Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- Abandonar el solemne compromiso que asumió Estados Unidos de garantizar la igualdad de representación sin discriminación de razas es una grave amenaza a nuestro sistema de gobierno.
- Y el hecho de que la Corte Suprema lo haya hecho para facilitar las maniobras partidistas insulta ese legado.
El fin del siglo XIX fue una época desastrosa para la política estadounidense. La corrupción se propagaba con desenfreno. El Congreso estaba gobernado por lealtades partidistas inquebrantables y mayorías reñidas. Y la redistribución de los distritos electorales, en lugar de ocurrir únicamente cada diez años después de un censo, era una herramienta de manipulación y jugadas partidistas agresivas e inescrupulosas. “Entre 1872 y 1896”, detalla un científico político, “al menos un estado volvió a trazar sus distritos congresuales cada año”.
Claro que esa época estuvo manchada por otro fenómeno, uno que vemos con demasiada frecuencia hoy en día. Hubo un veloz retroceso en materia del derecho al voto y de representación para la población de raza negra y esclava del sur del país, que recién se había emancipado.
En 1875, después de la Guerra Civil y la adopción de la Decimoquinta Enmienda, siete hombres de raza negra formaban parte de la Casa de Representantes y uno era senador. Pero el terrorismo, la cobardía política y los contragolpes racistas acabaron con la Reconstrucción. Hacia 1902, el Congreso volvió a ser exclusivamente de raza blanca.
Ese statu quo se mantuvo casi intacto hasta que surgió el movimiento por los derechos civiles a mediados del siglo XX, que culminó con la aprobación de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965. Esa ley dio inicio a la democracia multirracial que hoy damos por sentada.
Hace casi dos semanas, la supermayoría de la Corte Suprema terminó su proyecto de demoler esa ley. El dictamen en el caso
Louisiana v. Callais convulsionó la política estadounidense. Desde entonces, hemos visto un horrible frenesí en los estados del sur, un feroz intento de volver a trazar los distritos electorales que podrían, tal como señaló el académico Rick Hasen, “blanquear los pasillos del Congreso, las legislaturas estatales y los organismos locales, como los consejos municipales”.
Desde ese dictamen, Luisiana se ha puesto manos a la obra para eliminar uno de sus distritos con mayoría de raza negra, aun cuando la votación anticipada ya había empezado para las elecciones primarias que estaban programadas para el 16 de mayo.
Alabama y Misisipi también se preparan para volver a trazar sus mapas. Apenas la semana pasada, Florida aprobó un nuevo mapa, que se había preparado con la expectativa de un dictamen favorable de la Corte Suprema. En algunos estados, como Tennessee, el electorado negro podría quedarse sin ninguna representación genuina en el Congreso.
Los estados demócratas también se están esforzando por volver a trazar sus mapas para beneficiar a su partido, aunque su éxito aún queda por verse. La semana pasada, en un sorpresivo dictamen, la muy dividida Corte Suprema de Virginia anuló una enmienda constitucional, aprobada hace poco, que le daba a la legislatura el poder de volver a trazar el mapa congresual del estado, con el que probablemente los demócratas habrían obtenido varios escaños adicionales.
Si bien la manipulación de los distritos electorales sigue siendo una práctica criticada por la gran mayoría del electorado, entre los activistas que suelen decidir las primarias, es la lealtad al partido lo que cuenta. En Indiana, por ejemplo, varios candidatos a legisladores de la oposición, respaldados por el presidente Trump, derrotaron a la mayoría de los legisladores ya en el cargo que se negaron a apoyar los intentos de los republicanos de volver a trazar los mapas.
Los analistas que llevan la cuenta de las victorias de cada partido podrían estar perdiendo de vista el contexto más amplio: en poco tiempo, las delegaciones estatales del Congreso comenzarán a parecerse cada vez más al Colegio Electoral: todo demócrata o todo republicano. Recordemos que Trump ganó uno de cada tres votos emitidos en Massachusetts, y Kamala Harris ganó la misma proporción de votos emitidos en Tennessee; sin embargo, los dos estados tendrán delegaciones partidistas monolíticas.
¿Qué se puede hacer?
El crudo arrebato de poder que se ve a plena luz quizá sea justamente lo que provoque la indignación del pueblo votante. Sí, las elecciones de medio término de noviembre girarán en torno a temas como la asequibilidad y la guerra en Irán. Pero, cuando la gente siente que le están arrebatando algo, puede comenzar a luchar.
Y el Congreso debe actuar. Puede prohibir la manipulación partidista de los distritos electorales a nivel nacional, tanto en los estados republicanos como en los demócratas.
También debe promulgar leyes que dejen en claro que las personas ciudadanas estadounidenses pueden presentar una demanda para proteger su derecho al voto si es infringido. La legislación debe darle al electorado no blanco una oportunidad genuina de demostrar que hubo discriminación deliberada y debe asegurarse de que los tribunales realicen un escrutinio estricto sobre las leyes que restrinjan el derecho al voto.
Y el Congreso debe reconocer el peligro de tener a una Corte Suprema, no elegida por el pueblo —extremadamente ideológica y en el cargo de por vida—, que está destruyendo las leyes que defienden la igualdad política. El mes pasado pone de relieve la necesidad de reformar la Corte, por ejemplo, incorporando un límite de 18 años en el período de mandato de los magistrados.
¿Alguien necesita más pruebas del rol político que ha asumido la Corte? Alabama demoró un “nanosegundo”, en palabras de Joyce Vance, investigadora fellow sénior del Brennan Center, para acudir a los magistrados y pedirles permiso para ganar el “beneficio” del caso Callais, aun cuando las elecciones primarias comienzan en una semana.
Los magistrados rápidamente se lo concedieron, aun cuando un tribunal inferior ya había declarado que el mapa del estado era deliberadamente discriminatorio desde el punto de vista racial, y le permitieron al estado eliminar uno de los dos distritos representados por legisladores de raza negra.
Esto contradice los largos años en que el tribunal superior ha asegurado que las reglas no pueden cambiar demasiado cerca de las elecciones. ¿Serán las acciones de un árbitro imparcial? El partido parece arreglado.
Por supuesto, Alabama es donde está Selma. Su historia es más compleja de lo que se cree. El siguiente es un fragmento de mi libro The Fight to Vote (La lucha por el voto):
En el pasado, Alabama tuvo uno de los sistemas más democráticamente fuertes del país, con un sufragio universal para los hombres y una prohibición contra la manipulación de los distritos electorales. Pero su nueva constitución durante la era Jim Crow les dio a los funcionarios locales una amplia libertad para prohibir el registro de los votantes afroamericanos.
Los hombres blancos podían votar sin que nadie tuviera que dar fe de su buen carácter, pero los hombres de raza negra debían obtener la recomendación de un votante blanco. Por lo tanto, el número de votantes de raza negra se redujo de 180,000 a menos de 3,000 entre los años 1900 y 1903.