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- ICE raramente está dirigiendo sus esfuerzos contra quienes el presidente ha dado en llamar lo “peor de lo peor”.
- Los congresistas tienen razón en exigir cambios concretos para comenzar a frenar los abusos cometidos por las fuerzas migratorias.
Quizá no lo hayan notado, pero, en este momento, estamos en un cierre parcial del gobierno.
En un intento por utilizar los pocos hilos de poder que les quedan para ponerle un freno al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), los demócratas del Congreso se han negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), a menos que la administración Trump acceda a implementar ciertos cambios en la forma en que opera la agencia migratoria, entre ellos, la prohibición del uso de máscaras, el requisito de utilizar cámaras corporales y un código para el uso de la fuerza.
Estas exigencias son lógicas. A pesar de los varios asesinatos, el terror que han desatado en muchas ciudades y las manifestaciones masivas de alarma por parte de la ciudadanía, estas fuerzas federales enmascaradas que utilizan tácticas y armas militares siguen operando prácticamente sin control y con impunidad.
Mis colegas del Brennan Center han escrito bastante sobre los temas que se encuentran en el corazón de esta batalla presupuestaria.
Para empezar, ICE raramente está dirigiendo sus esfuerzos contra quienes el presidente ha dado en llamar lo “peor de lo peor”. Un nuevo análisis de los expertos confirma que los arrestos de los inmigrantes con condenas penales, en especial por delitos violentos, se han estancado. Esto ocurre a pesar de la inyección de nuevos fondos para la agencia y de un aumento de más del doble de su personal, que incluye a más de 13,000 agentes de fuerzas del orden federales que han sido apartados de sus tareas habituales de investigación penal para asistir en el control migratorio. ¿Por qué? Porque a los agentes de inmigración les está costando cumplir con los cupos establecidos y han comenzado a arrestar a miles de personas sin antecedentes penales, a menudo, personas que han vivido aquí durante años, han trabajado, han puesto sus negocios y han pagado impuestos.
Tal como explica ese análisis, las recientes operaciones de ICE seguramente hayan hecho de nuestro país un sitio menos seguro. Se han apartado muchísimos oficiales de diversas fuerzas del orden del gobierno federal de sus deberes habituales de combatir el narcotráfico, la trata de personas y la explotación infantil para ayudar en las tareas de control migratorio. Ello incluye a casi la quinta parte de todos los agentes del FBI, la mitad de todos los agentes de la Administración para el Control de Drogas, y dos tercios de los agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Simple y llanamente, estas fuerzas ya no cumplen con sus funciones.
Los congresistas tienen razón en exigir cambios concretos para comenzar a frenar los abusos cometidos por las fuerzas migratorias. A la larga, se podrían implementar reformas más profundas que proporcionen un mayor nivel de control y rendición de cuentas.
El Congreso debe aprobar una propuesta conocida con el nombre de Ley Bivens (Bivens Act), que les permitiría a las personas individuales presentar una demanda por daños y perjuicios cuando un agente federal viola sus derechos constitucionales, tal como lo pueden hacer cuando un agente estatal o local viola esos derechos. (Lleva este nombre confuso porque convertiría en ley el enfoque de la decisión de la Corte Suprema en el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents de 1971).
Los congresistas también deben seguir haciendo hincapié en que, según la Cuarta Enmienda, ICE no puede ingresar en la vivienda de una persona sin orden judicial. También deben prohibirle a ICE utilizar los fondos federales para recabar datos sobre manifestantes pacíficos y vigilarlos.
Y lo más importante, el Congreso debe retirarle los $170 mil millones de dólares que le otorgó al DHS el pasado julio para las tareas de control migratorio, que le da al departamento la capacidad de replicar los agresivos operativos de Mineápolis en cualquier otro lado. De esta forma, el Congreso estaría utilizando su poder de controlar la cartera federal para asegurarse de que las operaciones migratorias se realicen dentro de lo permitido por la Constitución, las leyes y los valores de nuestro país.
En cierto sentido, el problema es más profundo que ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por más descontroladas e impunes que parezcan a veces estas fuerzas. Se precisa mirar a todo el DHS.
El DHS fue armado a toda prisa, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La comunicación fragmentada entre las distintas agencias antiterroristas se había señalado como la culpable. Así, el entonces presidente George W. Bush propuso y el Congreso creó una nueva megagencia que reunía a casi dos docenas de oficinas distintas de todo el gobierno.
Aun así, el DHS parecía responder más a un argumento retórico que a una solución efectiva. Ha tenido la tendencia de expandir su misión progresiva e indebidamente, y caer en abusos de poder. A menudo se lo ha criticado por atacar a las minorías y comunidades no blancas. El New York Times, cuando informó sobre la propuesta de Bush de crear esta agencia de gabinete, describió su finalidad como la de “proteger contra ataques a los Estados Unidos”. El foco antiterrorista original desapareció hace mucho tiempo, pero la colosal agencia sigue avanzando imparable.
Hoy en día, claro, el DHS se encuentra a cargo de Kristi Noem, que se ha atribuido un poder impresionante. Noem destrozó las oficinas que realizan los controles internos, como la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertad Civiles. Ha socavado el debido proceso y ha catalogado simples actos de disenso como de “terrorismo interno” . La semana pasada, dijo que el DHS tiene el poder sobre las elecciones, específicamente para asegurarse de que “voten las personas indicadas y elijan a los líderes indicados”.
¿Qué se puede hacer?
Sabemos, por el ritmo de las reformas a lo largo de la historia, que la reforma le sigue al escándalo, pero no siempre. Mientras en Mineápolis la tempestad parece haber quedado atrás (por ahora), este es el momento para ponernos a pensar en reformas audaces.
Para empezar, los demócratas del Congreso deben ponerse firmes. Si no se implementan cambios, ciertamente ICE volverá a arremeter con un renovado sentido de impunidad y agresividad en donde se le antoje.
En un sentido más amplio, los congresistas también deben considerar la forma en la que opera todo el DHS y si su estado actual está cumpliendo al menos mínimamente con su cometido original. Según muchos análisis, no lo está haciendo y no lo ha hecho desde hace años. En 2022 y 2023, el Brennan Center publicó dos informes en los que exigía salvaguardas más fuertes, un sistema de transparencia genuino y controles más rigurosos. Hoy en día, esas propuestas se necesitan incluso con más urgencia.
El DHS es enormemente poderoso y está ganando aún más poder. Nuestra respuesta tiene que ser igual.
Esta semana, lamentamos la muerte de Jesse Jackson, defensor líder de los derechos civiles. Él dijo algo que nos puede preparar para el deber que nos espera. “Tanto las lágrimas como el sudor son salados, pero producen un resultado diferente. Las lágrimas te dan empatía; el sudor te da cambios”.
Traducción de Ana Lis Salotti
