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- El fallo en la causa Callais, y la estrategia subyacente del Tribunal Supremo para desmantelar la Ley de Derecho al Voto, no elimina la cuestión racial de la política ni de la delimitación de los distritos electorales.
- Por el contrario, afianza un sistema racialmente dividido al incentivar un partidismo tóxico que exige lealtad basada en la raza.
Leer la decisión del magistrado Samuel Alito en la causa Louisiana v. Callais, el reciente fallo que anuló un mapa electoral en Luisiana que tenía dos distritos al Congreso con mayoría de raza negra, me hizo reflexionar sobre los temas de política presentados en la obra de teatro recién estrenada titulada Reconstrucción, escrita por Robert Schenkkan, ganador del Premio Pulitzer.
La puesta en escena narra el ascenso político de John Lynch, el primer presidente de raza negra de la Cámara de Representantes de Misisipi, quien después se convirtió en una figura central del Congreso durante la Reconstrucción. Una escena crucial tiene lugar entre Lynch y uno de sus rivales, el demócrata LQR Lamar (un exoficial confederado convertido en congresista cuyas ideas de la época anterior a la guerra, digamos, tardaron en caer en el olvido).
A medida que las fortunas de los republicanos en Misisipi disminuían, Lamar propuso un acuerdo para dividir, entre demócratas y republicanos, los nombramientos a los puestos de gobierno por favoritismo partidista en aras de la reciprocidad —o eso parecía. Lamar le prometió a Lynch el control de todos los nombramientos republicanos en Misisipi, siempre y cuando cada nombramiento que realizara fuera de una persona de raza negra.
¿Por qué esta condición? A Lamar le interesaba revertir la Reconstrucción mediante la segregación racial en la política estatal. Su estrategia, dirigida a las personas blancas de Misisipi, es bien conocida: garantizar que el futuro político de los votantes blancos se considerara en oposición al de los votantes de raza negra, en lugar de en alianza con ellos.
He reflexionado mucho sobre esta escena desde que leí la opinión de Alito. El fallo prácticamente elimina cualquier utilidad que pudiera quedar de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, lo que hace casi imposible que los votantes presenten demandas para impugnar la discriminación racial en los mapas electorales. La opinión es tan ajena a la historia al evaluar el impacto transformador de la ley, como cobardemente cínica al afirmar que es necesario revisar un tipo de medida sobre discriminación racial que ha funcionado eficazmente durante las últimas cuatro décadas.
Pero esta opinión también revela una visión particularmente errónea y peligrosa sobre la política sureña, utilizada para justificar la revisión del marco legal que el magistrado William Brennan Jr. desarrolló a mediados de la década de 1980. Específicamente, Alito afirma que la política del Sur ha cambiado de tal manera que la participación de los votantes de raza negra, a veces, supera la de los votantes blancos, lo cual es —en el mejor de los casos— sumamente engañoso.
Además, afirma que en los sitios donde las demandas basadas en la Sección 2 son más comunes, “ha surgido un sistema bipartidista completamente desarrollado”. Para Alito, el régimen de aplicación de la Ley de Derecho al Voto, incluyendo su enfoque racial (es decir, su esfuerzo por abordar las desigualdades raciales), impide el desarrollo de esta política “normal”.
La sugerencia de Alito de que la política competitiva prospera en el Sur es una caracterización bastante desafiante para cualquier sureño, especialmente para un científico social como yo. Los datos fácilmente disponibles demuestran lo contrario.
En la última década, los cinco estados con más demandas basadas en la Sección 2 en el país se encuentran, de hecho, en el Sur: Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana y Texas. Pero los republicanos gozan de un control absoluto sobre cada estado, y tres de ellos (Alabama, Arkansas y Luisiana) también tienen supermayorías legislativas.
El dominio de un solo partido político en estos estados —similar al de Misisipi y Carolina del Sur, donde los votantes negros representan al menos el 30 % de la población estatal— también se caracteriza por un marcado componente racial que genera elecciones y órganos representativos con una marcada estratificación racial.
Entre los 836 legisladores en ejercicio en estos estados que dominan los litigios basados en la Sección 2, solo hay un representante de raza negra republicano. Solo uno. El aparente mensaje que el fallo Callais presenta a los votantes negros en el Sur es: sus preocupaciones políticas solo importan si coinciden con las de la mayoría partidista y racial.
El sistema político propuesto se asemeja mucho al sistema de un solo partido que existió en el Sur antes de 1965. Cuando la Reconstrucción se descarriló, la competencia en ese sistema se limitaba solo a los candidatos blancos en unas primarias partidistas, en las que los votantes negros no podían participar por ley (y a menudo, por la fuerza). Y, cuando la ley federal obligó a los estados a registrar a los votantes negros, las dinámicas partidistas cambiaron, lo que provocó que las personas blancas se trasladaran a una estructura diferente, pero con las mismas dinámicas.
En parte debido a una reorganización nacional, la competencia en el Sur se trasladó a las primarias republicanas —pero las luchas internas (especialmente en los estados con primarias cerradas, donde la manipulación partidista de los distritos electorales es rampante) siguen ocurriendo entre el electorado blanco mucho antes de que la mayoría de los votantes de raza negra sean escuchados durante las elecciones generales. No existe un espacio significativo para forjar alianzas —ni raciales ni partidistas— lo que se asemeja mucho más a la visión que tenía Lamar de Misisipi.
Lo engañoso de la lectura de Alito sobre la política sureña radica en omitir la verdad evidente de que la raza siempre ha marcado la contienda y la representación política. La indignación sobre Callais es que demuestra una insolente indiferencia ante la falta clara de oportunidades que existe cuando el partido dominante goza del apoyo de la mayoría del electorado blanco, pero se esfuerza muy poco o casi nada por involucrar a los votantes negros o sus intereses.
Alito y sus colegas parecen reacios a considerar la posibilidad de que su visión del partidismo profundice las consecuencias negativas y específicas contra el electorado de raza negra, cuyos intereses partidistas están determinados por su identidad racial y no al revés.
