Análisis

Sesenta años después de haber confirmado la Ley de Derecho al Voto, la Corte ahora ha desmantelado la gran mayoría de sus protecciones.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha estado haciendo campaña contra esta ley desde comienzos de la década de 1980.

La administración está dando indicios alarmantes sobre las elecciones de medio término.

Mejorar las medidas de seguridad en el complejo del capitolio estatal ayudaría a combatir la violencia política y a proteger el derecho a la libertad de expresión.

La Corte se ha puesto del lado de la administración el 80 por ciento de las veces que pronunció dictámenes “de emergencia”, a menudo sin revelar sus justificaciones.

El Congreso debe actuar.

Jueces en California, Michigan y Oregón fallaron que el DOJ no puede obligar a los estados a entregar sus padrones electorales. Dos de ellos cuestionaron las motivaciones de la administración.

Las leyes estatales y federales obligan a mantener seguros los datos privados sensibles de las listas de registro de los votantes.

ICE es solo parte del problema.

Un amplio número de legisladores de ambos partidos han criticado la falta de transparencia de la administración y su rechazo a consultar con el Congreso el uso de la fuerza en y alrededor de Venezuela.