Legislación que procura interferir con las elecciones
Al 25 de enero, se presentaron o anunciaron por lo menos 27 proyectos de ley que procuran interferir con las elecciones en 10 estados. Si bien muchos candidatos electorales prominentes que negaron las últimas elecciones presidenciales y diseminaron mentiras sobre supuestas irregularidades y fraude electoral perdieron en las elecciones legislativas de 2022 en varios estados pendulares, el movimiento para socavar nuestro sistema electoral continúa librando batalla en algunas legislaturas estatales. El estado con el mayor número de este tipo de legislación es Texas, cuya legislatura no celebró sesiones en 2022 y presentó cinco proyectos de ley que procuran interferir con las elecciones.
Proyectos de ley que permiten a actores partidistas anular resultados de una elección
Dos proyectos en Texas y Virginia brindarían nuevas oportunidades a electores presidenciales en Texas y a la ciudadanía en Virginia de anular los resultados de una elección.
El proyecto de ley en Texas impondría un novedoso obstáculo al proceso de certificación de elecciones al requerir que todo candidato a presidente o vicepresidente que haya ganado las elecciones certifique, antes de que vote el Colegio Electoral, que tiene la capacidad y disposición de ejercer la función para la que fue electo. Si el candidato ganador da fe de esto, sus electores presidenciales aún deben confirmar o negar su declaración de fe antes de emitir su voto presidencial. Si la mayoría de los electores niegan la declaración del candidato, la reglamentación que dice que los electores deben emitir su voto a favor de los candidatos a presidente y vicepresidente del partido político que los nominó ya no aplica. En la práctica, este proyecto de ley parece permitirles a los electores rechazar al candidato de su propio partido político.
El proyecto de ley de Virginia le permitiría a la ciudadanía exigir la realización de una auditoría denominada “forense” de los resultados de una elección, si así lo solicita una autoridad electa, un trabajador electoral o una petición firmada por al menos 1,000 residentes. Después de concluida la auditoría, este proyecto de ley le permitiría a un grupo cualquiera de residentes locales anular los resultados de la elección, y los puestos vacantes se ocuparían por nombramientos judiciales interinos y con una nueva elección. Este mismo proyecto también ordena la realización de una auditoría de las elecciones de 2020.
Proyectos de ley que imponen o aumentan la imposición de sanciones penales o civiles por actividades rutinarias de la administración electoral o por error humano
La legislación que se propuso este año aumentaría la penalización de actividades relacionadas con la administración electoral y permitiría que actores partidistas hagan cumplir estas disposiciones.
Proyectos de ley que politizan la autoridad procesal relacionada con las elecciones
Tres proyectos de ley en Texas politizarían la autoridad procesal en cuestiones electorales. Dos, ya analizados en el resumen de las leyes electorales de diciembre, trasladarían las responsabilidades procesales de iniciar causas penales al secretario o la secretaria de estado, quien podría nombrar a alguaciles electorales encargados de investigar cualquier infracción de las leyes electorales y presentar cargos penales.
El tercer proyecto de Texas obligaría a las fiscalías locales a procesar todo delito electoral y, de no hacerlo, sufrirían sanciones civiles. Estos proyectos les quitarían la autoridad procesal a las fiscalías, que deben funcionar con independencia y libres de interferencia política.
También se presentaron dos proyectos de ley parecidos en Florida y Georgia durante 2022.
En Florida, la nueva oficina de delitos electorales no tardó en demostrar los daños que puede hacer la politización de las fuerzas policiales y judiciales durante las elecciones. Cinco días antes de las elecciones primarias de 2022, el gobernador anunció una serie de arrestos contra personas que tenían antecedentes de condenas penales, supuestamente por haberse registrado para votar o votar en las elecciones de 2020 cuando no eran elegibles.
Estos procesamientos penales afectaron a personas cuya elegibilidad fue casi imposible de determinar para el estado; y no eran casos de fraude electoral deliberado.
Proyectos de ley que imponen nuevas sanciones penales o civiles sobre autoridades electorales
Por lo menos 16 proyectos de ley en 8 estados impondrían nuevas sanciones penales o civiles sobre autoridades electorales por llevar a cabo actividades rutinarias o cometer un error humano durante la administración electoral.
Como se detalló antes, por lo menos dos proyectos de ley en Arizona y Texas permitirían a actores partidistas iniciar un proceso de auditoría que podría terminar en sanciones civiles contra funcionarios electorales. Otro proyecto de ley en Nebraska impondría una sanción de delito menor cada vez que un trabajador electoral no solicite ni verifique la identificación con foto de un votante.
Tres proyectos de ley en Oklahoma, Dakota del Sur y West Virginia impondría sanciones civiles o penales sobre los trabajadores electorales que no les otorguen a los observadores electorales una mayor libertad para observar los procesos electorales. Estas propuestas les quitarían autoridad a los funcionarios electorales, que ya no podrían hacer retirar a todo observador electoral problemático, y pueden tener un efecto paralizador sobre los trabajadores electorales.
Una ley parecida fue promulgada en Texas en 2021 y, hoy en día, es objeto de un litigio presentado por el Brennan Center junto con otras organizaciones.
Proyectos de ley que buscan iniciar revisiones electorales partidistas
Este año, las legislaturas han presentado al menos cinco proyectos de ley en cinco estados que permitirían iniciar revisiones electorales partidistas. Estas revisiones carecerían de transparencia y no cumplirían con los requisitos básicos de seguridad, precisión y credibilidad.
Si bien el año pasado no se aprobó ninguno de estos proyectos de ley, esta legislación es parte de un movimiento que se inició y continúa en las legislaturas estatales para debilitar la confianza del público en el proceso electoral.
Dos proyectos de ley en Arizona y Texas permitirían a actores partidistas iniciar un proceso de auditoría impreciso que se podría traducir en sanciones civiles contra las autoridades electorales. Tanto el proyecto AZ H.B. 2078 como el TX H.B. 589 les permitiría a candidatos o representantes de los partidos políticos exigirle a un funcionario electoral local que brinde explicaciones y la documentación necesaria si este candidato cree que el funcionario no cumplió con el código electoral o que hubo “irregularidades” en los resultados.
Estos proyectos no definen el término “irregularidades”. Si el actor partidista no se contenta con la respuesta que le dio el funcionario electoral local, puede solicitar una auditoría a la secretaría de estado, que, en última instancia, puede evaluar la imposición de sanciones civiles contra el funcionario local por cualquier infracción del código electoral que no hubiera sido corregida.
Dos proyectos de ley en Missouri y Virginia le concederían a la ciudadanía el poder de iniciar revisiones electorales. El de Missouri le permitiría a cualquier votante registrado disputar los resultados de una elección por creer que ha habido irregularidades. Antes, solo los candidatos podían disputar los resultados de una elección y solamente por los puestos para los que se habían presentado a elecciones. Esta propuesta acrecentaría el riesgo de llevar a cabo revisiones electorales infundadas que, al fin y al cabo, debilitan la confianza del público en las elecciones.
Proyectos de ley que requieren un conteo manual
Por lo menos cinco proyectos de ley en cuatro estados prohibirían el uso de máquinas para llevar a cabo los conteos iniciales de las boletas en todas las elecciones.
Un proyecto de ley en Arizona exigiría que el conteo manual de todas las boletas emitidas el día de las elecciones se finalice dentro de las 24 horas de cerrada la votación. Todos los conteos manuales, excepto en las jurisdicciones más pequeñas, son muy lentos y extremadamente proclives al error.
La reciente demanda por contar a mano las boletas de voto está motivada por la falsa teoría conspirativa de que las máquinas de votación son imprecisas y fáciles de hackear. Si bien el conteo manual de todos los votos en una contienda reñida en particular puede ayudar a discernir la voluntad de los votantes, y si bien los conteos manuales parciales son una parte importante de las auditorías poselecciones que, con frecuencia, se realizan para verificar la precisión de las máquinas de votación, una ley que exija conteos manuales totales produciría muchos más errores que las máquinas de tabulación de votos y generaría largas demoras en la certificación de los resultados de una elección.
