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- Estos sistemas sirven para vigilar contra los abusos de sus inmensos poderes y facultades en la aplicación de la ley —sistemas de control que ahora la actual administración ignora.
- A corto plazo, el sistema actual de pesos y contrapesos externos, incluyendo los tribunales federales, los colegios de abogados estatales y el Congreso, debe revitalizar sus funciones para subsanar esta deficiencia.
Los abogados en el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) deben cumplir con los códigos profesionales y éticos estipulados en las regulaciones y políticas del departamento, con el reglamento del colegio de abogados estatal y las leyes federales. Desde el 20 de enero, sin embargo, la segunda presidencia Trump ha desmantelado sistemáticamente los controles internos del DOJ que ayudan a garantizar el cumplimiento con estos estándares.
Este informe explica cuáles eran esos sistemas de control internos, cómo la administración los ha roto y cómo los tribunales están lidiando con las consecuencias mientras enfrentan a un DOJ que plantea posiciones jurídicas y fundamentos de hecho cuestionables, evade órdenes judiciales y se sobrepasa en sus facultades procesales.
Durante los últimos meses, jueces federales, nombrados tanto por presidentes republicanos y demócratas, han acusado a los abogados del DOJ de la actual administración de incumplir con sus obligaciones profesionales y éticas básicas de actuar con honestidad, legalidad y buena fe.
Una jueza acusó a los abogados del DOJ de manipular a su tribunal. Otro juez inició un proceso por desacato para determinar si los funcionarios de la administración habían violados sus ordenes judiciales. En docenas de casos, como recientemente catalogó el medio informativo Just Security, los tribunales han demostrado estar preocupados por la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales o desconfianza en las informaciones y representaciones del gobierno. Esta tendencia, con razón, ha alarmado a la comunidad jurídica y resalta la necesidad de reparar ahora el defectuoso sistema de control del DOJ y, mientras tanto, llenar los vacíos.
Los abogados del DOJ históricamente se han beneficiado de las presunciones de regularidad y de buena fe en los tribunales federales. Bajo la presunción de regularidad, los tribunales asumen que los funcionarios del gobierno federal, incluyendo los abogados del DOJ, “han ejecutado debidamente sus deberes oficiales” a menos de que exista “evidentes pruebas de lo contrario”.
En otras palabras, los tribunales han dado generalmente por sentado que las representaciones de los hechos que hacen los abogados del DOJ fueron examinadas y son precisas, y que sus posturas jurídicas están bien fundamentadas en la ley y los hechos. Algunos tribunales también han reconocido que existe una presunción relacionada de buena fe, en la cual se asume que un abogado del gobierno actúa con buenas intenciones. Mientras que estas presunciones pueden ser refutadas, hasta hace muy poco los tribunales rara vez han encontrado razones para hacerlo.
Durante décadas, el profesionalismo y la competencia de los propios abogados del DOJ han preservado estas presunciones. Esto es, en parte, gracias los sistemas de rendición de cuentas internos, formales e informales que el departamento desarrolló después del escándalo de Watergate.
Estos sistemas sirven para vigilar contra los abusos de sus inmensos poderes y facultades en la aplicación de la ley —sistemas de control que ahora la actual administración ignora. Y mientras que los abogados del DOJ están sujetos a las reglas de ética profesional en los estados en donde tienen licencia, y también en aquellos dónde ejercen, los tribunales y los colegios de abogados estatales a menudo han confiado en que el DOJ supervise a sus propios abogados. Ahora ya no pueden confiar en que el gobierno se regule a sí mismo.
Para tener un sistema funcional de justicia, especialmente en lo referente a la aplicación de leyes federales, los tribunales deben poder confiar en que el gobierno federal plantea argumentos y representaciones en buena fe. A la larga, esto requerirá que se reconstruyan los defectuosos sistemas de control del DOJ para ser más fuertes y resilientes. Pero, por ahora, otros agentes de supervisión, como los tribunales, los colegios de abogados estatales y el Congreso, deben llenar ese vacío.
Los sistemas internos de control del DOJ después de Watergate
La capacidad de investigar y procesar las violaciones de las leyes federales en todo el país les concede a los abogados del DOJ un poder sorprendente. Como lo explicó el exfiscal general, Robert Jackson, en su famoso discurso de 1940:
El fiscal tiene más control sobre la vida, la libertad y la reputación que cualquier otra persona en los Estados Unidos … Él puede someter a la ciudadanía a investigaciones y, si es ese tipo de persona, puede hacerlo al son de declaraciones públicas y por medio de intimidaciones sutiles o evidentes … El fiscal puede ordenar arrestos, presentar casos ante un gran jurado en una sesión secreta y, con base a su presentación unilateral de los hechos, puede provocar que una persona ciudadana sea imputada y sometida a un juicio. Él puede desestimar un caso antes de que llegue a juicio, situación en la cual la defensa nunca tendrá la oportunidad de ser escuchada.
Aún las investigaciones o acusaciones que son, a la larga, retiradas pueden ocasionar daños reputacionales serios y resultar en limitaciones financieras considerables. Dado el alcance de este poder, los abogados del DOJ deben cumplir con los estándares más altos de conducta y ética profesional, y adherirse a los principios fundamentales de independencia, discreción basada en principios, imparcialidad y equidad. O como lo planteó el fiscal general Jackson: el papel del fiscal es el de “la búsqueda de la verdad y no la búsqueda de víctimas” y “estar al servicio de la ley y no de propósitos partidistas”.
Fuera del campo procesal, el DOJ tiene una influencia significativa sobre la conducta del gobierno federal. La División Civil representa a los Estados Unidos, a sus departamentos y agencias, frente a los tribunales federales cuando sus labores incluyen defender demandas contra programas o regulaciones federales. La Oficina del Asesor Legal asesora jurídicamente al presidente y a todas las agencias de la rama ejecutiva.
Los abogados del DOJ a menudo trabajan con otros abogados de la agencia para anticipar y atender posibles demandas legales y, si es necesario, defender a esas agencias frente a un tribunal. Como el principal punto de contacto entre la rama ejecutiva y la judicial, el DOJ ayuda a garantizar que el gobierno federal se pronuncie unificadamente y adopte posturas jurídicas consistentes.
En los años posteriores a Watergate, el Congreso y el DOJ desarrollaron y fortalecieron los organismos internos de control para prevenir los abusos de los inmensos poderes del departamento. Estos incluyen dos oficinas separadas de supervisión dentro del DOJ —la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Oficina del Inspector General— para investigar acusaciones de mala conducta y abusos de la autoridad procesal.
También surgieron estructuras informales de vigilancia. Una plantilla no partidista de profesionales de carrera del DOJ, la cual se desarrolló durante décadas, también ha jugado un papel importante a la hora de controlar el uso indebido partidista de las facultades del departamento.
Vigilancia interna formal
En 1975, en respuesta a los abusos éticos de altos funcionarios del DOJ durante el escándalo de Watergate, el fiscal general Edward Levi estableció la Oficina de Responsabilidad Profesional, la cual es un organismo del DOJ exclusivamenteresponsable de investigar acusaciones de mala conducta profesional por parte de los abogados del DOJ.
La oficina, por ejemplo, investiga denuncias de que los abogados del DOJ hayan hecho declaraciones falsas ante su contraparte o el tribunal. También investiga a quienes incumplen las órdenes de un juez o el reglamento y regulación del departamento y abusan de la autoridad del DOJ o de la discreción procesal.
Para identificar la conducta profesional indebida que necesita ser examinada, la oficina no sólo depende de las quejas que recibe y los reportes de los abogados del DOJ, también realiza búsquedas semanales en las bases de datos jurídicas y toma nota de informes periodísticos. La oficina refiere sus hallazgos de mala conducta a la Unidad de Revisión de Mala Conducta Profesional del departamento, la cual evalúa los hallazgos remitidos y determina el nivel apropiado de sanción para imponer. Esta unidad también puede autorizar a la Oficina de Responsabilidad Profesional a referir la cuestión a las autoridades del colegio de abogados pertinente para sanciones.
El Congreso estableció la Oficina del Inspector General del DOJ en 1989 como una agencia independiente y no partidista dentro de departamento para prevenir y detectar el desfalco, fraude y abuso. La oficina está autorizada para investigar acusaciones de actos indebidos penales, civiles o administrativos por parte de empleados de DOJ. Además, realiza auditorías y se encarga de investigaciones sensibles sobre las operaciones del DOJ o de sus empleados.
El inspector general, por ejemplo, ha examinado acusaciones de investigaciones políticamente motivadas, acciones indebidas relacionadas con campañas electorales, la emisión indebida de citaciones basadas en la afiliación política e investigaciones mal administradas. Pero el Congreso expresamente dejó fuera las investigaciones sobre mala conducta de los abogados del DOJ, casos que son exclusivamente administrados por la Oficina de Responsabilidad Profesional del DOJ.
En algunas circunstancias limitadas, ambos despachos han investigado conjuntamente, como cuando examinaron acusaciones sobre la contratación politizada de abogados recién graduados en el competitivo programa de honores del DOJ desde 2002 hasta 2006.
Desde Watergate, los abusos de autoridad del DOJ y los esfuerzos por politizar el departamento han sido relativamente limitados —hasta ahora. Para estar seguros, la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Oficina del Inspector General han sido objeto de críticas por no proveer suficiente rendición de cuentas y transparencia, pero a través de los años han funcionado como controles importantes frente a conductas indebidas de los abogados.
En 2023, por ejemplo, el despacho del inspector general investigó denuncias de que un fiscal de EE. UU. de la administración Biden había violado varias obligaciones éticas y legales, intentado interferir en la elección de un fiscal local de distrito e ignorado las políticas que restringen la asistencia a eventos políticos partidistas. Esto resultó en la renuncia de ese fiscal federal.
A pesar de las críticas, estas investigaciones internas, no obstante, han sido una importante fuente de esclarecimiento de los hechos y han tenido algún efecto disuasorio. En 2008, por ejemplo, ambos despachos investigaron conjuntamente un escándalo de alto perfil sobre el despido ilegal de nueve fiscales federales por parte de la administración Bush, porque no eran aparentemente “leales” en cuestiones políticas partidistas.
Su informe reveló información que condujo a mayores indagaciones públicas, forzando al fiscal general Michael Mukasey a nombrar un fiscal especial para examinar si se debían presentar cargos penales. El fiscal especial, en últimas, concluyó que las acciones eran inapropiadamente políticas, pero no criminales.
Los despachos también investigaron acusaciones sobre personas nombradas para cargos políticos en el DOJ que habían ilegalmente politizado la contratación de fiscales de carrera en la División de Derechos Civiles durante la administración Bush. Encontraron pruebas de que un funcionario del DOJ había engañado al Congreso y refirieron el caso para un posible procesamiento penal.
Aunque el fiscal de EE. UU. del distrito de Columbia rechazó el proceso penal, la División de Derechos Civiles, en consecuencia, instituyó numerosas reformas para prevenir la contratación politizada. Estas investigaciones de alto perfil también sirvieron como un método de disuasión, ya que abogados de carrera del DOJ podrían señalar la posibilidad de investigaciones internas para prevenir a los nombrados a cargos políticos de los riesgos de la toma de decisiones con base en la política.
Otra secuela de la era Watergate fue la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, la cual permitió al DOJ crear una fuerza laboral dedicada a la aplicación de sus enormes poderes de manera no partidista. La ley creó la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, una nueva agencia para adjudicar y remediar prácticas de personal prohibidas contra empleados federales, como la retaliación por denuncias internas, discriminación con base a la afiliación política y la politización de decisiones laborales.
La ley también creó la Oficina del Fiscal Especial para investigar estas prácticas y recibir de forma segura los reclamos de quienes denuncian internamente. En algunas circunstancias, el fiscal especial puede requerir al director de la agencia, como el fiscal general, investigar acusaciones de mala conducta reportados por un delator.
La ley también otorgó a ambas oficinas la facultad de emitir citaciones, a diferencia de la Oficina de Responsabilidad Profesional del DOJ (la cual carece de esa facultad citatoria) y su Oficina del Inspector General (la cual puede emitir citaciones administrativas por documentos o archivos, pero carece de la autoridad para obligar a testificar a empleados que no son del DOJ).
Al fortalecer el servicio civil y crear un sistema que atiende la influencia política inapropiada, la Ley de Reforma del Servicio Civil ayudó a fomentar un servicio informal de control de empleados de carrera en el DOJ dedicados a la aplicación no partidista de los poderes y autoridades del departamento.
El escándalo de Watergate también instó al Congreso a fortalecer el cumplimiento de estándares éticos con la aprobación de la Ley sobre Ética del Gobierno, la cual, entre otras cosas, creó la Oficina de Ética del Gubernamental para vigilar el programa federal de ética, incluido en el DOJ.
La Oficina Departamental de Ética del DOJ trabaja con funcionarios especializados en conducta ética designados de cada una de las divisiones del DOJ para garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones federales relacionadas con los conflictos de interés financieros, personales y políticos. El líder de ese despacho es un funcionario de carrera encargado de hacer recomendaciones éticas a los altos directivos del departamento, incluidos el fiscal general y el fiscal general adjunto.
Además, un fiscal general adjunto asociado —quien es el abogado de carrera de más alto rango en el departamento— es responsable de formular determinaciones éticas que involucran a altos funcionarios del DOJ, incluidas las relacionadas con la parcialidad y la influencia política indebida. Este funcionario también revisa las recomendaciones disciplinarias, que son resultado de investigaciones de la Oficina de Responsabilidad Profesional en los casos de abogados que demuestran falta de ética profesional.
También evalúa recomendaciones disciplinarias o procesales hechas por el inspector general. Dada la naturaleza altamente sensible de estas responsabilidades, este funcionario es típicamente un abogado de carrera del DOJ, altamente experimentado, quien ha demostrado tener los más altos niveles de integridad y conducta no partidista, y es una persona que inspira confianza en administraciones de ambos partidos políticos.
Controles internos informales
Además de sus mecanismos formales de control, el DOJ ha tenido por mucho tiempo dos controles informales clave en contra de los abusos del poder partidistas: una dedicada fuerza laboral de carrera comprometidos al no partidismo y un conjunto de valores institucionales declarados —que se enfocan en la imparcialidad, independencia, integridad y honestidad— que por varias décadas han sido plasmados en los procesos, políticas y normas del departamento.
En los años posteriores a Watergate, los fiscales generales de la nación, Levi y Griffin Bell, reconstruyeron la fuerza laboral de carrera del DOJ y modernizaron el departamento. Ellos articularonregularmente los principios de independencia procesal, equidad e integridad además de construir políticas y procesos consistentes para garantizar que los abogados del DOJ cumplan con estos principios cuando atienden casos y hacen valoraciones procesales.
Estos principios evolucionaron para convertirse en los Principios Rectores Procesales Federales, los cuales fueron incorporados en el Manual de Justicia, una detallada guía que establece las políticas internas del departamento y los procesos y estándares de conducta que han guiado a generaciones de abogados del DOJ.
Y, respaldada por las protecciones de la Ley de Reforma del Servicio Civil, la fuerza laboral de carrera del DOJ ha reforzado estos valores institucionales en su sinnúmero de deliberaciones sobre decisiones investigativas o procesales con sus líderes (quienes llegan a sus cargos por medio de nombramientos políticos y en su gran mayoría han compartido estos principios).
Cuando los líderes no han cumplido con los principios, los abogados de carrera, en ocasiones, se han retirado formalmente de un caso o renunciado al departamento, atrayendo la atención pública y supervisión externa.
En 2020, por ejemplo, las personas nombradas para sus cargos en el DOJ por políticos intervinieron para desestimar casos contra Michael Flynn, aliado del presidente Trump, quien ya se había declarado culpable de mentirle a investigadores federales.
Un fiscal de carrera se retiró del caso y, en una marcada desviación de las prácticas de DOJ, la solicitud para desestimar el caso sólo fue firmada por una persona, uno de los designados por políticos. Esto resultó en exigencias del Congreso para que la Oficina del Inspector General investigara. El juez federal que supervisaba el caso tomó la inusual decisión de nombrar a un juez retirado y exfiscal federal para revisar el asunto y asesorar a la corte.
Aunque el juez retirado argumentó que los esfuerzos del departamento por desestimar el caso reflejaban “un grotesco abuso del poder procesal” e instó a la corte a seguir adelante con la sentencia contra Flynn, la corte en últimas desestimó el caso porque el presidente lo indultó.
De forma similar, durante los inicios de la actual administración, siete fiscales de carrera, altamente respetados, renunciaron en la Oficina de Manhattan de la Fiscalía de EE. UU. y la Sección de Integridad Pública del DOJ, luego de que los líderes políticos de la agencia les ordenaron desestimar los cargos por corrupción en contra del alcalde Eric Adams de Nueva York, aparentemente a cambio de que este apoyara las iniciativas de control migratorio del presidente.
Al dimitir, Danielle Sassoon, —una fiscal federal asignada por la actual administración para ejercer temporalmente como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York —explicó que ella no podía “estar de acuerdo con una desestimación impulsada por consideraciones indebidas”. Además, dijo que su obligación como fiscal era “aplicar la ley imparcialmente y eso incluye procesar una acusación remitida válidamente sin importar si su desestimación fuese políticamente conveniente”.
Las renuncias de alto perfil invitan al ojo público a examinar si hay algún intento de utilizar la autoridad procesal del DOJ con fines políticos. Sin embargo, gran parte de la rendición de cuentas informal del departamento viene de las deliberaciones internas de los fiscales de carrera. Estas personas aportan perspectivas a numerosas decisiones sobre la aplicación de la ley con el fin de garantizar la imparcialidad y consistencia con las normas y posturas de larga data del DOJ.
De hecho, los aliados del presidente han calificado este sistema informal de control como un obstáculo significativo a la hora de implementar la agenda del presidente, quejándose de que los abogados de carrera bloquearon su agenda durante el primer mandato.
En conjunto, estos controles formales e informales han servido como una importante salvaguarda en contra del abuso partidista del poder del DOJ. Y, mientras que estas salvaguardas pueden ser mejorados, esta administración ha removido medidas de control, en vez de buscar mejorarlas.
La administración Trump revierte los controles internos del DOJ
Justo después de asumir la presidencia, la segunda administración Trump demostró que no dejaría que estos controles contra el abuso personal y partidista de las facultades del DOJ obstaculicen su agenda. La administración rápidamente empezó a desmantelarlas sistemáticamente.
Neutralizar la Oficina de Responsabilidad Profesional
En la primera semana de presidencia, las personas nombradas para cargos políticos en el DOJ despidieron a varios altos funcionarios clave de carrera, incluyendo a jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, quien fue nombrado en ese cargo durante el primer mandato de Trump y trabajó con el DOJ por casi 38 años. Al despedir al líder de la oficina, los designados a cargos políticos congelaron cualquier supervisión interna referente a la falta de ética profesional de los abogados del DOJ, incluyendo investigaciones a falsas representaciones en corte y el incumplimiento con órdenes judiciales. Más de ocho meses después, la administración aún tienen pendiente asignar un nuevo líder para la oficina.
Debilitar la Oficina del Inspector General
Pocos días después de que Trump asumiera la presidencia, la Casa Blanca despidió a por lo menos 17 inspectores generales en todo el gobierno, sin darle al Congreso la notificación anticipada de 30 días, legalmente requerida. Estos inspectores generales han servido como controles internos contra el abuso de poder en las agencias de la rama ejecutiva.
Mientras que el inspector general del DOJ, Michael Horowitz, permaneció en su cargo hasta junio de 2025, los despidos masivos tuvieron un efecto intimidatorio en su oficina también. Un exfiscal general del DOJ expresó públicamente estar decepcionado de que su antiguo despacho no mostró “ningún indicio de actividad investigativa seria ante las muy publicitadas acusaciones de falta de ética profesional” por parte de la administración actual.
En mayo de 2025, un delator interno radicó una queja ante la Oficina del Inspector General incluyendo pruebas de que una persona designada a un cargo sénior del DOJ supervisó un intento de engañar a jueces y eludir órdenes judiciales. La queja fue ignorada por más de dos meses, hasta que el radicado atrajo el escrutinio público.
Y, recientemente, funcionarios presupuestarios de la administración Trump desfinanciaron el Consejo de Inspectores Generales de Integridad y Eficiencia —una entidad conjunta que coordina y supervisa la comunidad de inspectores generales federales, incluido el despacho del inspector general del DOJ— al impedir que el consejo utilice los fondos ya aprobados por el Congreso para el próximo año fiscal.
Silenciando a los disidentes
Desde su primer día, la fiscal general, Pam Bondi, dejó claro que no habrá lugar para las disidencias en los “puntos de vista o juicios políticos” que “prevalecieron en las elecciones”. Bondi emitió una nueva política en la que cualquier abogado del DOJ que se rehúse a firmar un escrito o a comparecer ante un tribunal para defender las acciones de la administración estará sujeto a actos disciplinarios o a la terminación de su contrato.
Para recalcar este mensaje, los líderes del DOJ despidieron a Erez Reuveni, abogado de carrera de larga data del DOJ, luego de que él cumpliera con su deber a ser sincero ante un tribunal y verazmente a un juez que la administración se había equivocado al deportar a un inmigrante a una notoria prisión en El Salvador.
En una denuncia interna, Reuveni detalla sus intentos por resistir los esfuerzos de líderes del DOJ y la Casa Blanca por desafiar las órdenes judiciales por medio de la desinformación, mentiras y retrasos deliberados.
Según prácticas anteriormente generalizadas en el DOJ que cobijaron administraciones de ambos partidos, los abogados del DOJ pueden solicitar ser reasignados a un caso o negarse a firmar escritos con base a preocupaciones morales o éticas. Esta práctica interna ha reforzado el hecho de que los abogados de carrera del DOJ hacen un juramento a la Constitución, no a un presidente en particular, y que antes se les permitía presentar, de forma segura, preocupaciones bien sustentadas y examinar argumentos o afirmaciones jurídicamente cuestionables dentro de la cadena de mando.
Erosionando procesos y protecciones al servicio civil y a quienes radican denuncias internas
La administración erosionó las protecciones al servicio civil y a los delatores internos al despedir al abogado especial Hampton Dellinger, cuya oficina, entre otras cosas, investigaba acusaciones de decisiones politizadas contra el personal, y represalias contra delatores internos, además de atender revelaciones de irregularidades. La administración, por ende, efectivamente eliminó una avenida que tenían los empleados del DOJ para radicar denuncias internas de forma segura y que el departamento debía investigar.
Además, los empleados de carrera del DOJ ya no pueden depender de un abogado especial e independiente para investigar denuncias sobre decisiones partidistas referentes al personal ni solicitar a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito imponer acciones correctivas en las agencias o acciones disciplinarias contra empleados federales.
La administración también despidió a Cathy Harris, presidente de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, y reasignó a un puesto inferior al vicepresidente Ray Limon, quien después se jubiló. Esto dejó a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito con un solo miembro republicano y sin cuórum por meses para poder decidir sobre miles de apelaciones en casos que han sido presentados por empleados de carrera en esta administración después de sus despidos masivos.
Para mayo de 2025, la junta reportó haber recibido 11,166 apelaciones —el doble de la carga de trabajo que típicamente recibe en todo el año fiscal. Esto significa que los empleados de carrera del DOJ contra quienes han tomado represalias ilegalmente por denunciar irregularidades o discriminación con base a su afiliación política se enfrentarían a una junta con pocos recursos que ofrecer si ellos y el DOJ impugnaban la decisión inicial de un juez administrativo sobre su caso. Aunque el Congreso recientemente restauró, con el apoyo total de los senadores republicanos y oposición de los demócratas, el cuórum al confirmar a un designacio de la administración Trump para la junta, los empleados federales de carrera ahora deben lidiar con una junta que ya no es bipartidista.
Expulsar virtualmente al personal de carrera, incluyendo a los profesionales en ética
La administración ha tomado una iniciativa sin precedente de expulsar a los abogados del DOJ, muchos de los cuales han ejercido allí por décadas en administraciones tanto republicanas como demócratas. Inicialmente, líderes del DOJ reasignaron a casi 20 altos funcionarios de carrera en cargos prominentes a puestos indeseables o huecos, lo cual resultó en muchas renuncias, como era la intención.
Esto incluye la renuncia del funcionario de carrera con el cargo más alto en el departamento, en quien administraciones de ambos partidos políticos habían confiado para hacer determinaciones sobre la ética y revisar recomendaciones disciplinarias por faltas a la ética profesional de los abogados. El liderazgo del DOJ reemplazó al altamente respetado funcionario, con 34 años de carrera en el DOJ, por dos personas designadas por políticos, poniendo decisiones altamente sensibles en las manos de un recién graduado en derecho y un exabogado personal del presidente.
Los designados por políticos del DOJ también reasignaron a puestos inferiores o despidieron a docenas de empleados de carrera del DOJ, quienes eran vistos como no lo suficientemente leales al presidente o que previamente trabajaron en procesos a los cuales el presidente personalmente se opuso. También despidieron al líder de carrera de la oficina de la ética del DOJ, quien era responsable de hacer recomendaciones en ética al liderazgo sénior del departamento y garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones en ética, incluyendo aquellas que gobiernan los conflictos de interés.
La intención detrás de ese mensaje fue claramente entendida —cientos de abogados del DOJ renunciaron o fueron removidos, incluida más de la mitad de los abogados de la Rama de Programas Federales, la cual a menudo es la primera línea de defensa ante los tribunales para representar las prioridades de la administración.
Desde enero de 2025, el liderazgo del DOJ ha desmantelado la Sección de Integridad Pública de la División Penal, un despacho creado en respuesta al escándalo de Watergate que por casi 50 años ha combatido la corrupción en entidades públicas.
En los primeros días de la administración, esta despidió al líder del despacho, un fiscal federal de larga data designado por Trump durante su primera presidencia. Semanas después, exigió que la unidad de integridad pública desistiera de los cargos por corrupción contra el alcalde Adams, lo que llevó a cinco altos funcionarios de la oficina a renunciar en lugar de cumplir con una orden que percibían como inmoral, ilegal y carente de ética.
Desde entonces, los líderes del DOJ suspendieron la autoridad de la unidad de integridad pública para revisar posibles casos contra funcionarios públicos para prevenir procesamientos políticamente motivados. Además, cancelaron su facultad de presentar nuevos casos y redujeron el personal del despacho de 36 abogados a dos.
Recientemente y según reportes, la administración Trump cerró una investigación por soborno que adelantaba la unidad de integridad pública y una oficina de un fiscal federal referente al “zar de la frontera de la Casa Blanca” Tom Homan, quien fue grabado en un video recibiendo $50,000 en efectivo de un agente encubierto del FBI.
En la División de Derechos Civiles, la administración ha sido aún más agresiva. Después de una tibia respuesta a su primera oferta de “renuncias diferidas” para que los profesionales allí renunciaran a cambio de que se les retuviera con licencia remunerada por varios meses, la persona designada políticamente para liderar la división, Harmeet Dhillon, emitió declaraciones de misión controvertidas que detallaban su visión de la División de Derechos Civiles. Explicó que su meta era encaminar la división “en la dirección opuesta” al trabajo histórico de proteger los derechos civiles que se ha llevado a cabo durante casi 70 años.
Los líderes del DOJ también reasignaron a más de una docena de líderes de carrera a puestos menos deseados. Cuando la administración emitió su segunda oferta de renuncia diferida e instó al personal a aceptarla, se generó un éxodo de abogados. El resultado fue una pérdida general de aproximadamente el 70 % de los abogados de carrera de la división, y más de 368 de sus empleados de carrera desde el comienzo la administración Trump.
Desde entonces, Dhillon, la jefa de la División de Derechos Civiles, se ha pronunciado sobre el trabajo del DOJ referente a la aplicación de la ley en términos claramente partidistas. En la Conferencia Nacional del Conservadurismo, describió a la División de Derechos Civiles del DOJ como “las tropas de choque del presidente”, formulando su trabajo como una batalla contra enemigos en vez de una institución no partidista que busca aplicar la ley imparcial y justamente.
Se mofó de los demócratas, diciendo que “la izquierda enloqueció” cuando ella envió una misiva a Texas asegurando que varios distritos electorales del Congreso allí eran inconstitucionales y exigió una respuesta el mismo día que envió la comunicación. Su carta se envió luego de intensa presión por el presidente para que Texas sostuviera una inusual ronda de redistribución de distritos electorales a mediados del censo decenal para favorecer con más fuerza a los republicanos.
Dhillon también criticó a los jueces “progresistas”, insinuando que ellos estaban “haciendo locuras” cuando fallaron en contra de la administración. Este tipo de declaraciones públicas, claramente tan partidistas, por parte de una persona designada al DOJ sobre el trabajo de aplicación de leyes hubiese sido condenado en previas administraciones tanto demócratas como republicanas.
No sorprende que erosionar estos sistemas de control ha resultado en más comportamientos preocupantes en el liderazgo políticamente designado del DOJ. Recientemente, por ejemplo, el presidente escogió a dedo al fiscal federal interino para el Distrito Este de Virginia —Lindsey Halligan, su exabogada personal sin ninguna experiencia en procesamientos penales.
Halligan presentó cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, días después de que el presidente públicamente exigiera que el DOJ “actuara rápido” y procesara “ahora” a algunos enemigos personales y políticos, incluyendo a Comey. Halligan después presentó cargos contra Letita James, fiscal general de Nueva York, otro foco de ataque que el presidente señaló en su solicitud pública.
Estos cargos se presentaron a pesar de que fiscales de carrera leinformaron a la fiscal federal interina que no había suficiente pruebas para cumplir con el estándar base de causa probable necesario para obtener una acusación. Y mucho menos el más alto estándar que la política del DOJ exige para presentar cargos. El predecesor del fiscal federal interino, Erik Siebert, fue despedido por el presidente luego de que se rehusó a ceder a la presión para presentar cargos contra sus adversarios.
Además, la gran mayoría de los fiscales federales designados por la administración no han sido investigados por medio del proceso estándar de confirmación, a pesar de que el Senado está bajo control republicano. La administración ha puesto a varios de ellos en estos roles utilizando trucos inusuales y jurídicamente cuestionables. Estas personas designadas están utilizando su inmensa autoridad en contra de opositores políticos y se expresan en términos altamente partidistas.
En Nueva Jersey, por ejemplo, Alina Habba, otra exabogada personal del presidente sin ninguna experiencia procesal penal quien fue nombrada fiscal federal interina, dijo que “podemos volver al New Jersey republicano” justo antes de que asumiera el cargo. También compartió que esperaba poder “ayudar a la causa” en su nuevo puesto.
Actualmente, Habba está procesando a un miembro demócrata del Congreso quien estaba haciendo una visita de supervisión en una instalación de detención migratoria. Además, está investigando al gobernador y fiscal general, ambos demócratas, por no cooperar con las autoridades migratorias federales. Un juez federal recientemente falló que las maniobras de la administración para designar a Habba en su nuevo puesto son ilegales. La administración apeló está decisión.
Los tribunales cuestionan y critican la conducta del DOJ
Sin los usuales controles impuestos por los sistemas de supervisión formales e informales del DOJ, los actuales líderes del departamento han puesto a prueba los límites de sus obligaciones y deberes éticos. Los tribunales están tomando nota.
En varios casos durante los últimos ocho meses, los tribunales federales han sonado las alarmas sobre la conducta de los abogados del DOJ —en particular los designados recientemente— quienes han o posiblemente hayan violado las reglas y regulaciones del departamento y sus obligaciones éticas profesionales.
El debilitar o eliminar las salvaguardas internas ha resultado en por lo menos tres tipos de malas conductas: hacer representaciones de hechos falsos o sin fundamentos, evadir o ignorar las órdenes judiciales y excederse en la aplicación de la autoridad procesal. En pasadas administraciones, este tipo de conducta hubiese significado el inicio de investigaciones internas, pero parece ser que no hay señal de ningún tipo de respuesta en esta administración.
Hacer representaciones de hechos falsos o sin fundamentos
Mientras que los abogados tienen el deber y compromiso de defender a sus clientes, también tienen el deber profesional de ser sinceros con la corte. En otras palabras, se espera que los abogados argumenten vigorosamente a favor de la postura de su cliente, pero siempre desde la verdad.
Como nuestros colegas del Brennan Center recalcaron, “la deshonestidad puede incluir tanto las declaraciones engañosas como la omisión de datos pertinentes. Los abusos de poder, incluidos los juicios por motivos políticos o partidistas, con frecuencia requieren cierto grado de deshonestidad, lo que daría pie al incumplimiento de dichas normas”.
El deber de honestidad de un abogado está exigido tanto por las normas de responsabilidad profesional como por las reglas de procesamiento civil. La Regla Modelo 3.3(a) del Colegio de Abogados de EE. UU. (ABA, por sus siglas en inglés) prohíbe a todos los abogados hacer declaraciones falsas al tribunal, no corregir una declaración fundamentalmente falsa o compartir pruebas que el abogado sabe que son falsas.
La Regla Modelo 8.4(c) del ABA prohíbe a los abogados incurrir en conductas deshonestas, fraude, engaño o tergiversación. Y la Regla 11 del Reglamento Federal del Proceso Civil estipula que los documentos radicados ante un tribunal no deben formularse con un “propósito indebido” y que las afirmaciones y negaciones fácticas hechas por los abogados deben tener el respaldo probatorio. La Oficina de Responsabilidad Profesional por mucho tiempo ha revisado rutinariamente la conducta de los abogados del DOJ acusados de incumplir con sus responsabilidades profesionales.
Los tribunales dependen frecuentemente de las representaciones que hacen los abogados, pero a menudo reconocen con más credibilidad las declaraciones y posiciones compartidas por los abogados del DOJ. Ése es el fundamento de las presunciones de regularidad y de la buena fe.
Cuando se presume que el gobierno está siguiendo los procedimientos adecuados y operando con motivos apropiados y de buena fe, los abogados del DOJ no necesitan probar esos elementos como parte de su caso. Cuando los abogados del DOJ hacen representaciones engañosas o toman posturas que plenamente contradicen las actas públicas, están violando sus responsabilidades profesionales, perjudicando a las partes en el proceso y a la confianza del público, y causan daños duraderos al departamento. Esto es lo que está pasando ahora.
Las acciones de los abogados del DOJ en tres casos representan esta tendencia:
La causa Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y AFL-CIO v. Oficina de Administración de Personal de los Estados Unidos impugnó los intentos de reducir la fuerza laboral federal mediante el despido de empleados en período de prueba. En las etapas preliminares del litigio, los abogados del DOJ presentaron una declaración del director interino de la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), afirmando que la OPM no había ordenado a las agencias despedir a ningún empleado en período de prueba en particular y que no había creado un programa de despido masivo.
El gobierno retiró la declaración cuando el tribunal ordenó al DOJ que presentara al testigo para un interrogatorio en vivo. El tribunal calificó la evasión del DOJ como "una farsa". "Llevo más de 50 años ejerciendo o sirviendo en este tribunal", declaró el juez, "y sé cómo llegamos a la verdad. Y usted no me está ayudando a llegar a la verdad".
Posteriormente, el tribunal falló a favor de los demandantes y volvió a criticar al DOJ por presentar un expediente administrativo incompleto. Si bien señaló que el gobierno suele gozar de una presunción de regularidad con respecto al expediente que presenta al tribunal para su revisión, el tribunal determinó que, en este caso, el “‘expediente administrativo’ presentado por el gobierno es una farsa. No facilita la revisión judicial, sino que la frustra”.
El tribunal también acusó al gobierno de manipular las pruebas. En un radicado, el gobierno citó parte de un correo electrónico “y lo insertó en un contexto nuevo e inventado que no se encuentra en ninguna parte de la cadena de correos electrónicos relevante”, concluyó el tribunal. La declaración, explicó el tribunal, “se convierte entre corchetes, elipsis y mañas del abogado del gobierno en un disparo directo al corazón del caso de los demandantes. La prueba artificial del abogado no resulta convincente”.
La causa Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro v. Vought fue una de varias presentadas para evitar que el presidente eliminara las agencias federales autorizadas por el Congreso, en este caso la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. El tribunal concluyó que los abogados del gobierno presentaron declaraciones sobre lo que estaba sucediendo en la oficina que eran "altamente engañosas, si no intencionalmente falsas", y que su conducta dejó al tribunal "con poca confianza en que se puede fiar en que la defensa dice la verdad sobre cualquier asunto".
La causa L.G.M.L. v. Noem se presentó cuando el gobierno federal intentó deportar a posiblemente cientos de menores no acompañados a Guatemala mientras buscaban protecciones ante los tribunales de inmigración de EE. UU. Un abogado del DOJ declaró ante un juez en una audiencia de emergencia que los niños no estaban siendo deportados, sino que formaban parte de un programa piloto que los repatriaría con "padres o tutores en Guatemala que han solicitado su regreso".
El gobierno guatemalteco evaluó a las familias de 57 niños que iban a ser devueltos a Guatemala y determinó que 56 de ellos no buscaban la repatriación de sus hijos y preferían que permanecieran en Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que los abogados del Departamento de Justicia "se quedaron cortos respecto a la ley y a los hechos" y que su explicación sobre las acciones del gobierno se había “derrumbado como un castillo de naipes”.
Durante esta administración, las causas relacionadas a inmigración han estado repletas de este tipo de problemas fácticos, incluyendo el caso D.V.D. contra el Departamento de Seguridad Nacional (“El tribunal recibió información falsa, en la que se basó, en dos ocasiones, para detrimento de una parte en riesgo de sufrir daños graves e irreparables.”); Sanchez Puentes v. Garite (“Este tribunal se ofende claramente por el desperdicio de recursos judiciales por parte de los demandados al admitir ante el tribunal que no tienen pruebas, pero que, sin embargo, pretenden que este tribunal determine que el demandante Sánchez Puentes es ‘culpable por asociación’”); Abrego García v. Noem (“Cabe destacar que, en respuesta a las sinceras respuestas del fiscal del gobierno a la investigación del tribunal de distrito, dicho abogado ha sido puesto en licencia administrativa, aparentemente por falta de ‘defensa diligente’… Sin embargo, el deber de representación diligente se modera ante el deber de sinceridad con el tribunal, entre otras obligaciones éticas, y el deber de defender al estado de derecho, particularmente por parte de un fiscal del gobierno”).
Evadir e ignorar órdenes judiciales
Los abogados del DOJ, para representar al gobierno federal ante los tribunales de forma eficaz y ética, tienen la obligación de asesorar a otras agencias federales sobre cómo cumplir con una orden judicial en su contra. Sin embargo, en algunos casos, los abogados del DOJ parecen estar incumpliendo este deber ético.
Uno de los primeros ejemplos de abogados del DOJ facilitando la evasión o el incumplimiento de órdenes judiciales durante la segunda administración Trump se encuentra en la causa J.G.G. v. Trump, que surgió a raíz del intento de la administración de deportar a cientos de venezolanos a El Salvador por medio de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez prohibió temporalmente a la administración expulsar a los individuos, pero el gobierno los expulsó de todos modos. El tribunal inició entonces un proceso de desacato para determinar por qué la administración incumplió y quién fue el responsable. Un abogado del DOJ que radicó una denuncia interna alegó posteriormente que el incumplimiento del gobierno fue intencional y se podría haber anticipado antes de que se emitiera cualquier orden. El delator también alegó que la guía que explica cómo cumplir con las órdenes del tribunal nunca se difundió en la agencia parte del litigio, el Departamento de Seguridad Nacional.
Después de que la administración Trump pausara y cancelara la financiación federal en áreas como la cooperación internacional, educación, justicia penal y el apoyo a las víctimas, muchos beneficiarios demandaron y obtuvieron una medida cautelar. El gobierno parece estar dilatando el cumplimiento con algunas de las órdenes judiciales.
En la causa Consejo de la Cuenca del Río Woonasquatucket v. Departamento de Agricultura, por ejemplo, el tribunal ordenó a varias agencias federales, incluido el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés), que "tomaran medidas inmediatas" para desembolsar los fondos según la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo.
Sin embargo, el tribunal necesitó cuatro audiencias de seguimiento durante tres semanas para lograr que las agencias cumplieran con la orden. Ahí no terminó la historia. Tres meses después, los demandantes informaron al tribunal sobre informes periodísticos que indicaban que $760 millones seguían congelados. En una orden posterior, el tribunal escribió que le “resulta difícil comprender cómo la inacción por parte del HUD puede interpretarse como algo más que una violación grave de la orden del tribunal, una violación que demuestra un flagrante desprecio por la sala”.
Los tribunales han documentado retrasos similares en el cumplimiento de las órdenes judiciales que ordenan la liberación de los fondos de la subvención en los casos Nueva York v. Trump (que requirió dos mociones para su ejecución y dos órdenes judiciales posteriores para obligar al cumplimiento), Radio Free Europe v. Lake (que encontró un “historial extraordinario” en el que el gobierno afirma participar en negociaciones de buena fe, contrario a la realidad práctica) y Widakuswara v. Lake (que documenta información engañosa y contradictoria, así como explicaciones inadecuadas del gobierno, que no demuestran que la agencia esté cumpliendo con las órdenes judiciales, y resultó en una orden posterior del tribunal de toma de declaraciones juradas de altos funcionarios de la administración).
Los abogados del DOJ también defendieron indebidamente los intentos de la agencia por eludir las órdenes judiciales, argumentando que las agencias pueden ampararse en diferentes facultades jurídicas para continuar con la conducta bloqueada por los tribunales.
En el caso Estado de Washington v. Trump, un tribunal de distrito impidió temporalmente que dos agencias federales cancelaran la financiación a programas de atención en salud con enfoque de género, pero el gobierno aun así intentó cancelarla. El tribunal concluyó que el argumento del gobierno para defender la cancelación era "artificial", "manifiestamente irrazonable", "deliberadamente ignorante" y "egoísta", y que "estaba al borde de violar la Regla Federal de Procedimiento Civil 11(b)". El tribunal autorizó procedimientos adicionales para determinar si la agencia había cancelado las subvenciones en violación de la orden judicial.
Evasiones similares de órdenes judiciales se hicieron evidentes en el caso D.V.D. v. Departamento de Seguridad Nacional, en el que el tribunal tuvo que modificar su orden que prohibía al Departamento de Seguridad Nacional expulsar a ciertas personas del país para impedir también que el Departamento de Defensa lo hiciera, a fin de garantizar que su orden no se evadiera mediante un traslado en custodia de una agencia a otra.
Y en la causa Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro v. Vought, el tribunal acusó a la administración de intentar evadir la orden judicial "disfrazando su [acción original] con nuevas prendas" y "burlándose tanto de este tribunal como del tribunal de apelaciones".
Excesos en la autoridad procesal
Los abogados del DOJ cuentan con numerosas herramientas para obtener pruebas antes de que se presente una demanda o acusación formal para determinar si se ha violado la ley federal. Pueden convocar grandes jurados y emitir citaciones y órdenes de comparecencia penales, así como citaciones administrativas y requerimientos de investigación civil para obtener pruebas y construir su caso.
Sin embargo, un fiscal no tiene plena libertad para montar una expedición en busca de pruebas de irregularidades. Se espera que los fiscales del DOJ cumplan con los Principios del Proceso Federal y otras directrices del Manual de Justicia destinadas a "garantizar el ejercicio justo y efectivo de la discreción procesal" y promover la confianza pública "en que las decisiones importantes de la fiscalía se tomarán de forma racional y objetiva".
Según los Principios del Proceso Federal, un fiscal no puede iniciar una causa penal si no cree que la conducta de la persona constituye un delito federal y que las pruebas admisibles probablemente serán suficientes para obtener y sustentar una condena. El fiscal debe determinar, además, que la cuestión implica un interés federal sustancial, que la persona no está sujeta a un procesamiento efectivo en otra jurisdicción y que no existe una alternativa no penal adecuada para el procesamiento.
Los Principios del Proceso Federal se sustentan en las normas de conducta profesional y las normas de procedimiento judicial. Estas normas son fundamentales para prevenir el abuso del poder de los fiscales para fines políticos. Las normas del DOJ también limitan significativamente lo que los fiscales pueden decir a los medios de comunicación, balanceando el derecho del público a estar informado con los derechos a la privacidad y a un juicio justo de la víctima o del acusado. Estas normas son fundamentales para prevenir el abuso del poder procesal con fines políticos.
Los tribunales y los grandes jurados sirven como un mecanismo de control sobre cómo los fiscales investigan y presentan cargos en los casos, pero debido a que los fiscales tienen limitaciones en lo que pueden decir al público y a que las víctimas suelen tener interés en mantener la privacidad de las investigaciones gubernamentales, las primeras etapas de la investigación rara vez reciben escrutinio público.
Sin embargo, en los primeros meses del segundo gobierno de Trump, algunos tribunales y grandes jurados han cuestionado abiertamente acciones procesales habitualmente rutinarias. Dos ejemplos destacados demuestran esta tendencia.
En primer lugar, tras la orden ejecutiva del presidente Trump "Protegiendo a los Niños de la Mutilación Química y Quirúrgica", el DOJ envió "más de 20 citaciones a médicos y clínicas involucradas en la realización de procedimientos médicos transgénero en niños" para investigar "fraude en la atención médica, declaraciones falsas y más". El Hospital Infantil de Boston (BCH, por sus siglas en inglés) solicitó anular la citación DOJ que recibió.
El tribunal determinó que el DOJ no había ofrecido la menor sospecha de que el hospital hubiera cometido los delitos que, según la agencia federal, se abordaban en la citación: facturación fraudulenta y uso no autorizado de medicamentos. En cambio, el tribunal tomó nota de las declaraciones públicas del presidente, la fiscal general y funcionarios del DOJ, y rechazó la presunción de regularidad o buena fe.
El tribunal concluyó: “Es abundantemente claro que el verdadero propósito de emitir la citación es interferir con el derecho del Estado de Massachusetts a proteger [la atención de salud con enfoque de género] dentro de sus fronteras, acosar e intimidar al BCH para que deje de brindar dicha atención y disuadir a los pacientes de buscarla”.
En el segundo ejemplo, la administración Trump desplegó agentes federales de inmigración y la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, D.C., lo que provocó la detención de manifestantes y cargos penales por obstrucción a la justicia. Los grandes jurados están investigando a los fiscales que están formulando cargos excesivamente y basándose en pruebas poco sólidas.
En Los Ángeles, los grandes jurados tomaron la inusual decisión de negarse a acusar a manifestantes en varios casos presentados por fiscales del DOJ bajo la dirección de un fiscal federal designado por Trump, quien, según informes, instruyó a sus subordinados a ignorar el Manual de Justicia.
En Washington D. C., un gran jurado se negó a acusar a un empleado del DOJ por un delito grave de agresión a un agente federal después de que este le lanzara un sándwich a un agente federal de orden público, además de otros arrestados por diversas formas de protesta social.
Los grandes jurados rara vez rechazan las acusaciones. Establecer causa probable es un estándar bajo, y los fiscales pueden elegir qué pruebas considerará el gran jurado. Un estudio de acusaciones formales en 2010 reveló que los grandes jurados federales rechazaron tan solo 11 acusaciones formales en todo el país, lo que representa tan solo el 0.036 % de los casos que los fiscales federales se negaron a presentar ese año.
Estos recientes casos de alto perfil sugieren que los miembros del gran jurado no confiaron en lo que dicen los abogados del DOJ o que no estaban de acuerdo con los cargos propuestos por los fiscales. En otras palabras, los ciudadanos que forman parte de los grandes jurados, al igual que algunos jueces, rechazan las presunciones de buena fe y regularidad que normalmente confieren a los fiscales federales al momento de obtener una acusación formal.
Lo que sucede en casos de alto perfil puede afectar la credibilidad del DOJ en otros contextos. Un magistrado de Washington D. C., rechazó recientemente la solicitud de la fiscalía para obtener tres órdenes de cateo relacionadas con presuntos delitos con armas de fuego y explicó: “He realizado más de 1,000 determinaciones de causa probable en órdenes de registro. Ni una sola vez he rechazado una orden. Hasta ahora”.
Cuando los abogados del DOJ intentaron ocultar la decisión bajo sello, argumentando que merecían deferencia judicial en su evaluación para no obstaculizar una investigación en curso, el juez respondió: "¿Deferencia ciega al gobierno? Eso ya no existe. La confianza ganada durante generaciones se ha perdido en cuestión de semanas. Numerosos fiscales de carrera han tenido que dimitir en lugar de tomar medidas que consideran violan su juramento al cargo, o peor aún, fueron despedidos por cumplirlo... El incumplimiento de estas normas debe tener consecuencias. La alta deferencia judicial ha quedado atrás; confiar, pero verificar, es lo que corresponde ahora".
Lo que sigue
A lo largo de los años, los tribunales generalmente le han reservado al DOJ las presunciones de regularidad y buena fe, no solo porque el departamento contaba con sistemas para mantener esa confianza, sino también porque se la había ganado. Después de Watergate, el departamento comprendió que mantener la confianza pública es esencial para cumplir con su "deber sagrado" de, citando a Thomas Jefferson, "implementar una justicia equitativa e imparcial a todos sus ciudadanos". Y, a su vez, el sistema judicial se ha basado en estas presunciones de regularidad y buena fe para gestionar el enorme papel que desempeña el DOJ en el sistema judicial, dada la escala y el alcance de sus acciones.
Pero el departamento se ve muy diferente hoy de cómo se veía a comienzos de año. Anteriormente, los abogados del DOJ solían dedicarse profesionalmente a representar a los Estados Unidos, adhiriéndose a los principios fundamentales del departamento: independencia, imparcialidad, discreción basada en principios, equidad y no partidismo.
Cientos de esos abogados ahora se han marchado, llevándose consigo amplios conocimientos institucionales y expectativas sobre cómo los abogados del DOJ deben servir al país. Sus reemplazos se incorporan a un departamento con un liderazgo que prioriza expresamente la adhesión a la agenda política de la administración Trump.
Sin duda, muchos abogados de carrera del DOJ siguen en el departamento y están firmes en su compromiso con los valores institucionales fundamentales, incluso a costa de ser despedidos por la administración. Pero estos abogados están bajo presión cada vez más.
No se puede esperar que un departamento con sistemas internos de control deficientes se autocontrole contra el abuso personal y partidista de sus facultades. A corto plazo, el sistema actual de pesos y contrapesos externos, incluyendo los tribunales federales, los colegios de abogados estatales y el Congreso, debe revitalizar sus funciones para subsanar esta deficiencia.
Los tribunales federales ya han comenzado a tomar nota de las tergiversaciones fácticas, los argumentos legales sin fundamento y el encubrimiento del DOJ a favor de agencias federales recalcitrantes. Los tribunales y los jurados se cuestionan cada vez más si emitir acusaciones formales, órdenes de arresto y citaciones —herramientas procesales que antes rutinariamente emitían con deferencia al departamento. Como era de esperar, varios tribunales han concluido que a un DOJ que no presume actuar de buena fe, no se le debe otorgar el beneficio de la duda, cuando los hechos y argumentos no cuadran.
Los tribunales de distrito, que revisan y autorizan las herramientas de investigación y crean expedientes judiciales de los hechos, ya cuentan con los medios para abordar conductas legal y éticamente cuestionables. Cuando el expediente judicial es insuficiente o sospechoso, los jueces pueden, por ejemplo, rechazar solicitudes de órdenes de arresto que carezcan de pruebas adecuadas y fiables. Pueden permitir que las partes obtengan información sobre la toma de decisiones del gobierno. También pueden exigir declaraciones juradas de personas con conocimiento directo de las acciones del gobierno en lugar de aceptar declaraciones de abogados.
Los jueces pueden considerar estas herramientas necesarias solo en un número relativamente pequeño de casos, pero permitir que los abusos se multipliquen socavará la integridad de todo el proceso judicial. Como se mencionó anteriormente, un número creciente de tribunales de distrito ya han señalado que a los abogados del gobierno en esta administración no se les otorgará presunciones de regularidad y buena fe. Los tribunales de circuito pronto tendrán que lidiar con estas cuestiones durante la apelación.
Los colegios de abogados estatales también deben adaptarse a esta nueva realidad. Históricamente, e incluso durante esta administración, los colegios de abogados estatales han remitido rápidamente las denuncias de mala conducta de los abogados del DOJ a la Oficina de Responsabilidad Profesional del departamento, ya que las investigaciones de los abogados del gobierno pueden requerir mucho tiempo y trabajo, y pueden plantear cuestiones complejas de privilegio y otras defensas. Sin embargo, los ataques de esta administración contra los controles internos del DOJ han dejado claro que no pretende permitir dicha rendición de cuentas.
Finalmente, el Congreso, con sus autoridades de supervisión, puede servir como un importante freno contra los abusos y tomas de poder del DOJ. A lo largo de los años, los comités del Congreso han llevado a caboinvestigacionesexhaustivas sobre la mala conducta del DOJ, a menudo en simultáneo con las revisiones del inspector general.
En el pasado, se esperaba que las críticas de los jueces, dar a conocer la mala conducta ante la luz pública y las reiteradas derrotas judiciales impulsaran una revisión interna exhaustiva en el DOJ. Sin embargo, a medida que esta administración desmantela sistemáticamente los sistemas internos de control del DOJ, sus abogados están desafiando los límites de sus obligaciones profesionales y éticas.
Hasta que se reconstruyan los controles internos del departamento, los tribunales, los colegios de abogados estatales, el Congreso y otros organismos desempeñan un papel fundamental para frenar los abusos partidistas del poder del DOJ.
Christine Berger es la investigadora sénior del programa Patricia Bauman del Brennan Center, donde se enfoca en derechos civiles, responsabilidad y ética profesional, democracia y estado de derecho. Anteriormente, Berger ocupó diversos cargos en el Departamento de Justicia, incluyendo el de fiscal general adjunta principal de la División de Derechos Civiles.
Además, fue subjefa de gabinete y consejera principal del fiscal general y abogada de apelaciones en materia de derechos civiles. En el Departamento de Estado, Berger se desempeñó como abogada asesora en la Oficina del Asesor Jurídico. También fue asesora principal de la senadora Mazie Hirono cuando esta era miembro de mayor rango del Subcomité de Constitución del Comité Judicial del Senado.
Berger obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad de Stanford y su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de Yale, donde se desempeñó como editora ejecutiva de The Yale Law Journal. Trabajó como asistente legal del juez Raymond J. Lohier Jr. del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.
Joe Gaeta es consultor del Brennan Center, donde trabaja en temas relacionados con el Departamento de Justicia y el estado de derecho. Durante la administración Biden, se desempeñó como fiscal general adjunto en la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Justicia. También fue abogado litigante en la División de Derechos Civiles del departamento.
Entre sus funciones en el Departamento de Justicia, Joe duró doce años en el Senado de los Estados Unidos como abogado principal, director de supervisión y director legislativo del senador Sheldon Whitehouse, y abogado principal del Comité de Presupuesto del Senado mientras lo presidió Kent Conrad. Se graduó de la Universidad de Pensilvania y de la Facultad de Derecho de Stanford y trabajó como secretario del Honorable Myron H. Thompson del Distrito Medio de Alabama.
Traducción de Laura Gómez
