- Si la Corte Suprema adopta el enfoque del Noveno Circuito, le daría luz verde al presidente Trump para movilizar efectivos en todo el país a fin de contener manifestaciones contra su política.
- Al final de esta ladera resbaladiza está un país en el que ya no se garantizan las libertades fundamentales.
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La Corte Suprema decidirá pronto si emitir una revocación de emergencia a una orden judicial que le prohíbe al presidente movilizar efectivos federalizados de la Guardia Nacional en Chicago. La Corte podría seguir dos ejemplos: el dictamen del Séptimo Circuito de la Corte de Apelación, que ratificó la orden en cuestión, o dos dictámenes del Noveno Circuito, que detuvieron órdenes similares en Los Ángeles y Portland.
Hay muchísimo en juego. La norma general contra el uso de fuerzas armadas como policía nacional —que se refleja tanto en las leyes (la Ley Posse Comitatus) y tradiciones de hace varios siglos— es una de las más importantes medidas de protección de la democracia y la libertad individual que tenemos en el país. Un ejército entrenado para combatir y destruir enemigos en el extranjero, si se vuelve contra el pueblo, podría convertirse en una poderosa herramienta para suprimir la disidencia y socavar los derechos.
El Congreso ha promulgado leyes que permiten la movilización militar interna bajo circunstancias extremas, un poder que otros presidentes han usado exiguamente. Durante las nueve últimas presidencias (excepto el primer gobierno de Trump), los presidentes han movilizado tropas para sofocar disturbios civiles o hacer cumplir las leyes solo dos veces. En cambio, en cuatro meses Trump ya autorizó o solicitó la movilización de efectivos en cinco ciudades de Estados Unidos. Tan solo esto ya debería ser causa de alarma.
En el Séptimo Circuito, la corte ratificó el dictamen del juez de distrito de que los hechos en el terreno simplemente no justificaban la movilización. Sin embargo, en el Noveno Circuito, la corte ahora ha aceptado dos veces una realidad alternativa presentada por el poder ejecutivo.
Si la Corte Suprema adopta el enfoque del Noveno Circuito, le daría luz verde al presidente Trump para movilizar efectivos en todo el país a fin de contener manifestaciones contra su política. Al final de esta ladera resbaladiza está un país en el que ya no se garantizan las libertades fundamentales
Dictamen del Séptimo Circuito en el caso de Illinois
En las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) fuera de Chicago, las manifestaciones contra la política de ICE —que suelen contar con menos de 50 personas y nunca más de 200— ocasionalmente incluyeron actos violentos u obstrucción por los manifestantes. Agentes de la ley federales y locales respondieron a estos incidentes, y la policía estatal y local realizó varios arrestos. El edificio de ICE permaneció abierto y siguió funcionando todo el tiempo.
Las amenazas de Trump de enviar a las fuerzas armadas a Chicago se produjeron mucho antes de estas manifestaciones, pues con frecuencia insinuó que la movilización solucionaría el problema del crimen en la ciudad. En un mensaje en redes sociales en septiembre, dio la impresión de que Chicago ardía, junto con las palabras “Chipocalypse Now” (apocalipsis en Chicago ahora) y “Chicago about to find out why it’s called the Department of WAR” (Chicago está por descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA).
Después del inicio de las manifestaciones, Trump lo justificó de otra manera. Autorizó la federalización de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois conforme a 10 USC § 12406, una ley que permite la federalización cuando (entre otros factores desencadenantes) el presidente “no puede hacer cumplir las leyes de Estados Unidos con los efectivos usuales”. La teoría fue que los actos de algunos manifestantes habían impedido que ICE velara por el cumplimiento de las leyes de inmigración.
El estado de Illinois presentó una demanda y pidió a la jueza April Perry una orden de restricción temporal para bloquear la movilización. La pregunta clave que Perry enfrentó fue cuánta deferencia otorgar a la decisión del presidente de invocar las leyes. El poder ejecutivo argumentó que la corte no podía cuestionar los actos del presidente conforme a la sección 12406 y punto. Perry reconoció que el presidente debía recibir considerable deferencia respecto a si los hechos justificaban la movilización, pero rechazó la idea de que la deferencia judicial debe ser absoluta.
Sin embargo, antes de considerar la evaluación de los hechos por el presidente, Perry tuvo que determinar cuáles eran. Había una gran discrepancia entre la versión de los sucesos presentada por los departamentos de policía a nivel estatal y local, por un lado, y el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) por el otro. Las declaraciones del estado describieron incidentes esporádicos que la policía federal, estatal y local resolvió rápidamente. Sin embargo, el DHS “report[ó] mucha más violencia en el área de Chicago”.
Por lo tanto, Perry tuvo que decidir qué versión era más verosímil. Concluyó que cada una de las tres declaraciones pertinentes que presentó el DHS contenían un error u omisión importante. Por ejemplo, dos declaraciones aseguraron que personas armadas atacaron a agentes de ICE, pero omitieron el hecho de que los jurados de acusación (grand juries) se negaron a presentar cargos contra por lo menos tres de esas personas por falta de causa probable. La jueza concluyó que la presentación de los hechos por el estado era más fidedigna.
Por supuesto que una cuestión crucial, conforme a la sección 12406, no es lo que los manifestantes hicieron, sino el efecto que tuvieron sus actos, específicamente si hicieron que el presidente fuera incapaz de hacer cumplir las leyes sin federalizar a la Guardia.
Como Perry determinó, sencillamente no había evidencia de que se había obstaculizado a ICE de manera significativa, y mucho menos, que fuera incapaz de desempeñar sus actividades. Al contrario, el DHS sacó un comunicado de prensa en el que hacía alarde de que las manifestaciones no habían retrasado a ICE y publicitó el aumento de deportaciones y arrestos que había realizado. La jueza concluyó que las “condiciones fácticas necesarias para que el presidente Trump invoque debidamente la sección 12406[] simplemente no existen” y emitió una orden de restricción temporal que prohibía la movilización de los efectivos de la Guardia.
Un panel de tres jueces del Séptimo Circuito —que incluía uno nombrado por Trump y otro por George H.W. Bush—rechazó unánimemente la solicitud del gobierno de revocar la orden de la jueza Perry hasta después de la apelación. El panel determinó que no hubo ningún error obvio en los hechos considerados por la jueza Perry, lo que es necesario para que un tribunal de apelación anule dichas decisiones.
Dictamen del Noveno Circuito en el caso de California
Los dictámenes del Noveno Circuito en los juicios entablados por California y Oregón son muy diferentes al fallo del Séptimo Circuito. En los casos del Noveno Circuito, dos paneles diferentes hicieron caso omiso de la gran diferencia entre hechos no verificados y la determinación del presidente de que “no podía hacer cumplir las leyes de Estados Unidos” sin los efectivos de la Guardia Nacional.
En Los Ángeles, ICE inició una serie de redadas el 6 de junio. Las redadas suscitaron manifestaciones con varios cientos de personas en distintas partes de la ciudad. Si bien las manifestaciones fueron mayormente no violentas, hubo muchos casos de violencia y vandalismo. La policía local respondió de manera rápida y enérgica, y anunció que tenía la situación bajo control.
De todos modos, apenas un día después del inicio de las manifestaciones, Trump emitió un memorando que autorizaba la federalización y movilización de la Guardia Nacional. Al día siguiente se federalizó y movilizó a Los Ángeles a 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California, quienes encontraron una ciudad tranquila a su llegada.
California entabló un juicio. Aunque el juez Charles Breyer aceptó los hechos presentados por el poder ejecutivo, determinó que ICE no perdió la capacidad de hacer cumplir las leyes. Un panel del Noveno Circuito revocó su orden de restricción temporal. A pesar de lo que dice la sección 12406, el panel concluyó que la incapacidad de hacer cumplir las leyes es un estándar demasiado alto. Utilizando un estándar sumamente deferencial de revisión, concluyó que los actos violentos de algunos manifestantes bastaban para poner en vigor la sección 12406 porque, “según las declaraciones presentadas por [la presidencia], esas actividades limitaron mucho la capacidad de los agentes federales de hacer cumplir las leyes”.
De hecho, las declaraciones no afirmaron eso, ni mucho menos lo respaldaron. Enumeraron varios casos de conducta violenta e intentos de bloquear el desplazamiento de ICE, pero no contenían ningún indicio de que dichos esfuerzos de obstrucción hayan sido exitosos. Hubo decenas de redadas de ICE durante el periodo de las manifestaciones; las declaraciones no mencionaron ningún caso en que se impidió, canceló o siquiera se postergó una redada como resultado de las manifestaciones.
La conclusión del panel de que ICE no podía hacer cumplir las leyes, incluso una interpretación liberal de ese lenguaje, por lo tanto, no estaba respaldada por los hechos. California le pidió al Noveno Circuito una nueva audiencia plenaria (en banc) del caso—un procedimiento en el que un mayor número de jueces reconsidera los asuntos que se presentaron ante el panel de tres jueces— pero el Noveno Circuito votó a favor de denegar esta solicitud.
Dictamen del Noveno Circuito en el caso de Portland
En Portland, en meses pasados hubo pequeñas manifestaciones frecuentes fuera del edificio de ICE. En junio y a comienzos de julio, las manifestaciones incluyeron cierta violencia dirigida contra ICE. Sin embargo, desde inicios de julio, las manifestaciones han sido mayormente pacíficas, a excepción de dos incidentes en los que algunos manifestantes golpearon o arrojaron objetos contra vehículos de ICE. De hecho, el aspecto más notable de las manifestaciones en semanas recientes ha sido la proliferación de disfraces inflables de ranas y bailes en línea. En la semana previa a la movilización de la Guardia Nacional, el número de manifestantes en las instalaciones de ICE varió de 7 a 15.
El 28 de septiembre, después de ver un segmento de Fox News que trasmitió de manera engañosa un video del caos en 2020 en Portland, Trump publicó en redes sociales que Portland parecía una “zona de guerra” y que el edificio de ICE estaba “sitiado”. Al día siguiente, autorizó la federalización y movilización de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón.
Después de que Oregón entabló un juicio, la jueza Karen Immergut, nombrada por Trump, emitió una orden de restricción temporal que bloqueaba la movilización. Señaló el carácter “mayormente tranquilo” de las manifestaciones los dos meses previos a la movilización.
De manera similar al dictamen del Noveno Circuito en el caso de California, reconoció que el presidente tiene derecho “a un gran nivel de deferencia” en su evaluación de los hechos y las leyes. Pero explicó que “‘un gran nivel de deferencia’ no equivale a ignorar los hechos en el terreno”. En el caso de las manifestaciones de Portland, “la determinación del presidente simplemente estaba totalmente desconectada de los hechos”.
En una decisión de 2–1, un jurado del Noveno Circuito (que constaba de dos jueces diferentes a los del litigio de California) revocaron la orden de la jueza Immergut. Los dos jueces que conformaron la mayoría intentaron reducir la brecha entre la situación en Portland y la evaluación de Trump de dichos hechos de tres maneras.
Primero rechazaron la premisa, aparentemente obvia, de que una determinación por un presidente de que “no pudo. . . hacer cumplir las leyes” se debe basar en las condiciones al momento de la movilización. Al señalar que la sección12406 no incluye expresamente un límite de tiempo, concluyeron que Trump podía justificar su movilización de efectivos, por lo menos en parte, en base a las circunstancias existentes hacía meses, en este caso, la violencia de junio e inicios de julio en las manifestaciones.
En segundo lugar, en un esfuerzo por mostrar que las actuales condiciones también respaldan la movilización, la mayoría mencionó varios actos no violentos por los manifestantes, como dirigir la luz de linternas a los ojos de agentes de ICE, volar un dron, publicar una foto de un vehículo sin marcas del gobierno en redes sociales, actuar bulliciosamente (“Hubo mucho ruido, linternas y palos en alto”), y supuestamente, presionaron a un grupo de personas sin hogar a “sacudir la reja”. También señalaron que las confrontaciones entre personas paradas fuera del edificio (en por lo menos un caso, involucró a “contramanifestantes”) que no parecían estar dirigidas a los agentes del DHS ni los amenazaban.
Sería sorprendente, para ponerlo así, si actos como estos —realizador por grupos de “30 personas o menos” (según la policía de Portland)— realmente bloquearan los esfuerzos combinados de los agentes federales, estatales y locales. La mayoría del jurado mencionó la afirmación por el poder ejecutivo de que envió a 115 oficiales del servicio Federal Protective Service (FPS, por sus siglas en inglés) a Portland. Sin embargo, después del fallo del panel el poder ejecutivo reveló documentos durante la fase preliminar de pruebas que mostraban que en ningún momento hubo más de 31 oficiales de FPS en Portland.
Es más, el hecho de que Trump optara por movilizar agentes federales adicionales difícilmente prueba que su movilización fue necesaria para hacer cumplir las leyes. Este presidente no oculta su predilección por usar despliegues de fuerza para enviar un mensaje; los jueces no tienen que aparentar ignorancia.
Incluso si hubiese sido necesario un refuerzo modesto de 30 agentes, no es posible afirmar seriamente como lo hizo el DHS que el FPS estaba “agobiado”. El Congreso previó que el FPS pudiera necesitar refuerzos de vez en cuando y promulgó una ley que permite que la secretaria de Seguridad Nacional designe a cualquier empleado del DHS para que realice funciones del FPS. Hay 90,000 agentes de la ley del DHS a los que se puede recurrir para estos fines, un recurso mucho mayor que la Guardia Nacional de Oregón.
Es cierto que se sacaría a estos agentes del DHS temporalmente de sus funciones usuales. Pero eso es lo que la cláusula de designación vislumbra exactamente. Asimismo, bajo la sección 12406, sacar a miembros de la Guardia Nacional de sus responsabilidades usuales —lo que incluye su rol de salvar vidas durante catástrofes naturales y otras emergencias locales, además de sus funciones civiles como maestros, profesionales de la salud y comerciantes en sus propias comunidades— es un recurso de última instancia.
La jueza Graber, a quien se suele considerar de tono y enfoque judicial moderado, escribió una enérgica opinión disidente. Advirtió: “Es posible que los observadores se vean tentados a considerar simplemente absurda la decisión de la mayoría, que acepta la caracterización del gobierno de que Portland es una zona de guerra. Pero la decisión de hoy no es simplemente absurda. Erosiona principios constitucionales básicos, entre ellos el control soberano por los estados de las milicias estatales y los derechos del pueblo bajo la Primera Enmienda de congregarse y cuestionar la política y los actos del gobierno”.
Suplicó a sus colegas del Noveno Circuito que acepten reexaminar el caso en banc y que “revocaran la orden mayoritaria antes de que pueda producirse el despliegue ilegal de efectivos bajo falsos pretextos”. Terminó con un llamado al pueblo estadounidense: Por encima de todo, les pido a quienes observan el desarrollo de este caso que sigan teniendo fe en nuestro sistema judicial por un poco más de tiempo”.
Una decisión extrema
El poder ejecutivo le ha pedido a la Corte Suprema que emita una revocación de emergencia de la orden que prohíbe la movilización en Illinois. Si el Noveno Circuito vuelve a escuchar el caso de Oregón y falla en contra de Trump, es probable que la presidencia también pida una revocación de emergencia en el caso. Desde enero de 2025, este gobierno ha hecho un número sin precedentes de solicitudes de emergencia como esta, y la Corte casi siempre las ha otorgado, a menudo, sin ninguna explicación de su razonamiento.
Si la Corte permite la movilización militar en cualquiera de estos casos, las consecuencias serán graves. Jamás un presidente ha movilizado a las fuerzas armadas bajo circunstancias remotamente comparables. La última movilización militar contra disturbios civiles fue en 1992, cuando el gobernador de California solicitó la ayuda de soldados federales durante la revuelta en Los Ángeles en la que murieron 63 personas y se causó daños a la propiedad de $1.000 millones.
La ley mencionada por Trump permite la federalización y movilización de la Guardia Nacional solo cuando el presidente “no puede. . . hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”. Si el presidente puede ordenar la movilización de efectivos tras un día de manifestaciones que no tuvieron ningún efecto aparente en la capacidad de ICE de realizar redadas —o después de un mes de manifestaciones durante las cuales los arrestos de ICE en efecto aumentaron— o después de varias semanas de manifestaciones pequeñas y no violentas— de nada vale esa limitación de la ley. El presidente podría realizar una movilización militar casi en cualquier momento y lugar en que se congreguen estadounidenses.
Los fundadores de la nación entendían bien el peligro que representa una situación de este tipo. Los británicos usaban soldados para reprimir la disensión en las colonias, y esto fue uno de los principales reclamos en la Declaración de la Independencia. Incluso cuando los soldados no usan la fuerza para reprimir manifestaciones, su simple presencia probablemente afecte el ejercicio de los derechos bajo la Primera Enmienda, lo que erosiona las libertades que valoramos como estadounidenses.
De todos modos, vale la pena escuchar el pedido de la jueza Graber de “seguir teniendo fe en nuestro sistema judicial por un poco más de tiempo”. La Corte Suprema no siempre ha cedido ante Trump. Al responder a uno de los más flagrantes abusos de los poderes de emergencia —su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), una facultad de tiempos de guerra, para deportar a venezolanos a una notoria prisión en El Salvador— la Corte dio el paso de revocar las medidas del poder ejecutivo, dos veces. Quizá reconozca lo que está en juego en este asunto y lo vuelva a hacer.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
