Los datos muestran el creciente poder político de los latinos y las barreras sistémicas que aún existen para lograr la plena participación en nuestra democracia.
No hay ningún juez ni ninguna jueza de la comunidad latina en 39 estados. Y en 20 estados, no hay ningún juez ni ninguna jueza en las cortes supremas estatales que se identifique como persona de color, incluso en 12 estados donde las personas de color componen al menos el 20 por ciento de su población total.
Los latinos sólo representan el 1.5 por ciento de todos los cargos electos locales y federales, a pesar de constituir el 18.5 por ciento de la población.
En las elecciones de 2020, los votantes latinos superaron sus récords de participación anteriores: el 53.7 por ciento votó, mientras que la participación de los votantes en general también aumentó a pesar de la pandemia de Covid-19.
En 2020, el censo contó con precisión el total de las personas que vive en el país, pero no así el total de las comunidades no blancas. Un importante informe de control de calidad llevado a cabo por la Oficina del Censo demostró que la población latina quedó tres veces más excluida del conteo de 2020 que en el de 2010.
Los latinos y los negros son encarcelados en niveles desproporcionados en todo el país. En 2019, el 56 por ciento de la población penitenciaria de Estados Unidos era negra o latina, a pesar de que estos grupos representan solo el 32 por ciento de la población total.
Myrna Pérez, mexicana-estadounidense que dirigió el programa de derecho al voto y de las elecciones del Brennan Center, es la primera latina que ejerce como jueza federal para el distrito sur de Nueva York -- en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito -- desde Sonia Sotomayor, actual magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Algunos fiscales federales acusan a los negros y latinos con más frecuencia que a los blancos por posesión o venta de una cantidad de droga suficiente para provocar un mínimo obligatorio, en una disparidad que es más alta “en los estados con mayores niveles de hostilidad racial”.
Algunos fiscales federales acusan a los negros y latinos con más frecuencia que a los blancos por posesión o venta de una cantidad de droga suficiente para provocar un mínimo obligatorio, en una disparidad que es más alta “en los estados con mayores niveles de hostilidad racial”.
Los esfuerzos racistas para suprimir el poder político de los latinos continúan, aunque no son nada nuevo. Durante más de 60 años, por ejemplo, Arizona exigía a los votantes que pasaran una prueba de alfabetización en inglés para poder registrarse para votar, con el propósito de bloquear ‘el voto de los mexicanos ignorantes”, según los autores de la ley de 1909.
A los latinos, por sí solos, se les debe el 50 por ciento de todo el aumento de población en Texas durante la última década, añadiendo casi 2 millones de personas y quedándose a sólo medio punto porcentual de convertirse en el mayor grupo étnico del estado.
