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Justice Clarence Thomas in profile
Tasos Katopodis/Getty
Análisis

Clarence Thomas está a punto de convertirse en el segundo magistrado con más años en el cargo en la historia de la Corte Suprema

Su mandato ha incluido múltiples escándalos éticos, además de votaciones que hicieron retroceder el derecho al voto y posibilitaron un gasto corporativo ilimitado en las elecciones.

mayo 7, 2026
mayo 4, 2026
Justice Clarence Thomas in profile
Tasos Katopodis/Getty
mayo 7, 2026
mayo 4, 2026

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  • Tal como lo demuestra el legado de Thomas, una Corte Suprema sin límites en sus períodos de mandato y con una mínima rendición de cuentas hace que una sola persona termine teniendo demasiado poder público durante demasiado tiempo.
  • Esto es especialmente peligroso en un momento en el que la confianza en la Corte se desploma a niveles récord.

Este 7 de mayo, Clarence Thomas se convertirá en el segundo magistrado con más tiempo en el cargo en la historia de la Corte Suprema. Con más de 34 años en el estrado de la Corte, estará a tan solo dos años de romper el récord del magistrado William O. Douglas, que se desempeñó en la Corte de 1939 a 1975.

El largo mandato de Thomas pone de relieve algunos de los problemas actuales que afectan a la Corte Suprema: es decir, que los magistrados pueden ejercer un tremendo poder de por vida y no se rigen por estrictas normas de ética. De hecho, tal como lo demuestra el legado de Thomas, una Corte Suprema sin límites en sus períodos de mandato y con una mínima rendición de cuentas hace que una sola persona termine teniendo demasiado poder público durante demasiado tiempo. Esto es especialmente peligroso en un momento en el que la confianza en la Corte se desploma a niveles récord.

En las tres décadas y media desde su controversial audiencia de confirmación, Thomas se ha convertido en una figura titánica dentro del movimiento jurídico conservador. Sus votos han ayudado a desmantelar la acción afirmativa y la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), acabar con el derecho constitucional al aborto, restringir los derechos de los trabajadores, posibilitar donaciones de campaña ilimitadas por parte de las grandes corporaciones, y reducir el poder de las agencias de la rama ejecutiva.

El legado de Thomas también ha estado manchado por varios escándalos de ética. Tal como han descubierto ProPublica y otros medios noticiosos, Thomas ha recibido con regularidad generosos regalos de sus amigos adinerados, entre ellos, se destaca Harlan Crow, multimillonario de Texas y frecuente benefactor republicano.

Entre otros regalos, Thomas ha aceptado vacaciones lujosas, como vuelos privados, viajes en helicóptero y estancias en yates; una Biblia valuada en $19,000 que perteneció a Frederick Douglass; transacciones inmobiliarias que lo beneficiaron a él y a su familia; y pagos para la escuela privada de su sobrino nieto. Según un análisis realizado por la fundación Fix the Court, Thomas ha recibido 103 regalos valuados en más de $2.4 millones de dólares entre 2004 y 2023.

Si bien algunos de esos regalos fueron divulgados, muchos no. Los magistrados de la Corte Suprema, como todos los jueces federales, deben cumplir con la Ley de Ética en el Gobierno (Ethics in Government Act) y divulgar sus ingresos, la mayoría de sus ganancias de capital, la compra o venta de terrenos y los regalos, entre otros.

En su declaración pública, Thomas se basó en una excepción de la ley sobre “hospitalidad personal” para justificar no haber divulgado las ostentosas vacaciones de las que ha gozado y afirmó que le habían “asesorado que este tipo de hospitalidad de parte de amigos personales cercanos... no tenía por qué informarse”. Thomas no ofreció ninguna explicación por no haber divulgado sus otros regalos, tales como los pagos de la escuela para su sobrino nieto.

Otro aspecto negativo del mandato de Thomas fue cuando no se excusó en algunos casos que podrían haber presentado un conflicto de interés. Por ejemplo, en 2024, Thomas participó en causas judiciales que trataban sobre los resultados y las consecuencias de las elecciones de 2020. Él fue el único magistrado que votó para impedir que el comité de la Cámara de Representantes, que investigaba la insurrección del 6 de enero de 2021, accediera a ciertos registros y documentos, entre ellos, algunos mensajes de su esposa que revelaban los importantes esfuerzos que ella había realizado para anular los resultados de las elecciones.

Todo esto no debería sorprendernos: sin un mecanismo de rendición de cuentas que no sea un proceso de destitución, no existen, en la actualidad, otros medios adecuados para poner freno a los comportamientos indebidos de los magistrados de la Corte. Al fin y al cabo, esta falta crea una institución no democrática.

Colocar límites en los período de mandato de la Corte Suprema —una propuesta muy favorecida por el público— ayudaría a restaurar la legitimidad democrática de la rama judicial, porque se aseguraría de que nadie ocupe el poder durante un período demasiado largo, permitiría una rotación más frecuente del estrado y bajaría la intensidad de las batallas de confirmación de cada magistrado.

Además, tal como lo demuestra la conducta de Thomas, resulta urgente prohibir la aceptación de regalos e instituir un código de ética obligatorio para los magistrados de la Corte Suprema. Todos los demás jueces, tanto estatales como federales, se rigen por un código de ética.

Hace unos años, la Corte se propuso llenar este vacío al establecer un código de ética voluntario para guiar las acciones de los magistrados. Pero ese código de ética no prevé ningún mecanismo para denunciar ni evaluar incumplimientos y, por ende, no logra garantizar una transparencia o rendición de cuentas genuina. En cambio, se debe adoptar un código de ética de cumplimiento obligatorio que determine políticas oficiales estrictas sobre la aceptación de regalos y le otorgue a un organismo externo la facultad de hacer cumplir el código.

Los 34 años de Thomas en la corte superior del país ponen de manifiesto los problemas de permitirle a un magistrado tener tanto poder durante toda su vida. Es hora de que, de una vez por todas, se implementen reformas para resolver estos problemas y crear una institución más responsable desde el punto de vista democrático, como las soluciones que se proponen en nuestro nuevo informe.

Traducción de Ana Lis Salotti