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- Cuando son los políticos quienes eligen a su electorado —ya sea por cuestiones de raza o ideología política—, en lugar de que sea al revés, nuestras elecciones se vuelven menos justas y menos democráticas.
- Los magistrados ideólogos de la Corte Suprema deben dejar de entrometerse en las cuestiones electorales.
Las elecciones de 2026 se llevarán a cabo en el marco de un sistema político dividido, discordante, con distritos electorales claramente manipulados y marcado por una discriminación racial cada vez más pronunciada. Hay que agradecérselo al presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, y a sus colegas. Encima, la supermayoría de magistrados decididamente activistas parece dispuesta, incluso con ansias, a empeorar las cosas mucho más.
En 2019, en la causa Rucho v. Common Cause, la Corte se negó a adoptar normas para regular la manipulación partidista de los distritos electorales y hasta impidió que los tribunales federales admitan este tipo de demandas. Desde entonces, después de un censo, seis años de distribución de distritos y un frenesí de demandas judiciales, era de esperar que nuestra democracia se volviera mucho más injusta.
Se supone que la redistribución de los distritos electorales se realiza una vez cada diez años, después del censo. De hecho, esa es la razón por la que el censo está consagrado en la Constitución. Pero a comienzos de este año, de repente, Texas trazó nuevos mapas congresuales con el plan de ganar cinco escaños más para los republicanos.
Lo hizo a mitad de década y a petición de alguien que ni siquiera vive allí (el presidente Trump), y todo a costa del electorado de raza negra y latino. Si bien el 95 por ciento del crecimiento de la población del estado provino de esas comunidades, la característica principal del nuevo mapa es que tiene menos distritos donde este electorado pueda elegir a sus candidatos de preferencia.
Esto es malo, ¿no? Un panel de tres jueces federales estuvo de acuerdo y prohibió temporalmente el uso de este mapa en las próximas elecciones hasta que se pueda llevar a cabo un juicio completo. Primero, Texas negó las alegaciones de una manipulación partidista de distritos; luego insistió que, en realidad, estaba actuando a petición del Departamento de Justicia por motivos raciales; y, por último, dijo que, en verdad, era un arrebato de poder por razones partidistas. (“Yo no veo cuestiones de raza. Solo veo demócratas”). ¡Hablando de una maniobra a lo tejano! Entre todas estas vueltas, el tribunal dictaminó que el mapa era ilegal.
Entonces, intervino la Corte Suprema. La semana pasada, bloqueó el dictamen del tribunal de primera instancia, con lo cual permite que las elecciones se desarrollen usando los nuevos mapas manipulados. Es otro uso descarado de la lista de casos de emergencia en la sombra, o shadow docket —una lista supuestamente de emergencia que tiene la Corte Suprema para casos donde se presentan muy pocos escritos y ningún alegato oral—, que le regala a Trump una victoria con tan solo unas pocas oraciones de explicación.
¿Cómo queda todo ahora? El arrebato de escaños de Texas generó una carrera armamentista en todo el país protagonizada por los dos partidos. Furiosos, los demócratas tomaron cartas en el asunto. La enorme mayoría del electorado en California votó a favor de trazar nuevos distritos congresuales con ventaja demócrata para contrarrestar los escaños ganados por el partido republicano en Texas.
Los republicanos en Indiana y Florida están tomando medidas para volver a trazar sus distritos, mientras que los demócratas de Illinois, Maryland y Virginia se proponen hacer lo mismo.
Con toda esta confrontación, la guerra de los distritos manipulados de 2025 podría terminar resultando en un empate en términos partidistas. Además, el electorado podría hacer lo suyo. Si los demócratas arrasan en las elecciones, tal como lo han sugerido las últimas contiendas, esta manipulación de distritos podría traducirse en más derrotas republicanas. (Existe un término técnico en inglés para esta práctica, aunque suene increíble, y es “dummymander”, una manipulación de distritos ilusoria).
En síntesis, todo este ruido y furia podría terminar siendo... no exactamente inexistente, sino más bien una ventaja partidista insignificante.
Ahí es donde entraría la próxima gran intervención de la Corte Suprema. Y su impacto sí podría ser aún más drástico y, aunque parezca imposible, más perjudicial.
La Corte parece dispuesta a demoler la eficacia de lo que queda de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act). Hace dos semanas, en el caso Louisiana v. Callais, la Corte Suprema escuchó los alegatos sobre si la Sección 2 de esta ley sigue siendo constitucional.
Durante décadas, esta disposición impidió con eficiencia que los estados, en particular los del sur, promulgaran mapas que diluyan o anulen el poder electoral de las minorías raciales. Tal como lo señaló el escrito de amicus curiae que presentamos en el caso, esta disposición ha transformado tanto al Congreso como a las demás entidades legislativas de todo el país.
Y la desigualdad entre el registro de personas votantes blancas y negras bajó desde los casi 30 puntos porcentuales observados a comienzos de la década de 1960 a 8 puntos porcentuales tan solo una década después. Ahora, la Corte Suprema parece dispuesta a destruir o quizá revocar completamente la Sección 2.
Ello no solo marcaría una vergonzosa retirada del gobierno federal a la hora de proteger la igualdad racial y la representación justa. También podría ocasionar un impacto drástico y específico: un dictamen perjudicial, en especial ahora que hay tiempo, podría dar inicio a otra ola de intentos de redistribución de distritos en los próximos meses, quizá a tiempo para las elecciones de 2026.
Tal como lo señala mi colega Kareem Crayton, “Este argumento invita a la regresión a una era en la que la raza era una barrera de entrada para la representación política, la cruel y dolorosa experiencia de la exclusión política que hizo necesaria la aprobación de la Ley de Derecho al Voto en primer lugar”.
Nate Cohn del New York Times hizo las cuentas y predice que un dictamen extremo de la Corte Suprema podría permitirles a los estados republicanos eliminar entre 6 y 12 distritos actualmente representados por demócratas. Esto daría como resultado una mayoría más grande a la que ha tenido cualquiera de los dos partidos en la Cámara de Representantes durante los últimos años.
Cuando son los políticos quienes eligen a su electorado —ya sea por cuestiones de raza o ideología política—, en lugar de que sea al revés, nuestras elecciones se vuelven menos justas y menos democráticas. El país podría caer en una fragmentación y balcanización aún más profunda.
El electorado republicano de Massachusetts (que no posee ningún congresista republicano, aun cuando Trump ganó el 37 por ciento de los votos) no tiene ninguna representación política en el Congreso, mientras que los demócratas de Texas (donde Kamala Harris sacó el 42 por ciento de los votos) ocuparían solo unos 7 de los 38 escaños del estado. John Adams dijo la célebre frase de que el poder legislativo debe ser el “exacto retrato del pueblo en general”. El actual retrato no se parece mucho.
Entonces, ¿cuál es la solución? Por sobre todas las cosas, debe haber normas nacionales que se apliquen a los estados republicanos y demócratas por igual. La Constitución le da ese poder al Congreso.
El Congreso debe promulgar reglas de distribución de distritos a nivel nacional que prohíban la manipulación partidista y la redistribución de distritos a mitad de década y garanticen la representación justa de todo el electorado del país.
En 2022, casi lo logró: la Ley de Libertad para Votar (The Freedom to Vote Act) habría prohibido redistribuir distritos a mitad de década y establecido más normas. Y la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) habría reforzado las protecciones contra la discriminación racial a la hora de trazar los mapas. Las dos leyes estuvieron desesperadamente a punto de promulgarse.
Además, los magistrados ideólogos de la Corte Suprema deben dejar de entrometerse en las cuestiones electorales. Durante los últimos 15 años, la Corte ha demolido las reglas de financiación de las campañas políticas en la causa Citizens United, ha destrozado la Ley de Derecho al Voto desde el caso Shelby County y le dio a todo expresidente una enorme inmunidad de procesamiento penal sin precedentes por delitos cometidos en el cargo, lo cual garantizó que el entonces candidato y ahora presidente Trump no asumiera ninguna responsabilidad legal.
En un momento en el que parece cada vez más evidente que los magistrados se proponen otorgarle aún más poder al presidente Trump, los dictámenes e intervenciones injustificables en aspectos políticos partidistas le dejarán a gran parte del electorado un gusto muy amargo. La mismísima Corte Suprema se convertirá cada vez más en un tema de debate en la política en los Estados Unidos. Y así debe ser.
Traducción de Ana Lis Salotti
