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- Es evidente que la Ley de Derecho al Voto fue condenada a muerte el día en que se confirmó a Roberts como presidente de la Corte Suprema.
- La aversión de Roberts hacia esta ley y hacia la lucha más amplia por reparar los siglos de discriminación racial en los Estados Unidos ha estado a simple vista.
Este fin de semana se conmemora el 61.° aniversario del Domingo Sangriento; por lo tanto, es el momento ideal para evaluar el estado del derecho al voto en Estados Unidos. La versión resumida: nada bien. Durante los últimos 15 años, la Corte Suprema se ha embarcado en una cruzada antivoto.
Antes de que entregue su decisión en el caso Louisiana v. Callais sobre la redistribución de distritos electorales que probablemente debilite aún más la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965, echemos luz sobre un hombre que ha posibilitado gran parte de esa campaña: el magistrado John Roberts, presidente de la Corte.
Quizá recuerden que, durante las audiencias de confirmación de Roberts en 2006, se le preguntó sobre su postura con respecto a esta ley, a menudo considerada como la joya que coronó el movimiento por los derechos civiles. Roberts respondió: “La Ley de Derecho al Voto existente, su constitucionalidad ha sido confirmada, y yo no tengo ningún problema con eso”.
En retrospectiva, es evidente que la Ley de Derecho al Voto —una de las leyes más transformadoras en la historia de los Estados Unidos— fue condenada a muerte el día en que se confirmó a Roberts como presidente de la Corte Suprema.
La aversión de Roberts hacia esta ley y hacia la lucha más amplia por reparar los siglos de discriminación racial en los Estados Unidos ha estado a simple vista desde que trabajaba como un joven abogado para la administración Reagan, redactando memorandos en los que atacaba la ley y elaboraba argumentos jurídicos para socavarla.
Difícilmente pueda exagerarse la importancia de la Ley de Derecho al Voto. Su aprobación fue la muy demorada culminación de la garantía de la Decimoquinta Enmienda, que hacía un siglo afirmaba que no se podía negar ni obstruir el derecho al voto de ninguna persona por cuestiones de raza. Y, sin embargo, desde sus inicios, Roberts ha expresado más preocupación por el tratamiento desigual de los estados que por el tratamiento desigual de las personas.
Tal como lo señaló en un memorando de 1982, la ley representa “la interferencia más intrusiva imaginable en los procesos estatales y locales a manos de los tribunales federales”. Ese mismo año, el Congreso votó a favor de su reautorización y, en un paso fundamental, le agregó a la Sección 2 de la ley una disposición conocida como la “prueba de los efectos”, que se encuentra actualmente en pugna en el caso Callais.
Esta prueba se incorporó como respuesta a un dictamen de la Corte Suprema de 1980 que determinó que la Sección 2 requería presentar pruebas que demostraran que una ley electoral estatal había sido promulgada con la intención de discriminar por cuestiones de raza antes de que pudiera ser bloqueada.
Debido a esta interpretación, las legislaturas, en especial del sur del país, se cuidaron mucho de no dejar ver sus intenciones; por eso, la ley debía ser modificada. Sus protecciones no iban a servir de mucho si funcionaban solo cuando los legisladores dijeran en voz alta: “Queremos que las personas de raza negra no voten”.
De esta forma, se aplicó la nueva prueba a todos los estados donde se pudiera demostrar un efecto racialmente discriminatorio, más allá de cualquier evidencia de una intención discriminatoria. Esta modificación se convirtió en una verdadera reprimenda a la acotada interpretación de la Ley de Derecho al Voto por parte de la Corte Suprema.
La modificación fue un éxito: la cantidad de causas judiciales presentadas conforme a la Sección 2 aumentó rápidamente, de 3 en 1981 a 175 en 1988. Cabe señalar que un alto porcentaje de esos casos fue presentado por el propio electorado, lo cual fortaleció el cumplimiento de la ley.
La próxima vez que se debió votar la Ley de Derecho al Voto, en 2006, se aprobó por unanimidad en el Senado y por una enorme mayoría en la Cámara de Representantes. El proceso marchaba como debía: los representantes elegidos por el pueblo realizaban meses de audiencias y consideraban una gran cantidad de datos antes de reconfirmar una ley ya arraigada y popular.
Pero John Roberts no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. El 2006 fue su primer año como presidente de la Corte, y este hombre es extremadamente paciente. Sabía que pronto le llegaría la oportunidad. En un caso de 2009, señaló otra parte fundamental de la Ley de Derecho al Voto, la Sección 5, y afirmó que planteaba “serias dudas constitucionales”.
La Sección 5 estipula el control federal sobre los estados y las jurisdicciones, mayormente en el sur del país, con una historia de discriminación racial en las urnas. En esos sitios, los funcionarios deben obtener la aprobación del gobierno federal antes de realizar cambios en sus leyes electorales.
Roberts creía que el mapa utilizado para determinar quiénes tenían que cumplir con este proceso de “aprobación previa” estaba terriblemente desactualizado y no reflejaba las realidades actuales del país. Creía que el racismo no era tan grave como había sido en 1965, después de todo, ¿acaso Estados Unidos no había elegido a un presidente de raza negra hacía muy poco tiempo?
Cuatro años más tarde, en 2013, tuvo la mejor oportunidad clara de menoscabar la ley y la aprovechó. Cuando, en nombre de una pequeña mayoría, escribió la decisión en el caso Shelby County v. Holder, terminó destruyendo la Sección 2 al invalidar el mapa utilizado para la aprobación previa. “Las cosas han cambiado drásticamente” en el sur, escribió Roberts.
Y dado que los estados poseen una “soberanía igualitaria” (un principio que Roberts parece haber sacado de la galera), no era justo seguir sometiendo a algunos estados a la molestia y, lo que es más importante, la humillación de tener que cumplir requisitos adicionales de verificación sin pruebas que demuestren que seguían realizando actos de discriminación. Y afirmó que el Congreso tenía la libertad de trazar un nuevo mapa según las circunstancias actuales.
El presidente de la Corte estaba siendo deshonesto. Sabía mejor que nadie que, en 2013, un Congreso tan dividido como ese no iba a poder lograrlo. Además, había recibido montañas de evidencia que probaban que, si bien las cosas sí habían mejorado, la discriminación en los comicios seguía siendo un problema crónico en el sur y en otros sitios protegidos por la ley, un problema que podría empeorar sin la Sección 5. Sin embargo, logró su cometido y destrozó el corazón de la Ley de Derecho al Voto sobre la base de un principio inventado, mientras desviaba la responsabilidad hacia otra rama del gobierno.
Mientras tanto, los estados que habían pasado décadas cumpliendo el requisito de la aprobación previa comenzaron a actuar como si hubieran salido de la cárcel; algunos promulgaron nuevas leyes electorales discriminatorias a un ritmo nunca antes visto en las legislaturas, en lo que se convirtió en una especie de burla a las alegaciones de nobles intenciones de Roberts sobre lo mucho que habían cambiado esos estados.
Pero la deshonestidad de Roberts con respecto al Congreso y los estados empalidece en comparación con otro aspecto de su decisión en el caso Shelby County, un aspecto donde se podría decir que el presidente de la Corte estaba ocultando sus propias intenciones.
Anticipando los cargos que se presentarían con la alegación de que la Ley de Derecho al Voto se vería obstaculizada sin una Sección 5 funcional, Roberts nos tranquilizó señalando la vigencia continuada de la Sección 2, la misma disposición que había atacado tres décadas antes. Escribió que, a diferencia de la Sección 5, “la Sección 2 es permanente, se aplica en todo el país y no está en pugna en este caso”.
Hoy en día, a poco más de una década de esas palabras, es casi seguro que Roberts y sus colegas derechistas desarticulen la Sección 2 en el caso Callais, tal como lo hicieron antes con la Sección 5.
¿Qué pasó? Se podría decir que las cosas han cambiado drásticamente. O quizá, lo que es más preciso, que nada ha cambiado. La tranquilidad que el presidente de la Corte quiso dar en 2013 sobre la Sección 2 fue más o menos tan creíble como la defensa que hizo de la constitucionalidad de la Ley de Derecho al Voto en su audiencia de confirmación.
Nada de esto debería sorprendernos. Con el caso Shelby County, el proyecto de Roberts de cuarenta años de querer liberar a los Estados Unidos de su compromiso con la igualdad racial y política por fin dio sus frutos. ¿Quién realmente creería que Roberts iba a abandonar la pelota a unos pies de la línea de gol? Al contrario, él y sus colegas derechistas se han pasado los últimos años armando jugadas en la zona de anotación de goles contra el derecho al voto.
En 2019, los magistrados dictaron que las legislaturas estatales podían manipular sus distritos electorales tanto como quisieran, privando de su derecho al voto a decenas o cientos de miles de sus propios electores para aferrarse al poder, y que los tribunales federales no podían hacer nada al respecto.
En 2021, comenzaron a despedazar la Sección 2, la última porción poderosa que queda de la Ley de Derecho al Voto. Ese caso, el de Brnovich v. Democratic National Committee, era una demanda contra dos políticas electorales en Arizona que la justicia había dictado que discriminaban contra el electorado no blanco. El tribunal del Noveno Circuito se pronunció a favor de la parte demandante y bloqueó las políticas de Arizona, pero la nueva supermayoría de los magistrados derechistas lo revirtieron.
En el proceso, anunciaron nuevos estándares, otra vez sacados de la galera, que hacen muchísimo más difícil presentar demandas conforme a la prueba de los efectos de la Sección 2. De hecho, es tan difícil que, si bien hubo docenas de demandas ganadas conforme a la Sección 2 en las primeras dos décadas de este siglo, solo una ha ganado en la Corte Suprema desde la decisión de Brnovich.
Incluso antes de que se decida el caso Callais, podemos ver el impacto que genera la cruzada de Roberts contra el derecho al voto. Un informe publicado por el Brennan Center en 2024 reveló que la brecha en la participación en las elecciones del electorado blanco y el electorado de raza negra ha ido en aumento desde 2012, después de haber estado disminuyendo durante décadas gracias a la Ley de Derecho al Voto.
Una forma de ilustrar los efectos de esta brecha es que, si no existiera, se habrían emitido 9 millones más de votos en las elecciones presidenciales de 2020, más del margen de victoria de Joe Biden en el voto popular. Y esa brecha está creciendo más rápido en las partes del país que habían estado protegidas por la Sección 5. Claramente, las cosas “no han cambiado tan drásticamente”.
John Roberts se ha cuidado de mostrarse como una versión más amable y dócil que sus predecesores ideológicos, especialmente William Rehnquist, el presidente de la Corte para el que Roberts se desempeñó como secretario antes de incorporarse al Departamento de Justicia a comienzos de la década de 1980.
Rehnquist se oponía a gran parte del movimiento por los derechos civiles, insistía en que el caso Brown v. Board of Education se había decidido erróneamente y defendía el repudiable principio de “separados pero iguales”. También sentía un desdén similar por la Ley de Derecho al Voto. “Las disposiciones de cumplimiento de las Enmiendas de la Guerra Civil no se basaron en la premisa de que el Congreso podía empoderar a la siguiente generación de negros para que puedan ‘ajustar cuentas’ por el mal infligido sobre sus antepasados”, escribió Rehnquist.
Roberts no es tan directo, pero el sentimiento de que la Ley de Derecho al Voto se trata de “ajustar cuentas” —como si su propósito fuera la venganza y no una igualdad racial básica— es una línea de conexión entre la jurisprudencia de estos dos hombres.
Y dado que el mandato combinado de Rehnquist y Roberts como presidentes de la Corte Suprema suma ya 40 años y continúa, ahora nos enfrentamos a dos tendencias divergentes en el derecho y la política estadounidenses: por un lado, el Congreso (excepto por la sesión actual) respondió durante años a una nación cada vez más diversa aprobando leyes que aumentan el acceso al voto y reducen la discriminación; y por el otro, la Corte Suprema ha actuado una y otra vez como un contrapeso reaccionario, primero bajo el liderazgo de Rehnquist y luego de Roberts.
Mientras los representantes elegidos por el pueblo estadounidense han procurado, más allá de sus imperfecciones, reparar siglos de discriminación racial aprobando leyes para lograr un futuro más justo, el más alto tribunal del país ha estado liderado durante casi medio siglo por dos hombres que parecen dispuestos a deshacer la mayor cantidad de avances posible y regresarnos a un pasado más oscuro y menos igualitario.
Traducción de Ana Lis Salotti
