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- En todo el país, la brecha en la participación en las elecciones entre el electorado blanco y el minoritario se ha profundizado considerablemente en la última década.
- Ahora, la supermayoría conservadora de la Corte parece dispuesta a anular lo que queda de la Ley de Derecho al Voto y permitirles a los estados y las localidades manipular el trazado de sus distritos electorales con motivos raciales.
El sábado se conmemora el 61.° aniversario de la marcha del Domingo Sangriento que se realizó a favor del derecho al voto de las personas de raza negra en Selma, Alabama, donde muchos manifestantes pacíficos fueron golpeados sin piedad a manos de la policía local.
Las imágenes de estos brutales ataques sacudieron la nación, y el acontecimiento fue crucial a la hora de darles al presidente Lyndon B. Johnson y al Congreso la voluntad política necesaria para promulgar la histórica Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965.
Este sábado marca también otro aniversario, aunque menos conocido, en la lucha de nuestro país por cumplir con las promesas fundadoras de lograr una democracia funcional para toda la ciudadanía. El 7 de marzo de 1966 —exactamente un año después de la marcha en Selma—, la Corte Suprema publicó su opinión en un caso llamado South Carolina v. Katzenbach, donde confirmó la constitucionalidad de la Ley de Derecho al Voto que se había ratificado apenas siete meses antes. Sesenta años más tarde, la Corte Suprema ahora ha destrozado este hito del movimiento por los derechos civiles.
La Ley de Derecho al Voto constituyó un importante cambio en la forma en que antes funcionaban las leyes. A partir de 1965, los estados, condados y localidades que tuvieran una historia de discriminación racial en las urnas debían obtener una autorización del gobierno federal, llamada aprobación previa, para realizar cualquier cambio en los modos en que administraban las elecciones.
Este requisito se diseñó para acabar con el juego legislativo de whack-a-mole que era muy común en algunas partes del país. En esos sitios, enseguida que un tribunal anulaba un recurso utilizado para negarle el derecho al voto al electorado de raza negra, los gobiernos locales o las legislaturas estatales encontraban otro.
Estas tácticas de supresión del voto eran efectivas: en gran parte de la antigua Confederación, el porcentaje de registro de votantes y la participación electoral de las personas ciudadanas de raza negra estaba muy por debajo del 10 por ciento.
Tal como explicó el fiscal general Nicholas Katzenbach, “quienes están decididos a negarse [a permitirle a la población de raza negra estadounidense registrarse y votar] pueden, aun después de las claras derrotas judiciales, diseñar toda una serie de nuevos métodos de discriminación. Y, a menudo, eso implica volver a empezar de nuevo todo el agotador proceso”.
De verdad que era un proceso agotador. Katzenbach declaró ante el Senado que al Departamento de Justicia le solía llevar miles de horas evaluar los expedientes de una sola demanda contra las políticas electorales presuntamente discriminatorias. Claro que los funcionarios a cargo de las elecciones en el sur del país sabían que tenían el tiempo de su lado y no tenían ningún escrúpulo de estar aprovechándose de lo arduo que era el proceso de litigio para retrasar la concesión del derecho al voto a favor del electorado de raza negra.
En la opinión de la mayoría en el caso Katzenbach, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Earl Warren, reconoció la importancia de la Ley de Derecho al Voto. Si bien admitió que la ley “crea[ba] nuevos recursos estrictos contra la discriminación en los comicios”, sostuvo que estos eran necesarios “para desterrar la calamidad de la discriminación racial en las elecciones, que ha plagado el proceso electoral en ciertas partes de nuestro país durante casi un siglo”.
Entendía que el requisito de la aprobación previa era particularmente importante: “aun cuando, por fin, se hubieran conseguido decisiones favorables, algunos de los estados afectados simplemente cambiaban a otras tácticas discriminatorias, no cubiertas por los decretos judiciales federales, o aprobaban nuevas pruebas difíciles diseñadas para prolongar la desigualdad existente entre el registro de votantes blancos y negros”.
Cabe recalcar que, en su opinión judicial, el magistrado Warren reconoció las formas en que el mismísimo proceso legal puede usarse como una herramienta de discriminación. Sostuvo que “después de soportar casi un siglo de resistencia sistémica a lo dispuesto por la Decimoquinta Enmienda, el Congreso podría decidir trasladar la ventaja del tiempo y la inercia que ahora gozan los autores del mal y dársela a sus víctimas”.
La Corte reconoció que la promesa de la Decimoquinta Enmienda en contra de la negación del derecho al voto por cuestiones de raza estaba siendo ignorada y que la Corte debía desempeñar la función de defender la democracia estadounidense. Tal como Michael G. Miller y yo argumentamos en nuestro libro de próxima publicación, An American Problem: How the Country Built — and the Supreme Court Broke — The Voting Rights Act (Un problema estadounidense: cómo el país construyó —y la Corte Suprema destruyó— la Ley de Derecho al Voto), la Corte Suprema demostró ser un aliado capaz de luchar contra los “males” de la supresión del voto por motivos racistas en las décadas que le siguieron.
Nuestra investigación demuestra que, en los 50 años en que esta sección de la Ley de Derecho al Voto estuvo vigente, miles de políticas electorales racialmente discriminatorias fueron bloqueadas antes de que se implementaran.
Pero eso ya no ocurre. En 2013, en el caso Shelby County v. Holder, la Corte Suprema anuló la sección de la Ley de Derecho al Voto que obligaba a los estados y las localidades a obtener la aprobación previa para cualquier cambio que quisieran hacer en sus elecciones. Esto hizo retroceder al país a una época en la que un lento proceso judicial era el único recurso disponible para revocar las leyes electorales discriminatorias.
Nuestra investigación indica que los resultados han sido desastrosos: después de que la Corte volvió a trasladar la “ventaja del tiempo y la inercia” hacia los sitios con un historial de perpetrar el mal (en palabras de la Corte en el caso Katzenbach), la participación política de los electorados de raza negra y minoritarios disminuyó estrepitosamente en comparación con la del electorado blanco.
Utilizamos métodos estadísticos de avanzada para calcular que, en las elecciones recientes, se han quedado sin votar cientos de miles de personas votantes no blancas, y que esa falta se atribuía directamente a las prácticas desencadenadas por el dictamen del caso Shelby County.
Además, nuestros estudios hallaron que ese dictamen provocó la eliminación de las listas de registro a otros tantos millones de votantes en los sitios afectados. También documentamos las formas en que la pérdida del requisito de aprobación previa permitió aprobar leyes racialmente discriminatorias, tales como las reglas estrictas de identificación de votantes y restricciones para la votación por correo.
Al mismo tiempo, en todo el país, la brecha en la participación en las elecciones entre el electorado blanco y el minoritario se ha profundizado considerablemente en la última década.
Pero la Corte presidida por Roberts no se detuvo en 2013. Desde entonces, ha hecho más fácil que los estados puedan ocultar sus esfuerzos racistas de manipular los distritos electorales y catalogarlos de esfuerzos partidarios. En 2021, la Corte hizo mucho más difícil revocar leyes que dificultan votar aún más especialmente a las personas no blancas estadounidenses.
Ahora, la supermayoría conservadora de la Corte parece dispuesta a anular lo que queda de la Ley de Derecho al Voto y permitirles a los estados y las localidades manipular el trazado de sus distritos electorales con motivos raciales. Esto haría que los votos que sípueden emitir las personas no blancas estadounidenses cuenten menos.
Nuestra investigación señala que la manipulación de los distritos electorales también fue exacerbada por el caso Shelby County. Al no tener que cumplir con el requisito de la aprobación previa, los condados que antes sí estaban sujetos comenzaron a “blanquear” sus poblaciones anexando zonas más blancas a los distritos mayormente no blancos y reduciendo, así, la proporción no blanca de su población.
Este fin de semana, muchos nos tomaremos un momento para agradecer y conmemorar a todos los activistas que nos precedieron en la lucha por los derechos civiles. La democracia que tenemos hoy se construyó sobre la sangre derramada en el puente Edmund Pettus en Selma y gracias a las demás innumerables luchas libradas en el sur del país.
Pero también debemos tomarnos un momento para agradecer y conmemorar a los magistrados de esa época pasada por haber reconocido el azote de las reglas electorales racistas en los Estados Unidos. Entendían que la Decimoquinta Enmienda le concedía al Congreso el poder de actuar y hacer que la democracia funcione para todo el electorado, de todas las razas, etnicidades y lenguas.
Aunque los magistrados actuales se reúsen hacer lo mismo, nunca debemos dejar de exigirles al Congreso y a los tribunales que actúen con coraje y protejan el derecho al voto para todo el pueblo estadounidense.
Traducción de Ana Lis Salotti
