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- El factor quizá más preocupante es que la Corte ha transgredido la jurisprudencia una y otra vez, y fomentado nuevos principios jurídicos que expanden los poderes presidenciales.
- En un momento en el que nuestro sistema democrático se encuentra bajo una grave presión, la Corte Suprema debería ser tanto un baluarte como un modelo del estado de derecho.
Una de las características distintivas de la segunda presidencia de Trump han sido sus arrebatos de poder sin precedentes, acompañados del frecuente sello de aprobación de la Corte Suprema y su llamada “lista de casos de emergencia en la sombra” (en inglés, shadow docket).
En marzo pasado, la Corte Suprema emitió su primer dictamen de la lista de casos de emergencia en la sombra relacionado con una medida tomada por la administración Trump. En el año transcurrido desde entonces, la Corte ha considerado más de 30 solicitudes de emergencia presentadas por esta administración y se pronunció en su favor el 80 por ciento de las veces, por lo general, sin escuchar los alegatos orales ni dar mucha o ninguna explicación.
La Corte Suprema no es un tribunal secreto. Tiene la obligación con el pueblo estadounidense de explicar su razonamiento, en especial en los casos de gran repercusión que afectan los derechos de muchas personas o tratan sobre las cuestiones fundamentales de gobernanza democrática.
La lista de casos de emergencia en la sombra comprende solicitudes que buscan obtener de la Corte una decisión inmediata. Estos asuntos se tratan con mayor rapidez que en el proceso normal que sigue la Corte cuando considera casos según sus méritos, lo cual puede llevar muchos meses.
Históricamente, la lista de casos de emergencia en la sombra solía utilizarse solo para las cuestiones procesales o en solicitudes para suspender una medida de un tribunal inferior si se corría el riesgo de ocasionar un serio daño irreparable, por ejemplo, en la ejecución de una pena de muerte inminente. Dada su naturaleza urgente, las solicitudes de la lista de casos de emergencia generalmente no reciben extensos escritos ni alegatos orales, y las decisiones se suelen pronunciar con muy pocas explicaciones o ninguna.
Pero, en los últimos años, la Corte ha expandido muchísimo su uso de estos dictámenes de emergencia, lo cual ha provocado un fuerte aumento en la presentación de mociones para la lista de casos de emergencia en la sombra. Entre enero de 2001 y enero de 2017, el gobierno federal, la parte litigante más frecuente en la Corte Suprema, le solicitó a la Corte los recursos de emergencia tan solo 8 veces. En cambio, durante su primera presidencia, Trump solicitó los recursos de emergencia 41 veces. Esa cifra bajó a 19 durante la administración Biden.
Y desde que Trump volvió al poder, su segunda administración ha presentado 33 solicitudes de emergencia hasta el momento, y en la mayoría de ellas le ha solicitado a la Corte suspender los interdictos de los tribunales inferiores que bloqueaban sus órdenes ejecutivas u otras medidas de la administración.
La Corte Suprema ha ampliado su uso de la lista de casos de emergencia en la sombra también en otros contextos, por ejemplo, en los casos relacionados con el voto y las elecciones.
Si bien estas solicitudes para la lista de casos de emergencia en la sombra dan lugar a dictámenes temporales que no reflejan un juicio definitivo sobre las leyes, sus repercusiones suelen ser enormes. Las decisiones de los casos de emergencia en la sombra han anulado las órdenes de los tribunales inferiores, por ejemplo, para permitirle a la administración llevar a cabo detenciones de inmigración basándose en la aparente etnicidad de la persona, deportar a inmigrantes a países con los que no tienen ningún vínculo, quitarles el estatus migratorio legal a cientos de miles de personas no ciudadanas estadounidenses y despedir a miles de funcionarios públicos. En cada uno de esos casos, los tribunales inferiores habían bloqueado las medidas de la administración tras determinar que probablemente habían violado la ley.
El factor quizá más preocupante es que la Corte ha transgredido la jurisprudencia una y otra vez, y fomentado nuevos principios jurídicos que expanden los poderes presidenciales a través del proceso abreviado de la lista de casos de emergencia en la sombra.
En la causa Trump v. Wilcox, la Corte Suprema consideró si el presidente tenía la facultad de despedir a los miembros de dos agencias independientes, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito, que poseen proteccioneslegislativas contra los despidos sin motivo justificado.
Según el precedente de un caso de la Corte Suprema de 1935, Humphrey’s Executor v. United States, estas restricciones sobre los despidos ordenados por el presidente pueden ser exigidas judicialmente, y los tribunales inferiores aplicaron este precedente cuando bloquearon las medidas del presidente.
Sin embargo, la Corte Suprema utilizó la lista de casos de emergencia en la sombra para permitir los despidos y, así, anuló efectivamente lo dispuesto por el caso Humphrey’s Executor sin siquiera nombrarlo. A los cuatro meses, la Corte volvió a permitirle al presidente despedir a una integrante de la Comisión Federal de Comercio en la causa Trump v. Slaughter.
Los dos dictámenes generaron una fuerte crítica de la magistrada Elena Kagan, que argumentó en su disenso del caso Slaughter que la lista de casos de emergencia de la Corte “no debería usarse... para trasladar la autoridad del gobierno desde el Congreso al presidente y, de este modo, alterar la separación de poderes de la nación”. La Corte Suprema ahora ha aceptado considerar la causa Slaughter para su lista de casos con méritos del período 2025–26.
La Corte también parece haber usado la lista de casos de emergencia en la sombra para cambiar, por lo bajo, el criterio judicial que aplica cuando suspende un interdicto de un tribunal inferior contra el gobierno. La prueba que ha aplicado desde siempre para este tipo de suspensiones incluye la evaluación de si la parte solicitante corre el riesgo de sufrir un daño irreparable si el interdicto no se suspende.
Sin embargo, en el último año, la Corte ha emitido repetidas suspensiones solicitadas por la administración Trump donde no había ningún daño visible contra el gobierno, excepto por el daño generalizado que enfrenta por alguna demora en la implementación de una política propuesta. La Corte no ha explicado este nuevo criterio ni brindado ninguna justificación sobre por qué considera apropiado adoptar una postura tan deferencial.
El mayor uso de la Corte de su lista de casos de emergencia en la sombra, incluso para propiciar importantes cambios políticos y constitucionales, es un alarmante giro contra la tradicional revisión judicial. Especialmente en casos muy trascendentales donde el presidente asume facultades excesivas, la Corte Suprema debería proporcionar un análisis justificado de sus dictámenes para que el público pueda evaluar si los motivos de la Corte son justos o no.
Brindar un análisis justificado también es fundamental para los jueces de los tribunales inferiores, que se han quedado sin orientación en lo que respecta a las justificaciones de los dictámenes de los casos de emergencia en la sombra de la Corte y al modo en que deberían aplicarlos a otros casos.
Tal como señaló la magistrada Sonia Sotomayor en su opinión de disenso en el caso Noem v. Perdomo, en el que la Corte, sin ninguna explicación, suspendió la orden de un tribunal inferior que había prohibido prácticas de perfilamiento racial durante las detenciones de inmigración en Los Ángeles: “ni el Tribunal de Distrito ni las partes sabrán si la mayoría pensaba que el tema en pugna tenía legitimación, los méritos de la causa o el alcance del recurso judicial... Nadie sabrá [lo que] pensaba la mayoría”.
Muchos jueces de los tribunales inferiores han advertido sobre los modos en que esta falta de directrices ha afectado su capacidad de cumplir con su trabajo. Un juez federal en ejercicio, que habló con NBC News desde el anonimato, dijo que “los jueces que decidimos casos todos los días necesitamos y merecemos directrices bien claras y justificadas. Hoy en día, es demasiado frecuente tener dictámenes trascendentales emitidos a toda velocidad, pero con mínimas explicaciones y sin el rigor que brinda el presentar extensos escritos y alegatos”.
Los dictámenes de la lista de casos de emergencia en la sombra de la Corte Suprema también han alentado a interpretaciones maximalistas sobre el poder presidencial de Trump. Por ejemplo, en el caso McMahon v. New York, la Corte emitió una suspensión sin ninguna explicación que permitió el despido de muchos empleados del Departamento de Educación mientras el litigio seguía en curso, en el marco de los esfuerzos de la administración Trump de desmantelar la agencia.
Si bien la mayoría de los asuntos jurídicos considerados por la Corte fueron de naturaleza procesal, la secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró que la Corte había “confirmado” la “autoridad absoluta” del presidente de llevar a cabo esos despidos. Con casi total seguridad, esa no fue la razón del dictamen de la Corte, pero el silencio de la Corte en cuanto a sus motivos le permitió a la administración llenar ese vacío.
Varios magistrados han intentado justificar la falta de razonamiento de la Corte y, para ello, han sugerido que las decisiones de los casos de emergencia en la sombra son meramente temporales. El magistrado Brett Kavanaugh, por ejemplo, ha advertido que, si se brindaran dictámenes por escrito de los casos de la lista de emergencia en la sombra, se correría el riesgo de ocasionar un “efecto restrictivo” cuando la Corte, en realidad, no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre los méritos de la causa.
Pero esto subestima el impacto que tienen en la práctica los dictámenes de los casos de emergencia en la sombra de la Corte y, al mismo tiempo, sobredimensiona el grado en que la Corte quedaría restringida por el razonamiento de cualquiera de los casos de emergencia. La Corte fácilmente podría dejar en claro que su análisis es preliminar y, al mismo tiempo, ofrecer mucha más claridad a las partes litigantes, los jueces de los tribunales inferiores y el público.
Cabe aclarar que no todas las solicitudes presentadas por la administración Trump para la lista de casos de emergencia en la sombra fueron victorias. En diciembre, por ejemplo, la Corte se negó a bloquear una orden judicial que le prohibía al presidente federalizar y desplegar la Guardia Nacional en Illinois, en lo que fue una importante restricción sobre el poder del ejecutivo y para la cual la Corte sí brindó una justificación jurídica.
La Corte Suprema también ha emitido dictámenes trascendentales en la lista de casos de emergencia en la sombra que no están relacionados con la administración Trump. Apenas esta semana, la Corte suspendió una política en California que prohibía a los maestros notificar a los padres de los estudiantes que se consideran transgénero, y también bloqueó un dictamen judicial del estado de Nueva York que había ordenado volver a trazar un distrito electoral para el Congreso.
En general, el historial de la Corte Suprema con respecto a su lista de casos de emergencia en la sombra es muy preocupante y perjudicial. En un momento en el que nuestro sistema democrático se encuentra bajo una grave presión, la Corte Suprema debería ser tanto un baluarte como un modelo del estado de derecho. Sin embargo, los precedentes de sus casos de emergencia en la sombra no han hecho más que violar ese estándar una y otra vez.
Traducción de Ana Lis Salotti
