobierno local.
Ningún gobernador ha enviado sus tropas de la Guardia a otro estado sin su consentimiento, tal como ocurriría en este caso. Eso se debe a que, cuando se despliegan fuerzas de la Guardia conforme a esta ley, siguen siendo oficiales estatales desde el punto de vista legal. Y según la Constitución, los estados son entidades soberanas con respecto a los otros estados. Eso significa que un estado no puede invadir a otro, aun cuando lo pida el presidente.
Si el presidente quiere enviar las fuerzas de la Guardia Nacional de un estado a otro que no quiere aceptarlas, el presidente debe federalizarlas primero. Pero, para federalizarlas, necesita una facultad conferida por ley. Y no hay ninguna facultad legal que permita federalizar la Guardia para combatir la delincuencia local.
Según se supo, el Pentágono ve su despliegue militar previsto en Chicago como un modelo a seguir en otras ciudades. Y, por supuesto, las otras ciudades que Trump ha mencionado públicamente en este sentido están gobernadas por demócratas: Baltimore, Los Ángeles, Nueva York y Oakland.
Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir el crimen sería un abuso de poder nunca antes visto, que violaría los derechos de los estados y amenazaría nuestras libertades más fundamentales. El plan es profundamente antiestadounidense. E ilegal.
La seguridad pública importa mucho. Pero los hechos contradicen las justificaciones (que cambian todo el tiempo). Nueva York, por ejemplo, sigue siendo una de las grandes ciudades más seguras de la nación. Tal como la comisionada del departamento de policía Jessica Tisch le dijo ayer a la fiscal general Pam Bondi, la delincuencia ha bajado considerablemente, incluso este año. Combatir el delito no es una justificación: es un pretexto.
Las ciudades afectadas hasta ahora tienen dos cosas en común: alcaldes o alcaldesas de raza negra y un bombardeo de retórica presidencial que las tilda de “infiernos”.
Bill Kristol, fundador del sitio de noticias The Bulwark y prominente republicano desde siempre, analizó los acontecimientos de la semana pasada y los describió así: “Lo que estamos viendo no es meramente un ‘giro hacia el autoritarismo’. Es una marcha hacia el despotismo. Y es una marcha cuyo ritmo se está acelerando”.
¿Qué se puede hacer para hacerle frente? El gobernador de Illinois JB Pritzker les advirtió a las fuerzas federales: “No vengan a Chicago. Aquí no los queremos, ni los necesitamos”. A su vez, Trump reflexionó: “Dicen… ‘Es un dictador. Es un dictador’. Mucha gente está diciendo: ‘Quizá nos gustaría tener un dictador’”. Y agregó: “No me gustan los dictadores. No soy un dictador”. (Si pensamos en citas de presidentes, la suya es tan tranquilizadora como la de Richard Nixon, cuando dijo: “No soy un sinvergüenza”).
Pritzker y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pueden tener un rol primordial. Los estados y las ciudades pueden acudir a la justicia y dar una batalla legal épica. Pueden movilizar al público en sus estados y en todo el país. Pueden vigilar y documentar la conducta de las fuerzas desplegadas.
Todos debemos alzar la voz cuando nuestra Constitución está bajo amenaza.
Traducción de Ana Lis Salotti
